Comunidades de transición

Cada día son más los científicos que alzan su voz para advertirnos de forma contundente sobre los efectos negativos de las emisiones de efecto invernadero en el clima. Mensajes que no cesan, debido a la evidencia de que nos aproximamos a lo que muchos  califican de “catástrofe planetaria”.

Pero no solo hay un problema de cambio climático, sino que además, según algunos cálculos, estamos llegando, o ya hemos llegado, a lo que se llama “pico de petróleo”: llegar al máximo de producción y a partir de ahí inexorablemente ir disminuyendo la cantidad disponible cada año.

Son dos problemas distintos pero muy relacionados entre sí; los dos plantean problemas fundamentales sobre nuestro futuro. Como señala el Informe sobre Desarrollo Humano 2011 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “Nuestro modelo de desarrollo está chocando contra límites concretos”: nuestra dependencia de los combustibles fósiles (carbón y petróleo) y la emisión cada vez más intensa de los gases de efecto invernadero.

Cada vez está más claro que nos vemos abocados a construir una sociedad que emita menos gases de efecto invernadero y que vaya sustituyendo su dependencia de combustibles fósiles.

En 2005 Rob Hopkins, ambientalista, docente de una escuela de adultos en la Universidad de Kinsale (Irlanda) abordó, junto con sus alumnos, el problema de cómo la sociedad podía adaptarse al cambio climático y funcionar sin necesidad de petróleo. De ese trabajo surgieron las denominadas “comunidades (pueblos y ciudades) de transición”.

Una comunidad no es una comuna, ya que cada uno tiene su trabajo y sus bienes;  es un pacto de cooperación en el que cada uno está dispuesto a ayudar a sus vecinos cuando tengan dificultades, sabiendo que los demás harán lo mismo el día que los problemas tengan su propia cara.

“Quienes participan activamente en el proyecto, sin embargo, reducen su consumo de energía y el uso del coche, cultivan y compran comida local, trabajan lo más cerca posible de sus casas, conocen a sus vecinos, construyen sus viviendas con materiales de la zona, aprenden habilidades perdidas como coser o hacer cestas de mimbre y tratan de no viajar en avión (él renunció a este medio de transporte hace cuatro años y cuando da charlas fuera del Reino Unido lo hace por videoconferencia). En Totnes, donde vive Hopkins, los vecinos comparten sus jardines para plantar verduras con quienes viven en pisos, las empresas encargan auditorías para reducir su consumo energético y más de 70 tiendas venden sus productos en libras totnes, su moneda local. En definitiva, potencian lo local y recuperan costumbres olvidadas en la era del petróleo barato como arma para resistir cuando esta etapa llegue a su fin”. (El País, 7 de agosto de 2010)

Es muy difícil saber cuántas ciudades y pueblos han suscrito un plan de ciudad en transición. Parece que en septiembre de 2008 ya eran cientos los pueblos y ciudades reconocidos oficialmente como comunidades de transición en Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Italia y Chile. En España van surgiendo tímidamente pueblos y ciudades como Coín (Málaga), Jerez de la Frontera (Cádiz), o Barcelona, que van andando hacia la Transición.

Existe bastantes págnas web creadas para hacer fácil la creación de comunidades de transición. Además, se imparten cursos para enseñar cómo formar un ciudad de transición, uno de ellos tendrá lugar del 30 de mayo al 1 de junio en la Casa Encendida (Madrid) a cargo de Ana Huertas y Juan del Río (Red de Transición)

El Objeto de Desarrollo Sostenible (ODS) número 13, dice así: "Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos".

Pobreza infantil

El número de niños y niñas en situación de pobreza debería ser el mejor parámetro para medir la calidad de los políticos de un país. Como dice Gonzalo Fanjul, activista contra la pobreza, premio de la FAO en 2012, “si tuviéramos  que atender a las declaraciones  de nuestros representantes políticos, la pobreza infantil será en España una historia del pasado”.  Sin embargo, tras unos años de legislaturas, quienes se comprometieron con la infancia en sus programas electorales, no han sido capaces de encontrar un acuerdo para cumplir sus promesas.   

En el proyecto de Presupuestos Generales, quizá porque hay partidos que son muy reticentes a conceder una baza electoral importante y no les ha gustado  la creación por el partido en el Gobierno del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil fue derrotada en el Parlamento la propuesta del Gobierno que doblaba la dotación destinada  a las situaciones de pobreza severa, lo que podría haber sacado del pozo a más de 80.000 niños.

