Plantas de biogás y biometano

 

La alarma social generada por la aluvión de nuevos proyectos de plantas de biogás y biometano en España está llevando a una situación inesperada: aunque teóricamente estas instalaciones que generan una energía renovable a partir de la descomposición de residuos orgánicos suponen diferentes beneficios ambientales en la reducción de emisiones y el tratamiento de residuos, cada vez es mayor el rechazo,

La  propia organización Ecologistas en Acción ha sacado de forma reciente una guía con pautas para evaluar estas plantas, recomendando "analizar caos a caso". "No estamos en contra de la tecnología, sino de los malos proyectos", explica Marina Gros, representante de la organización.

Estas instalaciones consisten en grandes tanques cerrados (digestores) donde se descomponen de forma anaerobia (sin oxígeno) desechos  orgánicos de la agricultura, la ganadería, la industria alimentaría, las depuradoras ... Así se obtiene gas y queda una materia (el digestato) que puede emplearse como fertilizante. En Europa hay más de 19.000 plantas que producen biogás (una mezcla de metano y dióxido  de carbono usada para calor o electricidad) y unas 1.700 de biometano (metano de alta pureza que se inyecta directamente a las redes de gas natural).  En España ha sido un sector  muy minoritario hasta ahora. De pronto, existen más de 200 proyectos pendientes de conseguir luz verde de las administraciones, si pasan los procesos de evaluación ambiental. Pero al mismo ritmo que aparecen, surgen plataformas en contra.

Una de las voces más críticas es la del biólogo  Fernando Vallares,  investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales: "Con la escasa experiencia en España, y general, con plantas de tamaño medio o grande de biogás, lo que se está proponiendo es una locura, y sin un mínimo de planificación territorial"."Las plantas de biogás no son economía circular; la fermentación no hace desaparecer los residuos, de los miles de toneladas que entran en una planta, solo se quita el 5%". argumenta.

Para Xavier Flotats, profesor emérito de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Catalunya, con 45 años en el sector, este rechazo generalizado es "una contradicción extraordinaria". "Para algunos activistas, es mejor que un vertedero esté emitiendo metano a la atmósfera antes que llevar los residuos a una planta de biogás para hacer algo provechoso", se queja, y asegura que, aunque la materia que sale de las instalaciones sea en peso el 95% de la que entro, su composición es distinta: un producto más mineralizado.

Flotats tiene claro que no todos los casos son iguales. Para él,  la oposición a estas plantas tiene que ver con la forma actuar de algunas empresas promotoras, "que estás acostumbradas a presentar un proyecto a la Administración para que le den permiso sin pisar antes el territorio y hablar con la gente".  Pero, al mismo tiempo, responsabiliza a un sector del ambientalismo de alimentar el rechazo para impedir el lavado de cara de la ganadería industrial, por la reducción del impacto de sus desechos que puede implicar: "Si estos residuos ganaderos se utilizan para fabricas biogás, se evita que estén almacenados en balsas en las granjas emitiendo metano".

Para Valladares, esta es una cuestión capital, "No se pueden entender las plantas de biogás sin las macrogranjas industriales de aves, cerdos y vacas", un modelo de producir carne que, a su juicio, "no necesitamos". Y aboga por cerrar estas explotaciones. Pero también cuestiona los proyectos gasistas que utilizan desechos que nada tienen que ver con animales, incluso algunos innovadores con patente española que aprovechan la paja de cultivos de arroz que hoy se quema en el campo, con gran impacto en el entorno de la Albufera de Valencia. "No tiene sentido analizar cada caso por separado, el problema es el modelo. No hay para tanto gas.

