El Ministerio en Educación presentó ayer el Plan Estratégico de Educación Inclusiva. Es la hoja de ruta para que la escuela ordinaria se convierta en la referencia natural para escolarizar al alumnado con discapacidad y autismo. Y, paralelo, para hacer que los colegios y aulas especificas de educación especial, donde ahora estudian 45.000 alumnos de forma progresiva a actuar "principalmente como centro de referencia, asesoramiento y apoyo al sistema ordinario, contribuyendo con ello a que los centros ordinario puedan atender al alumnado con discapacidad".
El documento admite que que en éxito de la estrategia exige que esté acompañada de "apoyos suficientes y de calidad". Es decir, profesorado suficiente, bajadas de ratios, estabilidad en las plantilla, nuevos perfiles profesionales en la escuela, una formación de los docente y más tiempo para coordinarse. Su puesta en práctica requerirá, además, de la aprobación de un "plan de acción" que detalle plazos y medidas concretas.
La estrategia tiene por delante importantes obstáculos. En primer lugar, la oposición de la mayor parte de las comunidades autónomas, las gobernadas por PP, que son las que la competencia de aplicar las decisiones de organización escolar y ayer manifestaron se desacuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación en la que el ministerio presentó el texto, Estas autonomías votaron en contra, argumentado que tiene memoria económica--algo que el ministerio asegura que incluiría en la segunda fase o "plan de acción".
El segundo obstáculo de la estrategia presentada por el ministerio es la desconfianza de numerosas familias cuyo hios a centros especiales y a las que la escuela ordinaria no llegue, en la practica, a estar preparad para acogerlo adecuadamente, al margen de lo planteen los documentos oficiales. Y finalmente, la resistencia de una parte de los centros de educación especial,una oposición que se concentra fundamentalmente en colegios privados. Del total de estudiantes de educación especial, el 35% asiste a centros privados o concertados.
El plan estratégico, de 80 páginas, es el armazón teórico que desarrolla el mandato de la ley de educación, la Lomloe, que señala que centros ordinarios deben contar "con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". El plan presentado ayer destaca que viene a cumplir también lo que establecen "la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre las Personas con Discapacidad, la Agenda 2030 y las orientaciones de la Unesco, de la Unión Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Educación Inclusiva".
El comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha reprendido en los últimos años a España por mantener segregados de los centros ordinarios a miles de estudiantes en centros de educación especial en pocas ocasiones en contra del criterio de sus familias.
Los 45.t25 alumnos con discapacidad o autismo que según el dato oficial más reciente van a clase en centros especiales o en aulas especificas dentro de escuelas ordinarias representan el 14% del total. El 86% restante ya asiste a centros educativos comunes, porque el camino de la inclusión educativa en España es largo y empezó en los años ochenta. La filosofía de la estrategia es ir avanzando hacía la incorporación general en los centros ordinarios, "sin perjuicio de la escolarización del alumnado que requiera una atención altamente especializada". Se trata de los países como Portugal hicieron, en buena medida hace más de un década.
El documento presentado por el Ministerio Educación, en cuya elaboración han participado representantes de la comunidad educativa, organizaciones sociales e instituciones académicas, implica un cambio de la visión de la inclusión educativa. En vez de plantearla como la respuesta especifica a un tipo de estudiante, apuesta por una transformación del conjunto del sistema. "La pregunta deja de ser qué dificultad tiene un alumno y pasa a ser qué barrera está creando el sistema y cómo se eliminan", sostiene uno de los autores del documento.
El concepto de inclusión se amplía, además, para abarcar no solo al alumnado con discapacidad, sino también al que se encuentra con barreras por motivos relacionados con su situación socioeconómica, su origen migrante, su lengua, la salud mental,las dificultades de aprendizaje, ruralidad y las altas capacidades. La estrategia admite que una escuela realmente inclusiva requerirá más recursos.Y plantea que se asignen en función de las características "globales" del centro. Esto es, no solo del número de estudiantes con diagnóstico que matricule, sino teniendo en cuenta factores como el grado de complejidad de la escuela, la vulnerabilidad de su alumnado, o si se trata rural o urbano.
El plan menciona varios de los nuevos perfiles profesionales que la escuela ordinaria necesitará para alcanzar los objetivos, que conectan con los que el Informe PISA puso de manifiesto y que los directores ya están reclamando para afrontarla diversidad. (Fuente; EL PAÍS, 19 de septiembre de 2026)
Es necesario "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos" (ODS 4)