El hambre en Brasil se ceba en las grandes ciudades, mientras en el campo su impacto se ha ido mitigando con programas sociales como Bolsa Familia o compras gubernamentales a agricultores para luego repartir frutas y hortalizas a comedores escolares o familias necesitadas.
Una de las prioridades del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como anfitrión de la cumbre del G-20, el club de las mayores economías, mañana y pasado (17 y 18 de noviembre de 2024) en Río de Janeiro, es forjar una alianza mundial contra el hambre y la pobreza. Ante un panorama marcado por la victoria y el aislacionismo de Donald Trump, las guerras en Oriente Próximo y Ucrania y la urgencia climática, el niño expulsado de su Pernambuco natal por la sequía que fue obrero antes de conquistar la presidencia de Brasil, reclama un cambio profundo que vuelva a situar la lucha contra el hambre entre las prioridades de los poderes públicos. "El mundo no puede seguir gastando 2,4 billones de dólares en guerras y conflictos cuando deberíamos usar ese dinero para alimentar y alfabetizar a millones de personas en el mundo. Necesitamos aprender a cuidar de los más pobres y crear una cultura de consumo para que sus vidas mejoren".
Los hambrientos suman 722 millones de personas en todo el mundo, incluidos ocho millones de brasileños, según la ONU, una catástrofe cotidiana que poco ha mejorado tras lo que supuso la pandemia. Desde entonces, la FAO constata que aumenta en África, en Asia sigue estable y solo América Latina ofrece progresos notables, impulsados sobre todo por Brasil. Combatir el hambre -la inseguridad alimentaria que dicen los expertos- es una de las grandes banderas de Lula, un ámbito en el que Brasil atesora logros que compartir con el mundo, pero también desafíos importantes.
Lula suele proclamar: "El problema no es la falta de alimentos. El problema es que la gente no tiene dinero para acceder a los alimentos. Por eso. solo acabaremos verdaderamente con el hambre cuando garanticemos que todos los trabajadores tengan un salario con el que puedan sacar adelante a su familia. Este es el país que tenemos que construir".
Al colocar este asunto en la agenda de las 20 economías más potentes del mundo, el presidente brasileño quiere que la cuestión vuelva al centro del debate internacional cuando quedan seis años para que se cumpla el plazo que el mundo se dio en la ONU para erradicar el hambre y la seguridad alimentaria, 2030. (Fuente: El País. 17 de noviembre de 2024)
El segundo objetivo de la Agenda 2030 es "poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible". Pero eso no es posible si no "se pone fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo" (objetivo 1) .
Muchos de los objetivos de desarrollo sostenible no se pueden alcanzar si no es de forma conjunta. En este caso, "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos" (objetivo 4) : "garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos" (objetivo 6); "garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos (objetivo 7); y "promover el crecimiento inclusivo y sostenido, el pleno empleo productivo y el trabajo decente para todos" (objetivo 8).
Violencia y jornadas interminables bajo el sol por un salario de miseria en las plantaciones de fresas europeas. Así es el día de millones de temporeros y temporeras, incluso menores, que recogen nuestras frutas y verduras.
Satnam Singn lo dejaron desangrándose en una cuneta, con un brazo amputado .en una caja de fruta junto a él. Su jefe, un terrateniente italiano, lo arrojó allí después de confiscar los teléfonos móviles de toda la cuadrllla en la que trabajaba para que nadie pudiera pedir ayuda.
La muerte de Satnam es un trágico símbolo de la explotación que soportan los 2 millones de temporeros y temporeras que recogen nuestras frutas y verduras en Europa. Por desgracia, Satnam no es el único temporero agrícola migrante que ha sufrido o muerto este verano mientras trabajaba para darnos de comer.
Quienes gobiernan Europa no pueden seguir ignorando la explotación que se esconde en los carritos de la compra de Europa. La UE se enorgullece de tener la legislación laboral más protectora del mundo y esos derechos debemos ofrecérselos también a quienes nos dan de comer.
En el campo español, por desgracia, sobran ejemplos de estas situaciones, tal como se destapó en 2019 con el escándalo de abusos físicos y sexuales a las jornaleras marroquíes de la fresa y otros frutos rojos en las plantaciones del Sur de España. Sin contratos formales, las plantillas temporeras están a merced de patrones feroces. Se les obliga a trabajar 12 horas al día bajo un sol de justicia por salarios de miseria, sin descanso ni equipos de seguridad, y desempeñan los trabajos más duros y peligrosos que nosotros no queremos hacer.