Como señala Marina Gros, en Ecologistas en Acción no ven problema al proyecto de la paja de arroz. Según su documento "para saber discernir entre los proyectos sostenibles e insostenibles",  resulta clave ubicar las plantas cerca de los residuos, "en un ámbito comarcal para evitar los desplazamientos", con un suministro estable, continuo y asequible de materia prima. La guía de esta organización se fija en el tamaño, pero no establece un criterio y recalca la importancia de que el material resultante de proceso de descomposición de residuos sea luego aprovechado como fertilizante, para que haya "una economía circular. Otro de los puntos centrales para Ecologistas en Acción es el tipo de desechos que se utilicen. Las opciones mejor valoradas son los lodos de depuradoras y los restos biodegradables que van a vertedero. Las peores: los cultivos intermedios (especies vegetales sembradas entre cosechas principales para proteger el suelo), y los purines (orina y excrementos del ganado) y demás residuos ganaderos.

"Sabemos que la ganadería industrial no es sostenible a largo plazo", defiende Gros. "Aunque estos residuos sean ahora un problema, no podemos depender de ellos, porque entonces nos estaríamos obligando a producirlos", señala la ecologista, que cree necesario un mayor esfuerzo para reducir la producción de los desechos en general. 

En las plantas de biogás, la descomposición anaerobia (sin oxigeno) de la materia orgánica se produce en digestores cerrados, por lo tanto, si está bien construida, no debe haber malos olores durante la fermentación. No obstante, el profesor Xavier Flotats considera que un aspecto determinante para diferenciar este tipo en instalaciones es cómo están diseñadas las entradas y cómo se realiza la recepción de los residuos para evitar molestias a los poblaciones cercanas. "Una planta en la que la recepción sea tirar los desechos a una fosa de hormigón es un desastre", recalca el ingeniero. "El vaciado de los residuos debe ser en circuitos cerrados: cuando son líquidos, enganchándose a una tubería que vaya a un depósito herméticamente cerrado, y  cuando son sólidos,  se mete el camión dentro de una nave. se  cierra esta, se pone en marcha el sistema de tratamiento de aire y solo entonces, se  descarga".

Para este experto, los proyectos que están pidiendo permisos sin decir que harán con el digestato "no deberían ni presentarse". Además, cuenta que al salir el digestato todavía está caliente y puede producir emisiones de metano residuales. Por ello, como recalca, "por toda Europa lo que está cada ves más es cubrir el digestato y recuperar este metano residual, lo que aumenta la producción de gas y evita también malos olores.

En cuanto al tipo de residuos, el ingeniero considera un sinsentido la oposición al aprovechamiento de desechos ganaderos que generan emisiones en la actualidad. "Si  preocupa la insostenibilidad  de la ganadería industrial, el centro del problema sobre esta cuestión es nuestro sistema alimentario, la discusión debería estar ahí, no en el biogás", defiende.  (Fuente: EL PAÍS. 2 de marzo de 2026)

Es extremadamente importante que aprendamos a vivir sin combustibles. Ustedes se habrán dado cuenta he dedicado varias "píldora para pensar" acerca de ese tema. 

 

 

 

    

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Refugiados

 

     Tras el reciente anuncio del Gobierno español de regularizar a alrededor de 500.000 personas migrantes, se recuerda el papel clave que desempeñan los trabajadores extranjeros en el crecimiento de España. De hecho, la economía nacional se sitúa actualmente entre las más dinámicas de Europa.  Solo en 2025, el PIB del país creció un 3%, mientras que la media de la eurozona fue apenas un 1,3%,

     España necesita la inmigración, no solo para sostener su crecimiento, sino también su sistema de seguridad social. No se puede entender nuestro desarrollo reciente sin la aportación de las personas migrantes. Solo en términos de empleo,  más de tres millones de trabajadoras y trabajadores extranjeros representan ya el 14,1% de los afiliados a la Seguridad Social. Valorarlo es positivo para nuestra sociedad y para nuestra economía.

     En la actualidad, se encuentran en España alrededor de 700.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo, que han tenido que abandonar sus países de origen para buscar protección frente a la violencia, los conflictos armados o la persecución. Estas personas se enfrentan con demasiada frecuencia a numerosas barreras estructurales para acceder al empleo, como la falta de competencias para acceder, como la falta de competencias  lingüísticas, redes sociales y profesionales, el reconocimiento de sus cualificaciones y el conocimiento de la normas del mercado laboral español.

