Emisiones de dióxido de carbono

 

     Una veintena de multinacionales -- entre las que figuran Googgle, Microsoft, Ikea,  Coca-cola, Amazon, Volvo  y las españolas Iberdrola y Acciona --  lanzan hoy una declaración conjunta en la que respaldan el Régimen de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (conocido por sus siglas en inglés ETS) y  defienden el "mantenimiento de la integridad" de esta herramienta  la más importante en la lucha contra el cambio climático que la UE. Este posicionamiento claro llega en un momento en el que algunos gobiernos de los Veintisiete, con Italia  la cabeza, han pedido la suspensión del ETS. Al otro lado, en una similar a la de este grupo de empresas, está otros ocho países europeos, entre destaca España, que defienden este sistema al considerarlo "la piedra angular de la política climática de la UE".

     Europa fue pionera en 2005 en ponerle un precio a cada toneladas de dióxido de carbono que emiten determinadas industrias. Este gas es el principal de los están detrás del calentamiento global y el ETS obliga a las instalaciones y empresas más emisoras a pagar por cada tonelada de dióxido de carbono que expulsan a la atmósfera.  Este sobrecoste que se impone ha contribuido, por ejemplo,  a que en muchos Estados se hayan dejado de lado el carbón en favor de otras fuentes no emisoras como las renovables.

     El avance de la ultraderecha en la UE y el cambio de posición de muchos de las partidos conservadores estás haciendo que revisen y delimiten muchas de las políticas ambientales, el  ETS  se perfila como el siguiente campo de  batalla. Italia, que antes del ataque de EE UU  e Israel a Irán ya había cuestionado este sistema, ha pedido su suspensión el alza de precios energéticos.  Y Alemania aboga por aumentar el reparto de derechos de emisión gratuitos, que reciben determinadas empresas.

     En el pasado, esas asignaciones de derechos gratuitas hicieron que el precio de cada tonelada de dióxido de carbono en el mercado europeo estuviera por los suelos, lo que lo convertía en ineficiente. Pero luego se diseño un plan de retirada de derechos gratuitos.  Los ochos gobiernos que se unieron para defender el ETS --España, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia, Suecia y Países Bajos -- advirtieron, en un escrito enviado a las instituciones comunitarias, de que "una eliminación progresiva de la asignación gratuita es imprescindible para garantizar incentivos a la industría para descarbonizar la economía".

     Ahora, esa  veintena de multinacionales defiende lo mismo, además de deslizar una crítica a loa pasos atrás de la UE. "La erosión de políticas clave como los estándares de dióxido de carbono para automóviles, los objetivos de eficiencia energética o la trayectoria de eliminación progresiva de los permisos del ETS podrían tener efectos secundarios en los esfuerzos críticos para impulsar la electrificación y la competitividad de la UE", advierten estas compañías, que piden un marco normativo estable. (Fuente: EL PAÍS, 16 de marzo de 2026)

     ¿Dónde está la posibilidad de "vivir sin combustibles  fósiles"?

Comercio de emisiones

  

 

     La UE fue pionera en la implantación de un sistema de comercio de emisiones de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Este Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS, por sus siglas en inglés) arrancó en 2005 e impone un sobrecoste a aquellas que impulsan más dióxido de carbono. Gracias a este modelo, muchos países han dado la espalda al carbón y han impulsado las renovables. Pero este sistema ETS está ahora  siendo cuestionado por algunos gobiernos, como el italiano a la cabeza.

     Ocho países europeos, entre ellos España, se han unido en defensa del ETS.  "Es la piedra angular de la política climática de la UE, señala un escrito al que ha accedido El PAÍS que han suscrito, además del Gobierno español. los de Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenía Suecia y Países Bajos. "El ETS ha demostrado ser una herramienta eficiente y rentable", añaden. De hecho, es esos más de 20 años de funcionamiento, además des desplazar en muchos casos a los combustibles fósiles, este modelo se ha extendido por otras importantes economías, como China. (Fuente: EL  PAÍS. 13 de marzo de 2026)

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Personas trans

 

     El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala el derecho de las trans a que su género sean reconocidos en sus documentos oficiales en los Estados miembros. Es una sentencia, publicada ayer; el máximo órgano de justicio europeo dio la razón a un mujer trans que había pedido, sin éxito, a Bulgaria, su país natal, que actualizara sus datos en el registro civil. Para el TJUE, "el Derecho de la Unión se que opone a que un órgano  jurisdiccional de un Estado miembro pueda interpretar una norma que acabe constituyendo un obstáculo jurídico para la inscripción en el registro civil de ese Estado de un cambio de los datos al género". El tribunal argumenta su fallo en el derecho de los ciudadanos europeos a circular y residir libremente en otro Estado miembro.