Este trabajo tan duro lo será más. La ciencia climática nos advierte de que el trabajo temporero agrícola se encuentra entre los que más sufren los riesgos de calor, en Europa y en todo el mundo.
Ahora mismo, la clase política europea parece sentirse muy cómoda con el odio a la migración y dejando que las personas migrantes sufran. No podemos permitir que siga así.
Hemos visto una y otra vez que, cuando se crea una ola de solidaridad con las personas desplazadas y nos centramos en luchas concretas (como cuando nos opusimos a la aprobación de los presupuestos de Frontex, la agencia fronteriza europea) podemos triunfar y crear cambios reales en la vidas de estas personas.
¿Quieres sumarte a esta lucha y alzar la voz para conseguir que se garanticen condiciones laborales humanas a los 2,4 millones de temporeros y temporeras de quienes dependemos para poder comer?
Solidaridad con las personas que trabajan en nuestros campos. En memoria de Satnam Singh
Autores de esta petición: Rachel (Ámsterdam), Hajar (Bolonia), Blanca (Ferrol)
Según la Encuesta de Población Activa, cuatro de cada diez trabajadores que horas extra no cobran ni un euro más por ellas. Son concretamente el 42,7% de ellos, a los que se suma otro 5,2% que percibe pagos por una parte de sus horas extraordinarias. Así, casi la mitad de las trabajadores que alargan de más sus jornadas ni cobran ni cotizan por el tiempo que pasan en su centro de trabajo. Según cálculos de un estudio reciente de CC OO, esto implica un ahorro de costes para las empresas. "Equivale a un coste laboral de 3.254 millones de euros que en un año los empleadores dejan de pagar a trabajadores. Seguridad Social y Agencia Tributaria, entre salarios, impuestos directos y cotizaciones", indica el equipo de estudios del sindicato.
Para esta cuenta toman como referencia el total de horas extra impagadas que echan a la semana todos los asalariados, 2,97 millones en el segundo trimestre, últimos datos disponibles. Son el 42,8% del total de extraordinarias trabajadas por el conjunto de los asalariados. (Fuente: El País, 9 de octubre de 2024)
En la Agenda 2030, una meta del ODS 8 ("promover el crecimiento económico inclusivo y sostenido. el pleno empleo productivo y el trabajo decente para todos") es "igualdad de remuneración por trabajo de igual valor".
Muchos de los minerales básicos para la generación de energías verdes (energías renovables) están contaminados por la explotación infantil y el trabajo forzado. Es una de las conclusiones del informe Sudor y esfuerzo; trabajo infantil, forzado y trata de seres humanos en el mundo, la completa radiografía bienal sobre la de asuntos materia que realiza la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB, por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, recién publicada. El informe detecta un alarmante aumento de número de productos y países que se recurre a ese tipo de explotación.
Desde 2022, la lista que elabora la ILAB ha pasado de 159 bienes en 78 países a 204 productos y 82 países. Entre los productos añadidos hay bienes de consumo, electrónica, prendad de vestir, textiles y manufacturas, entre ellos algunos que no habían sido identificados anteriormente como objeto de explotación laboral como,los azufaltos, el plomo, el níquel, el cloruro de polivinilo y los calamares.
En la lista aparecen cuatro nuevos países. Dos de ellos por aplicar trabajos forzosos; Bielorrusia ( muebles y madera) y Mauricio (pendas de vestir). Los otros dos, por producir bienes tras importar materias primas fruto del trabajo infantil: Países Bajos (chocolate y pasta y polvo de cacao con cacao importado de Ghana y Costa de Marfil) y Corea del Sur (indio, con Zinc de Bolivia).
La complejidad de la cadena se suministros mundiales puede ocultar la explotación. "De hecho, en algunos casos está diseñado para ocultar la visibilidad de las prácticas laborales, subrayó en Washington el pasado jueves Thea Mei Lee, subsecretaria adjunta para Asuntos Internacionales del Trabajo en un encuentro con periodistas internacionales. "La falta de transparencia, con la demanda de productos baratos por parte de los consumidores y la búsqueda de mayores márgenes de beneficio, crea unas condiciones en las que persisten las prácticas de explotación laboral", añadió.
