Ecocidio y Comunidades de Transición

El biólogo estadounidense Arthur Galston acuñó en los años cincuenta el término “ecocido” para designar los daños medioambientales infligidos al planeta Tierra.  Galston formó parte del equipo de expertos cuyo trabajo desembocó en la creación del Agente Naranja, el gas tóxico empleado por el ejército estadounidense  en la guerra de Vietnam. Al tomar conciencia de lo que había hecho, el científico comenzó una intensa campaña para impulsar un acuerdo internacional que prohibiese un “ecocidio” como el infligido al país asiático, cuya selva había sido arrasada.

En la actualidad, el Agente Naranja ha sido sustituido por los combustibles fósiles, cuyo uso ha conducido al cambio climático. El problema, “ecocidio”, no es local, sino mundial. Y, últimamente han surgido  grupos de personas que han pensado que una manera de evitar las múltiples agresiones medioambientales que está sufriendo el planeta Tierra, es recurrir a la ley.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se recogen el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de querrá y los crímenes de agresión.  Ahora hay especialistas que aspiran a que “ecocidio” sea otro crimen más que se incluya en el Estatuto de Roma. Se pretende que suceda con el “ecocidio” lo que sucedió con el genocidio el apartheid o la esclavitud. Se llegó a un determinado momento en el que se acordó que eso se tenía que parar y se criminalizaron esas prácticas, que pasaron  a ser la excepción y no la norma.

Un informe reciente del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) indica que nos encaminamos a un aumento de tres, posiblemente cuatro, grados y que tenemos tan solo 12 años para realizar reducciones drásticas. Sin embargo, las compañías de combustibles fósiles siguen operando con toda normalidad e impunidad. A las grandes empresas solo les interesa beneficiar a sus accionistas.

Polly Higgins, abogada escocesa, es una de esas personas que creen que la solución al “ecocidio”, que se está practicando, es incluirlo en el Estatuto de Roma, es decir, considerarlo legalmente como un crimen contra la humanidad. Las compañías de carburantes fósiles, que no solo destruyen el medo ambiente, sino que, según Higgins, “se emplean a fondo para confundir a la opinión pública sobre la realidad de su actividad”, se verán obligadas sustituir la pregunta ¿nuestra actividad va a beneficiar a nuestros accionistas? por esta otra ¿podemos incurrir en un “ecocidio”?

Desde mi punto de vista, es muy oportuna la inclusión del “ecocidio” en el Estatuto de Roma, pero no suficiente, dadas las características no solo del cambio climático sino también del actual sistema económico-social.

Como dice Cayetano López, que fue rector de la Universidad Autónoma de Madrid en un artículo que lleva por título “Un cambio que afecta a todos”, (El País, 20 de marzo de 2019), “la lucha contra el calentamiento global requiere que tanto las empresas como las personas  modifiquen su comportamiento”. No basta con criminalizar el comportamiento de las empresas. Aunque de forma muy diferente,  también las personas son responsables

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el cambio climático es un fenómeno global, cuyos efectos alcanzan a todos, hayan o no contribuido a él, además no hay correlación entre conductas y efectos. Como dice el profesor Cayetano López en el artículo  indicado, “si un país prefiere no hacer nada ni incomodar a nadie, se beneficiará de todas formas, de los esfuerzos hechos por los demás. Por el contrario, si decide tomar las medidas adecuadas, sufrirá los rigores del cambio (climático) si el resto no hace un esfuerzo similar. Cada cual espera que los otros actúen”.

Según el profesor Cayetano López,  ”para hacer frente a este fenómeno (cambio climático) haría falta una especie de Gobierno mundial como el evocado por Bertrand Russell y otros pensadores del pasado reciente”. 

“Pero –continua- este profesor, las grandes decisiones políticas se siguen tomado hoy por los Gobiernos nacionales, y no parece que la cosa vaya a cambiar”. 

Sin embargo, hay algo fundamental para poder sobrevivir y llegar a construir un mundo realmente humano: el poder creativo del ser humano, su empatía y su solidaridad. 

