Prestación por crianza

 

    Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia  de Desarrollo    Sostenible 2030, que incluye entre sus metas la creación de una prestación universal por crianza  de 200 euros  mensuales por cada descendiente menor de 18 años. El objetivo declarado es que esta nueva prestación llegue a todas las familias con niños y niñas a su cargo y contribuya a erradicar las formas más severas de pobreza infantil en 2030.

      España registra una de las tasas más altas de pobreza infantil de la Unión Europea. Casi el 30% de los menores se encuentra en riesgo de pobreza, diez putos por encima del conjunto de la población. Esta brecha, además, se ha ampliado y cronificado, en contraste con el vigor del crecimiento económico.  En Anteriores fases expansivas, el aumento del empleo actuó como mecanismo de arrastre para estos hogares, constituyendo su principal fuente de seguridad económica. Que  este proceso no se esté reproduciendo en la actual fase expansiva pone de manifiesto las insuficiencias de nuestro modelo de nuestro modelo de protección social.

     La mayor vulnerabilidad de la infancia se confirma también con otros indicadores. Uno de cada seis menores vive en hogares que sufren retraso en el pago de gastos relacionados con la vivienda, como la hipoteca o el alquiler; los suministros energéticos o las cuotas de comunidad. Este indicador ha aumentado un 50% desde 2019. A corta plazo, la combinación de sus rentas y un mercado de la vivienda cada vez más inaccesible los sitúa en una posición de especial riesgo ante posibles desaceleraciones de la economía.

     A largo plazo, haber sufrido la pobreza en esta etapa tiene graves consecuencias sobre las las oportunidades educativas y de salud. Combatir esta situación es, por tanto, una cuestión tanto de justicia social como de eficiencia económica.

     Nuestras estimaciones de 2023 para el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil mostraba que mantener niveles tan altos de pobreza infantil tiene un coste elevado. En una valoración muy conservadora, la pobreza infantil costaba a la sociedad española más de 63.000 millones de euros anuales en pérdidas de productividad y costes asociados a problemas de salud, lo que equivale al 5,1% del PIB, una cifra sensiblemente superior a la tasa media de crecimiento anual de la economía. En este contexto,  resulta fundamental analizar qué políticas pueden ser más efectivas para cambiar de rumbo.

     Las políticas de protección a la infancia vigentes en España se caracterizan por un nivel de gasto muy bajo en comparación con otros países europeos. En la Unión Europea, la política más extendida es la prestación universal por crianza. 

     Se trata del reconocimiento del derecho de todos los niños y niñas a recibir una protección suficiente que promueva la igualdad de oportunidades. En los sistemas universales, todas las personas acceden a los derechos mientras que el esfuerzo que implica su financiación se distribuye mediante una tributación progresiva.

     Es urgente, por tanto, dedicar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza infantil pasa promover la igualdad de oportunidades. La inversión propuesta supone menos de la sexta parte de coste económico y social que implica no llevarla a la práctica.  (Fuente: EL PAÍS, 8 de marzo de 2026)

     Este artículo esta firmado Luis Ayala, catedrático en Economía en la UNED y  Olga Cantó. catedrática de Economía en la Universidad de Alcalá

     Pienso que es importante reducir la desigual en un país, en  este caso, España con su pobreza infantil. Algo propio del verdadero ser humano.

 

Más cosas sobre "No a la guerra"

 

     Después de unos primeros días en los que Pedro Sánchez dejó el protagonismo a sus ministros, el presidente ha decidido entrar de lleno en la batalla política contra la guerra desatada por los ataques de Donakd Trump y Benjamin Netayahu contra Irán. Sánchez multiplica contactos contactos en las últimas horas por intentar arrastrar a otros líderes, especialmente a los europeos, al rotundo "no a la guerra".

     El presidente ha hablado con el francés Enmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Antonio Costa, además de brasileño Lula da Silva, y ha recibido el apoyo de la mexicana Claudia Sjeimbsum --es muy responsable la posición del presidente de España en apostar por la paz", ha dicho -- Además ha contactado con varios líderes de los países árabes, y por debajo también se está moviendo el ministro de Asuntos  Exteriores, José Manuel Albares, y el equipo de Sánchez en la Moncloa para intentar cambiar  la posición dominante en Europa, inicialmente muy tibia frente a Trump, por otra mucho más parecida a la tiene el propio presidente español.

     Una vez más, su rotundidad en el choque con Trump y con Netanyahu ha causado impacto especialmente en sectores progresistas europeos y americanos. 

     En el entorno del presidente señalan que en las últimas horas están detectando cambios de posiciones en distintas cancillerías europeas, cada vez más críticas con la guerra de Trump y Netanyahu. Y también en las árabes, que en algunos casos de países del golfo Pérsico están empezando a tomar decisiones clave como no permitir que los aviones de EE UU sobrevuelen su espacio aéreo para atacar Irán. (Fuente: El País. 6 de marzo de 2026)

     Bienvenida cualquier decisión en contra de la guerra, algo no propio de verdadero ser humano.

    

NO a la guerra

 

     El  presidente del Gobierno ha mantenido con firmeza una posición clara en contra la guerra de Donald Trump y Benjamín Netanyahu contra Irán, que se inició el sábado con el ataque mortal el líder supremo iraní, Alí Jamenei, y su cúpula de defensa en Teherán, que ha desencadenado una escala bélica en todo Oriente Próximo. El presidente español reivindica u nuevo "no a la guerra". "La posición de España es la misma que en Ucranía o en Gaza. No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos. No a resolver conflictos con bombas. La posición española se resume en cuatro palabras: no a la guerra". Y  ahí recordó Irak, "El mundo ya ha estado aquí antes, hace 23 años, otra Administración de Estados Unidos nos llevó a una guerra injusta. La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo, una grave crisis migratoria y económica. Este fue del regalo del trío de Azores, un mundo más inseguro y una vida peor", recalcó.

     El presidente defendió que el Gobierno repudia el régimen de los ayatolás, pero también esta guerra. Aseguró que apuesta por la diplomacia.  "Algunos dirán que eso es ingenuo. Lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia. O pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es liderar. No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo por miedo a las represalias de alguno", dijo en referencia inequívoca a las amenazas de Trump de bloquear el comercio con España, aunque sin mencionar por su nombre en ningún momento al presidente estadounidense. Y también reivindicó que su posición no es tan minoritaria como pueda parecer y como le reprocha la derecha y la ultraderecha. "No estamos solos, el Está con quienes tiene que estar, con los valores de la Constitución, de la UE, con la carta de la ONU, con la paz. Millones de personas en todo el mundo están con la paz y la prosperidad", manifestó.

     La declaración institucional de Sánchez desde La Moncloa, realizada sin periodistas delante y por tanto sin preguntas, estaba muy medida para responder a todas las preguntas en el aire en las últimas horas y a los ataques de la oposición, pero sobre todo para chocar con Trump o con el propio José María Aznar, que se implicó en la guerra de  Irak, sin citar expresamente de Estados Unidos y sin entrar al barro en el que quiere meterlo.

     Si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo -- o Israel-- quieren colocar a Sánchez con Teherán, él repudió el régimen. "Nadie está a favor de los ayatolás. Pero la pregunta es si estamos del lado de la legalidad internacional y la paz. La ciudadanía española estuvo en contra de Sadam Husein, pero eso no la llevó a apoyar una guerra injusta. Repudiamos el régimen de Teherán, pero pedimos una solución diplomática", insistió.

     Sánchez apeló a su vez a valores progresistas frente a una guerra en la que está convencido de que perderán los más débiles ganará los fabricantes de armas y otros millonarios. "Ni siquiera están claros los objetivos de esta ataque.Sabemos que de esta guerra no saldrá un orden internacional justo, salarios más altos, un medio ambiente saludable. Los gobiernos no estamos para empeorar la vida de la gente. Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles son los de siempre. Y ahí también se sirvió de la guerra de Irak para recordar que eso es lo que trajo: inestabilidad, terrorismo y crisis económica. (Fuente: EL PAÍS. 5 de marzo de 2026)

     Las guerras no son propias del verdadero ser humano, dotado, principalmente,  de empatía y solidaridad. 

La hora de los migrantes

 

     En la semana del 8 de marzo el mundo pone el foco en las mujeres y en las discriminacionaciones que les afectan.  Es de justicia priorizar a las trabajadoras de origen extranjero. Porque a ellas, es especial a las que en situación administrativa irregular;  no les ha llegado en igual medida los muchos avances recientes conseguido mediante el Diálogo social, lo que sí les ha llegado es la ola racista reaccionaria.

     Aumenta es riesgo de explotación, abuso y violencia, laboral y social. Está pasando. Afrontamos una oleada racista que ha puesto en el foco de sus discursos de odio a las personas migrantes. En realidad, a las personas migrantes racializadas.

     Sí en EE UU las políticas antiinmigración de Trump nos han escalofriado, aquí, a nuestro alrededor, el discurso xenófobo se reaviva con mensajes trucados expandidos por redes sociales al servicio de políticos y voceros ultras. Usan consignas como la "remigración", un tipo de limpieza étnica para expulsar a migrantes por el origen o religión.

     Vaya por delante que no van a lograr que renunciemos a nuestra defensa de sus derechos humanos, una prioridad sindical. Lo que buscan es despojarlas de derechos, estigmatizarlas y sobreprecarizarlas. 

     Las mujeres migrantes, que suponen el 52% de la población migrante, no pueden ser ciudadanas de segunda, No nos vale un feminismo que solo rompa techos de cristal, queremos que también despegue de suelos pegajosos a la mayoría de las mujeres.  En España las mujeres migrantes se exponen a una triple discriminación: por mujeres, por trabajadoras, por migrantes.

     Enfrentan una segregación laboral aún más intensas que las autóctonas. El 20,4% de ellas trabaja en la hostelería, el 18,7% en empleo del hogar, el 13,85% en comercio, 8,6% en el sector sociosanitario, el 3% en agricultura. Como el resto de las trabajadoras, les afectan la brecha salarial y salarios más bajos. Por su mayor contratación a tiempo parcial ( que supera en cinco puntos a la población autóctona), por su alta presencia en sectores de baja cualificación.

     Además, enfrentan mayores obstáculos para acceder a servicios de conciliación. Se  produce la gran injusticia de que las trabajadoras migrantes resuelven, a las familias que pueden permitírselo, los déficits del sistema de cuidados atendiendo a menores y mayores dependientes, mientras ellas lo tienen casi imposible.

     Y presentan más factores de desigualdad:  más pobreza laboral, más vulnerabilidad económica. más dificultades para acceder a la sanidad, como el acceso al aborto, más vulnerabilidad ante situaciones de violencias machistas, acoso sexual y acoso por razón de sexo en el entorno laboral.

     Parte de estas vulnerabilidades deben mejorar con el proceso de regularización extraordinario anunciado por el Gobierno y desde el sindicato vemos como una medida necesaria y justa.

     Las reclamaciones más acuciantes de las trabajadoras migrantes son la asistencia en la regularización administrativa, la equiparación en derechos laborales, mayor protección frente al acoso sexual y la sobreprecarización laboral. Esa es nuestra hoja de ruta, la del sindicalismo de clase feminista.

     Este articulo, publicado por el EL PAÍS el día 4 de marzo de 2026, ha sido escrito por Carolina Vidal López, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CC OO,  y Sofía del Castillo García-Parrado, secretaria confederal de Migraciones y Atención a las Personas de CC OO 

      Es muy importante, "lograr la igualdad entre los género y empoderar a todas las mujeres y las niñas".                               

Plantas de biogás y biometano

 

La alarma social generada por la aluvión de nuevos proyectos de plantas de biogás y biometano en España está llevando a una situación inesperada: aunque teóricamente estas instalaciones que generan una energía renovable a partir de la descomposición de residuos orgánicos suponen diferentes beneficios ambientales en la reducción de emisiones y el tratamiento de residuos, cada vez es mayor el rechazo,

La  propia organización Ecologistas en Acción ha sacado de forma reciente una guía con pautas para evaluar estas plantas, recomendando "analizar caos a caso". "No estamos en contra de la tecnología, sino de los malos proyectos", explica Marina Gros, representante de la organización.

Estas instalaciones consisten en grandes tanques cerrados (digestores) donde se descomponen de forma anaerobia (sin oxígeno) desechos  orgánicos de la agricultura, la ganadería, la industria alimentaría, las depuradoras ... Así se obtiene gas y queda una materia (el digestato) que puede emplearse como fertilizante. En Europa hay más de 19.000 plantas que producen biogás (una mezcla de metano y dióxido  de carbono usada para calor o electricidad) y unas 1.700 de biometano (metano de alta pureza que se inyecta directamente a las redes de gas natural).  En España ha sido un sector  muy minoritario hasta ahora. De pronto, existen más de 200 proyectos pendientes de conseguir luz verde de las administraciones, si pasan los procesos de evaluación ambiental. Pero al mismo ritmo que aparecen, surgen plataformas en contra.

Una de las voces más críticas es la del biólogo  Fernando Vallares,  investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales: "Con la escasa experiencia en España, y general, con plantas de tamaño medio o grande de biogás, lo que se está proponiendo es una locura, y sin un mínimo de planificación territorial"."Las plantas de biogás no son economía circular; la fermentación no hace desaparecer los residuos, de los miles de toneladas que entran en una planta, solo se quita el 5%". argumenta.

Para Xavier Flotats, profesor emérito de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Catalunya, con 45 años en el sector, este rechazo generalizado es "una contradicción extraordinaria". "Para algunos activistas, es mejor que un vertedero esté emitiendo metano a la atmósfera antes que llevar los residuos a una planta de biogás para hacer algo provechoso", se queja, y asegura que, aunque la materia que sale de las instalaciones sea en peso el 95% de la que entro, su composición es distinta: un producto más mineralizado.

Flotats tiene claro que no todos los casos son iguales. Para él,  la oposición a estas plantas tiene que ver con la forma actuar de algunas empresas promotoras, "que estás acostumbradas a presentar un proyecto a la Administración para que le den permiso sin pisar antes el territorio y hablar con la gente".  Pero, al mismo tiempo, responsabiliza a un sector del ambientalismo de alimentar el rechazo para impedir el lavado de cara de la ganadería industrial, por la reducción del impacto de sus desechos que puede implicar: "Si estos residuos ganaderos se utilizan para fabricas biogás, se evita que estén almacenados en balsas en las granjas emitiendo metano".

Para Valladares, esta es una cuestión capital, "No se pueden entender las plantas de biogás sin las macrogranjas industriales de aves, cerdos y vacas", un modelo de producir carne que, a su juicio, "no necesitamos". Y aboga por cerrar estas explotaciones. Pero también cuestiona los proyectos gasistas que utilizan desechos que nada tienen que ver con animales, incluso algunos innovadores con patente española que aprovechan la paja de cultivos de arroz que hoy se quema en el campo, con gran impacto en el entorno de la Albufera de Valencia. "No tiene sentido analizar cada caso por separado, el problema es el modelo. No hay para tanto gas.

Como señala Marina Gros, en Ecologistas en Acción no ven problema al proyecto de la paja de arroz. Según su documento "para saber discernir entre los proyectos sostenibles e insostenibles",  resulta clave ubicar las plantas cerca de los residuos, "en un ámbito comarcal para evitar los desplazamientos", con un suministro estable, continuo y asequible de materia prima. La guía de esta organización se fija en el tamaño, pero no establece un criterio y recalca la importancia de que el material resultante de proceso de descomposición de residuos sea luego aprovechado como fertilizante, para que haya "una economía circular. Otro de los puntos centrales para Ecologistas en Acción es el tipo de desechos que se utilicen. Las opciones mejor valoradas son los lodos de depuradoras y los restos biodegradables que van a vertedero. Las peores: los cultivos intermedios (especies vegetales sembradas entre cosechas principales para proteger el suelo), y los purines (orina y excrementos del ganado) y demás residuos ganaderos.

"Sabemos que la ganadería industrial no es sostenible a largo plazo", defiende Gros. "Aunque estos residuos sean ahora un problema, no podemos depender de ellos, porque entonces nos estaríamos obligando a producirlos", señala la ecologista, que cree necesario un mayor esfuerzo para reducir la producción de los desechos en general. 

En las plantas de biogás, la descomposición anaerobia (sin oxigeno) de la materia orgánica se produce en digestores cerrados, por lo tanto, si está bien construida, no debe haber malos olores durante la fermentación. No obstante, el profesor Xavier Flotats considera que un aspecto determinante para diferenciar este tipo en instalaciones es cómo están diseñadas las entradas y cómo se realiza la recepción de los residuos para evitar molestias a los poblaciones cercanas. "Una planta en la que la recepción sea tirar los desechos a una fosa de hormigón es un desastre", recalca el ingeniero. "El vaciado de los residuos debe ser en circuitos cerrados: cuando son líquidos, enganchándose a una tubería que vaya a un depósito herméticamente cerrado, y  cuando son sólidos,  se mete el camión dentro de una nave. se  cierra esta, se pone en marcha el sistema de tratamiento de aire y solo entonces, se  descarga".

Para este experto, los proyectos que están pidiendo permisos sin decir que harán con el digestato "no deberían ni presentarse". Además, cuenta que al salir el digestato todavía está caliente y puede producir emisiones de metano residuales. Por ello, como recalca, "por toda Europa lo que está cada ves más es cubrir el digestato y recuperar este metano residual, lo que aumenta la producción de gas y evita también malos olores.

En cuanto al tipo de residuos, el ingeniero considera un sinsentido la oposición al aprovechamiento de desechos ganaderos que generan emisiones en la actualidad. "Si  preocupa la insostenibilidad  de la ganadería industrial, el centro del problema sobre esta cuestión es nuestro sistema alimentario, la discusión debería estar ahí, no en el biogás", defiende.  (Fuente: EL PAÍS. 2 de marzo de 2026)

Es extremadamente importante que aprendamos a vivir sin combustibles. Ustedes se habrán dado cuenta he dedicado varias "píldora para pensar" acerca de ese tema. 

 

 

 

    

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Refugiados

 

     Tras el reciente anuncio del Gobierno español de regularizar a alrededor de 500.000 personas migrantes, se recuerda el papel clave que desempeñan los trabajadores extranjeros en el crecimiento de España. De hecho, la economía nacional se sitúa actualmente entre las más dinámicas de Europa.  Solo en 2025, el PIB del país creció un 3%, mientras que la media de la eurozona fue apenas un 1,3%,

     España necesita la inmigración, no solo para sostener su crecimiento, sino también su sistema de seguridad social. No se puede entender nuestro desarrollo reciente sin la aportación de las personas migrantes. Solo en términos de empleo,  más de tres millones de trabajadoras y trabajadores extranjeros representan ya el 14,1% de los afiliados a la Seguridad Social. Valorarlo es positivo para nuestra sociedad y para nuestra economía.

     En la actualidad, se encuentran en España alrededor de 700.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo, que han tenido que abandonar sus países de origen para buscar protección frente a la violencia, los conflictos armados o la persecución. Estas personas se enfrentan con demasiada frecuencia a numerosas barreras estructurales para acceder al empleo, como la falta de competencias para acceder, como la falta de competencias  lingüísticas, redes sociales y profesionales, el reconocimiento de sus cualificaciones y el conocimiento de la normas del mercado laboral español.

     Afortunadamente, contamos con un punto de partida sólido: la sociedad española ha demostrado ser una de las acogedoras y solidarias del continente.

     Ahora, ese impulso humanitario necesita canalizarse también desde el ámbito empresarial. Las grandes compañías tienen la oportunidad --y la responsabilidad-- de estar ala altura de esta integración. 

     Y es que existe un amplio consenso social en torno a la contratación de personas refugiadas como vía para fomentar su inserción social y económica, independientemente de la orientación política. Según una encuesta realizada en noviembre de 2025 por la organización More in Common, en colaboración con Tent España, un 73% de la población española piensa que es una buena idea que las empresas cuenten con personas refugiadas para apoyar su integración, y casi sietes de cada diez apoyaría que lo hagan su propio empleador. Esta percepción se refuerza aún más en las grandes empresas, en las que el 70% de los trabajadores se sentiría orgulloso si su empresa contratara a personas refugiadas y tres de cada cuatro estaría abierto a implicarse de forma activa convirtiéndose en "mentor" o soporte para los empleados refugiados. Este apoyo a las personas refugiadas a través del empleo atraviesa todo el espectro político y los distintos de edad y demográficos.  La población española coincide mayoritariamente en una idea sencilla: las personas a las que se les permite trabajar, contribuir y mantenerse por sí mismas fortalecen la sociedad,

     En España, ya son decenas las grandes compañías de numerosos sectores, incluidos la hostelería, la logística y el tecnológico, que conocen esta realidad y que han empezado a contar con personas refugiadas entre sus profesionales. Muchas de ellas afrontan los mismos retos: escasez persistente de mano de obra, brechas de cualificación y una competencia creciente por el talento. Y también comparten una conclusión clara, basada en la experiencia y no en la teoría: la contratación de personas refugiadas es una situación en la que todas las partes ganan.

     El trabajo es el camino más rápido y duradero hacia la integración.  Cuando las refugiadas acceden a un empleo, aprenden español más rápido construyen una red de contactos, ganan independencia y se convierten en miembros activos de sus comunidades. Pasa las empresas, contratar a personas refugiadas amplía el campo de talento, mejora la retención, fortalece la cultura laboral, mejoran sus equipos y su crecimiento a largo plazo.

     Pero también es lo correcto. A medida que más personas refugiadas y solicitantes de asilo buscan protección en nuestro país, ante la inestabilidad geopolítica en diversas regiones del mundo que vemos cada día, el mundo empresarial tiene una responsabilidad histórica de apoyarla, también dando un paso al frente para insertarlas en el mercado laboral y contribuir colectivamente a cambiar el relato.

     Esto es un llamamiento a los líderes empresariales de toda España: conviértanse en los próximos referentes de este creciente movimiento empresarial que entiende la urgencia de esta oportunidad, comprométanse a abrir vías de empleo para personas refugiadas y  aprendan unos de otros para reducir con éxito las barreras en la incorporación de talento refugiado cualificado en el tejido productivo español.

     Este es un momento urgente. El respaldo social y público es amplio. Los trabajadores de vuestras plantillas están receptivos. Y son necesarias nuevas formas de cubrir vacantes, diversificar su talento y responder a una realidad demográfica que ya no pueden ignorar. El movimiento ya ha comenzado. ¿Cuántas otras empresas están listas para dar un paso adelante y liderar? (Fuente: EL PAÍS, suplemento NEGOCIOS, 1 de marzo de 2026)

     Este artículo está firmado por Amala Elzalde, directora de Tent España. Lanzada hace dos años, es la red de mas de 50 grandes empresas presentes en España comprometidas a contratar a personas refugiadas en todo el país y/o a ayudarles con la preparación para el empleo en territorio nacional.    

Salario mínimo interprofesional

 

     El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CC OO sellaron el 16 de febrero la subida del salario mínimo interprofesional (SMI)  para 2026. El acuerdo, en los términos que se cerraron el pasado 28 de enero contempla elevar el sueldo retributivo a 1.221 euros brutos en 14 pagas, un 3,1% más que en 2025.  La firma protocolaria del pacto, celebrada en la sede ministerial y protagonizada por Yolanda Díaz, Pepe Álvarez (UGT) y Unal Sordo (CC OO), contó en esta ocasión con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

     La única vez que el jefe del ejecutivo había participado en el acto para refrendar la subida del SMI fué en 2020, la última vez que la patronal también participó en el acuerdo. El contexto no podría ser más diferente ayer; Sánchez embistió con fuerza contra los empresarios por no respaldar el nuevo aumento, que se oficializara hoy en el Consejo de Ministros.

     "Aquí no estamos todos los que deberíamos estar. Falta la patronal y su ausencia dice mucho" aseguró el presidente del Gobierno. "Es la que ha decido borrarse de este acuerdo. Lo que no es admisible es que en un contexto de bonanza económica se mire con lupa el salario de quien cobra el mínimo mientra se mira hacia otro lado cuando se registran estos beneficios multimillonarios. Es una cuestión de justicia social y de inteligencia económica", añadió.

     En un discurso muy crítico con la CEOE y Cepyme, Sánchez insistió: "Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos, y cuando toca repartir beneficios, los repartimos entre todos.  Que nadie nos diga que no se pueden subir los salarios cuando los beneficios crecen. Que nadie nos diga que no hay margen cuando la economía avanza. El Gobierno está haciéndolo con lo que está en su mano, el SMI y Función Pública. Le pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más. Que vayamos a un aumento generalizado de los sueldos allí donde aún no lo hay".

     Hasta ahora, lo habitual era que el presidente del Gobierno participase en la firma de los acuerdos que estaban avalados por el diálogo social, tanto por patronales como por sindicatos. Ese fue el caso de la última reforma de pensiones, que selló en La Moncloa en septiembre de 2024. "El trabajo debe permitir vivir con dignidad", agregó Sánchez.

     La CEOE insistió ayer en su postura, tras el discurso de Sánchez.  "Ya nos opusimos por cuanto : no solo se fundamenta en un cálculo erróneo de partida por parte de los expertos, sino que además supone una injerencia grave en la negociación colectiva", imdica un portavoz de la asociación empresarial.

     Los empresarios hacen esta valoración porque consideran que elevar tanto el suelo empresarial no es asumible en muchos sectores. "Dicho esto, hay que pensar que mientras autónomos,  pequeños empresarios y agricultores verterán 1.782 millones de euros en la economía con el SMI, el Gobierno no está poniendo los medios para atajar la sangría de 33.000 millones de euros que se va por el sumidero por la mala gestión de las bajas", agrega la organización que preside Antonio Garamendi. Por su parte, Díaz subrayó en su discurso que Sánchez siempre ha estado donde tenía estar; en el lado correcto de la historia". Con acuerdos y desacuerdos, hemos tenido discusiones potentes e intensas", indicó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, antes de recalcar que el Gobierno pretende seguir adelante con su agenda reformista: "Nos  queda mucho por hacer. Vamos a aprobar el nuevo registro horario, la reducción de jornada, o evitar las horas extra impagadas, a proteger frente al despido injusto, a regular las plataformas que quieren volver al siglo X1X..."

     La subida anual del salario mínimo es una de las fechas marcadas en rojo en el calendario del Gobierno, ya que una de las políticas económica de mayor trascendencia que no exige convalidación parlamentaria. Así, la mayoría de las derechas en el Congreso no puede frenar esta iniciativa, como sí hizo la reducción de jornada y como se prevé con otros proyectos del departamento de Díaz, como la reforma de la indemnización por despido.

      La cita gozó de más protección que en incrementos previos, con la presencia de representantes de varias asociaciones profesionales y civiles, así como la plana mayor de los sindicatos.

     También acudieron la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Educación, Milagros Tolón; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustitinduy; la ministra de Seguridad Social y portavoz del Ejecutivo, Elma Saíz; y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

      Con esta subida, el salario mínimo interprofesional continúa la escalada de los últimos años.  Desde 2018, cuando Pedro Sánchez accedió al Ejecutivo, el SMI  ha crecido un 66%.  De 736 a 2.221 euros brutos al mes en 14 pagas. En el mismo periodo, los precios han crecido un 23%. Según cálculos de CC OO, esta subida beneficiará a 1,66 millones de personas asalariadas, el 9% del total. El Gobierno estima un impacto mucho mayor, de 2,5 millones de beneficiarios.

     El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, subrayó que e, incremento beneficia especialmente a "mujeres, jóvenes y a los territorios con más dificultades, donde los salarios son más bajos". Como Sánchez, cargó contra la patronal: "Si estuviera aquí, tendría que explicar por qué el SMI  se está comiendo buena parte de los convenios colectivos".

     Su homólogo en CC OO, Unal Sordo, destacó que las subidas del SMI sirven para "evitar situaciones de precariedad escandalosas que se pueden generalizar en las sociedades contemporáneas". (Fuente: EL PAÍS. 17 de febrero de 2026)

     El Salario Mínimo  Interprofesional (SMI) puede ser una manera de "reducir la desigual en España". Un país cuyos miembros se considere verdaderamente seres humanos, Homo sapiens, nunca podría estar en un país donde viven juntos personas pobres y personas ricas.