     Afortunadamente, contamos con un punto de partida sólido: la sociedad española ha demostrado ser una de las acogedoras y solidarias del continente.

     Ahora, ese impulso humanitario necesita canalizarse también desde el ámbito empresarial. Las grandes compañías tienen la oportunidad --y la responsabilidad-- de estar ala altura de esta integración. 

     Y es que existe un amplio consenso social en torno a la contratación de personas refugiadas como vía para fomentar su inserción social y económica, independientemente de la orientación política. Según una encuesta realizada en noviembre de 2025 por la organización More in Common, en colaboración con Tent España, un 73% de la población española piensa que es una buena idea que las empresas cuenten con personas refugiadas para apoyar su integración, y casi sietes de cada diez apoyaría que lo hagan su propio empleador. Esta percepción se refuerza aún más en las grandes empresas, en las que el 70% de los trabajadores se sentiría orgulloso si su empresa contratara a personas refugiadas y tres de cada cuatro estaría abierto a implicarse de forma activa convirtiéndose en "mentor" o soporte para los empleados refugiados. Este apoyo a las personas refugiadas a través del empleo atraviesa todo el espectro político y los distintos de edad y demográficos.  La población española coincide mayoritariamente en una idea sencilla: las personas a las que se les permite trabajar, contribuir y mantenerse por sí mismas fortalecen la sociedad,

     En España, ya son decenas las grandes compañías de numerosos sectores, incluidos la hostelería, la logística y el tecnológico, que conocen esta realidad y que han empezado a contar con personas refugiadas entre sus profesionales. Muchas de ellas afrontan los mismos retos: escasez persistente de mano de obra, brechas de cualificación y una competencia creciente por el talento. Y también comparten una conclusión clara, basada en la experiencia y no en la teoría: la contratación de personas refugiadas es una situación en la que todas las partes ganan.

     El trabajo es el camino más rápido y duradero hacia la integración.  Cuando las refugiadas acceden a un empleo, aprenden español más rápido construyen una red de contactos, ganan independencia y se convierten en miembros activos de sus comunidades. Pasa las empresas, contratar a personas refugiadas amplía el campo de talento, mejora la retención, fortalece la cultura laboral, mejoran sus equipos y su crecimiento a largo plazo.

     Pero también es lo correcto. A medida que más personas refugiadas y solicitantes de asilo buscan protección en nuestro país, ante la inestabilidad geopolítica en diversas regiones del mundo que vemos cada día, el mundo empresarial tiene una responsabilidad histórica de apoyarla, también dando un paso al frente para insertarlas en el mercado laboral y contribuir colectivamente a cambiar el relato.

     Esto es un llamamiento a los líderes empresariales de toda España: conviértanse en los próximos referentes de este creciente movimiento empresarial que entiende la urgencia de esta oportunidad, comprométanse a abrir vías de empleo para personas refugiadas y  aprendan unos de otros para reducir con éxito las barreras en la incorporación de talento refugiado cualificado en el tejido productivo español.

     Este es un momento urgente. El respaldo social y público es amplio. Los trabajadores de vuestras plantillas están receptivos. Y son necesarias nuevas formas de cubrir vacantes, diversificar su talento y responder a una realidad demográfica que ya no pueden ignorar. El movimiento ya ha comenzado. ¿Cuántas otras empresas están listas para dar un paso adelante y liderar? (Fuente: EL PAÍS, suplemento NEGOCIOS, 1 de marzo de 2026)

     Este artículo está firmado por Amala Elzalde, directora de Tent España. Lanzada hace dos años, es la red de mas de 50 grandes empresas presentes en España comprometidas a contratar a personas refugiadas en todo el país y/o a ayudarles con la preparación para el empleo en territorio nacional.    

