España sin inmigrantes

 

España, 2074.  Las fronteras llevan años cerradas y los migrantes llegan con cuentasgotas. Solo se admiten aquellos cumplen con los estrictos requisitos fijados por las autores. El país, en lugar de crecer, ha encogido, tanto en población como en crecimiento. Ya no persigue de cerca a las grandes avanzadas; es un Estado envejecido con cada menos niños y mano de obra, donde faltan profesionales para cubrir los servicios públicos básicos, han cerrado centenares de miles de negocios y el PIB ha crecido un 22% menos de lo que habría hecho de mantenerse las puertas abiertas a los extranjeros.

Este escenario distópico es el que dibuja el documento España ante el reto migratorio: dos escenarios posibles, que la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) -- una Dirección General de la Presidencia del Gobierno -- presentó ayer.  Se trata de un ejercicio de proyecciones que ni siquiera toma en cuenta un cierre completo de las fronteras, sino una reducción sobre los flujos migratorios previstos de un 30% de aquí a los próximos 50 años.

De mantenerse las tendencias, la población de España alcanzaría los 55 millones en 2075.       

     Si los flujos migratorios de entrada se redujeran un 30% con respecto a esas proyecciones, los habitantes del país retrocederían hasta lo 40 millones,  casi 10 menos que en la actualidad.  Y no solo habría menos gente, sino que la sociedad estaría aún más envejecida de lo que dibujan las perspectivas. El envejecimiento es un rasgo estructural de las economías avanzadas y la tendencia no se detendrá. Así lo apuntan las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de las cuales la INPE ha construido sus previsiones: los mayores de 65 años pasarán a representar el 30% de la población en 2055, 10 puntos que ahora, y el saldo vegetativo negativo alcanzará su ápice en 2061. Pero los migrantes, que suelen pertenecer a cohortes más jóvenes, están amortiguando  este declive demográfico, como también concluía un reciente estudio d Fedea: en las dos dos últimas décadas, el impacto negativo del envejecimiento sobre ls economía hubiera sido el doble sin la inmigración.

     Según la simulación de la ONPE, la población en edad de trabajar caería de los 33 millones del escenario a base de 24 millones en 2075.  El golpe sería particularmente duro en sectores intensiva en mano de obra extranjera, esenciales tanto para la estructura de la economía como para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales. Es el caso del campo, que perdería un tercio de sus explotaciones.  También desaparecerían cerca de 90.000 bares y restaurantes,  una cifra más o menos equivalente a la mitad de los que existen hoy en día,  desencadenando externalidades negativas en otras actividades como la industria alimentaria o el turismo.  Las zonas  despobladas también saldrían perjudicadas: Huesca, Soria y Teruel, los provincias con la menor densidad de población, verían esfumarse el 28% sus habitantes y unos 2.300 municipios podrían desaparecer.

     Cuando el invierno demográfico sea más intenso y el número de personas dependientes se haya disparado en 60% con respecto a la situación actual, hasta tres de cada 10 cuidadores se habrán esfumado. Con menos mano de obra que contribuye a ls Seguridad Social con sus cotizaciones, también la sostenibilidad de las pensiones estará en riesgo:  cada trabajador debería aportar unos 2.000 euros al sistema en 2075 para garantizar lsd mismas prestaciones que se cobran hoy en día,

     La oferta educativa encogería por el abrupto descenso de la natalidad y redundaría en unas 30.000 aulas menos de educación primaria y 18.000 de secundaría, con mayores repercusiones en municipios pequeños y la presumible pérdida de servicios complementarios como el trasporte o los comedores. Tampoco habría desahogo en la sanidad pública, pues las listas aumentarían por la menor de disponibilidad  de profesionales sanitarios, Cerca de 63.000 médicos especialistas podrían evaporarse. (Fuente: EL PAÍS, 26 de marzo de 2026)

     Desde mi punto de vista, la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) --una Dirección Genera de la Presidencia del Gobierno -- preparó el documento España ante el reto migratorio: dos escenarios posibles, para hacer frente a  los partidos políticos que se oponen a que España acoja a inmigrantes

 

 

  

Muerte digna de Noelia Castillo

 

     El final de la vida de Noelia Castillo, tal y como ella había pedido, debería haberse cumplido, en paz intimidad y sin ruido mediático, el 2 de agosto de 2024, fecha para la que programada su eutanasia después todos los filtros y todas las garantías que contempla la ley. Pero murió ayer, a los 25 años, ejerciendo su derecho a la muerte digna, con su historia convertida en un asunto público por la judialización a la que su propio padre decidió someter el caso.

     Tras una infancia en una infancia disfuncional y una adolescencia bajo la tutela de instituciones sociales, Noelia estaba parapléjica y padecía un sufrimiento "grave, crónico e imposibilitante" desde que en 2022 se arrojara desde un quinto piso tras sufrir una violación múltiple. El deseo de poner fin a su padecimiento acogiéndose  al derecho a la eutanasia se vio, sin embargo, saboteado por una cruzada judicial que ha añadido casi dos años de dolor a su existencia. Impulsado por Abogados Cristianos -- una fundación de ultraderecha conocida por torpedear la ley --, su padre --quien, según la propia Noelia nunca se ocupó de ella -- interpuso sucedidos recursos alegando que su hija no gozaba de plenas facultades para decidir. Todos los jueces de todas instancias --hasta el Tribunal de Estrasburgo -- ampararon la decisión de la joven. Ayer mismo era denegada la suspensión in extremis de la eutanasia solicitada por Abogados Cristianos ante un juzgado de Barcelona. El resultado de la batalla ideológica de esta fundación ultra a costa de Noelia y contra su deseo es devastador: 601 días de demora en proceso que la ley dispone precisamente para evitar que se prolongue un sufrimiento innecesario. 

     La ley española de eutanasia, de 2021,  es rigurosamente garantista y establece numerosos controles de equipos médicos, juristas y expertos en bioética. Las peticiones deben pasar tres filtros:  el del médico que inicia el proceso avalando la solicitud del paciente: el de un jurista y otro facultativo  (que no conozca a las persona afectada) que confirmen la petición, y un control posterior (inexistente en otras legislaciones con larga tradición de aplicación de la eutanasia, como la belga o la holandesa): el de una comisión de garantía y control integrada por médicos, juristas y agentes sociales que evalúa el caso y aprueba o deniega la asistencia. El caso de Noelia había superado los tres filtros, que fueron unánimes al respaldar su decisión. 

     La conmoción provocada por su testimonio televisado no debe distorsionar el foco principal de su sufrimiento a cargo Abogados Cristianos,  Retrasar una eutanasia ya autorizada a base de contenciosos judiciales es intentar vaciar de sentido un derecho inalienable. Cada uno de los días que se ha obstruido el proceso, se ha prolongado el dolor que la ley persigue evitar, Respetar la legítima, libre y fundada decisión de Noelia Castillo era una obligación ética y democrática. (Fuente: EL PAÍS, 27 de marzo de 2026)

     Hay casos en que deber permitirse la eutanasia. 

  

Iberoamérica. Agenda verde

 

     Los representes de 16 países miembros de la Secretaría General Iberoamericana, reunidos en una conferencia sobre clima y medio ambiente que se celebra en la ciudad española de Málaga, cerraron filas el 25 de marzo con la agenda verde internacional y el desarrollo de los grandes tratados medioambientales. Por un lado, los gobiernos aprobaron la denominada Agenda Medioambiental iberoamericana, un documento con una batería de medidas para aumentar la colaboración entre estos países en asuntos como las alertas tempranas ante desastres naturales, que el cambio climático está haciendo que sean más duros y frecuentes. Por otro, adoptaron una declaración política de apoyo a los tratados ambientales más importantes en un momento de fuerte presión sobre este tipo de políticas.

     Entre los países asistentes a la X111 Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Medio Ambiente y Clima, están Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Solo cuatro participantes contaron presencialmente con ministros: además de España, acudieron ministros de Portugal, Andorra y Uruguay. La de México intervino por videoconferencia en algunas de las sesiones.

     Los acuerdos se adoptaron con el consenso de todos los asistentes, aunque Argentina mostró su desacuerdo -- "disociación, en términos diplomáticos -- con los puntos de ambos documentos en los que se hacen referencia a la igualdad de género, los pueblos indígenas y los objetivos de desarrollo sostenible.

     La agenda iberoamericana tiene un carácter más técnico,  mientras que la declaración de cierre adquiere una mayor carga política. Ahí figura un apoyo directo a los grandes pactos internacionales firmados en la última década en el seno de la ONU, como el Acuerdo de París contra el calentamiento global,  el  pacto de Montreal de protección de la biodiversidad y el tratado de alta mar. República Dominicana anunció que ratificará también este acuerdo sobre la protección de las aguas internacionales, que entró en vigor en enero y cuenta ya con 87 miembros.