En El País del 19 de febrero de 2019, Gonzalo Fanjul, escribió: “La pobreza infantil y sus implicaciones constituyen lo más parecido a una emergencia nacional. Una emergencia arrastrada durante demasiado tiempo y cuyas magnitudes son generacionales. De acuerdo con los datos oficiales, casi 2,4 millones de niños en nuestro país –el 28% de los menores- viven en la pobreza, con recursos por debajo del 60% de la media nacional de ingresos. De estos, 630.00 se encuentran en situación de pobreza extrema. […]  todas las tablas de la OCDE y la UE sitúan a España en el vagón de cola”.

La infancia de nuestro país es el colectivo que más está sufriendo las consecuencias de la crisis económica y de los recortes en las ayudas sociales. La pobreza infantil tiene muchas caras: la de la infravivienda (la vergüenza de los niños que no traen amigos  a casa), la de la mala alimentación (más oportunidades de ser obesos, los alimentos procesados, suelen ser más baratos), insuficiente y mala alimentación que provoca déficit de atención escolar, así como problemas en el desarrollo cognitivo. 

“Erradicar la pobreza infantil  implica actuar en todo los frentes con políticas específicas. Cambiar esta situación está en manos de nuestros políticos”. ¿Han pensado nuestros políticos en la cantidad de talento que se pierde?  ¿Se han preguntado dónde estarían de haber nacido en el seno de una familia con pocos recursos económicos? ¿Dónde la sabiduría y la falta de empatía?

Es cuestión de justicia social. La justicia social está basada en la equidad y es imprescindible para que los individuos puedan desarrollar su máximo potencial.

 Pensando en el Alto Comisionado creado por Pedro Sánchez para implicarse en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas he buscado qué objetivos están relacionados con la pobreza infantil. He aquí los Objetivos que he encontrado en la web de UNICEF, “Infancia y ODS”:

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades.

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Es una lástima que nuestros políticos, preocupados por otras cuestiones no relacionadas con los problemas que afectan a los ciudadanos a los que dicen representar, no hayan empezado a recorrer la senda que lleva a un “desarrollo sostenible”. 

UNICEF Comité Español y la Organización No Gubernamental (ONG) Oxfam Intermon destacan en la página web de esta última lo mucho que queda por hacer en España en la aplicación de la Agenda 2030.

Visados de oro

Según Wikipedia, el visado de oro es “un programa establecido en muchos países que permite obtener la ciudadanía o residencia en un territorio a cambio de una determinada inversión”.

Los visados de oro están desde hace décadas, aunque ha sido a partir de la crisis financiera de 2008 cuando más se han extendido. Países afectados por la deuda ocasionada  por la obligación de salvar a los bancos con dinero público vieron en este instrumento una fuente de recursos públicos.

En total, hay más de una veintena de países con procedimientos activos para conceder visados de oro. Incluso hay compañías privadas, dedicadas a llevar a cabo los trámites necesarios; alguna de ellas en el punto de mira de las autoridades por varias denuncias. Los visados de oro ofrecen oportunidades a los delincuentes, ya que les permite evitar la acción de la justicia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) no cuestiona estos programas como una vía para obtener recursos fiscales, pero advierte que el principal riesgo para su continuidad es el descrédito que puede acumular el país, si se cuelan demasiados indeseables, Dadas las cantidades de dinero que se mueven por lo visados de oro, es imprescindible, dice el Fondo, garantizar que no esconden operaciones de lavado de dinero. (El País, 13 de febrero de 2016).

Los críticos de esta práctica se quejan de que los visados de oro son  injustos, ya que ofrecen oportunidades a los ricos que son denegadas a las personas sin dinero. En el vigente sistema económico-social no todas las personas son tratadas de la misma forma; no reciben el mismo trato los ricos que los pobres. Todos los problemas con que deben enfrentarse las personas que huyen de la guerra, del hambre o de los destrozas provocados en su país por el cambio climático no tienen nada que con las ventajas de que gozan las personas que tienen mucho dinero, gracias a los llamados “visados de oro”.

Además, los visados de oro han generado controversia en algunos países, debido a la falta de transparencia y  los escándalos de corrupción. Por ejemplo, un político austriaco dijo a un posible inversor ruso que podría tener la nacionalidad austriaca a cambo de una inversión de 5 millones de euros y una donación al partido.  Por otra parte, en un sistema económico que considera mercancía los bienes comunes, las autoridades de un país no tendrá inconveniente tramitar un visado de oro a un inversor que desea comprar,  por ejemplo, una playa o un bosque. Berna Gonzáles Harbour es autora de un trabajo titulado “La plaza del pueblo no de privatiza”, publicado en El País de 20 de octubre de 2016. En él empieza apuntando que Grecia estaba privatizando (debido a la crisis que estaba pasando) playas, además aeropuertos, la compañía ferroviaria estatal y el aeropuerto del Pireo. Y añade: “Esto no es nuevo. Lo nuevo es que si creíamos que era un problema ajenos nos habíamos equivocado”.