Salario mínimo interprofesional

 

     El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CC OO sellaron el 16 de febrero la subida del salario mínimo interprofesional (SMI)  para 2026. El acuerdo, en los términos que se cerraron el pasado 28 de enero contempla elevar el sueldo retributivo a 1.221 euros brutos en 14 pagas, un 3,1% más que en 2025.  La firma protocolaria del pacto, celebrada en la sede ministerial y protagonizada por Yolanda Díaz, Pepe Álvarez (UGT) y Unal Sordo (CC OO), contó en esta ocasión con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

     La única vez que el jefe del ejecutivo había participado en el acto para refrendar la subida del SMI fué en 2020, la última vez que la patronal también participó en el acuerdo. El contexto no podría ser más diferente ayer; Sánchez embistió con fuerza contra los empresarios por no respaldar el nuevo aumento, que se oficializara hoy en el Consejo de Ministros.

     "Aquí no estamos todos los que deberíamos estar. Falta la patronal y su ausencia dice mucho" aseguró el presidente del Gobierno. "Es la que ha decido borrarse de este acuerdo. Lo que no es admisible es que en un contexto de bonanza económica se mire con lupa el salario de quien cobra el mínimo mientra se mira hacia otro lado cuando se registran estos beneficios multimillonarios. Es una cuestión de justicia social y de inteligencia económica", añadió.

     En un discurso muy crítico con la CEOE y Cepyme, Sánchez insistió: "Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos, y cuando toca repartir beneficios, los repartimos entre todos.  Que nadie nos diga que no se pueden subir los salarios cuando los beneficios crecen. Que nadie nos diga que no hay margen cuando la economía avanza. El Gobierno está haciéndolo con lo que está en su mano, el SMI y Función Pública. Le pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más. Que vayamos a un aumento generalizado de los sueldos allí donde aún no lo hay".

     Hasta ahora, lo habitual era que el presidente del Gobierno participase en la firma de los acuerdos que estaban avalados por el diálogo social, tanto por patronales como por sindicatos. Ese fue el caso de la última reforma de pensiones, que selló en La Moncloa en septiembre de 2024. "El trabajo debe permitir vivir con dignidad", agregó Sánchez.

     La CEOE insistió ayer en su postura, tras el discurso de Sánchez.  "Ya nos opusimos por cuanto : no solo se fundamenta en un cálculo erróneo de partida por parte de los expertos, sino que además supone una injerencia grave en la negociación colectiva", imdica un portavoz de la asociación empresarial.

     Los empresarios hacen esta valoración porque consideran que elevar tanto el suelo empresarial no es asumible en muchos sectores. "Dicho esto, hay que pensar que mientras autónomos,  pequeños empresarios y agricultores verterán 1.782 millones de euros en la economía con el SMI, el Gobierno no está poniendo los medios para atajar la sangría de 33.000 millones de euros que se va por el sumidero por la mala gestión de las bajas", agrega la organización que preside Antonio Garamendi. Por su parte, Díaz subrayó en su discurso que Sánchez siempre ha estado donde tenía estar; en el lado correcto de la historia". Con acuerdos y desacuerdos, hemos tenido discusiones potentes e intensas", indicó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, antes de recalcar que el Gobierno pretende seguir adelante con su agenda reformista: "Nos  queda mucho por hacer. Vamos a aprobar el nuevo registro horario, la reducción de jornada, o evitar las horas extra impagadas, a proteger frente al despido injusto, a regular las plataformas que quieren volver al siglo X1X..."

     La subida anual del salario mínimo es una de las fechas marcadas en rojo en el calendario del Gobierno, ya que una de las políticas económica de mayor trascendencia que no exige convalidación parlamentaria. Así, la mayoría de las derechas en el Congreso no puede frenar esta iniciativa, como sí hizo la reducción de jornada y como se prevé con otros proyectos del departamento de Díaz, como la reforma de la indemnización por despido.

      La cita gozó de más protección que en incrementos previos, con la presencia de representantes de varias asociaciones profesionales y civiles, así como la plana mayor de los sindicatos.