     Pero todos tratados y el sistema mismo de Naciones Unidas, está bajo el fuego de la ola ultraderechista internacional, especialmente con los ataques liderados por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.  En la declaración de esta cita, los  otros elementos, países iberoamericanos presentes reafirman su  "compromiso" con "la protección del medio ambiente", "la lucha contra el cambio climático" y "el fortalecimiento del multilateralismo medioambiental", entre  otros elementos. además de con la carta de la ONU. También hacen menciones directas a la ciencia climática y a los datos que muestran un calentamiento global acelerado.

     En la mayoría de las cumbres y conferencias ligadas a la diplomacia ambiental, cerrar los acuerdos y declaraciones políticas entre los países supone verdaderas batallas por la actitud de algunas naciones. Aunque el documento de la Agenda Medioambiental Iberoamaricana se venía trabajando desde hacía tres años, en el último momento el representante de Argentina, gobernada por ultra Javier Milei, pidió que se incluyeran explícitamente los reparos de este país a las políticas de género, los objetivos de desarrollo sostenible y los pueblos indígenas.

     Fuentes de la delegación española, que dirigió el último tramo de las negociaciones, resaltan que, en todo caso, tanto la agenda como la declaración  salen con el consenso de  los asistentes, más allá de esas notas al pie. "El multilateralismo funciona",resaltó la ministra para la Transición Ecológica de España, Sara Aagesen.  (Fuente: EL PAÍS, 26 de marzo de 2026)

     Desde muy punto de vista: una muy buena noticia. 

 

Hombres y mujeres somos iguales

 

     El Gobierno de España iniciará el procedimiento 2004 del Ministerio de Industria para revocar la declaración se la Semana Santa de Sagunto (Valencia) como Fiesta de Interés Turístico Nacional, reconocimiento que le otorgó en 2004 el Ministerio de Industria y Turismo, según anunció ayer el Gobierno. "Después de la votación en el seno de la Cofradía de  la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto, en la que 267 cofrades se pronunciaron expresamente en contra de la inclusión de las mujeres en la participación de las manifestaciones religiosas de las manifestaciones religiosas de la Semana Santa de esta localidad, la Secretaría de Estado de Turismo ha decidido incoar un expediente para revocer una declaración que se concedió en 2004", señala una nota conjunta de Turismo y el Ministerio de Igualdad.

     El domingo, 207 cofrades votaron en contra y 114 a favor de modificar artículo de su estatuto para la palabra "varones" por "personas", lo que hubiera abierto la puerta a las mujeres en el órgano rector de las procesiones, cuyo origen se remonta a 1492, con la expulsión de los judíos de su barrio en la ciudad valenciana´.

     "La declaración se regula en base a la Orden Ministerial ICT/851/2019 que en su artículo 3d  que se refiere al arraigo de la fiesta y a la participación ciudadana en su desarrollo. En este sentido, y teniendo en cuenta las quejas ciudadanas presentadas formalmente, el Gobierno estudiará cómo las limitaciones estatutarias que la cofradía contempla pueden afectar al requisito de participación ciudadana previsto por la normativa, porque excluyen a la mitad de la población. que son las mujeres", añade la nota. La orden contempla en el artículo 13 la opción de retiras eses reconocimiento "cuando la fiesta haya dejado de cumplir alguno de los requisitos exigidos.

     El Instituto de las Mujeres (IM) ha recibido varias quejas por discriminación de la cofradía saguntina, en las que se pone de manifiesto "una posible conducta discriminatoria" al rechazar las solicitudes de ingreso de las mujeres. El organismo trasladó las quejas tanto al Ayuntamiento de Sagunto como a la cofradía.

     La Ley de Igualdad de 2007, establece la obligación de garantizar la igualdad en acceso y la participación en entidades abiertas al público, recuerda el comunicado. Si bien las asociaciones gozan de libertad organizativa, añade la nota, este derecho no puede amparar disposiciones contrarias al ordenamiento jurídico, por lo que sus estatutos deben respetar el principio de igualdad y no discriminación. El Instituto de las Mujeres recuerda en la nota ministerial que impedir la participación de las mujeres "no responde a una tradición, sino que constituye una forma de discriminación prohibida por la ley y contraria a los derechos fundamentales".  De ahí que se haya pedido el análisis y la revisión de los criterios de acceso a la cofradía y que  "se tomen las medidas pertinentes en el ámbito de ss funciones en aras de respetar y promover el acceso en condiciones de igualdad para mujeres y hombres.

      EL Tribunal  Constitucional dio a conocer el año pasado una sentencia relativa  una cofradía de La Laguna (Tenerife) que estimó el recurso de una mujer excluida y  declaró vulnerado su derecho a la no discriminación y a la libre asociación.

     La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, manifestó que la votación del domingo tenía "tintes absolutamente contrarios a la igualdad entre hombres y mujeres". Por su parte, el presidente de la GENERALITAT, Juanfran Pérez Llorca (PP), señaló que, la cofradía es "una entidad privada que tiene sus costumbres y sus arraigos", Pero matizó: "También es cierto que en los tiempos en que vivimos, donde todos estamos impulsando la inclusión y la igualdad, todos tenemos que trabajar en esa dirección".

El colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto. integrado por mujeres y hombres, protesta desde 2021 todos los Martes Santos a las puertas de la Ermita de la Sang --sede de la cofradía -- para que modifiquen los estatutos. (Fuente: EL PAÍS , 24 de marzo de 2026)

     Se trata de poner de manifiesto que mujeres y nombres somos iguales. 

 

 

Trabajo excesivo y salud mental

 

     Cada día hay datos preocupantes del creciente deterioro de la salud mental de los trabajadores.Desde 2016 el número de procesos de incapacidad temporal vinculados a problemas de salud mental se han duplicado: de unas 280.00 bajas de entonces se ha pasado a las 643.000 en 2024. Además las bajas de entonces por trastornos mentales son más graves. Mientras la incapacidad temporal ordinaria dura unos 45 días, en las perturbaciones mentales la baja media es de 116 días, según el Estudio socioeconómico de la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España, dirigido por los  investigadores José María Peiro y Lorenxo Serrano de la Universidad de Valencia (IVIE)

     Abundan las evidencias que conectan la sobrecarga del trabajo y la salud mental. Josh Dizieza en  Cuán duro nos harán trabajar los robots, en The Verge, constata las consecuencias físicas y mentales de la sobrecarga de trabajo en empleados de Amazon que al terminar la jornada caen dormidos en su coche en el aparcamiento del almacén antes de regresar a su casa.

     En base a estos estudios y sus investigaciones Adriám Todoli, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, ha profundizado desde ls perspectiva jurirídica sobre las causas de este fenómeno. Su propósito era discernir si el aumento de las bajas era un problema de absentismo laboral o de la intensidad del trabajo que "está enfermando a quienes lo desempeñan". En La huida del trabajo: sobrecarga de trabajo, salud menta derechos fundamentales (Aranzadi), el profeso  Todoli asegura "la evidencia científica es concluyente. Las exigencias excesivas de trabajo condicionan de manera determinante la salud mental de los trabajadores en España".

     Entre las causas de este deterioro, el autor apunta la introducción de cambios tecnológicos y organizativos, la pérdida de fuerza de los sindicatos y la desregulación del mercado del trabajo.

     Considera que estos elementos "han favorecido un incremento del poder unilateral del empleador para exigir niveles de esfuerzo y velocidad aprovechando situaciones de inseguridad contractual, como los despidos, la temporalidad o la precariedad generalizada".

     Todoli  desmonta mitos. "Una mayor carga de trabajo no equivale a mayor productividad.    La sobrecarga de trabajo perjudica tanto a la productividad como a la salud". También estima que la reducción de ls jornada de trabajo no resuelve la cuestión. "El gobierno propone reducir la jornada laboral, me parece muy bien. Pero se te reducen la jornada y te trabajar más acabas igual de agotado y cuando llegas a tu casa no tienes energía para tus hijos".

     Constata el fenómeno de "la huida del trabajo que se produce cuando los jóvenes abandonan el empleo porque piensan que no vale la pena trabajar por lo que les pagan y  los mayores prefieren la prejubilación porque no pueden soportar ciertas condiciones".

     Considera prioritario una legislación protectora que mida la sobrecarga. Pone el ejemplo de Polonia que ha establecido "un máximo de consumo de kilojulios de energía por hora (unidas de medida de la energía, trabajo o calor) en trabajos físicos:  superada esa cantidad se entiende que se pone en peligro la salud de la persona". Otro campo en el resulta  necesario  fortalecer el pales de los sindicatos de una manera constante y definida, (Fuente: EL PAÍS, 23 de marzo de marzo de 2026)

     Aunque no soy especialista en ese tena, considero que es importante erradicar el trabajo forzoso y eliminar las peores formas de trabajo.

