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sábado, 20 de julio de 2019

Turismo sin dinero


Leila Slimani, escritora, ganadora del Premio Gancourt 2016 con Canción dulce, en n trabajo periodístico, “Construir puentes” (El País, 14 de julio de 2019) cuenta: “Cuando era niña pasaba mis vacaciones en el norte de Marruecos, en un pequeño puerto en la orilla del Mediterráneo. […] Cuando almorzaba con mi padre no sabía que existía entre los seres humanos una desigualdad terrible y profunda ante el viaje a otra parte.  No calculaba que loa que veían, como nosotros, las costas españolas sabían que tal vez jamás iban a tener la posibilidad de visitar ese continente tan próximo”.  Comenta esta escritora que “algunas personas, dotadas  del pasaporte apropiado, tenían el mundo a su alcance. Otras estaban atrapadas en sus países y no tienen esperanzas de hacer turismo ni  descubrir el mundo”.
Tres párrafos más tarde cuenta que hacía varios meses, en la conversación que mantuvo con el conductor del taxi que tomo, éste le indicó que hacía 35 años, cuando tenía 20, era fácil viajar: estuvo en España y llegó, habiendo turismo, hasta Suecia. “Cuando se lo cuento a mi hijo, que tiene 18 años, no se lo cree”. Me dice: “Los marroquíes como nosotros no pueden hacer esas cosas”. ¿A cuántos de mis amigos artistas y escritores les han negado el visado para ir a Europa a participar en festivales, porque representaban un riesgo migratorio?  
¿Se puede decir que es cosa del azar? Si uno nace en París puede trasladarse a cualquier lugar, pero si nace en Bangladés no puede viajar. Leila se pregunta: “¿A quién pertenece la tierra y  quién tiene derecho a recorrerla? ¿Cómo vivir juntos en este bien común? En su Proyecto de paz perpetua, Kant definió el derecho de hospitalidad como el derecho que tiene todo hombre a proponerse como miembro de la sociedad, en virtud de la común posesión de la superficie de la tierra: los hombres no pueden diseminarse hasta el infinito por el globo, por lo que deben tolerar mutuamente su presencia, ya que nadie tiene originariamente más derecho que otro a estar determinado lugar del planeta”.
¿Desde cuándo la “superficie de la tierra” no es un “bien común de la Humanidad”? Contestación. Desde que se instauró el vigente sistema económico, desde que, a través de la globalización, la cultura del libre mercado se ha convertido en la única cultura. Para el actual sistema económico, tanto los derechos humanos como los bienes comunes de la Humanidad son mercancías, es decir, solo podrán disponer de ellos quienes tengan suficiente dinero. Está prohibido que las personas que no tienen suficiente dinero puedan moverse de un país a otro, incluso cuando lo hagan en busca de sustento.
El conocido humorista gráfico, EL ROTO, escribió una viñeta de El País de 9 de julio de 2016: “¡Si traen dinero, son inversores, acogedlos! ¿Si no lo traen, son invasores, expulsadlos!
Es imposible que el mundo funcione, la paz perdure y la naturaleza se salve mientras no dejemos de comportarnos como Homo economicus y seamos, lo que en realidad somos, Homo sapiens y, como tales, reconozcamos esa solidaridad que une a los seres humanos  entre sí. Necesitamos un paradigma económico nuevo. Muchos autores dicen que ya ha empezado, gracias al poder creativo que adorna a la especie humana. El problema es que hay Homo economicus que harán lo posible para que eso suceda.
Copio, a continuación,  el último párrafo del texto de Leila Slimani. “Ante unos Estados y unas instituciones que han fracasado, hay que reconocer que hoy son personas individuales, capitanas de barco o simples ciudadanos, los que encarnan esa hospitalidad. Los que encarnan lo que Vassili Grosman, el gran escritor ruso, llamaba “la pequeña bondad sin ideología”. Las gentes sencillas llevan en su corazón el amor a todo lo que está vivo, protegen la vida. Este verano, cuando vuelva a acercarme a las costas del Mare Nostrum, pensaré en todas esas personas anónimas que alimentan y consuelan, que salvan del ahogamiento y la humillación, que hacen honor a nuestro continente”.