     También acudieron la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Educación, Milagros Tolón; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustitinduy; la ministra de Seguridad Social y portavoz del Ejecutivo, Elma Saíz; y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

      Con esta subida, el salario mínimo interprofesional continúa la escalada de los últimos años.  Desde 2018, cuando Pedro Sánchez accedió al Ejecutivo, el SMI  ha crecido un 66%.  De 736 a 2.221 euros brutos al mes en 14 pagas. En el mismo periodo, los precios han crecido un 23%. Según cálculos de CC OO, esta subida beneficiará a 1,66 millones de personas asalariadas, el 9% del total. El Gobierno estima un impacto mucho mayor, de 2,5 millones de beneficiarios.

     El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, subrayó que e, incremento beneficia especialmente a "mujeres, jóvenes y a los territorios con más dificultades, donde los salarios son más bajos". Como Sánchez, cargó contra la patronal: "Si estuviera aquí, tendría que explicar por qué el SMI  se está comiendo buena parte de los convenios colectivos".

     Su homólogo en CC OO, Unal Sordo, destacó que las subidas del SMI sirven para "evitar situaciones de precariedad escandalosas que se pueden generalizar en las sociedades contemporáneas". (Fuente: EL PAÍS. 17 de febrero de 2026)

     El Salario Mínimo  Interprofesional (SMI) puede ser una manera de "reducir la desigual en España". Un país cuyos miembros se considere verdaderamente seres humanos, Homo sapiens, nunca podría estar en un país donde viven juntos personas pobres y personas ricas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirar menos ropa

 

     Igual que ocurre con los envases y los neumáticos, se busca que en la ropa se introduzcan  pautas que alarguen su vida útil o faciliten su reutilización o reciclaje.

     El mundo de la ropa y el calzado supone un grave problema en la generación de residuos. Primero, porque la moda rápida acorta cada vez más el tiempo entre la tienda y el contenedor de basura, Y, segundo, porque ahora mismo cerca del 90% de ropa usada termina en el vertedero, y la mayoría de las veces su reciclaje es inviable por la mezcla de materiales. 

     El nuevo texto del proyecto de real decreto, para regular los residuos textiles y de calzado en España que está preparando en Ministerio para la Transición Ecológica, todavía le queda pasar por diferentes ministerios, trata de adecuar el marco jurídico relativo a la gestión de estos la legislación europea. Entre los nuevos introducidos, ahora especifica que esta regulación no afecta a ropa de uso profesional (como la de militares o sanitarios) que pueden presentar riesgos a la seguridad o la salud. Sin embargo, sí que incluye a cualquier prenda vendida por marcas extranjeras a través del comercio en la Red, siendo esta una de las principales vías de entrada hoy en día de la moda rápida.

      Hay dos cambios relevantes en lo que refiere a los objetivos. Por primera  vez, se incluye una mera de reciclaje: el 25%de los residuos recogidos por separado en 2030. el 30% en 2035 y  el 35% en 2040. Igualmente, se introduce un objetivo mínimo para recuperas 2032 al menos el 5% del textil y el calzado que acaba en la  mezclada (fracción resto) y el 10% en 2035.

     El texto indica que "aquellos artículos clasificados como no aptos para la reutilización o preparación para le reutilización serán destinados a ser remanufacturados o reciclados y cuando la tecnología lo permita". (Fuente: El País, 26 de febrero de 2026) Titulo: "El Gobierno quiere que las firmas textiles tomen medidas para que se tire menos ropa" 

     No puedo opinar nada porque, debo reconoce, que  no soy especialista en ese tema. Solo recuerdo lo escribió Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, en un artículo publicado en el número 9 (septiembre de de 2011) en la revista Economista, utiliza la expresión "nave espacial Tierra", atribuida al economista inglés Kennth Boulging.