 

Accptar como normal lo intolerable

 

     Aceptar como normal lo intolerable es el título de una "carta el director" de EL PAÍS, publicada el 23 de marzo de 2026. Me parece muy importante. Y por ello voy a enviarles una copia.

     "Hay algo profundamente roto en sociedad que empieza a aceptar como una noticia más la muerte de criaturas tratadas como daño colateral en guerras que castigan a la población civil y desgarran de forma especialmente cruel la vida de niños, niñas y adolescentes. La infancia encarna lo más frágil,  valioso y digno de protección de la vida humana. No decide las guerras no entiende de odio. Y, sin embargo, recibe su golpe más cruel. Quizá la derrota moral de nuestro tiempo no sea solo la violencia, sino la costumbre de que la pérdida de la infancia, sino la costumbre de que la pérdida de la infancia deje de interpelarnos y de q muerte se diluya en cifras y termine confundida con el ruido de fondo del mundo. Erich Fromm decía que la libertad solo tiene sentido   se pone del lado de la vida. Todo lo que aparta de ahí, como las fascinación por la fuerza o la indiferencia ante el sufrimiento, es deshumanización. Como sociedad, como humanidad, no deberíamos permitirnos aceptar como normal lo intolerable." 

                                                Raquel Paéz González.  Albacete  

Respetuosos con el medio ambiente

 

     Los materiales de futuro ya están aquí", asegura David Gómez, responsable de, departamento de Construcción Sostenible, Asistencia Técnica y Prescripción de Holcim, al hablar de innovación en el sector de la construcción. Y añade que el enfoque de la industria no es o otro que "desarrollar edificaciones más duraderas, resilientes y con una menor huella de carbono", por lo que es necesario para todos los actores implicados reducir el consumo de recursos y apostar la circularidad como principio básico.

     Sin embargo, esta innovación no consiste en "materiales futuristas, sino en soluciones existentes que han experimentado una notable evolución gracias a décadas de estudios", señala Gómez, quien destaca el cemento, hormigón y el mortero como elementos " menudo subestimados e incluso denostadas", pero en cuya fabricación se ha reducido significativamente el impacto ambiental.

     Un ejemplo reciente de sus uso de encuentra en las obras de ampliación del puerto de Cádiz, para las que Acciona ha empleado 48.000 toneladas de hormigón fabricado con cemento de baja huella de carbono de la propia Holeim,  El resultado es una reducción del 27% en emisiones de dióxido  de carbono, gracias al aprovechamiento de materiales reciclados, menor consumo energético y disminución en clinker (mezcla de caliza y arcilla)

     Y es que, como explican fuentes de Acciona, aunque el hormigón es un material de construcción más utilizado, el 90% de las emisiones de dióxido de carbono, que genera provienen del cemento; entre 700 y 800 kilos por cada tonelada pura del mismo. (Fuente: EL PAÍS, 23 de febrero de 2026)

     Un ejemplo de la necesidad de  " construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación". 

 

 

 

 

Cada cinco minutos muere un niño

     Las cifras de niños muertos en 2024, las últimas disponibles, por hambre extrema y otras causas derivadas de la pobreza, reveladas por Naciones Unidas, deberían por si solas provocar un escándalo mundial y forzat la restauración inmediata de la ayuda al desarrollo por parte de todos los países que la han reducido o suprimido siguiendo el nefasto ejemplo de EE UU. Este auténtico fracaso mundial es la demostración de las consecuencias mortales  que tiene la demagogia política aplicada contra los más indefensos,. De acuerdo con el informe del Grupo Interinstitucional de la ONU para la Estimación de la Mortalidad en la Niñez, en 2024 unos 4,9 millones de niños menores de cinco años murieron en todo el mundo por causas perfectamente prevenibles.  De ellos, casi la mitad fallecieron antes de cumplir los 28 días de vida. Hay al menos 100.000 casos anuales documentados de hambre aguda. Es decir,  cada cinco minutos -- poco más de lo que se tarda en leer este texto -- un niño o niña menor de cinco años morirá de hambre. Para Unicef, se trata de situación crítica para la infancia comparable a la de la II Guerra Mundial.

     La mayor parte de la ayuda al desarrollo está denigrada, estigmatizada y suspendida. No es casualidad que dos de las regiones más empobrecidas del planeta, África subsahariana y Asia meridional concentran el 80% de los fallecimientos. Sin atisbo de esperanza alguno,  los estudios advierten que, continuar esa tendencia, más de 27 millones de niños morirán en los próximos cuatro años antes siquiera de cumplir un mes de vida. Lo verdaderamente escandaloso es que no sucede por una dinámica imposible de frenar.  Al contrario. Los mayores en el mundo en la lucha contra la mortalidad infantil se dieron entre los años 2000 y 2015, cuando se realizó un gran esfuerzo, serio, coordinado, planificado y financiado, para empezar el siglo XXI combatiendo esta situación inconcebible, en la que las víctimas no sobreviven a enfermedades y problemas sanitarios perfectamente superables.

     ¿Qué ha cambiado? Primero, una dinámica de recortes en la ayuda oficial al desarrollo en el mundo desarrollado escudándose en la crisis económica; la deriva, liderada por Trump de convertir las relaciones internacionales en un mero negocio, y, finalmente, el empeoramiento de las causas objetivas en las zonas más vulnerables con problemas derivados del cambio climático y conflictos armados.  El golpe de gracia ha sido el devastador cierre de la agencia de cooperación estadounidense (USAID) ordenado por Trump en julio del año pasado con el argumento del ahorro, mientras multiplicaba el gasto de defensa.

     El problema está, pues, perfectamente identificado, y la solución ha sido ensayada con éxito en el pasado. Sobre quienes tienen es su mano la ayuda al desarrollo y la niegan recae una gran parte de responsabilidad en esta tragedia silenciosa que asola el planeta. (Fuente: EL PAÍS, 21 de marzo de 2026)

 

 

El olivo

 

     Desde el 27 de febrero del año 2026, el olivo figura en lo que se conoce como el arca de Noé de las semilla,  una especie de almacén a gran escala situado en la isla noruega de Svalbardd para garantizar la producción de alimentos en caso de catástrofe. La Bóveda Global de Semillas, el mayor emplazamiento de conservación genético de cultivos, acoge 1.000 muestras de olivo recolectados por la Universidad de Córdoba y de Granada. Esta instalación, hecha paredes de hormigón de un metro de grosor y enterrada a 120 metros en el interior de una montaña helada en el archipiélago noruego de Svalbard (en el ámbito del Ártico, a unos 2.000 de Oslo, está preparada para resistir desastres naturales, conflictos bélicos y los efectos del cambio climático. En su interior, la temperatura es de -18 grados y puede seguir funcionando si sus sistemas eléctricos fallan, gracias al permafrost natural del Ártico. Actualmente, alberga  1,37 millones de granos de más de 6.500 plantas de todo el mundo.

     Este proyecto, según el director ejecutivo adjunto  del Consejo Oleícola Internacional (COI), Abderraouf Laajimi, tiene como objetivo "garantizar que la humanidad pueda seguir alimentándose en el futuro con la mejor grasa vegetal, que es el aceite de oliva".  Este responsable, doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Zaragoza, valora que esa aportación "permitirá la conservación de la diversidad genética de olivo". Concepción Muñoz, profesora titular del departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba y que ha participado en el proyecto, argumenta: "sin variabilidad genética no es posible desarrollar nuevas variedades capaces de adaptarse a los desafíos actuales", como el cambio climático.

     Además de las dos universidades españolas y el  COI, en la iniciativa han participado el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (IIA-CSIC). el,Centro de Recursos Fitogenétidos (CRF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Para el ministerio que dirige Luis Planas, el ingreso del olivo constituye "la salvaguarda de este patrimonio fitogenético en favor  de las generaciones venideras". En eso mismo coincide Laajimi, quien añade que este proyecto permitirá "cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible" de la ONU, ya que "apuesta por la resiliencia de los sistemas agrícolas".

     La delegación española encargada de realizar la entrega oficial de las semillas no ha podido llegar al completo a Svalbard debido a una tormenta de nieve. Aún así, las semillas serán depositadas hoy en la Bóveda, donde dentro de 10 años serán revisadas para determinar si mantienen su capacidad de germinación. En caso contrario, tendrán que ser reemplazadas.