martes, 19 de febrero de 2019

Visados de oro


Según Wikipedia, el visado de oro es “un programa establecido en muchos países que permite obtener la ciudadanía o residencia en un territorio a cambio de una determinada inversión”.
Los visados de oro están desde hace décadas, aunque ha sido a partir de la crisis financiera de 2008 cuando más se han extendido. Países afectados por la deuda ocasionada  por la obligación de salvar a los bancos con dinero público vieron en este instrumento una fuente de recursos públicos.
En total, hay más de una veintena de países con procedimientos activos para conceder visados de oro. Incluso hay compañías privadas, dedicadas a llevar a cabo los trámites necesarios; alguna de ellas en el punto de mira de las autoridades por varias denuncias. Los visados de oro ofrecen oportunidades a los delincuentes, ya que les permite evitar la acción de la justicia
El Fondo Monetario Internacional (FMI) no cuestiona estos programas como una vía para obtener recursos fiscales, pero advierte que el principal riesgo para su continuidad es el descrédito que puede acumular el país, si se cuelan demasiados indeseables, Dadas las cantidades de dinero que se mueven por lo visados de oro, es imprescindible, dice el Fondo, garantizar que no esconden operaciones de lavado de dinero. (El País, 13 de febrero de 2016).
Los críticos de esta práctica se quejan de que los visados de oro son  injustos, ya que ofrecen oportunidades a los ricos que son denegadas a las personas sin dinero. En el vigente sistema económico-social no todas las personas son tratadas de la misma forma; no reciben el mismo trato los ricos que los pobres. Todos los problemas con que deben enfrentarse las personas que huyen de la guerra, del hambre o de los destrozas provocados en su país por el cambio climático no tienen nada que con las ventajas de que gozan las personas que tienen mucho dinero, gracias a los llamados “visados de oro”.
Además, los visados de oro han generado controversia en algunos países, debido a la falta de transparencia y  los escándalos de corrupción. Por ejemplo, un político austriaco dijo a un posible inversor ruso que podría tener la nacionalidad austriaca a cambo de una inversión de 5 millones de euros y una donación al partido.  Por otra parte, en un sistema económico que considera mercancía los bienes comunes, las autoridades de un país no tendrá inconveniente tramitar un visado de oro a un inversor que desea comprar,  por ejemplo, una playa o un bosque. Berna Gonzáles Harbour es autora de un trabajo titulado “La plaza del pueblo no de privatiza”, publicado en El País de 20 de octubre de 2016. En él empieza apuntando que Grecia estaba privatizando (debido a la crisis que estaba pasando) playas, además aeropuertos, la compañía ferroviaria estatal y el aeropuerto del Pireo. Y añade: “Esto no es nuevo. Lo nuevo es que si creíamos que era un problema ajenos nos habíamos equivocado”.
¿Qué piensa la Unión Europea de los visados de oro? El Parlamento Europeo y la Comisión Europea ya han expresado su preocupación por estas prácticas, por las repercusiones sobre el resto de la Unión especialmente en el caso de la ciudadanía, pues los titulares de la ciudadanía de un estado miembro obtienen automáticamente la ciudadanía de la Unión y, con ella, sus derechos y privilegios.  El Parlamento Europeo ya ha expresado su malestar en su Resolución de 2004.
“España es el país que ha concedido más permisos de residencia mediante este tráfico de visados y el que más dinero ha conseguido, por delante de Chipre y Portugal”. (Diario16, 11 de octubre de 2018)