     En palabras de Tamames, nuestro planeta se comporta como una nave espacial "con un conjunto de circuitos cerrados y un solo input exterior (la energía solar) más una sola fuerza motriz (la gravedad) sobre las cuales no es posible actuar.  Esta es la razón por la que "El Gobierno quiere que las firmas textiles tomen medidas para que se tire menos ropa"

  

Prohibir bebidas energeticas

 

     Todo el mundo entiende que el alcohol tiene efectos nocivos y asume que debe estar prohibido para menores de 18 años. Sin embargo, no sos tan conocidos los problemas que pueden causar las bebidas energéticas --insomnio, ansiedad, taquicardia --, a pesar de que su uso está extendido entre los jóvenes, según la Encuesta Estudes 2025 del Ministerio de Sanidad,  un 38,4% de los estudiantes de 14 a 18 años reconocieron haber consumido este tipo de bebidas en el último mes. En este contexto, el Ministerio de Consumo anunció ayer que pondrá en marcha una normativa que permita prohibir la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años.  Una prohibición que se ampliará a los menores de 18 en el caso de las bebidas que tienen más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.  Así lo explicó el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy: "Es una evidencia científica que estas bebidas energéticas se han convertido en una amenaza para la salud de las personas jóvenes".

     El ministro Bustinduy no adelantó  qué forma concreta tendrá la futura prohibición, aunque s recalcó que la medida cuenta con un amplio apoyo social, como lo demostró el reciente barómetro de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), según el cual nueve de cada 10 personas en España está de acuerdo con restringir su consumo a menores. Y  destacó que en este dato se incluye un apoyo muy alto de los encuestados entre 18 y 35 años apoyan prohibir las bebidas energéticas. Por eso, "es una medida a la difícilmente nadie podrá oponerse". 

      Las cifras de la Aesan muestran que un 25% de la población española consume bebidas energéticas, con una media de 2,1 veces a la semana. Casi la miad (49%) de quienes toman bebidas energéticas consumen al menos una al día, y el 47% las mezclan regularmente cl alcohol, una práctica muy peligrosa.

     El ministerio señaló que la futura prohibición va en línea con las medidas que están adaptando  países  europeo como  Alemania,  Noruega,  Letonia,  Polonia, Hungría o Lituanía; y con normativa que han elaborado algunos gobiernos autonómicos. como los de la Xunta de Galicia (PP), que ya prohíbe su venta y consumo para menores, y el del Principado de Asturias (PSOE), que planea hacerlo. Para el titular de Consumo, estas primeras restricciones refuerzan la importancia de armonizas esta legislación a nivel estatal y favorecer la unidad de mercado, (Fuente: EL PAÍS,  26 de febrero de 2026)

     Puesto que Pablo Busfinduy, según se indica en la noticia, es el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, creo conveniente consultar la Agenda 2030.  En esa Agenda el Objetivo de Desarrollo 3 es: "Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades". Y una de sus metas es:  "Fortalecer la prevención y el tratamiento de abuso de sustancias adictivas  incluidos el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo del alcohol".  

La transición ecológica. Europa

 

     El Pacto Verde europeo, la ruta para dejar los combustibles fósiles y las emisiones de efecto invernadero, está en el punto de mira de la extrema derecha. La comisaría europea de Medio Ambiente, Jessika Roswal (Vilhemsson. Suecia, 53 años), cree que el Pacto Verde sigue vivo y es el camino. En su visita de la semana pasada a España, esta política del Partido Conservador sueco, hizo un alto para esta entrevista en la que aboga por la simplificación de algunas normas medioambientales. Pero no por dar marcha atrás. 

    Pregunta. España y Portugal sufrieron cientos de grandes incendios forestales este verano. ¿Cómo puede ayudar la Comisión Europea?

     Respuesta.  Los incendios forestales ocurren cada vez más a principios de la temporada, incluso antes de que llegue el verano. La temporada se está alargando y se están volviendo más severos. Sabemos lo mucho que sufrieron España y Portugal el año pasado, pero está ocurriendo en todas las partes de Europa y del mundo. Ahora mismo también lo estamos viendo en Sudamérica. En unas dos semanas, junto con la comisaría Hadja Lahbib  (encargada de Gestión de Crisis), haremos una comunicación para situar en la agenda de prevención de incendios e intentar estar más coordinados cuando ocurran, con sistemas de alerta temprana. Necesitamos cooperar más.  Pero no solo cuando ocurren, sino también concienciar sobre como prevenir. 