Los combustibles fósiles son recursos naturales no renovables. No sabemos cuando se agotarán, pero ya hemos observado que, como existen en cantidad fija y en lugares no siempre muy accesibles, llegará un momento -en algunos casos ya ha llegado- en el que el coste de extracción es superior a las posibles ganancias. Pensando es eso -en la necesidad de vivir sin esos recursos- surgieron las "comunidades de transición".  La única forma de, junto con la ley, hacer frente al cambio climático.

Frio económico

“Frio económico” es el título de un artículo de opinión publicado en El   País  (11 de marzo de 2019). Según ese artículo “La economía mundial y la europea están atravesando por una situación compleja cuya manifestación más evidente es una desaceleración en el crecimiento [económico]”.

“Situación compleja” `porque, para el vigente sistema el crecimiento económico es un fin en sí mismo¸ es como un dios al que hay que tener contento por encima de todo y de todos. Son múltiples las noticias que nos hablan del crecimiento económico y es el único tema del que, después de la crisis, ha mencionado el FMI.

¿De qué manera puede afectar al bienestar de los ciudadanos esa desaceleración del crecimiento económico?  Según la teoría de la filtración o teoría de la permeabilidad, los beneficios del crecimiento económico, en algún momento, se filtran y llegan a la capa social más baja, es decir, a los pobres. Sin embargo, afirma el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz “la economía de la filtración nunca fue mucho más que una creencia, un artículo de fe”. El crecimiento económico siempre ha sido bueno para las élites, pero nunca ha aumentado el bienestar de las clases sociales más bajas.

Algo que no siempre se explica con detalle es que, en la actualidad, el parámetro utilizado para medir el crecimiento económico de un país en su Producto Interior Bruto (PIB). En palabras de Jeremy Rifkin (La civilización empática.  La carrera hacia una conciencia global en un mundo en crisis, 2010: 538) “El problema del PIB es que únicamente mide que valor total de la suma de bienes y servicios generados durante un periodo de doce meses, pero no distingue entre aquellas actividades económicas que realmente mejoran la calidad de la sociedad y aquellas negativas que empeoran dicho estándar”, por ejemplo,  entran en el PIB los gastos militares. En su libro  Libres. Ciudadanas del mundo (2004:327) compara los gastos en armas con el dinero necesario para satisfacer las necesidades básicas de muchas personas y llega a la siguiente conclusión:  “La estimación aproximada del coste de la provisión de agua potable y sanidad para los seres humanos y para otras especies animales es de veinte mil millones de dólares: menos que el gasto correspondiente en armamento durante quince días; sin embargo, la mitad de la población del planeta carece de tales recursos”. A la misma conclusión han llegado muchos otros estudiosos preocupados por el tema. Antes al contrario, pues para elevar el valor del PIB de un país es necesario aumentar el consumo interno y externo (exportación) que en un entorno competitivo, lleva al ciudadano a lo que se llama “modo de vida esclavo”, “trabajar más, ganar menos y consumir el máximo posible”.

Por otra parte, el crecimiento económico genera agresiones medioambientales que, en muchos casos, son irreversibles y que provocan el agotamiento de recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. No se puede perseguir un crecimiento económico ilimitado en un planeta cerrado, es decir, con recursos limitados. Sin embargo, en la “nave espacial Tierra” que habitamos,  no hay límites para el desarrollo humano.  

Por suerte, es muy probable que al calcular el crecimiento económico las élites no hayan tenido en cuenta el número de ciudadanos que son decrecentistas, el aumento del número de comunidades de transición, o el impulso que últimamente está adquiriendo la economía colaborativa. Según Jeremy Rifkin, en su libro La sociedad de coste marginal cero. El Internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo (2014),  “es probable que en los próximos decenios el papel del PIB como indicador de la economía se vaya reduciendo a medida que la economía colaborativa vaya cobrando impulso en todo el mundo. A todos nos urge que este nuevo paradigma económico –la economía colaborativa- eclipse rápidamente al capitalismo; nos urge crear un índice de prosperidad que tenga en cuenta la característica de sistema cerrado del planeta en que vivimos y crear, como he dicho varias veces, una economía global más justa, más humanizada y sostenible para todos los seres humanos que habitarán la Tierra en el futuro”. Todo depende de los ciudadanos.