     Hasta llegar a Svalbard, se ha seguido un "minucioso procedimiento científico", relata Laajimi. Primero, se ha realizado una selección de las semillas para garantizar la biodiversidad del material depositado y para mantener su capacidad de germinación. Así, señala Pablo Morello, responsable del Banco de Germoplasma de la UCO en Córdoba -- de donde se han extraído casi la mitad de los ejemplares --,"han sido escogida por ser las más producidas y distribuidas por el mundo". Los frutos recogidos en la colección de Córdoba provienen en su origen de variedades autóctonas de diferente países miembros del COI, como Albania, Argelia, España, Francia, Grecia, Italia, Marruecos, Siria, Túnez o Turquia. La otra mitad pertenecen  a cuatro linajes españoles de ejemplares silvestres y fueron recolectados por la Universidad de Granada. Esta primera parte del proceso se hizo ente octubre y noviembre de 2024.

     Los frutos fueron procesados durante varios meses en un laboratorio siguiendo unas   pautas diseñadas por un grupo de investigadores de la Universidad de Granada.  Tras extraer el hueso de cada aceituna, se liberó la semilla que se encuentra en su interior.  Posteriormente,  se conservaron en recipientes hermético a -18 grados en  las mismas condiciones que tendrán en Svalbard y se conservaron en instalaciones seguras. Finalmente. fueron enviadas en cajas especiales mediante transporte terrestre y aéreo. (Fuente: EL PAÍS, 27 de febrero de 2026)

     En la Agendo 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9: "construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización  inclusiva y sostenible y fomentar la innovación". En el texto que copiado se indica que "el proyecto permitirá cumplir con los objetivos de desarrollos sostenible de la ONU, ya que apuesta por la resiliencia de los sistemas agrícolas".

Emisiones de dióxido de carbono

 

     Una veintena de multinacionales -- entre las que figuran Googgle, Microsoft, Ikea,  Coca-cola, Amazon, Volvo  y las españolas Iberdrola y Acciona --  lanzan hoy una declaración conjunta en la que respaldan el Régimen de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (conocido por sus siglas en inglés ETS) y  defienden el "mantenimiento de la integridad" de esta herramienta  la más importante en la lucha contra el cambio climático que la UE. Este posicionamiento claro llega en un momento en el que algunos gobiernos de los Veintisiete, con Italia  la cabeza, han pedido la suspensión del ETS. Al otro lado, en una similar a la de este grupo de empresas, está otros ocho países europeos, entre destaca España, que defienden este sistema al considerarlo "la piedra angular de la política climática de la UE".

     Europa fue pionera en 2005 en ponerle un precio a cada toneladas de dióxido de carbono que emiten determinadas industrias. Este gas es el principal de los están detrás del calentamiento global y el ETS obliga a las instalaciones y empresas más emisoras a pagar por cada tonelada de dióxido de carbono que expulsan a la atmósfera.  Este sobrecoste que se impone ha contribuido, por ejemplo,  a que en muchos Estados se hayan dejado de lado el carbón en favor de otras fuentes no emisoras como las renovables.

     El avance de la ultraderecha en la UE y el cambio de posición de muchos de las partidos conservadores estás haciendo que revisen y delimiten muchas de las políticas ambientales, el  ETS  se perfila como el siguiente campo de  batalla. Italia, que antes del ataque de EE UU  e Israel a Irán ya había cuestionado este sistema, ha pedido su suspensión el alza de precios energéticos.  Y Alemania aboga por aumentar el reparto de derechos de emisión gratuitos, que reciben determinadas empresas.

     En el pasado, esas asignaciones de derechos gratuitas hicieron que el precio de cada tonelada de dióxido de carbono en el mercado europeo estuviera por los suelos, lo que lo convertía en ineficiente. Pero luego se diseño un plan de retirada de derechos gratuitos.  Los ochos gobiernos que se unieron para defender el ETS --España, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia, Suecia y Países Bajos -- advirtieron, en un escrito enviado a las instituciones comunitarias, de que "una eliminación progresiva de la asignación gratuita es imprescindible para garantizar incentivos a la industría para descarbonizar la economía".

     Ahora, esa  veintena de multinacionales defiende lo mismo, además de deslizar una crítica a loa pasos atrás de la UE. "La erosión de políticas clave como los estándares de dióxido de carbono para automóviles, los objetivos de eficiencia energética o la trayectoria de eliminación progresiva de los permisos del ETS podrían tener efectos secundarios en los esfuerzos críticos para impulsar la electrificación y la competitividad de la UE", advierten estas compañías, que piden un marco normativo estable. (Fuente: EL PAÍS, 16 de marzo de 2026)

     ¿Dónde está la posibilidad de "vivir sin combustibles  fósiles"?

Comercio de emisiones

  

 

     La UE fue pionera en la implantación de un sistema de comercio de emisiones de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Este Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS, por sus siglas en inglés) arrancó en 2005 e impone un sobrecoste a aquellas que impulsan más dióxido de carbono. Gracias a este modelo, muchos países han dado la espalda al carbón y han impulsado las renovables. Pero este sistema ETS está ahora  siendo cuestionado por algunos gobiernos, como el italiano a la cabeza.

     Ocho países europeos, entre ellos España, se han unido en defensa del ETS.  "Es la piedra angular de la política climática de la UE, señala un escrito al que ha accedido El PAÍS que han suscrito, además del Gobierno español. los de Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenía Suecia y Países Bajos. "El ETS ha demostrado ser una herramienta eficiente y rentable", añaden. De hecho, es esos más de 20 años de funcionamiento, además des desplazar en muchos casos a los combustibles fósiles, este modelo se ha extendido por otras importantes economías, como China. (Fuente: EL  PAÍS. 13 de marzo de 2026)

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Personas trans

 

     El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala el derecho de las trans a que su género sean reconocidos en sus documentos oficiales en los Estados miembros. Es una sentencia, publicada ayer; el máximo órgano de justicio europeo dio la razón a un mujer trans que había pedido, sin éxito, a Bulgaria, su país natal, que actualizara sus datos en el registro civil. Para el TJUE, "el Derecho de la Unión se que opone a que un órgano  jurisdiccional de un Estado miembro pueda interpretar una norma que acabe constituyendo un obstáculo jurídico para la inscripción en el registro civil de ese Estado de un cambio de los datos al género". El tribunal argumenta su fallo en el derecho de los ciudadanos europeos a circular y residir libremente en otro Estado miembro.

     El caso se refiere a una trans, nacido en Bulgaria, que realizó su proceso de transición en Italia. Cuando quiso que su género fuera reconocido en sus documentos búlgaros, el registro de ese país le denegó la petición.  Aunque presentó informes médicos y un dictamen pericial que respaldaba su demanda, la solicitud no fue admitida. La demandante acudió entonces al Tribunal Supremo de Bulgaria. En 2023, este organismo había emitido una decisión vinculante, declarando que la legislación búlgara no permite a los tribunales "autorizar un cambio de sexo, nombre o número de identificación personal para las personas trans en el Registro Civil". Sin embargo, y ante las duda de que la legislación búlgara chocara con el derecho de la UE, el caso fue llevado al TJUE.

     Aunque  el alto tribunal europeo, con sede en Luxemburgo, especifica  que la expedición de documentos de identidad -- en general todas las gestiones  del registro -- es competencia de los Estados miembros, estos deben respetar el derecho de la UE.

     La sentencia detalla que esa falta  de reconocimiento documental de una persona trans produce una discordancia, que puede llevar a la persona afectada a tener que, bien dar explicaciones sobre su realidad, bien demostrar la autenticidad de sus documentos en múltiples situaciones cotidianas (en un aeropuerto, por razones médicas o profesionales). Una situación que, según ahonda el fallo. "solo puede admitirse si se fundamenta en consideraciones de interés general y respeta el principio de proporcionalidad de conformidad con el derecho europeo y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el derecho a la privacidad".

     Previamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya dictaminó (en 2020 y en 2022) que Bulgaria vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos por su negativa al reconocimiento legal y documental del género de las trans. Desde entonces, la situación de las personas trans en el país -- y la todas las personas LGTBIQ+ -- se ha deteriorado significativamente.

     En palabras de la abogada búlgara Denitsa Lyubenova, "este caso se refiere a la dignidad, la igualdad y la seguridad jurídica de las personas trans   sentencia, todos loen Bulgaria". "Como resultado de esta , todos los casos pendientes en Bulgaria deben reanudarse, y los tribunales y autoridades deben emitir resoluciones de conformidad con el derecho de la UE y este fallo", explicó. (Fuente: EL PAÍS, 13 de marzo de 2026)

     Es cuestión de justicia. Nadie puede elegir ser mujer, hombre o trans

No a la guerra

 

     Les envío a continuación una copia de la pagina  22 de EL PAÍS del 12 de diciembre

HAY QUE PARA LA GUERRA EN ORIENTE MEDIO. NO OLVIDAR GAZA

        NO AL GENOCIDIO.      PALESTINA LIBRE   NI  TERRORISMO  NI       GENOCIDIO

                   PARARLA GUERRA.es  (nombre de esta plataforma)

                                                      MANIFIESTO

     Rechazamos tajantemente loa ataques  por EE UU e Israel contra Irán, que suponen una violación de derecho y la legalidad internacional. Son una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial

     Condenamos con energía el régimen criminal de los ayatolas y el asesinato de miles de personas en los últimos meses. Todo nuestro apoyo al pueblo iraní, y en especial a las mujeres en su lucha por la democracia y la igualdad. Es el pieblo iraní quien deba decidir su futuro.