     P. Portugal y España también han sufrido ahora lluvias récord. ¿Está el cambio climático acelerando los eventos extremos?

     R, Sí, eso es lo que estamos viendo. Mi colega Christophe Hanseh (comisario de Agricultura) está visitando este jueves Andalucía y el otro día estuvo en Portugal también debido a las devastadoras inundaciones. Necesitamos adaptarnos más. E invertir en prevención porque sabemos que estos eventos ocurrirán cada vez con más frecuencia.  Pero también necesitamos continuar con nuestros objetivos climáticos y nuestro camino hacia la descarbonizació. No solo en Europa sino también en todo el mundo.

     P.  ¿Y por qué cree que los partidos de extrema derecha, que niegan el calentamiento global, están creciendo en Europa?.

     R.  Necesitamos abordar el cambio climático.  Mi trabajo es conseguir que la gente se sume a este camino, que también supone una ventaja para nuestra industria en el mundo, porque nos hace más competitivos además de ecológicos. Conozco muchas industrias que me dicen que, por supuesto, están haciendo la descarbonización porque necesitamos hacerla, pero supone una oportunidad de negocio también.

     P. ¿El Pacto Verde sigue vivo?

     R. Completamente, sigue vivo el Pacto Verde y el Pacto Industrial Limpio. Yo ahora estoy implementando mucha regulación y, como el resto de la Comisión estamos muy comprometidos en hacer la implementación de una manera más sencilla, más eficiente. Pero el camino a seguir es el Pacto Verde y el Pacto Limpio, porque además son una ventaja competitiva para Europa y para nuestras industrias.

     P. Pero Trump y algunos partidos de extrema derecha en Europa, como Vox en España. quieren acabar con el Pacto Verde. ¿Le preocupa?

     R. Me preocupa que tengamos precios energéticos altos y eso lleva a que necesitamos avanzar hacia las energías renovables.  Pero a veces la discusión es complicada y se polariza. No podemos tener una discusión honesta sobre cuál es el desafío y como podemos resolverlo. Me reúno con agricultores, con industrias pequeñas y grandes y les digo: vale, tienes un desafío, por ejemplo, tienes que reportar mucho, la carga burocrática es demasiado pesada para ti. Eso podemos abordarlo, pero no me preocupa el fondo porque sabemos que el camino correcto es la transición verde. Porque es necesario para el futuro de nuestros hijos y nietos, y también se trata de seguridad y resiliencia.

     P. ¿Por qué el precio de la energía en Europa es alto?

     R. Tuvimos un despertar brutal cuando Rusia invadió Ucrania, de la que se cumple cuatro años. Y  comprendimos nuestra dependencia del petróleo y gas rusos. Pero nos hemos alejado bastante rápido, aunque todavía quedan algunos desafíos. Esa era una razón. Ser dependientes, ya sea de la energía o de las materias críticas, es algo malo. Por supuesto, todos necesitamos más energía para la digitalización, la transición verde. la industria de defensa ... Y necesitamos bajar los precios,

     P. ¿La solución son las energías renovables? 

     R. Completamente, necesitamos energía libre de combustibles fósiles y energía estable. Aunque depende de cada estado miembro definir cuál es el mejor mix energético. necesitamos energía renovable y libre de combustibles fósiles.

     P. ¿Se están reduciendo las políticas medioambientales en Europa con los 10 paquetes ómnibus que está impulsando la Comisión?

     R. Sabemos por informes como el Draghi que debemos centrarnos en la simplificación. Debemos admitir que algunas de nuestras normas han sino demasiado complejas, por eso hemos hecho esos 10 paquetes ómnibus. Yo me he centrado en el ómnibus ambiental para abordar la carga administrativa que realmente no aporta beneficios. Eso es lo que intentamos hacer. Creo que no rebajamos la ambición por reducir la carga de la burocracia. Tenemos algunos algunos ejemplos donde la regulación es contradictoria. Yo me encuentro con agricultores que hacen reportes, los mismas informes, pero a diferentes autoridades o en distintos momentos.