¿Qué piensa la Unión Europea de los visados de oro? El Parlamento Europeo y la Comisión Europea ya han expresado su preocupación por estas prácticas, por las repercusiones sobre el resto de la Unión especialmente en el caso de la ciudadanía, pues los titulares de la ciudadanía de un estado miembro obtienen automáticamente la ciudadanía de la Unión y, con ella, sus derechos y privilegios.  El Parlamento Europeo ya ha expresado su malestar en su Resolución de 2004.

“España es el país que ha concedido más permisos de residencia mediante este tráfico de visados y el que más dinero ha conseguido, por delante de Chipre y Portugal”. (Diario16, 11 de octubre de 2018)

Obesidad

Según el título de una noticia de El País del 11 de enero de 2019 “el cambio de dieta y estilo de vida dispara el exceso de peso en 2030”. Y es que el sobrepeso está en alza. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),  “casi se han triplicado los casos desde 1975 y las perspectivas de futuro son poco halagüeñas, también en España”.

“Si la tendencia se mantiene, señalan las investigaciones del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (MIM) de Barcelona, España tendrán 5 de cada 8 hombres y el 55% de las mujeres tendrán sobrepeso en 2030”.

“El estudio publicado en la Revista Española de Cardiología, apunta, además, que esta imparable epidemia supondrá un sobrecoste de 3.000 millones de euros para el sistema de salud.  “El consumo excesivo de alimentos de alto contenido en grasas y en azucares, la ausencia de frutas y verduras, los hábitos sedentarios y la escasez de ejercicio físico agudizan el aumento de peso. No se trata de una cuestión de estética, martilleamos los expertos. Es una cuestión de salud. Detrás del exceso de peso se esconde un elevado riesgo de sufrir numerosas enfermedades, como la diabetes, la hipertensión, el ictus o el cáncer”.

“La Generalitat de Cataluña implantó en 2017 un impuesto sobre las bebidas azucaradas. […] Un estudio de la Universidad Pompeu Fabra constató que el gravamen redujo en un 15% el consumo de estas bebidas”.

El tema de la necesidad de diseñar un adecuado sistema de nutrición está incluido en la Agenda 2030  de Naciones Unidas (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Mientras que el Objetivo 1 es poner fin a la pobreza, el Objetivo 2 es “poner fin al hambre, lograr la seguridad y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.

Uno de los libros, Estado el planeta, publicados por la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en colaboración con El País, está, precisamente, dedicado al tema de la nutrición. En ese libro, se señala que “sin un rápido progreso hacia la reducción del hambre y la malnutrición –en la que se incluye la obesidad- en el año 2030 no se puede alcanzar todo el abanico de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y añade: “necesitamos una profunda reforma del sistema agrario y alimentario mundial, si queremos nutrir a los 815 millones de hambrientos del planeta y a los casi 10.000 millones de personas que se espera vivan en el año 2030”.

“Aumentar los impuestos a los productos poco saludables es una recomendación de la OMS, pero el Gobierno español todavía no se ha decidido a aplicarlo. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, anunció, no obstante, un etiquetado frontal de los productos -a modo de semáforo- según el valor nutricional de los alimentos. Además, apostó por desplegar medidas como la retirada de productos poco saludables de las máquinas de vending o cantinas escolares, una propuesta que ya contemplada la ley de 2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pero que, en la entrada del PP al Gobierno, quedó paralizada”. Hay que tener en cuenta que en España, el 7 de septiembre de 2018, se creó un Alto Comisionado para los ODS (no existente en el Gobierno anterior), dependiente directamente de la Residencia del Gobierno y encargado de la coordinación de las actuaciones para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Es imprescindible y urgente que los gobiernos se comprometan a transformar el sistema alimentario, para detener, al mismo tiempo, la obesidad de algunos de sus ciudadanos y el consumo insuficiente de macro u micro nutrientes por parte de otros, los pobres.  Ese sistema debe tener en cuenta el cambio climático, en todos sus aspectos.

La FAO define la malnutrición como “una condición fisiológica anómala causada por un consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de los macronutrientes que aportan energía alimentaria y los micronutrientes que son esenciales para el crecimiento y el desarrollo físico y cognitivo”.