El conocimiento

La consideración del conocimiento como propiedad privada surgió a raíz de la creación, en secreto, de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que  empezó a funcionar el 1de enero de 1945. La OMC, junto con el Banco Mundial y el Foro Monetario Internacional (FMI), constituyen el eje que sustenta el vigente sistema económico-social.

Uno de los Acuerdos que figuran en el documento de creación de la OMC es el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC. Y las patentes son un derecho de propiedad intelectual relacionado con el comercio.  El conocimiento humano se convirtió en una mercancía; como tal proporciona elevadas ganancias económicas a aquellas grandes empresas que trafican con él y por otra parte, hace que no puedan disfrutar de él aquellos que no tengan dinero.

Este proceso es realmente mucho más peligroso de lo que parezca. Su peligrosidad se debe, por un lado, a que dificulta el avance científico; y, por otro, a que sus aplicaciones no se dirigen a aquellas cosas que pueden mejorar la vida del ser humano, si no a aquellas  que, con una adecuada propaganda, pueden proporcionar ganancias a las grandes empresas que trafican con él.

Una consecuencia inmediata de la conversión del conocimiento en mercancía son las patentes. Los medicamentos son objeto de patente. Como cualquier otra mercancía, solo pueden acceder al medicamento que necesitan, aquellos seres humanos que tengan dinero suficiente.

Jeans Ziegler, en su libro El imperio de la vergüenza cuenta que en Suiza los bebés con dificultades respiratorias se trataban tradicionalmente por medio de un gas que se encontraba en la naturaleza, el tratamiento costaba 100 euros.

Sin embargo, en 2004, una empresa multinacional se hizo con la patente de ese gas.  A partir de ese momento, en las clínicas pediátricas suizas, los tratamientos a bebés que sufren dificultades respiratorias cuestan una media de 20.000 euros.

En los años 50 del siglo XX, el economista americano,  Premio Nobel 1992, Gary Becker, introdujo el concepto de “crimen económico”.  Según él, debe considerarse “crimen económico, y como tal debería castigarse, a cualquier acto inhumano, de carácter económico, que cause graves sufrimientos a una población.

A la hora de hablar de inmigración me parece importante, entre otras muchas cosas, la práctica de la “biopiratería”. Los conocimientos de los países pobres no están patentados, porque sus habitantes no pueden concebir que alguno de ellos pueda tener un título que reconozca el derecho a explotar, en exclusiva, el conocimiento acumulado durante años.  La biopiratería es un robo de ese conocimiento, mediante patentar, desarrollar y comercializar por parte de las empresas de los países ricos, esos conocimientos.  Muchos miles de personas se han suicidado en esas comunidades por no poder hacer uso de lo que, durante mucho tiempo, ha sido suyo.  No sirvieron para nada las protestas elevadas a la OMC.

Jeremy Rifkin en su libro La civilización empática. La carrera hacia una conciencia global en un mundo en crisis (2010, Madrid, ed. Paidós) pone de manifiesto acontecimientos que, según él, indican la existencia de dos tipos de capitalizo e indica “en ningún otro contexto se da un enfrentamiento tan acusado entre el viejo paradigma económico clásico y el nuevo modelo de capitalismo distributivo como en la propiedad intelectual. En el esquema empresarial tradicional, las patentes y los derechos copyright son sacrosantos”, cosa que no sucede en una economía participativa, un capitalismo distributivo. Rifking señala que “el modelo distributivo parte de la asunción exactamente opuesta, sobre la naturaleza humana: que cuando se nos da la oportunidad, está en nuestra naturaleza colaborar con los demás (con frecuencia, libremente) por el puro placer de contribuir al bien común”.  

Indica –Jeremy Rifkin- que “preocupados por el hecho de que compañías como Monsanto puedan mantener cono rehenes a los agricultores y consumidores del mundo entero bloqueando las patentes de todos los genes que conforman el almacén global de plasma germinal para las cosechas, los biólogos de Cambia (un instituto de investigación biotecnológica) empezaron  a publicar sus propios descubrimientos genéticos a través de un agente de licencias abiertas llamado BiOS, similar al tipo de licencias utilizadas por Linux y otros proyectos de software libre”.

