Una decisión del Tribunal Supremo ha dejado temporalmente sin derecho al voto ciento de miles de españoles que adquirido la nacionalidad en virtud de la llamada ley de nietos,que permite a los descendiente de exiliados del franquismo optar por la nacionalidad. El alto tribunal lo comunicó el martes, pero hizo públicos sus argumentos ayer. Una restricción del ejercicio de un derecho fundamental de ese de ese calado en inaudita, porque implica suspender los efectos electorales de la inscripción de personas que ya tiene renacida la ciudadanía española. Y por lo exigía razones y argumentos jurídicos especialmente pulcros y sólidamente sustentados. No ha sido así.
Los autos en los que se fundamenta la decisión, respaldados por cinco de los seis magistrados de la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo y con un voto particular de la magistrada Alicia Millán, careen de la entidad jurídica exigible cuando está en juego un derecho de esta naturaleza. Los jueces dan alas a las tesis de la extrema derecha y de alguno de que sectores de la derecha de que en España existe el riesgo de uu pucherado electoral. Lo basan en el aumento del censo de residentes en el extranjero. algo que es una consecuencia lógica de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que concedía durante un plazo de tiempo la posibilidad de obtener la nacionalidad a los descendientes de exiliados.
Los críticos con esta norma cuestionan la Instrucción del Ministerio de Justicia con las directrices para interpretar la ley, y que esta estableciese que son exiliados todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin distinguir entre quienes lo hicieron por razones políticas o económicas. Pero en el procediendo que ha llevado al Supremo a suspender el derecho a voto de españoles no se impugnaba esta instrucción en si, ni tampoco las concesiones de nacionalidad. Lo que han hecho Vox y Justucia Eurupa es una retorcida pirueta jurídica: atacar un acuerdo de la Junta Electoral Central, que se declaró incompetente para intervenir sobre los efectos electorales de estas nacionalizaciones.
Lo que autos del Tribunal Supremo hacen en la práctica, es impedir votar a ciudadanos españoles y desproteger los derechos de quienes ya son españoles conforme a la ley. Y lo grave es que esta decisión alienta la idea de que existen en España ciudadanos de primera y de segunda. Lo hace tocando a una cuestión fundamenta mental para identidad de la España democrática, como es la represión franquista y el exilio republicano. Todo esto, además, no ocurre en el vacío, sino en una sociedad ya tensionada por las ideas de un partido de extrema derecha y pare de la derecha que tiempo agitando sin base un fantasma de pucherazo electoral, con riesgo para instituciones.
La presidenta del Supremo, Isabel Perelló, pidió ayer en la inauguración del año judicial respeto institucional y que de ataque a los jueces desde la política. Pero el respeto debe ganarse, y asumir como propias las tesis de la extrema derecha, como ha hecho el Supremo, no contribuye a ello. Al lanzas alusiones e insinuaciones como la ley de nietos implica un "peligro fundado, real y serio" para la "objetividad" de las elecciones, o que otorga el derecho al voto a estas personas puede afectar al "resultado electoral deseado por los españoles que ya figuran inscritos .en el censo electoral", los jueces adoptan argumentos sacados del manual trumpista. Ni la derecha política, ni aún menos los magistrados del alto tribunal, deberían nunca participar de este conspiracionismo que atenta contra lo más sagrado de una democracia: el derecho a voto de sus ciudadanos. (Fuente; EL PAÍS, 11 de septiembre de 2023)
En la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS 16) es ; "Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles".