viernes, 8 de febrero de 2019

Salario mínimo interprofesional


¿Qué se entiende por salario mínimo interprofesional? El SMI es la cuantía retributiva mínima que recibe un trabajador referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo o edad del trabajador, sea fijo, eventual o temporero.
En España, durante la última década el SMI ha estado entre 630 euros y 650 euros, pero recientemente, se ha elevado a 900 euros, lo que representa un incremento del 22,3 por ciento respecto al pasado año 2018.
Ante este anuncio, el Banco de España dijo que ese aumento del salario mínimo interprofesional no puede ayudar a corregir la desigualdad y alerta de que el incremento del SMI puede provocar la pérdida de empleo de alguno de los trabajadores con sueldos que antes estaban por debajo de los 900 euros. Ello significa unos 125.000 puestos de trabajo destruidos. De acuerdo con el Banco eso supone un aumento de la desigualdad.
El análisis del supervisor recopila la literatura existente, y basándose en ella, apunta que “no está claro que un incremento del sueldo mínimo legal reduzca la pobreza. Principalmente, porque tiene un efecto negativo sobre el empleo, reduce el número de horas trabajadas y puede tener consecuencias incluso al cabo de un lustro porque cambia la forma en que los empresarios organizan su mano de obra”. (“El Banco de España dice que el subir el salario mínimo no ayudará a las rentas bajas”. (El País, 1 de febrero de 2019)
Al mismo tiempo, el BBVA sostiene que “el notable incremento del salario mínimo puede condicionar la evolución de la economía y del empleo. Las estimaciones de esta entidad coinciden, en líneas generales, con las indicadas por el Banco de España. (“El BBVA prevé que la economía solo se ralentizará una décima este año”. (El País, 7 de febrero de 2019)
Algo parecido, indica la agencia de calificación Moody’s, con la salvedad de que, según ella, los posibles efectos perjudiciales de la subida del salario mínimo se verán compensados por un aumento del PIB, debido a que los trabajadores afectados  al tener más dinero consumirán más. (El PIB es el parámetro utilizado para medir el crecimiento económico, ídolo del vigente sistema económico que solo conduce a una mayor riqueza de los ricos).
En un trabajo periodístico, “Subidas de salario mínimo ¿Qué sabemos sobre sus efectos”, escrito por Carlos García Serrano, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá, y publicado en El País  del 29 de diciembre de 2018, se recuerda lo que indicó Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, autor de El malestar en la globalización (2002), en una entrevista publicada el 11 de noviembre en el mismo periódico. Según Stiglitz, subir el salario mínimo no daña el empleo. ¿Quién lleva la razón?
Carlos García escribe: “De acuerdo con la revisión realizada por dos economistas norteamericanos (Neumark y Wascher) hace diez años, el salario mínimo no influye significativamente sobre el nivel de empleo o tiene efectos prácticamente nulos”.
“En el caso español, los estudios han encontrado evidencia de un impacto negativo débil del salario mínimo sobre el empleo adolescente (16-19 años), siendo inapreciables efectos para el resto de los trabajadores”.
Según este catedrático “a la vista de la evidencia empírica presentada anteriormente, parece que un incremento del salario mínimo podría ser una buena medida dirigida a resolver la desigualdad salarial, sin efectos negativos apreciable sobre el empleo agregado. Esta es la conclusión a la que llega la OCDE en último de sus informes (Perspectivas de empleo, 2014)”.
Según la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, “La situación del anterior salario mínimo era socialmente insostenible”. “Creo que la subida del salario mínimo a quien va a beneficiar es a esos colectivos: a jóvenes, mujeres y lo que están en una situación vulnerable”. (El País, 12 de noviembre de 2018).
No creo zanjado este discusión si no se menciona el salario de, por ejemplo, de alguno de los directivos de los bancos, ya que hace unos años los ciudadanos tuvimos que rescatarles del “pozo” en que habían caído. Basta con el título de una noticia publicada en El Confidencial  del 16 de febrero de  2018: “Ana Botín gana 10,58 millones en 2017 entre salario y pensiones, un 6,9 % más”.
Una demostración más de que la desigualdad económica si sitúa en el corazón del sistema capitalista actual. El actual sistema económico concentra la riqueza en cada vez menos manos, generando una progresiva desigualdad entre los ciudadanos. Se necesita urgentemente un nuevo paradigma económico.