     P. La coalición de ONG Hands Off Nature ha recogido ya más de 250.000 firmas contra esa simplificación porque afecta a normas ambientales. ¿Le preocupa esta campaña?

     R. No, creo que toda la participación de los ciudadanos es buena. Realmente aprecio tener un buen diálogo con las ONG. Lo hago donde quiera que voy. En esta visita a España lo voy a hacer también con las ONG medioambientales. Esas más de 200.000 firmas son una pueba de que a la gente le importa la naturaleza y el medio ambiente, algo que es positivo.

     P.  ¿Es posible que el reglamento contra la deforestación se retase otra vez?

     R. No lo creo. El objetivo ahora es hacer la implementación y no veo razón para abrir de nuevo la negociación del reglamento.  (Fuente: EL PAÍS.  23 de febrero de 2026)

     Si debo ser sincera, me ha decepcionado la comisaria europea de Medio Ambiente. ¿Qué eso de necesitar energía para "la industria de defensa". Es cierto que no solo Europa necesita prescindir de los "combustibles fósiles". Es algo que necesitan todos los habitantes del planeta Tierra, para poder seguir viviendo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Crisis de la vivienda

 

     Cataluña será la primera comunidad en atacar directamente la especulación sobre la vivienda. El Gobierno de Salvador Illa ha pactado con los comunes limitar las adquisiciones de pisos por parte de grandes y pequeños propietarios. Como regla general. empresas y particulares podrán hacerse con casas para fijar su domicilio y su segunda residencia. A partir de ahí, los grandes patrimonios podrán comprar edificios enteros, y  los pequeños,  entre dos y tres viviendas más. En todos los casos estas deberán destinarse a alquiler habitual respetando los precios máximos fijados. La patronal catalana ha tildado la medida de "filocomunista", mientras que el Sindicato de Inquiilinos la ha criticado por considerar que debería haber ido más lejos.

     El precio de la vivienda, que se ha más que duplicado desde 2014. está teniendo consecuencias dramáticas para la economía del día a día de la clase media española. Se comentan las subidas de sueldo, limita la movilidad, agranda las bolsas de precariedad y afecta a todos los gastos de las familias. La subida es tan pronunciada que los sueldos bajos no pueden ahorrar para comprar. Los que viven de alquiler son expulsados de su barrio en cuanto llega una renovación. Es el principal problema de los españoles, según el CIS.

     Ante esa emergencia, el Gobierno catalán ha  adoptado varias medidas,  muchas de ellas hasta ahora inéditas. Ha fijado límites a los precios de las rentas en las zonas tensionadas, ha exhibido mano dura con los alquileres turísticos y de temporada y ha lanzado un ambicioso plan para construir 50.000 viviendas protegidas hasta 2030.  Ahora da un paso más al tratar de frenar la especulación, convirtiendo Cataluña en laboratorio de políticas de vivienda.

     Las medidas han dado ya algunos resultados alentadores, como la contención en los alquileres o la salida del mercado residencial de algunos grandes fondos, que han dado más espacio a los ciudadanos para comprar. La práctica dirá se estas políticas han sido acertadas o no, pero por ahora Cataluña puede laminar el mercado de alquiler al provocar la huida de grandes empresas y generar una cierta sistematización de la figura del casero. El Gobierno de Illa haría bien en  escucharlas durante el trámite parlamentario y modular, si es necesario, el acuerdo alcanzado con Comuns.  Y, como debería suceder con todas la políticas públicas, es exigible una evaluación de cada una de esas medidas para modificar e incluso abandonar aquellas que demuestren ser ineficaces.  Pero en el actual drama habitacional de España. bienvenida la audacia de quien decide utilizar el poder político que le han dado los ciudadanos para solucionar problemas. (Fuente: EL PAÍS, 21 de febrero de 2026) 

     Me atrevería decir que se trata de una buena noticia, Todos necesitamos un lugar para vivir, una vivienda