     Pero nada justifica los salvajes bombardeos  de EE UU e Israel con el asesinato de cientos de inocentes.

     Llamamos a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino de acuerdo a la legalidad internacional.

    En este momento, forma parte de esa plataforma, que yo sepa, unas 190 personas.

Seguridad frente al amianto

 

 

El Ministerio de Trabajo prepara un real decreto que recogerá nuevas condicione mínimas de seguridad y salud, más exigentes, para los trabajadores con riesgo de exposición al amianto. El movimiento se produce después de una llamada de atención de Bruselas por retraso en la aplicación de la directiva europea sobre este material peligroso. Al tiempo, el fondo para la compensación de víctimas del amianto comenzó en diciembre a reconocer  y abonar las indemnizaciones a loa afectados, pero con cuatro años de retraso. Las asociaciones de víctimas y los sindicatos CC OO y UGT denuncian, además, que el procedo de concesión de las compensaciones está siendo muy lento y farragoso y las cuantía reconocida muy bajas, por lo que reclaman mejoras en este fondo. La Seguridad Social, de quien depende el fondo, responde que cualquier mejora dependería de la existencia de nuevos  Presupuesto Generales del  Estado, que momento no están en el horizonte.

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Estas nuevas condiciones responden a la obligación del Gobierno de trasponer al ordenamiento jurídico español la directiva comunitaria sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la  exposición al amianto durante el trabajo, que debía de haber estado en vigor desde diciembre. Al no tener lista entonces la nueva normativa, Trabajo recibió de Bruselas un carta de emplazamiento en la que las autoridades comunitarias dan a España un plazo de dos meses para solventar el incumplimiento.

Según la nueva normativa que propone Trabajo, se aplicará una drástica reducción de los valores límites de exposición al amianto de los trabajadores.

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Pero esta mayor vigilancia por ley de la salud de los trabajadores con riesgo de exponerse al amianto solo les protegerá partir de ahora. Los miles de ellos que ya han enfermado por la exposición a este material cancerígeno solo pueden optar a recibir una indemnización del fondo de ayudas creado para los afectados.

Las últimas actualizaciones del Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores que han estado Expuestos al Amianto, nutrido por las comunidades autónomas, han registrado que unas 2.700 empresas  laboral con amianto han realizado o realizan actividad laboral con amianto desde 2004 y que alrededor de 70.000 trabajadores han estado o están expuestos a estas fibras, según manejan los sindicatos.... (Fuente: EL PAÍS, 10 de marzo de 2026)

Como verdaderos seres humanos, Homo sapiens, debemos hacer todo lo posible e imposible para que ningún trabajador esté expuesto al amianto. En otras palabras, estamos obligados "garantizar  una vida sana y promover el bienestar en todas las edades" 

  

 

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Educación. España

 

     El Gobierno tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros su novena subida consecutiva en las becas al estudio desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018. La subida respecto al año pasado es de 34 millones, un 1,3% más. El número de beneficiarios también se ha incrementado de forna significativa, pasando de unos 780.000 a un millón.

     Las becas estatales, centralizadas en el Ministerio de Educación, abarca los estudio posobligatorios: el Bachillerato, la Formación Profesional, la universidad y las enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas. Y constituyen una pieza central en mecanismo de compensación de las desigualdades de  de la educación pública.

     La otra novedad de cara al curso que viene será la recuperación  de las becas de movilidad entre campus españoles, antiguamente llamadas Séneca. Unas ayudas que funcionaron entre 2000 y 2012, cuando fueron suprimidas por  el Ejecutivo Mariano Rajoy, de PP, en plena oleada de recortes durante la Gran Recesión.  Las nuevas becas estarán  dotadas con al menos 900 euros al mes, y en la primera convocatoria alcanzarán a 2.300 estudiantes. "Hay  países que malgastan el dinero en guerras y nosotros decidimos invertir en becas", dijo Sánchez al hacer el anuncio.

     La  ayuda se materializará en un solo en un solo pago de 8.100 euros. Y habrá un complemento,  que todavía no ha sido concretado, para quienes se trasladen "desde o hacia universidades de fuera de la península", señaló el Gobierno en un comunicado.

     La beca estará abierta a estudiante matriculados en carreras oficiales en cualquier universidad española presencial que esté en el Sicue (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles), en que hay universidades públicas y privadas, aunque predominan las primeras. Para solicitarlas, el alumnado deberá haber superado al menos 60 créditos, lo que implica que podrá  recibirse como pronto en el segundo curso. Y la movilidad deberá implicar un cambio de provincia.

     La ayuda será compatible con beca general para estudios universitarios que también da el Ministerio de Educación,  salvo la parte relativa a la residencia, "de forma que los estudiantes procedentes de familias de menores rentas podrán ambas simultáneamente", precisó el Ejecutivo.

     El expediente académico será criterio básico de selección. Pero a falta de conocer más detalles, el presidente del Gobierno adelantó ayer que se incentivará "la movilidad hacia aquellas universidades que no están en grandes ciudades, y por tanto, hacerlo también con más justicia social y más cohesión territorial". Hasta un 5% de las ayudas se reservarán, por otra parte, a estudiantes "con una discapacidad igual o superior al 25%". 

     Los expertos consideran las becas una de la herramientas más importantes para el abandono educativo temprano, la tasa de jóvenes de 20 a 24 años que no tiene como mucho la ESO y no está estudiando. Después de haber experimentado una fuerte reducción en los últimos años, el porcentaje de abandono se sitúa ahora el 12,8%, el mejor dato de la historia y aún así, uno de los peores de la UE. (Fuente: EL PAÍS , 10 de marzo de 2026)

     En una sociedad verdaderamente  humana es imprescindible "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos".  Algo que se indica en el objetivo de desarrollo sostenible 4 de Agenda 2030.  

Prestación por crianza

 

    Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia  de Desarrollo    Sostenible 2030, que incluye entre sus metas la creación de una prestación universal por crianza  de 200 euros  mensuales por cada descendiente menor de 18 años. El objetivo declarado es que esta nueva prestación llegue a todas las familias con niños y niñas a su cargo y contribuya a erradicar las formas más severas de pobreza infantil en 2030.

      España registra una de las tasas más altas de pobreza infantil de la Unión Europea. Casi el 30% de los menores se encuentra en riesgo de pobreza, diez putos por encima del conjunto de la población. Esta brecha, además, se ha ampliado y cronificado, en contraste con el vigor del crecimiento económico.  En Anteriores fases expansivas, el aumento del empleo actuó como mecanismo de arrastre para estos hogares, constituyendo su principal fuente de seguridad económica. Que  este proceso no se esté reproduciendo en la actual fase expansiva pone de manifiesto las insuficiencias de nuestro modelo de nuestro modelo de protección social.

     La mayor vulnerabilidad de la infancia se confirma también con otros indicadores. Uno de cada seis menores vive en hogares que sufren retraso en el pago de gastos relacionados con la vivienda, como la hipoteca o el alquiler; los suministros energéticos o las cuotas de comunidad. Este indicador ha aumentado un 50% desde 2019. A corta plazo, la combinación de sus rentas y un mercado de la vivienda cada vez más inaccesible los sitúa en una posición de especial riesgo ante posibles desaceleraciones de la economía.

     A largo plazo, haber sufrido la pobreza en esta etapa tiene graves consecuencias sobre las las oportunidades educativas y de salud. Combatir esta situación es, por tanto, una cuestión tanto de justicia social como de eficiencia económica.

     Nuestras estimaciones de 2023 para el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil mostraba que mantener niveles tan altos de pobreza infantil tiene un coste elevado. En una valoración muy conservadora, la pobreza infantil costaba a la sociedad española más de 63.000 millones de euros anuales en pérdidas de productividad y costes asociados a problemas de salud, lo que equivale al 5,1% del PIB, una cifra sensiblemente superior a la tasa media de crecimiento anual de la economía. En este contexto,  resulta fundamental analizar qué políticas pueden ser más efectivas para cambiar de rumbo.

     Las políticas de protección a la infancia vigentes en España se caracterizan por un nivel de gasto muy bajo en comparación con otros países europeos. En la Unión Europea, la política más extendida es la prestación universal por crianza. 