     El caso se refiere a una trans, nacido en Bulgaria, que realizó su proceso de transición en Italia. Cuando quiso que su género fuera reconocido en sus documentos búlgaros, el registro de ese país le denegó la petición.  Aunque presentó informes médicos y un dictamen pericial que respaldaba su demanda, la solicitud no fue admitida. La demandante acudió entonces al Tribunal Supremo de Bulgaria. En 2023, este organismo había emitido una decisión vinculante, declarando que la legislación búlgara no permite a los tribunales "autorizar un cambio de sexo, nombre o número de identificación personal para las personas trans en el Registro Civil". Sin embargo, y ante las duda de que la legislación búlgara chocara con el derecho de la UE, el caso fue llevado al TJUE.

     Aunque  el alto tribunal europeo, con sede en Luxemburgo, especifica  que la expedición de documentos de identidad -- en general todas las gestiones  del registro -- es competencia de los Estados miembros, estos deben respetar el derecho de la UE.

     La sentencia detalla que esa falta  de reconocimiento documental de una persona trans produce una discordancia, que puede llevar a la persona afectada a tener que, bien dar explicaciones sobre su realidad, bien demostrar la autenticidad de sus documentos en múltiples situaciones cotidianas (en un aeropuerto, por razones médicas o profesionales). Una situación que, según ahonda el fallo. "solo puede admitirse si se fundamenta en consideraciones de interés general y respeta el principio de proporcionalidad de conformidad con el derecho europeo y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el derecho a la privacidad".

     Previamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya dictaminó (en 2020 y en 2022) que Bulgaria vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos por su negativa al reconocimiento legal y documental del género de las trans. Desde entonces, la situación de las personas trans en el país -- y la todas las personas LGTBIQ+ -- se ha deteriorado significativamente.

     En palabras de la abogada búlgara Denitsa Lyubenova, "este caso se refiere a la dignidad, la igualdad y la seguridad jurídica de las personas trans   sentencia, todos loen Bulgaria". "Como resultado de esta , todos los casos pendientes en Bulgaria deben reanudarse, y los tribunales y autoridades deben emitir resoluciones de conformidad con el derecho de la UE y este fallo", explicó. (Fuente: EL PAÍS, 13 de marzo de 2026)

     Es cuestión de justicia. Nadie puede elegir ser mujer, hombre o trans

No a la guerra

 

     Les envío a continuación una copia de la pagina  22 de EL PAÍS del 12 de diciembre

HAY QUE PARA LA GUERRA EN ORIENTE MEDIO. NO OLVIDAR GAZA

        NO AL GENOCIDIO.      PALESTINA LIBRE   NI  TERRORISMO  NI       GENOCIDIO

                   PARARLA GUERRA.es  (nombre de esta plataforma)

                                                      MANIFIESTO

     Rechazamos tajantemente loa ataques  por EE UU e Israel contra Irán, que suponen una violación de derecho y la legalidad internacional. Son una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial

     Condenamos con energía el régimen criminal de los ayatolas y el asesinato de miles de personas en los últimos meses. Todo nuestro apoyo al pueblo iraní, y en especial a las mujeres en su lucha por la democracia y la igualdad. Es el pieblo iraní quien deba decidir su futuro.

     Pero nada justifica los salvajes bombardeos  de EE UU e Israel con el asesinato de cientos de inocentes.

     Llamamos a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino de acuerdo a la legalidad internacional.

    En este momento, forma parte de esa plataforma, que yo sepa, unas 190 personas.

Seguridad frente al amianto

 

 

El Ministerio de Trabajo prepara un real decreto que recogerá nuevas condicione mínimas de seguridad y salud, más exigentes, para los trabajadores con riesgo de exposición al amianto. El movimiento se produce después de una llamada de atención de Bruselas por retraso en la aplicación de la directiva europea sobre este material peligroso. Al tiempo, el fondo para la compensación de víctimas del amianto comenzó en diciembre a reconocer  y abonar las indemnizaciones a loa afectados, pero con cuatro años de retraso. Las asociaciones de víctimas y los sindicatos CC OO y UGT denuncian, además, que el procedo de concesión de las compensaciones está siendo muy lento y farragoso y las cuantía reconocida muy bajas, por lo que reclaman mejoras en este fondo. La Seguridad Social, de quien depende el fondo, responde que cualquier mejora dependería de la existencia de nuevos  Presupuesto Generales del  Estado, que momento no están en el horizonte.

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Estas nuevas condiciones responden a la obligación del Gobierno de trasponer al ordenamiento jurídico español la directiva comunitaria sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la  exposición al amianto durante el trabajo, que debía de haber estado en vigor desde diciembre. Al no tener lista entonces la nueva normativa, Trabajo recibió de Bruselas un carta de emplazamiento en la que las autoridades comunitarias dan a España un plazo de dos meses para solventar el incumplimiento.

Según la nueva normativa que propone Trabajo, se aplicará una drástica reducción de los valores límites de exposición al amianto de los trabajadores.

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Pero esta mayor vigilancia por ley de la salud de los trabajadores con riesgo de exponerse al amianto solo les protegerá partir de ahora. Los miles de ellos que ya han enfermado por la exposición a este material cancerígeno solo pueden optar a recibir una indemnización del fondo de ayudas creado para los afectados.

Las últimas actualizaciones del Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores que han estado Expuestos al Amianto, nutrido por las comunidades autónomas, han registrado que unas 2.700 empresas  laboral con amianto han realizado o realizan actividad laboral con amianto desde 2004 y que alrededor de 70.000 trabajadores han estado o están expuestos a estas fibras, según manejan los sindicatos.... (Fuente: EL PAÍS, 10 de marzo de 2026)

Como verdaderos seres humanos, Homo sapiens, debemos hacer todo lo posible e imposible para que ningún trabajador esté expuesto al amianto. En otras palabras, estamos obligados "garantizar  una vida sana y promover el bienestar en todas las edades" 

  

 

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Educación. España

 

     El Gobierno tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros su novena subida consecutiva en las becas al estudio desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018. La subida respecto al año pasado es de 34 millones, un 1,3% más. El número de beneficiarios también se ha incrementado de forna significativa, pasando de unos 780.000 a un millón.

     Las becas estatales, centralizadas en el Ministerio de Educación, abarca los estudio posobligatorios: el Bachillerato, la Formación Profesional, la universidad y las enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas. Y constituyen una pieza central en mecanismo de compensación de las desigualdades de  de la educación pública.

     La otra novedad de cara al curso que viene será la recuperación  de las becas de movilidad entre campus españoles, antiguamente llamadas Séneca. Unas ayudas que funcionaron entre 2000 y 2012, cuando fueron suprimidas por  el Ejecutivo Mariano Rajoy, de PP, en plena oleada de recortes durante la Gran Recesión.  Las nuevas becas estarán  dotadas con al menos 900 euros al mes, y en la primera convocatoria alcanzarán a 2.300 estudiantes. "Hay  países que malgastan el dinero en guerras y nosotros decidimos invertir en becas", dijo Sánchez al hacer el anuncio.

     La  ayuda se materializará en un solo en un solo pago de 8.100 euros. Y habrá un complemento,  que todavía no ha sido concretado, para quienes se trasladen "desde o hacia universidades de fuera de la península", señaló el Gobierno en un comunicado.

     La beca estará abierta a estudiante matriculados en carreras oficiales en cualquier universidad española presencial que esté en el Sicue (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles), en que hay universidades públicas y privadas, aunque predominan las primeras. Para solicitarlas, el alumnado deberá haber superado al menos 60 créditos, lo que implica que podrá  recibirse como pronto en el segundo curso. Y la movilidad deberá implicar un cambio de provincia.

     La ayuda será compatible con beca general para estudios universitarios que también da el Ministerio de Educación,  salvo la parte relativa a la residencia, "de forma que los estudiantes procedentes de familias de menores rentas podrán ambas simultáneamente", precisó el Ejecutivo.