En un libro posterior, La sociedad de coste marginal cero. El internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo (2014, Madrid, ed. Paidós), Rifkin explica cómo se descubrió qué son los bienes comunes y cuál es su adecuada gestión, según indicaciones de la Premio Nobel de Economía en 2009 Elinor Ostrom. El conocimiento es un bien común de la humanidad,  que, como tantos bienes de este tipo, el vigente sistema económico ha convertido en mercancía y que la sociedad civil ha empezado a recuperar mediante la creación de un nuevo paradigma económico, el procomún colaborativo, capaz de eclipsar el capitalismo.

“La transición de la era capitalista a la Edad Colaborativa va cobrando impulso en todo el mundo, y es de esperar que lo haga a tiempo de restablecer la biosfera y de crear una economía global más justa, más humanizada y más sostenible, para todos los seres humanos de la Tierra en la primera mitad del siglo XXI”. (Jeremy Rifkin, 2014:384)

Un fármaco frente a la industria

“Un fármaco contra la industria” es el título de una noticia que publicada en El País, 28 de febrero de 2019, una noticia  que, según su autor, pone de manifiesto que “hay historias grandiosas y trascendentales que, sin embargo, pasan por debajo del radar de los medios de comunicación”.

  La protagonista de esta historia es Els Torreele, una mujer belga de 51 años, directora de la campaña de acceso a medicamentos esenciales de Médicos sin Fronteras, que se sabe de memoria los escándalos de la industria farmacéutica. Uno de ellos  el “lanzamiento de Glivec,  un tratamiento revolucionario contra un tipo de leucemia que apareció en 2001 con un precio de 23.000 euros y que acabó costando 70.000 por decisión de su fabricante, la multinacional suiza Novartis”. “Las farmacéuticas suelen justificar sus precios más disparatados argumentando que el desarrollo de un fármaco cuesta unos 2.600 millones de dólares”, afirma Torreele.

“Salud   por Derecho” es una fundación sin ánimo de lucro, nacida en 2003, que “defiende los derechos humanos para que todas las personas, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la salud”. Junto con la plataforma “No es Sano”, ponen al descubierto el mal comportamiento de las compañías farmacéuticas. En una de las últimas acciones acusaban  a las compañías farmacéuticas de ocultar que venden “tratamientos desarrollados en gran parte con dinero público”. 

Según la noticia indicada, Torreele aseguró que querían “probar que hay otra manera de hacer I+D y que desarrollar un fármaco no cuesta 2.600 millones de dólares como dicen las farmacéuticas”. La demostración llegó con el primer “tratamiento oral para la enfermedad del sueño, una infección transmitida por moscas tse-tse y causada por parásitos que inflama  el cerebro. Sin medicación,  los afectados enloquecen y acaban muriendo”. Torreele señala que “es la primera vez que somos capaces de desarrollar un fármaco desde el descubrimiento de la entidad química hasta llegar al paciente. La organización ha invertido 55 millones de euros”. “Todo el mundo puede ver que es una cifra muy diferente a la que pregona la industria”.

Los ensayos se han realidado en Lwano, Repúblics Democrática del Congo. Se da la circunstancia  de que los enfermos se concentran en aldeas remotas de República  Democrática del Congo y  República Centroafricana. Los pacientes son los más pobres entre los más pobres, personas que nunca han interesado a las farmacéuticas. “El objetivo de las farmacéuticas es vender la mayor cantidad posible de fármacos a quien pueda pagarlos. Ignoran a los pobres”. Lo mismo afirma la organización “Salud por Derecho”: a las compañías farmacéuticas solo les interesan los países ricos, los únicos que pueden hacer frente a los altos precios a que venden los fármacos.

Desde mi punto de vista es importante señalar que mientras que algunas de las grandes farmacéuticas buscan mejoras mínimas en fármacos antiguos para alargar su patente y su monopolio, el fármaco obtenido por el equipo de Torreele está libre de patente. 