     Se trata del reconocimiento del derecho de todos los niños y niñas a recibir una protección suficiente que promueva la igualdad de oportunidades. En los sistemas universales, todas las personas acceden a los derechos mientras que el esfuerzo que implica su financiación se distribuye mediante una tributación progresiva.

     Es urgente, por tanto, dedicar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza infantil pasa promover la igualdad de oportunidades. La inversión propuesta supone menos de la sexta parte de coste económico y social que implica no llevarla a la práctica.  (Fuente: EL PAÍS, 8 de marzo de 2026)

     Este artículo esta firmado Luis Ayala, catedrático en Economía en la UNED y  Olga Cantó. catedrática de Economía en la Universidad de Alcalá

     Pienso que es importante reducir la desigual en un país, en  este caso, España con su pobreza infantil. Algo propio del verdadero ser humano.

 

Más cosas sobre "No a la guerra"

 

     Después de unos primeros días en los que Pedro Sánchez dejó el protagonismo a sus ministros, el presidente ha decidido entrar de lleno en la batalla política contra la guerra desatada por los ataques de Donakd Trump y Benjamin Netayahu contra Irán. Sánchez multiplica contactos contactos en las últimas horas por intentar arrastrar a otros líderes, especialmente a los europeos, al rotundo "no a la guerra".

     El presidente ha hablado con el francés Enmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Antonio Costa, además de brasileño Lula da Silva, y ha recibido el apoyo de la mexicana Claudia Sjeimbsum --es muy responsable la posición del presidente de España en apostar por la paz", ha dicho -- Además ha contactado con varios líderes de los países árabes, y por debajo también se está moviendo el ministro de Asuntos  Exteriores, José Manuel Albares, y el equipo de Sánchez en la Moncloa para intentar cambiar  la posición dominante en Europa, inicialmente muy tibia frente a Trump, por otra mucho más parecida a la tiene el propio presidente español.

     Una vez más, su rotundidad en el choque con Trump y con Netanyahu ha causado impacto especialmente en sectores progresistas europeos y americanos. 

     En el entorno del presidente señalan que en las últimas horas están detectando cambios de posiciones en distintas cancillerías europeas, cada vez más críticas con la guerra de Trump y Netanyahu. Y también en las árabes, que en algunos casos de países del golfo Pérsico están empezando a tomar decisiones clave como no permitir que los aviones de EE UU sobrevuelen su espacio aéreo para atacar Irán. (Fuente: El País. 6 de marzo de 2026)

     Bienvenida cualquier decisión en contra de la guerra, algo no propio de verdadero ser humano.

    

NO a la guerra

 

     El  presidente del Gobierno ha mantenido con firmeza una posición clara en contra la guerra de Donald Trump y Benjamín Netanyahu contra Irán, que se inició el sábado con el ataque mortal el líder supremo iraní, Alí Jamenei, y su cúpula de defensa en Teherán, que ha desencadenado una escala bélica en todo Oriente Próximo. El presidente español reivindica u nuevo "no a la guerra". "La posición de España es la misma que en Ucranía o en Gaza. No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos. No a resolver conflictos con bombas. La posición española se resume en cuatro palabras: no a la guerra". Y  ahí recordó Irak, "El mundo ya ha estado aquí antes, hace 23 años, otra Administración de Estados Unidos nos llevó a una guerra injusta. La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo, una grave crisis migratoria y económica. Este fue del regalo del trío de Azores, un mundo más inseguro y una vida peor", recalcó.

     El presidente defendió que el Gobierno repudia el régimen de los ayatolás, pero también esta guerra. Aseguró que apuesta por la diplomacia.  "Algunos dirán que eso es ingenuo. Lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia. O pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es liderar. No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo por miedo a las represalias de alguno", dijo en referencia inequívoca a las amenazas de Trump de bloquear el comercio con España, aunque sin mencionar por su nombre en ningún momento al presidente estadounidense. Y también reivindicó que su posición no es tan minoritaria como pueda parecer y como le reprocha la derecha y la ultraderecha. "No estamos solos, el Está con quienes tiene que estar, con los valores de la Constitución, de la UE, con la carta de la ONU, con la paz. Millones de personas en todo el mundo están con la paz y la prosperidad", manifestó.

     La declaración institucional de Sánchez desde La Moncloa, realizada sin periodistas delante y por tanto sin preguntas, estaba muy medida para responder a todas las preguntas en el aire en las últimas horas y a los ataques de la oposición, pero sobre todo para chocar con Trump o con el propio José María Aznar, que se implicó en la guerra de  Irak, sin citar expresamente de Estados Unidos y sin entrar al barro en el que quiere meterlo.

     Si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo -- o Israel-- quieren colocar a Sánchez con Teherán, él repudió el régimen. "Nadie está a favor de los ayatolás. Pero la pregunta es si estamos del lado de la legalidad internacional y la paz. La ciudadanía española estuvo en contra de Sadam Husein, pero eso no la llevó a apoyar una guerra injusta. Repudiamos el régimen de Teherán, pero pedimos una solución diplomática", insistió.

     Sánchez apeló a su vez a valores progresistas frente a una guerra en la que está convencido de que perderán los más débiles ganará los fabricantes de armas y otros millonarios. "Ni siquiera están claros los objetivos de esta ataque.Sabemos que de esta guerra no saldrá un orden internacional justo, salarios más altos, un medio ambiente saludable. Los gobiernos no estamos para empeorar la vida de la gente. Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles son los de siempre. Y ahí también se sirvió de la guerra de Irak para recordar que eso es lo que trajo: inestabilidad, terrorismo y crisis económica. (Fuente: EL PAÍS. 5 de marzo de 2026)

     Las guerras no son propias del verdadero ser humano, dotado, principalmente,  de empatía y solidaridad. 

La hora de los migrantes

 

     En la semana del 8 de marzo el mundo pone el foco en las mujeres y en las discriminacionaciones que les afectan.  Es de justicia priorizar a las trabajadoras de origen extranjero. Porque a ellas, es especial a las que en situación administrativa irregular;  no les ha llegado en igual medida los muchos avances recientes conseguido mediante el Diálogo social, lo que sí les ha llegado es la ola racista reaccionaria.

     Aumenta es riesgo de explotación, abuso y violencia, laboral y social. Está pasando. Afrontamos una oleada racista que ha puesto en el foco de sus discursos de odio a las personas migrantes. En realidad, a las personas migrantes racializadas.

     Sí en EE UU las políticas antiinmigración de Trump nos han escalofriado, aquí, a nuestro alrededor, el discurso xenófobo se reaviva con mensajes trucados expandidos por redes sociales al servicio de políticos y voceros ultras. Usan consignas como la "remigración", un tipo de limpieza étnica para expulsar a migrantes por el origen o religión.

     Vaya por delante que no van a lograr que renunciemos a nuestra defensa de sus derechos humanos, una prioridad sindical. Lo que buscan es despojarlas de derechos, estigmatizarlas y sobreprecarizarlas. 

     Las mujeres migrantes, que suponen el 52% de la población migrante, no pueden ser ciudadanas de segunda, No nos vale un feminismo que solo rompa techos de cristal, queremos que también despegue de suelos pegajosos a la mayoría de las mujeres.  En España las mujeres migrantes se exponen a una triple discriminación: por mujeres, por trabajadoras, por migrantes.

     Enfrentan una segregación laboral aún más intensas que las autóctonas. El 20,4% de ellas trabaja en la hostelería, el 18,7% en empleo del hogar, el 13,85% en comercio, 8,6% en el sector sociosanitario, el 3% en agricultura. Como el resto de las trabajadoras, les afectan la brecha salarial y salarios más bajos. Por su mayor contratación a tiempo parcial ( que supera en cinco puntos a la población autóctona), por su alta presencia en sectores de baja cualificación.

     Además, enfrentan mayores obstáculos para acceder a servicios de conciliación. Se  produce la gran injusticia de que las trabajadoras migrantes resuelven, a las familias que pueden permitírselo, los déficits del sistema de cuidados atendiendo a menores y mayores dependientes, mientras ellas lo tienen casi imposible.

     Y presentan más factores de desigualdad:  más pobreza laboral, más vulnerabilidad económica. más dificultades para acceder a la sanidad, como el acceso al aborto, más vulnerabilidad ante situaciones de violencias machistas, acoso sexual y acoso por razón de sexo en el entorno laboral.

     Parte de estas vulnerabilidades deben mejorar con el proceso de regularización extraordinario anunciado por el Gobierno y desde el sindicato vemos como una medida necesaria y justa.

     Las reclamaciones más acuciantes de las trabajadoras migrantes son la asistencia en la regularización administrativa, la equiparación en derechos laborales, mayor protección frente al acoso sexual y la sobreprecarización laboral. Esa es nuestra hoja de ruta, la del sindicalismo de clase feminista.