     El expediente académico será criterio básico de selección. Pero a falta de conocer más detalles, el presidente del Gobierno adelantó ayer que se incentivará "la movilidad hacia aquellas universidades que no están en grandes ciudades, y por tanto, hacerlo también con más justicia social y más cohesión territorial". Hasta un 5% de las ayudas se reservarán, por otra parte, a estudiantes "con una discapacidad igual o superior al 25%". 

     Los expertos consideran las becas una de la herramientas más importantes para el abandono educativo temprano, la tasa de jóvenes de 20 a 24 años que no tiene como mucho la ESO y no está estudiando. Después de haber experimentado una fuerte reducción en los últimos años, el porcentaje de abandono se sitúa ahora el 12,8%, el mejor dato de la historia y aún así, uno de los peores de la UE. (Fuente: EL PAÍS , 10 de marzo de 2026)

     En una sociedad verdaderamente  humana es imprescindible "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos".  Algo que se indica en el objetivo de desarrollo sostenible 4 de Agenda 2030.  

Prestación por crianza

 

    Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia  de Desarrollo    Sostenible 2030, que incluye entre sus metas la creación de una prestación universal por crianza  de 200 euros  mensuales por cada descendiente menor de 18 años. El objetivo declarado es que esta nueva prestación llegue a todas las familias con niños y niñas a su cargo y contribuya a erradicar las formas más severas de pobreza infantil en 2030.

      España registra una de las tasas más altas de pobreza infantil de la Unión Europea. Casi el 30% de los menores se encuentra en riesgo de pobreza, diez putos por encima del conjunto de la población. Esta brecha, además, se ha ampliado y cronificado, en contraste con el vigor del crecimiento económico.  En Anteriores fases expansivas, el aumento del empleo actuó como mecanismo de arrastre para estos hogares, constituyendo su principal fuente de seguridad económica. Que  este proceso no se esté reproduciendo en la actual fase expansiva pone de manifiesto las insuficiencias de nuestro modelo de nuestro modelo de protección social.

     La mayor vulnerabilidad de la infancia se confirma también con otros indicadores. Uno de cada seis menores vive en hogares que sufren retraso en el pago de gastos relacionados con la vivienda, como la hipoteca o el alquiler; los suministros energéticos o las cuotas de comunidad. Este indicador ha aumentado un 50% desde 2019. A corta plazo, la combinación de sus rentas y un mercado de la vivienda cada vez más inaccesible los sitúa en una posición de especial riesgo ante posibles desaceleraciones de la economía.

     A largo plazo, haber sufrido la pobreza en esta etapa tiene graves consecuencias sobre las las oportunidades educativas y de salud. Combatir esta situación es, por tanto, una cuestión tanto de justicia social como de eficiencia económica.

     Nuestras estimaciones de 2023 para el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil mostraba que mantener niveles tan altos de pobreza infantil tiene un coste elevado. En una valoración muy conservadora, la pobreza infantil costaba a la sociedad española más de 63.000 millones de euros anuales en pérdidas de productividad y costes asociados a problemas de salud, lo que equivale al 5,1% del PIB, una cifra sensiblemente superior a la tasa media de crecimiento anual de la economía. En este contexto,  resulta fundamental analizar qué políticas pueden ser más efectivas para cambiar de rumbo.

     Las políticas de protección a la infancia vigentes en España se caracterizan por un nivel de gasto muy bajo en comparación con otros países europeos. En la Unión Europea, la política más extendida es la prestación universal por crianza. 

     Se trata del reconocimiento del derecho de todos los niños y niñas a recibir una protección suficiente que promueva la igualdad de oportunidades. En los sistemas universales, todas las personas acceden a los derechos mientras que el esfuerzo que implica su financiación se distribuye mediante una tributación progresiva.

     Es urgente, por tanto, dedicar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza infantil pasa promover la igualdad de oportunidades. La inversión propuesta supone menos de la sexta parte de coste económico y social que implica no llevarla a la práctica.  (Fuente: EL PAÍS, 8 de marzo de 2026)

     Este artículo esta firmado Luis Ayala, catedrático en Economía en la UNED y  Olga Cantó. catedrática de Economía en la Universidad de Alcalá

     Pienso que es importante reducir la desigual en un país, en  este caso, España con su pobreza infantil. Algo propio del verdadero ser humano.