 Para abordar todos los temas relacionados con el Objetivo 2 se celebró el Simposio Internacional conjunto FAO/OMS sobre “Sistemas Alimentarios Sostenibles en favor de unas Dietas Saludables y de la Mejora de la Nutrición”, que se llevó a cabo en la sede de la FAO en Roma los días 1 y 2 de diciembre de 2016. Este evento de máximo nivel reunió a más de 600 representantes de países, parlamentarios, investigadores, expertos en salud y nutrición de la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico y otras partes interesadas.

Recuerdo, ahora, lo que leí en el libro de Miguel Delibes y Miguel Delibes de Castro, La Tierra herida. ¿Qué mundo heredarán nuestros hijos? (2005, Barcelona, Círculo de Lectores). Pregunta Miguel Delibes a su hijo que le parecen esas “cumbres” ¿No crees que son pretenciosas reuniones que no sirven para nada? Su hijo contesta que, desde luego, dan menos de lo que se espera pero, “sin duda mucho más que si no se hubiesen celebrado”. Ojalá ese Simposio Internacional sirva para indicar a la ciudadanía que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la única forma de dejar a nuestros hijos un mundo en que sea posible la vida.

Salario mínimo. Continuación

He encontrado la entrevista a Joseph Stiglitz (El País, 11 de noviembre de 2010),  citada por el catedrático de  Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá, Carlos Garcia  y creo muy importante comentar lo que en ella dice este Premio Nobel.

Según el periódico, Stiglitz “aplaude sin ambages la decisión del Gobierno español de aumentar un 22% (en realidad, un 22,3 %) el salario mínimo hasta 900 euros mensuales”, un paso, según dice, ‘largamente esperado’.

Stiglitz sostiene que “subir el salario mínimo tiene un impacto ‘insignificante o incluso positivo’ sobre el empleo.  Para justificar esta opinión, cita que hay un centenar de estudios hechos en EE.UU. “Allí los datos son abrumadores. Y no se refieren a subidas del 22% como en España, sino incluso del 100%, como en Seattle”, asegura. Stiglitz atribuye las críticas a la decisión de Pedro Sánchez a una visión antigua basada en la presunción de que el mercado de trabajo funciona como cualquier otro mercado, definido por la oferta y demanda, idea que Stiglitz considera “una especie de creencia religiosa”.

En su libro El malestar en la globalización (2002, Madrid, Santillana Ediciones Generales) Stiglitz indica que “la globalización puede ser una fuerza benéfica y que su potencial es el enriquecimiento de todos”, siempre y cuando “nos replanteemos  el modo en el que ha sido gestionada”. “Somos una comunidad global y para convivir debemos cumplir unas reglas equitativas y justas que atiendan a los pobres como a los poderosos, y reflejen un sentimiento básico de decencia y justicia social” (Contraportada).

Pero sin que los ciudadanos hayan intervenido en la elección,  de ese modo de gestión se ha encargado una serie de organizaciones internacionales -el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la  Organización Mundial de Comercio (OMC), …- que  han causado, y siguen causando, un sufrimiento excesivo. Stiglitz habla de “políticas ideológicas” que califica de “una especie de creencia religiosa”. El credo de esa “especie de creencia religiosa” es “el mercado” que sus líderes califican de “perfecto” y sujeto a la ley de la oferta y la demanda. En el caso concreto de la subida del salario mínimo interprofesional,  una subida de salario (oferta) conduce a una pérdida de empleo (demanda), que es lo que indcan todos los creyentes de esa especie de religión.

“El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado hoy de que los incrementos anunciados del salario mínimo interprofesional (SMI) ponen en peligro las oportunidades de empleo de los menos cualificados y de los jóvenes, y ha considerado ‘crucial’ mantener las reformas laborales acometidas en España. (eldiario.es, 03/10/2018, “El FMI alerta de que las salidas acusadas del salario mínimo frenan el empleo”). Consecuencia: imposible salir de la pobreza. 

El vigente sistema económico- social, principalmente después de la crisis financiera de 2008, ha abrazado esa “política ideológica”. Política que ha convertido en mercancía toda actividad humana, incluidos los derechos humanos y todos los bienes comunes de la humanidad y ello nos está conduciendo al precipicio. En el caso del trabajo humano, esa idea de que es una mercancía sujeto a la ley de la oferta y demanda ¿no les recuerda a la venta de esclavos en la plaza pública? También son mercancía los derechos humanos: con ocasión de la crisis financiera de 2008, el FMI decretó que solo tendrían derecho a la educación y a la sanidad aquellos que tuvieran dinero para pagarla. En cuanto a los bienes comunes, las grandes empresas se están apropiando de todos. Como tantas veces se está diciendo, urge implantar un paradigma económico distinto,  una forma de gestión de la globalización verdaderamente humana “que atienda a los pobres como a los poderosos, y refleje un sentimiento básico de decencia y justicia social”.