     Este articulo, publicado por el EL PAÍS el día 4 de marzo de 2026, ha sido escrito por Carolina Vidal López, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CC OO,  y Sofía del Castillo García-Parrado, secretaria confederal de Migraciones y Atención a las Personas de CC OO 

      Es muy importante, "lograr la igualdad entre los género y empoderar a todas las mujeres y las niñas".                               

Plantas de biogás y biometano

 

La alarma social generada por la aluvión de nuevos proyectos de plantas de biogás y biometano en España está llevando a una situación inesperada: aunque teóricamente estas instalaciones que generan una energía renovable a partir de la descomposición de residuos orgánicos suponen diferentes beneficios ambientales en la reducción de emisiones y el tratamiento de residuos, cada vez es mayor el rechazo,

La  propia organización Ecologistas en Acción ha sacado de forma reciente una guía con pautas para evaluar estas plantas, recomendando "analizar caos a caso". "No estamos en contra de la tecnología, sino de los malos proyectos", explica Marina Gros, representante de la organización.

Estas instalaciones consisten en grandes tanques cerrados (digestores) donde se descomponen de forma anaerobia (sin oxígeno) desechos  orgánicos de la agricultura, la ganadería, la industria alimentaría, las depuradoras ... Así se obtiene gas y queda una materia (el digestato) que puede emplearse como fertilizante. En Europa hay más de 19.000 plantas que producen biogás (una mezcla de metano y dióxido  de carbono usada para calor o electricidad) y unas 1.700 de biometano (metano de alta pureza que se inyecta directamente a las redes de gas natural).  En España ha sido un sector  muy minoritario hasta ahora. De pronto, existen más de 200 proyectos pendientes de conseguir luz verde de las administraciones, si pasan los procesos de evaluación ambiental. Pero al mismo ritmo que aparecen, surgen plataformas en contra.

Una de las voces más críticas es la del biólogo  Fernando Vallares,  investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales: "Con la escasa experiencia en España, y general, con plantas de tamaño medio o grande de biogás, lo que se está proponiendo es una locura, y sin un mínimo de planificación territorial"."Las plantas de biogás no son economía circular; la fermentación no hace desaparecer los residuos, de los miles de toneladas que entran en una planta, solo se quita el 5%". argumenta.

Para Xavier Flotats, profesor emérito de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Catalunya, con 45 años en el sector, este rechazo generalizado es "una contradicción extraordinaria". "Para algunos activistas, es mejor que un vertedero esté emitiendo metano a la atmósfera antes que llevar los residuos a una planta de biogás para hacer algo provechoso", se queja, y asegura que, aunque la materia que sale de las instalaciones sea en peso el 95% de la que entro, su composición es distinta: un producto más mineralizado.

Flotats tiene claro que no todos los casos son iguales. Para él,  la oposición a estas plantas tiene que ver con la forma actuar de algunas empresas promotoras, "que estás acostumbradas a presentar un proyecto a la Administración para que le den permiso sin pisar antes el territorio y hablar con la gente".  Pero, al mismo tiempo, responsabiliza a un sector del ambientalismo de alimentar el rechazo para impedir el lavado de cara de la ganadería industrial, por la reducción del impacto de sus desechos que puede implicar: "Si estos residuos ganaderos se utilizan para fabricas biogás, se evita que estén almacenados en balsas en las granjas emitiendo metano".

Para Valladares, esta es una cuestión capital, "No se pueden entender las plantas de biogás sin las macrogranjas industriales de aves, cerdos y vacas", un modelo de producir carne que, a su juicio, "no necesitamos". Y aboga por cerrar estas explotaciones. Pero también cuestiona los proyectos gasistas que utilizan desechos que nada tienen que ver con animales, incluso algunos innovadores con patente española que aprovechan la paja de cultivos de arroz que hoy se quema en el campo, con gran impacto en el entorno de la Albufera de Valencia. "No tiene sentido analizar cada caso por separado, el problema es el modelo. No hay para tanto gas.

Como señala Marina Gros, en Ecologistas en Acción no ven problema al proyecto de la paja de arroz. Según su documento "para saber discernir entre los proyectos sostenibles e insostenibles",  resulta clave ubicar las plantas cerca de los residuos, "en un ámbito comarcal para evitar los desplazamientos", con un suministro estable, continuo y asequible de materia prima. La guía de esta organización se fija en el tamaño, pero no establece un criterio y recalca la importancia de que el material resultante de proceso de descomposición de residuos sea luego aprovechado como fertilizante, para que haya "una economía circular. Otro de los puntos centrales para Ecologistas en Acción es el tipo de desechos que se utilicen. Las opciones mejor valoradas son los lodos de depuradoras y los restos biodegradables que van a vertedero. Las peores: los cultivos intermedios (especies vegetales sembradas entre cosechas principales para proteger el suelo), y los purines (orina y excrementos del ganado) y demás residuos ganaderos.

"Sabemos que la ganadería industrial no es sostenible a largo plazo", defiende Gros. "Aunque estos residuos sean ahora un problema, no podemos depender de ellos, porque entonces nos estaríamos obligando a producirlos", señala la ecologista, que cree necesario un mayor esfuerzo para reducir la producción de los desechos en general. 

En las plantas de biogás, la descomposición anaerobia (sin oxigeno) de la materia orgánica se produce en digestores cerrados, por lo tanto, si está bien construida, no debe haber malos olores durante la fermentación. No obstante, el profesor Xavier Flotats considera que un aspecto determinante para diferenciar este tipo en instalaciones es cómo están diseñadas las entradas y cómo se realiza la recepción de los residuos para evitar molestias a los poblaciones cercanas. "Una planta en la que la recepción sea tirar los desechos a una fosa de hormigón es un desastre", recalca el ingeniero. "El vaciado de los residuos debe ser en circuitos cerrados: cuando son líquidos, enganchándose a una tubería que vaya a un depósito herméticamente cerrado, y  cuando son sólidos,  se mete el camión dentro de una nave. se  cierra esta, se pone en marcha el sistema de tratamiento de aire y solo entonces, se  descarga".

Para este experto, los proyectos que están pidiendo permisos sin decir que harán con el digestato "no deberían ni presentarse". Además, cuenta que al salir el digestato todavía está caliente y puede producir emisiones de metano residuales. Por ello, como recalca, "por toda Europa lo que está cada ves más es cubrir el digestato y recuperar este metano residual, lo que aumenta la producción de gas y evita también malos olores.

En cuanto al tipo de residuos, el ingeniero considera un sinsentido la oposición al aprovechamiento de desechos ganaderos que generan emisiones en la actualidad. "Si  preocupa la insostenibilidad  de la ganadería industrial, el centro del problema sobre esta cuestión es nuestro sistema alimentario, la discusión debería estar ahí, no en el biogás", defiende.  (Fuente: EL PAÍS. 2 de marzo de 2026)

Es extremadamente importante que aprendamos a vivir sin combustibles. Ustedes se habrán dado cuenta he dedicado varias "píldora para pensar" acerca de ese tema. 

 

 

 

    

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Refugiados

 

     Tras el reciente anuncio del Gobierno español de regularizar a alrededor de 500.000 personas migrantes, se recuerda el papel clave que desempeñan los trabajadores extranjeros en el crecimiento de España. De hecho, la economía nacional se sitúa actualmente entre las más dinámicas de Europa.  Solo en 2025, el PIB del país creció un 3%, mientras que la media de la eurozona fue apenas un 1,3%,

     España necesita la inmigración, no solo para sostener su crecimiento, sino también su sistema de seguridad social. No se puede entender nuestro desarrollo reciente sin la aportación de las personas migrantes. Solo en términos de empleo,  más de tres millones de trabajadoras y trabajadores extranjeros representan ya el 14,1% de los afiliados a la Seguridad Social. Valorarlo es positivo para nuestra sociedad y para nuestra economía.

     En la actualidad, se encuentran en España alrededor de 700.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo, que han tenido que abandonar sus países de origen para buscar protección frente a la violencia, los conflictos armados o la persecución. Estas personas se enfrentan con demasiada frecuencia a numerosas barreras estructurales para acceder al empleo, como la falta de competencias para acceder, como la falta de competencias  lingüísticas, redes sociales y profesionales, el reconocimiento de sus cualificaciones y el conocimiento de la normas del mercado laboral español.

     Afortunadamente, contamos con un punto de partida sólido: la sociedad española ha demostrado ser una de las acogedoras y solidarias del continente.

     Ahora, ese impulso humanitario necesita canalizarse también desde el ámbito empresarial. Las grandes compañías tienen la oportunidad --y la responsabilidad-- de estar ala altura de esta integración. 