“Siete países europeos, incluida España, y donantes privados han sufragado los 55 millones de euros del proyecto”.  Esta científica dice “que es posible hacer todo el proceso al margen de las grandes farmacéuticas, pero alguien tendrá que fabricar el fármaco”.

Sin duda se trata de una gran historia no solo porque nos informa del comportamiento de las grandes compañías farmacéuticas sino porque, al dejar el fármaco obtenido libre de patente, pone de manifiesto que el conocimiento es un bien común de la humanidad, no una mercancía.

Comunidades de transición

Cada día son más los científicos que alzan su voz para advertirnos de forma contundente sobre los efectos negativos de las emisiones de efecto invernadero en el clima. Mensajes que no cesan, debido a la evidencia de que nos aproximamos a lo que muchos  califican de “catástrofe planetaria”.

Pero no solo hay un problema de cambio climático, sino que además, según algunos cálculos, estamos llegando, o ya hemos llegado, a lo que se llama “pico de petróleo”: llegar al máximo de producción y a partir de ahí inexorablemente ir disminuyendo la cantidad disponible cada año.

Son dos problemas distintos pero muy relacionados entre sí; los dos plantean problemas fundamentales sobre nuestro futuro. Como señala el Informe sobre Desarrollo Humano 2011 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “Nuestro modelo de desarrollo está chocando contra límites concretos”: nuestra dependencia de los combustibles fósiles (carbón y petróleo) y la emisión cada vez más intensa de los gases de efecto invernadero.

Cada vez está más claro que nos vemos abocados a construir una sociedad que emita menos gases de efecto invernadero y que vaya sustituyendo su dependencia de combustibles fósiles.

En 2005 Rob Hopkins, ambientalista, docente de una escuela de adultos en la Universidad de Kinsale (Irlanda) abordó, junto con sus alumnos, el problema de cómo la sociedad podía adaptarse al cambio climático y funcionar sin necesidad de petróleo. De ese trabajo surgieron las denominadas “comunidades (pueblos y ciudades) de transición”.

Una comunidad no es una comuna, ya que cada uno tiene su trabajo y sus bienes;  es un pacto de cooperación en el que cada uno está dispuesto a ayudar a sus vecinos cuando tengan dificultades, sabiendo que los demás harán lo mismo el día que los problemas tengan su propia cara.

“Quienes participan activamente en el proyecto, sin embargo, reducen su consumo de energía y el uso del coche, cultivan y compran comida local, trabajan lo más cerca posible de sus casas, conocen a sus vecinos, construyen sus viviendas con materiales de la zona, aprenden habilidades perdidas como coser o hacer cestas de mimbre y tratan de no viajar en avión (él renunció a este medio de transporte hace cuatro años y cuando da charlas fuera del Reino Unido lo hace por videoconferencia). En Totnes, donde vive Hopkins, los vecinos comparten sus jardines para plantar verduras con quienes viven en pisos, las empresas encargan auditorías para reducir su consumo energético y más de 70 tiendas venden sus productos en libras totnes, su moneda local. En definitiva, potencian lo local y recuperan costumbres olvidadas en la era del petróleo barato como arma para resistir cuando esta etapa llegue a su fin”. (El País, 7 de agosto de 2010)

Es muy difícil saber cuántas ciudades y pueblos han suscrito un plan de ciudad en transición. Parece que en septiembre de 2008 ya eran cientos los pueblos y ciudades reconocidos oficialmente como comunidades de transición en Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Italia y Chile. En España van surgiendo tímidamente pueblos y ciudades como Coín (Málaga), Jerez de la Frontera (Cádiz), o Barcelona, que van andando hacia la Transición.

Existe bastantes págnas web creadas para hacer fácil la creación de comunidades de transición. Además, se imparten cursos para enseñar cómo formar un ciudad de transición, uno de ellos tendrá lugar del 30 de mayo al 1 de junio en la Casa Encendida (Madrid) a cargo de Ana Huertas y Juan del Río (Red de Transición)

El Objeto de Desarrollo Sostenible (ODS) número 13, dice así: "Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos".