Borrascas

 

      Diez borrascas de alto impacto han afectado a España en apenas mes y medio, desde el inicio del año. Estas borrascas encadenadas han dejado un reguero de récords de precipitaciones en el país y han disparado el agua embalsada en España  peninsular hasta niveles nunca vistos en esta semana del año desde que empezaron los registros de Ministerio de Transición Ecológica en 1988.

     Entre el 29 de diciembre y este lunes 16 de febrero, la reserva hídrica ha aumentado un 46,5% y ha pasado de 31.546 hectómetros cúbicos a 46.229, según los datos del Boletín Hidrológico del ministerio. En las últimas tres semanas, el  crecimiento ha sido todavía más acentuado: el agua embalsada ta aumentado23,4 puntos porcentuales, hasta llegar al 82,5% actual. Es la cuota más pata para la séptima semana del año desde al menos 1988. El anterior récord para este momento se registró el 2014, un 82,4%.

     El crecimiento registrado es brutal, sobre todo por lo rápido que se ha producido. Si se compara con el año pasado,en esa misma semana del año los embalses estaban al 50%, casi 25 putos menos que ahora. Si se compara con  la media de los últimos10 años, la reserva actual está 27,9 puntos por encima. (Fuente: Las borrascas encadenadas elevan un 50% la reserva hídrica. EL PAÍS,18 de febrero de 2025)

     En la Agenda 2030  el Objetivo 6 es "garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible". La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) recuerda que  la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, una cifra alarmante que probablemente crezca  con el aumento de las temperaturas globales producto del cambio climático. A pesar de los avances, la decreciente disponibilidad de agua potable de calidad es un problema importante que aqueja a todos los continentes.

     El agua está asimismo relacionada con objetivo 12 y 15 -- de la Agenda 2030 -- para garantizar modelos de consumo y producción sostenibles y proteger  los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Si  queremos  mitigar la escasez de agua, es fundamental proteger y recuperar los ecosistemas relacionados con este recurso, como los bosques, montañas, humedales y ríos. También se requiere más cooperación internacional para estimular la eficiencia hídrica y apoyar tecnologías de tratamiento en los países en desarrollo.

 

El calentamiento existe, insiste y obliga

 

     La ciencia lo ha confirmado: el cambio climático hizo más intensa y extensa la dana que asoló Valencia y que dejó tras de sí más de 230 muertos, tierras anegadas, negocios arridados e infraestructuras destrozadas. No es la primera que ocurre.Los estudios de atribución encontraron también la crisis climática tras la virulencia de Filomena o de los incendios de pasado verano. Paradójicamente, todas estas confirmaciones que la ciencia va acumulando  coinciden con el incremento de posiciones políticas negacionistas o retardistas.  Si negar el cambio climático hoy es no tener en cuenta lo que dice la ciencia, el conocimiento y la experiencia, ejercer el retardismo que busca ralentizar y aplazar las políticas de transición ecológica es hacer dejación de responsabilidades, poner en riesgo la vida de miles de personas y permitir la ruina de territorios y sectores económicos.  En definitiva, es un ejercicio de antipolítica. Porque, ¿para qué está lo política si no es para velar por el bienestar y la seguridad -- en todos los sentidos -- de la ciudadanía?

     Las evidencias que la ciencia confirma cada vez que nos enfrentamos a un fenómeno extremo obligan a fijar como prioridad las políticas tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático, de forma adecuada a cada territorio, Las primeras pasan, en buena medida, por reducir emisiones de gases de efecto invernadero, para lo que hay que cambiar la matriz energética, replantear usos del suelo y otras medidas bien conocidas. Podría pensarse que eso es algo que se juega en los foros globales de Naciones Unidas o en las estrategias empresariales de granes compañías, y en cierta medida es así, pero no del todo. El fin del subsidio a los combustibles fósiles es también competencia de los gobiernos, y en el despliegue de energías renovables tienen mucho que decir las administraciones locales. Así que, cada cual con sus competencias, la políticas de mitigación cobran importancia y urgencia cuando vemos a lo que nos enfrentamos.

     Junto a ellas, cada vez son más acuciantes las estrategias de adaptación que minimicen los daños de estos fenómenos que a seguir dándose y de forma cada vez más  frecuente. Desde el urbanismo, que debe integrar los nuevos planes de inundabilidad que recogen ya las variaciones observadas, hasta la forma de los cultivos, que no puede ignorar la nueva realidad, pasando por infraestructuras. El imprescindible y urgente replanteamiento del territorio será más exitoso, acordado y rápido en la medida en que parta de los agentes locales y cuente con procesos inclusivos de deliberación social y colaboración institucional. Esta última se ha dado con notable éxito en la gestión de las inundaciones de Andalucía y ha demostrado su relevancia. Si así se hace, la necesaria transición ecológica se conviert e en una oportunidad para fortalecer los sistemas democráticos. En caso contrario, y como vimos también en Valencia, quienes recogen los réditos políticos, a menos en las encuestas son precisamente los que niegan la crisis climática y cuestionan la democracia.

     En definitiva, la gran lección que el estudio de atribución de la dana que acabamos de conocer nos deja es que, como ya se había constatado en otras ocasiones, la ciencia certifica que los fenómenos extremos van a ser más frecuentes y virulentos a causa de la crisis climática.  Las políticas para hacerle frente deben incrementar los esfuerzos de mitigación sin dejar de poner el foco en la adaptación. Porque el cambio climático existe, como atestigua la ciencia; insiste, como estamos comprobando, y obliga, porque no hay mayor obligación para un gobernante que velar por la seguridad y las vidas de sus conciudadanos. (Fuente: EL PAÍS, 18 de febrero de 2026)

     Si el cambio climático es consecuencia de la quema de combustibles fósiles. lo más inteligente es buscar una forma de vida que no utilice combustibles fósiles. En varias "píldoras para pensar" anteriores he mencionado cómo se puede vivir bien sin utilizar combustibles fósiles. 

Pobreza infantil. España

     En España la economía va prudentemente bien. Se crece por encima de los países de nuestro, el paro se ha situado por debajo del 10% y hay zonas y sectores rozando el pleno empleo. y aspectos hasta ahora poco reconocidos en el cuadro macroeconómico como el abandono escolar o la formación profesional mejoran sustantivamente. Sin embargo, lo relacionado con la pobreza, exclusión y las desigualdades económicas avanza mucho más lentamente. La Encuesta de Condiciones de Vida indica que el porcentaje de población en riesgo de povreza o exclusión social apenas de mueve un 25,7% en 2025 frente al 25,8% de un año antes;  el porcentaje de población que se encontraba en situación de carencia material y social severa se redujo hasta el 8,1% frente a 8,3%; el 8,5% de la población llegó a fin de mes con "mucha dificultad", el 36,4% no se pudo ir de vacaciones fuera de casa al menos un semana al año. Estos datos son una suerte de modelo social negativo.

 

     Los datos referentes a la pobreza infantil en España son coincidentes, se utilice la fuente que se utilice: cerca del 29,2% de los niños y adolescentes vive por debajo del umbral de pobreza (ingresosmenoes  menores al 60% de la mediana nacional). lo que equivale a un total de 2,7 millones de menores afectados. Si se  incluye el riesgo de pobreza o exclusión (que suma carencias materiales o empleos débiles), el porcentaje asciende al 34,6%: más de uno cada tres niños. Cuando el informe Foessa aborda esta realidad indica que desde que  comenzó la Gran Recesión la exclusión social entre la población y juvenil no ha dejado de aumentar; y ambos grupos se han convertido en los  "grandes perdedores del modelo socioeconómico actual". Al dar el salto de los niños a los jóvenes, el informe describa lo siguiente:  "La juventud española vive con profundo pesimismo su futuro, marcado por la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, la dependencia familiar y la imposibilidad de construir un proyecto vital autónomo".

 

     Nada que no sepamos, pero es subrayable la cronaificación de la pobreza infantil como factor definitorio de la sociedad española, en tasas más altas que las de la mayoría de los países europeos (la UE está en alrededor del 24% de pobreza infantil). Ahora que se está estudiando en algunos lugares la trazabilidad de un Estado de bienestar modernoooooo, adecuado a la situación demográfica, se describe la necesidad de un nuevo derecho de ciudadanía: una prestación universal por crianza, que ya albergan muchos vecinos europeos. Se trataría de una cantidad dotada univerversalmente -- es decir, un derecho -- para paliar la pobreza imfantil, que sería distinta dependiendo de la capacidad fiscal y la riqueza de cada país. (Fuente: EL PAÍS, 8 de febrero de 2026). 

 

   Una muy buena noticia, escrita por Joaquín Estefanía 

 

 

  

Agricultura y ganadería en Andalucía

 

     En Andalucía, la comunidad más sacudida por el tren de borrascas, agricultores y ganaderos califican de "dantesta" su situación, con miles de hectáreas de cultivo dañadas pérdidas cuantiosas tanto para estas compaña como las próximas. "Se trata de una stuación de emergencia sin precedentes recientes en el sector primario andaluz con  daños que trasciende a los productores y afectan al empleo agrario, a la industria de transformación  al conjunto de la economía rural andaluza", subrayó Juan Luis Ávila. responsable de COAG,

     Lo anterior solo una muy pequeña parte de una noticia titulada Agricultores y ganaderos calculan pérdidas millonarias por la sucesión de temporales, publicada en el periódico EL PAÍS, 11 de febrero de 2026.

     Dado que esa "sucesión de temporales" es debido al cambio climático consecuencia de la quema de combustibles, he recordado algo que mencionado en varias "píldoras para pensar" "Píldoras para pensar" cuyo título siempre termina con la frase "Vivir sin combustibles". Y cuyo contenido es pertenece al capitulo 3 de libro  de Jeremy Rifkin  titulado El green new deal global (2019, Paidos).

Ricos cada vez más ricos

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha centrado  todas las miradas de Foro Económico Mundial de Davos y ha dejado en segundo plano otros temas habituales que  rodear el acto, como el impacto de la desigualdad en el mundo. 

 

      El Foro Económico de Davos  nació como un encuentro para reunir a los principales líderes empresariales y políticos internacionales y desde hace décadas, diferentes organizaciones no gubernamentales y activistas aprovechan la cita para intentar sacar a relucir las vergüenzas del mundo económico entre aviones privados y hoteles de lujo con vistas a pistas de esquí.

     Uno de los mejores termómetros para observar el fenómeno en España son los datos de impuesto sobre el patrimonio que recopila la Agencia Tributaria. No es una fotografía perfecta --hay bonificaciones, mínimos exentos y estrategias de planificación fiscal --, pero sí una de las pocas fuentes oficiales que permiten seguir la pista a la evolución de la riqueza declarada por los más ricos.

     Entre 2011 y 2023, el último con datos, el número de declarantes ha repuntado un 75%, hasta las 228.000 personas, mientras que la riqueza  conjunta ha pasado de los casi 450.000 millones de euros hasta los 934.000 millones, una subida de 107%. Es un crecimiento relevante, pero mucho más moderado en los tramos bajos que en la cúspide. El grupo más acaudalado, con ricos que reconocen cada año tener más de 30 millones, ha pasado de 352 a 865 personas y multiplica casi por cuatro su patrimonio de 37.331 millones en 2011 a 146.818 millones en 2023.

     El Laboratorio Mundial de la Desigualdad, con sede en París, sitúa a España entre los países europeos con mayor desigualdad patrimonial, sin visos de corregirse. El 10% más rico acapara ya más del 57% de la riqueza y, dentro de este grupo privilegiado, el 1% acumula alrededor de una cuarta parte,una proporción que se ha incrementado desde la crisis financiera. El colofón lo pone Oxfam Internacional con su estimación presentada con motivo del foro de Davos, que cifra en 33 los mil millonarios que había en España en 2025.

     Todos estos números, reflexiona Nuria Badenes, investigadora en el Instituto de Estudios Fiscales, dan píe a poner sobre la mesa el concepto de polarización económica, "que tiene una relación más estrecha con el surgimiento de conflictos sociales que la desigualdad".  Esa polarización, marcada por el aumento de la brecha y la paulatina desaparición del constructo de la clase media, intensifica el conflicto social y político al dividir a la sociedad en grupos con intereses contrapuestos, "generando desconfianza en las instituciones y alimentando posturas extremas".

     Olga Cantó, catedrática de Economía en la Universidad de Alcalá e investigadora en Equalitas, pone el acento en la evolución histórica de esa brecha. Según explica, la mitad de la población más pobre ha perdido riqueza respecto a los niveles que tenía a comienzos de siglo,  mientras las ganancias se han concentrado en el 5% más rico. A su juicio,  este proceso está ligado a la crisis de 2008,y a las crecientes dificultades de acceso a la primera vivienda y la pérdida de capacidad de ahorro de una parte de la población,después.

     Cantó advierte de que la acumulación extrema de riqueza no es solo un problema distributivo, sino también democrático, Cuando una minoría muy reducida concentra una parte creciente de patrimonio "aumenta su capacidad de influir en las decisiones políticas y económicas, lo que genera un riesgo de captura del poder", asegura.

     A la vez, la pérdida de riqueza neta de amplias capas de la población reduce la resiliencia social cuando vienen mal dadas. La riqueza actúa como un colchón fundamental ante los golpes económicos. Si una mayoría carece de activos para sostener su consumo en períodos de crisis, la sociedad en su conjunto se vuelve más vulnerable.

     Esta fragilidad tiene efectos políticos: la percepción de que los más ricos acumulan cada vez más mientras tributan relativamente menos erosiona el apoyo al sistema fiscal y genera des afección entre las clases y bajas. A largo plazo, "esta percepción de inseguridad económica futura alimenta dinámicas de polarización y puede favorecer el avance de la extrema derecha", recuerda Cantó. (Fuente: EL PAÍS, 25 de enero de 2026)

     ¿Donde está en verdadero ser humano dotado de, entre otras, de empatía y solidaridad?  Desde ese punto de vista, me atrevo a decir, como indica Naciones Unidas, que es necesario "promover el  crecimiento económico inclusivo y sostenido, el pleno empleo productivo el trabajo decente para todos" y, al mismo tiempo, "reducir la desigualdad en un mismo país".  

Sistema nacional de salud

 

     El Consejo de Ministros aprobó  ayer el anteproyecto de la ley de gestión pública e integridad del  sistema nacional de salud, que pretende frenar la privatización de la sanidad pública.Vetará en el futuro modelos como el del Hospital de Torrejón del Grupo Ribera o como los que tiene Quirón en Madrid, que forman parte de la red pública pero están gestionados por empresas. Además pone la lupa en cómo funcionan estas concesiones en vigor. Tras el anuncio, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que el Ejecutivo busca "la revolución y destruir la sanidad madrileña, y   desde la mesa del Consejo de Ministros le contestó Mónica Garcia, ministra de Sanidad, que el Ejecutivo solo quiere blindar la sanidad pública frente a las "garras especuladoras".

      La redacción del texto se aceleró precisamente a partir del escándalo que generaron las revelaciones sobre los planes de consejero delegado del Grupo Ribera, que gestiona el Hospital de Torrejón, para mejorar sus beneficios aumentando las listas de espera, entre otras medidas.

     La iniciativa tiene un largo y difícil camino por delante. Tras su paso por los organismos consultivos y ser remitido a las Cortes por el Consejo de Ministros como proyecto de ley, tendrá que superar una tramitación parlamentaria con muy pocas garantías de éxito; incluso en leyes con más consenso, el Gobierno está cosechando derrotas en el Congreso, y ni siquiera hay una mayoría progresista para sacar adelante una medida así.  Además, los plazos ya van justos: entre los informes necesarios para llegar al Parlamento y sus tramitación, es frecuente que normas como esta se alarguen hasta un año y medio, lo que ya estaría muy cerca, en el mejor de los casos, de la disolución de las Cortes para los próximos comicios. El texto veta la privatización salvo excepciones que tienen que cumplir varias condiciones: que no sea posible la prestación pública, que se garanticen la sostenibilidad financiera y la eficiencia y que se cumplan los requisitos de calidad, continuidad y accesibilidad del servicio.  Prohíbe, además, la fórmula por la que una empresa construye la infraestructura a cambio de prestar el servicio sanitario.

     El texto amplía los mecanismos de control público sobre la prestación del servicio con especial énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas. Para ello, obliga a las comunidades autónomas a hacer pública de manera periódica información exhaustiva sobre contratos y conciertos, así como resultados es salud y calidad asistencial.

     En una entrevista con este diario en diciembre, la ministra de Sanidad, Mónica García, ya trazó las líneas maestras de esta norma y puso énfasis en el flujo de pacientes entre la privada y la pública que se produce, por ejemplo, en Madrid. Este nuevo texto pretende monitorizar esos trasvases, que generan grandes beneficios a empresas privadas. "Para darse cuenta un poco de la magnitud, solo hay que ir a las del Servicio Madrileño de Salud.  Y  ves esos flujos: están clarísimos, El Hospital  La Paz pierde 50.000 pacientes al año El 12 de Octubre pierde 25.000, el Ramón y Cajal, 30.000... Y se te vas a la fila de que gana esos pacientes, los gana Quirón. Y un poquito Torrejón" ejemplifica la ministra.

     Para que las autonomías puedan concertar con la privada en el futuro, se establece un mecanismo de evaluación previo y obligatorio: deberán justificar  en un informe la necesidad de esa colaboración publico-privada, algo que luego analizará un comité de expertos y técnicos. Se priorizarán los conciertos con entidades no lucrativas frente a las empresas que solo busquen hacer negocio.

     García considera el anteproyecto de ley un "triunfo de la sociedad civil", para blindar la sanidad "de las garras especuladoras y privatizadoras", y alude al escándalo del Hospital de Torrejón que tilda de "obsceno". "Hemos visto audios internos en los que los responsables empresariales hablaban sin tapujos de inflar las listas de espera para tener mayor rentabilidad. Esto esa lo que venimos a poner hoy coto", asegura.

     La norma quiere acabar con un marco normativo que ha permitido que la gestión de la sanidad pública "pueda tener una orientación hacia el beneficio económico.                (Fuente: El País, 11 de febrero de 2026)

     Hablando  de desarrollo sostenible la obligación, como verdaderos seres humanos, de "garantizar una vida sana en todas las edades". No se trata de ganar dinero, si no de "promover el bienestar".

     ¿Qué puede cualquier persona que considere verdadero ser humano? Según los miembros de Naciones Unidas, "puede exigir a los gobiernos, los dirigentes locales y otros responsables de la adopción de decisiones que rindan cuentas por su compromiso de mejorar el acceso de todos a los servicios de salud y la asistencia sanitaria".

Prevención de riesgos laborales

 

     La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, volvió a escenificas ayer un pacto con los líderes sindicales de CC OO, sin rastro de presencia de las patronales. Es esta ocasión, Gobierno y sindicatos firmaron un acuerdo para reformar la Ley de prevención de riesgos laborales, que ha cumplido 30 años. Se trata de una actualización de la norma que hará más exigente la vigilancia y el cuidada de la salud de los trabajares por parte de las empresas, Y, sobre todo, refuerza el aspecto preventivo de la ley: "intentamos evitar que se llegue a causar el daño" dijo Díaz.

     El Ministro de Trabajo asegura que la actualización normativa "busca reducir la siniestralidad laboral, que sigue causando unas 700 muertes al año. y mejorar la  de enfermedades profesionales". "Nadie puede morir ni enfermar en su puesto de trabajo". Trabajo resalta que la reforma incorporará de forma expresa la perspectiva de género, la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva. Y "se reforzará la protección frente a riesgos psicosociales, la desconexión digital y los efectos del cambio climático en el trabajo". La ministra hizo hincapié en la importancia de salud mental y pidió que se evite "normalizar la sobrecarga y la ansiedad en el puesto de trabajo", por lo que se ha calificado la nueva ley como "un SOS colectivo".

     Con la firma, Trabajo se anota un nuevo acuerdo en solitario con los sindicatos, un patrón que viene repitiéndose en toda la legislatura y que se suma a los últimos pactos bipartidos para reducir la jornada laboral a 37,5 horas; aprobar nuevos permisos laborales o subir nuevamente el salario mínimo interprofesional. La ausencia de la patronal debilita el respaldo potencial del texto normativo cuando llegue al Parlamento, ya que el PP y Junts, sobre todo, suelen exigir que las leyes sociolaborales lleguen ratificadas por las patronales para votar favorablemente. En este sentido, Yolanda Díaz aseguró que el texto ha sido también elaborado por la patronal. "Tiene su marchamo, y por eso no se entiende que no estén aquí", dijo.

     No obstante, para esquivar este obstáculo, Trabajo planea recurrir a la estrategia legal que vienen poniendo en práctica los distintos departamentos del Gobierno: extraer de la nueva norma reformada todas las modificaciones que sea posible aprobar a través de un real decreto reglamentario, que no necesita aprobación de las Cortes.

     Las nuevas medidas acordadas podrían salir adelante solo con la aprobación del Consejo de Ministros. Por ello,tienen más fácil materializarse con un decreto específico sobre riesgos psicosociales,que obligaría a que en todas las empresas haya una avaluación  al respecto. También el reforzamiento de la vigilancia a la ya obliga el real decreto de coordinación de actividades empresariales (que se aplica cuando varias empresas actúan en un mismo centro de trabajo) y cambiar el reglamento de lugares de trabajo. La regulación propuesta para estas dos cuestiones ha sido las que más recelos ha despertado entre los empresario a la hora de refrendar el texto. Asimismo, el Ejecutivo podrá clarificar. a través de un decreto específico, la forma de proceder en los lugares de trabajo ante la exposición de los trabajadores a meteorología adversa. Y podrá también añadir varios pluses de exigencia en el reglamento de los servicios de prevención.

     Entre las novedades está la figura de agentes territorial de prevención, que vigilarían los riesgos laborales en los centros con menos de 10 trabajadores. (Fuente: El País, 11 de febrero de 2026).

     Desde el punto de vista, si queremos comportarnos como verdaderos seres humanos inteligentes, debemos "promover el crecimiento económico económico inclusivo y sostenido, el pleno empleo productivo y el trabajo decente para todos". Un trabajo no es decente, si la empresa en la que trabaja no tiene en cuenta la posibilidad de riesgos laborales, que quiere evitar el Gobierno español.