     Y es que existe un amplio consenso social en torno a la contratación de personas refugiadas como vía para fomentar su inserción social y económica, independientemente de la orientación política. Según una encuesta realizada en noviembre de 2025 por la organización More in Common, en colaboración con Tent España, un 73% de la población española piensa que es una buena idea que las empresas cuenten con personas refugiadas para apoyar su integración, y casi sietes de cada diez apoyaría que lo hagan su propio empleador. Esta percepción se refuerza aún más en las grandes empresas, en las que el 70% de los trabajadores se sentiría orgulloso si su empresa contratara a personas refugiadas y tres de cada cuatro estaría abierto a implicarse de forma activa convirtiéndose en "mentor" o soporte para los empleados refugiados. Este apoyo a las personas refugiadas a través del empleo atraviesa todo el espectro político y los distintos de edad y demográficos.  La población española coincide mayoritariamente en una idea sencilla: las personas a las que se les permite trabajar, contribuir y mantenerse por sí mismas fortalecen la sociedad,

     En España, ya son decenas las grandes compañías de numerosos sectores, incluidos la hostelería, la logística y el tecnológico, que conocen esta realidad y que han empezado a contar con personas refugiadas entre sus profesionales. Muchas de ellas afrontan los mismos retos: escasez persistente de mano de obra, brechas de cualificación y una competencia creciente por el talento. Y también comparten una conclusión clara, basada en la experiencia y no en la teoría: la contratación de personas refugiadas es una situación en la que todas las partes ganan.

     El trabajo es el camino más rápido y duradero hacia la integración.  Cuando las refugiadas acceden a un empleo, aprenden español más rápido construyen una red de contactos, ganan independencia y se convierten en miembros activos de sus comunidades. Pasa las empresas, contratar a personas refugiadas amplía el campo de talento, mejora la retención, fortalece la cultura laboral, mejoran sus equipos y su crecimiento a largo plazo.

     Pero también es lo correcto. A medida que más personas refugiadas y solicitantes de asilo buscan protección en nuestro país, ante la inestabilidad geopolítica en diversas regiones del mundo que vemos cada día, el mundo empresarial tiene una responsabilidad histórica de apoyarla, también dando un paso al frente para insertarlas en el mercado laboral y contribuir colectivamente a cambiar el relato.

     Esto es un llamamiento a los líderes empresariales de toda España: conviértanse en los próximos referentes de este creciente movimiento empresarial que entiende la urgencia de esta oportunidad, comprométanse a abrir vías de empleo para personas refugiadas y  aprendan unos de otros para reducir con éxito las barreras en la incorporación de talento refugiado cualificado en el tejido productivo español.

     Este es un momento urgente. El respaldo social y público es amplio. Los trabajadores de vuestras plantillas están receptivos. Y son necesarias nuevas formas de cubrir vacantes, diversificar su talento y responder a una realidad demográfica que ya no pueden ignorar. El movimiento ya ha comenzado. ¿Cuántas otras empresas están listas para dar un paso adelante y liderar? (Fuente: EL PAÍS, suplemento NEGOCIOS, 1 de marzo de 2026)

     Este artículo está firmado por Amala Elzalde, directora de Tent España. Lanzada hace dos años, es la red de mas de 50 grandes empresas presentes en España comprometidas a contratar a personas refugiadas en todo el país y/o a ayudarles con la preparación para el empleo en territorio nacional.    

Salario mínimo interprofesional

 

     El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CC OO sellaron el 16 de febrero la subida del salario mínimo interprofesional (SMI)  para 2026. El acuerdo, en los términos que se cerraron el pasado 28 de enero contempla elevar el sueldo retributivo a 1.221 euros brutos en 14 pagas, un 3,1% más que en 2025.  La firma protocolaria del pacto, celebrada en la sede ministerial y protagonizada por Yolanda Díaz, Pepe Álvarez (UGT) y Unal Sordo (CC OO), contó en esta ocasión con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

     La única vez que el jefe del ejecutivo había participado en el acto para refrendar la subida del SMI fué en 2020, la última vez que la patronal también participó en el acuerdo. El contexto no podría ser más diferente ayer; Sánchez embistió con fuerza contra los empresarios por no respaldar el nuevo aumento, que se oficializara hoy en el Consejo de Ministros.

     "Aquí no estamos todos los que deberíamos estar. Falta la patronal y su ausencia dice mucho" aseguró el presidente del Gobierno. "Es la que ha decido borrarse de este acuerdo. Lo que no es admisible es que en un contexto de bonanza económica se mire con lupa el salario de quien cobra el mínimo mientra se mira hacia otro lado cuando se registran estos beneficios multimillonarios. Es una cuestión de justicia social y de inteligencia económica", añadió.

     En un discurso muy crítico con la CEOE y Cepyme, Sánchez insistió: "Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos, y cuando toca repartir beneficios, los repartimos entre todos.  Que nadie nos diga que no se pueden subir los salarios cuando los beneficios crecen. Que nadie nos diga que no hay margen cuando la economía avanza. El Gobierno está haciéndolo con lo que está en su mano, el SMI y Función Pública. Le pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más. Que vayamos a un aumento generalizado de los sueldos allí donde aún no lo hay".

     Hasta ahora, lo habitual era que el presidente del Gobierno participase en la firma de los acuerdos que estaban avalados por el diálogo social, tanto por patronales como por sindicatos. Ese fue el caso de la última reforma de pensiones, que selló en La Moncloa en septiembre de 2024. "El trabajo debe permitir vivir con dignidad", agregó Sánchez.

     La CEOE insistió ayer en su postura, tras el discurso de Sánchez.  "Ya nos opusimos por cuanto : no solo se fundamenta en un cálculo erróneo de partida por parte de los expertos, sino que además supone una injerencia grave en la negociación colectiva", imdica un portavoz de la asociación empresarial.

     Los empresarios hacen esta valoración porque consideran que elevar tanto el suelo empresarial no es asumible en muchos sectores. "Dicho esto, hay que pensar que mientras autónomos,  pequeños empresarios y agricultores verterán 1.782 millones de euros en la economía con el SMI, el Gobierno no está poniendo los medios para atajar la sangría de 33.000 millones de euros que se va por el sumidero por la mala gestión de las bajas", agrega la organización que preside Antonio Garamendi. Por su parte, Díaz subrayó en su discurso que Sánchez siempre ha estado donde tenía estar; en el lado correcto de la historia". Con acuerdos y desacuerdos, hemos tenido discusiones potentes e intensas", indicó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, antes de recalcar que el Gobierno pretende seguir adelante con su agenda reformista: "Nos  queda mucho por hacer. Vamos a aprobar el nuevo registro horario, la reducción de jornada, o evitar las horas extra impagadas, a proteger frente al despido injusto, a regular las plataformas que quieren volver al siglo X1X..."

     La subida anual del salario mínimo es una de las fechas marcadas en rojo en el calendario del Gobierno, ya que una de las políticas económica de mayor trascendencia que no exige convalidación parlamentaria. Así, la mayoría de las derechas en el Congreso no puede frenar esta iniciativa, como sí hizo la reducción de jornada y como se prevé con otros proyectos del departamento de Díaz, como la reforma de la indemnización por despido.

      La cita gozó de más protección que en incrementos previos, con la presencia de representantes de varias asociaciones profesionales y civiles, así como la plana mayor de los sindicatos.

     También acudieron la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Educación, Milagros Tolón; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustitinduy; la ministra de Seguridad Social y portavoz del Ejecutivo, Elma Saíz; y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

      Con esta subida, el salario mínimo interprofesional continúa la escalada de los últimos años.  Desde 2018, cuando Pedro Sánchez accedió al Ejecutivo, el SMI  ha crecido un 66%.  De 736 a 2.221 euros brutos al mes en 14 pagas. En el mismo periodo, los precios han crecido un 23%. Según cálculos de CC OO, esta subida beneficiará a 1,66 millones de personas asalariadas, el 9% del total. El Gobierno estima un impacto mucho mayor, de 2,5 millones de beneficiarios.

     El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, subrayó que e, incremento beneficia especialmente a "mujeres, jóvenes y a los territorios con más dificultades, donde los salarios son más bajos". Como Sánchez, cargó contra la patronal: "Si estuviera aquí, tendría que explicar por qué el SMI  se está comiendo buena parte de los convenios colectivos".

     Su homólogo en CC OO, Unal Sordo, destacó que las subidas del SMI sirven para "evitar situaciones de precariedad escandalosas que se pueden generalizar en las sociedades contemporáneas". (Fuente: EL PAÍS. 17 de febrero de 2026)

     El Salario Mínimo  Interprofesional (SMI) puede ser una manera de "reducir la desigual en España". Un país cuyos miembros se considere verdaderamente seres humanos, Homo sapiens, nunca podría estar en un país donde viven juntos personas pobres y personas ricas.