Lee puso el acento en el aumento de la explotación para producción de minerales. Los niños de la República Democrática del Congo, Zambia, Zimbabue y Bolivia extraen minerales esenciales como cobalto,cobre, litio, manganeso, tantalio, estaño. wolframio y zinc, según el informe. Trabajan en minas artesanales y a pequeña escala mal reguladas, realizando tareas peligrosas como excavar túneles, transportar cargas pesadas y manipulas sustancias tóxicas.
A medida que se se acelera la revolución de la energía verde, también lo hace la demanda de minerales esenciales. "Cuanto más tardemos, más niños verán obligados a trabajar en minas peligrosas, más trabajadores sufrirán explotación y más arraigados estarán los abusos laborales en las cadenas de suministro de minerales esenciales". añadió Lee, que reclama establecer protecciones como ubicar las nuevas inversiones en energías limpias en países que se comprometan a respetarlos derechos fundamentales de los trabajadores e imponer restricciones comerciales a los que no lo hagan.
En paralelo, la ILAB ha publicado su informe anual de Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil, que se centra en los esfuerzos de determinados países y territorios beneficiarios del comercio estadounidense para eliminar las peores formas de trabajo infantil mediante legislación, mecanismo de control, políticas y programas sociales-Delos 131 países evaluados, solo seis obtuvieron la valoración más alta de avance significativo: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Moldavia, La mayoría de los países recibieron una evaluación de avance moderado, pero otros 47 países registraron un avance mínimo, según el informe. (Fuente: El País, 9 de septiembre de 2024)
Una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, es "adoptar medidas inmediatas y eficaces para
erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de
esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de
las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la
utilización de niños soldados, y poner fin al trabajo infantil en todas sus
formas.
Sin duda la Agenda 2030 ha sido confeccionada por personas que conocen perfectamente las características del verdadero ser humano, Homo sapiens, que, múltiples experimentos científicos han demostrado que es empático, social y solidario. Solo alguien con esas características piensa que es necesario poner fin, entre otras cosas, al trabajo infantil.
La India es actualmente el segundo mayor productor de carbón del mundo.
Este cinturón, que abarca 146 pueblos, se explota intensamente en esta
industria desde el siglo XVII, y en la zona son frecuentes los fenómenos
como el de Harishpur, una ciudad en el Estado de Bengala Occidental, en la parte oriental de la India donde se hundió el terreno que rodea
la mina a cielo abierto. “La carretera próxima a nuestro municipio se
hundió y empezaron a aparecer grietas en las casas cercanas. Poco
después, sentimos temblores y las paredes de algunas viviendas empezaron
a caer”, cuenta Paul. Este empleado jubilado de la compañía responsable
de la explotación, Eastern Coalfield Limited (ECL), recuerda, sentado
en el porche de su casa agrietada, que más de 400 residentes se vieron
obligados a huir. Su familia encontró una vivienda de alquiler cerca de
la ciudad, pero el elevado precio les obligó a regresar a su hogar
dañado. “Tengo un hijo discapacitado de 29 años, y debo dar prioridad a
su seguridad. Me preocupa constantemente que, si el suelo vuelve a
hundirse, la vida de mi hijo corra peligro”, explica Paul, perteneciente
a la casta Jadhav (considerada por el Gobierno indio como una de las
que sufren retraso educativo o social).
“El Gobierno y los políticos del Estado vinieron aquí hace cuatro años
prometiendo apoyo e incentivos. Pero nuestras voces siguen sin ser
escuchadas. Tampoco se han atendido nuestras demandas de indemnización
por las tierras que hemos perdido y las casas dañadas”, se queja Paul,
que añade que los vecinos han llevado a cabo huelgas de hambre,
boicoteado las elecciones locales y protestado bloqueando carreteras. El
Gobierno no respondió a las preguntas de este diario acerca de sus
medidas para proteger a las comunidades.
Manik Bauri, de 71 años, y su familia viven en el pueblo de Rakhakura, a
una hora en coche de Harishpur, cerca de una mina explotada por Integrated Coal Mining Limited (ICML),
propiedad del grupo RP-Sanjiv Goenka. “Desde que se construyó la mina a
cielo abierto en nuestras tierras, todos hemos salido perdiendo. Las
empresas se quedaron con nuestras posesiones y lo que hemos conseguido a
cambio es respirar aire contaminado, beber agua tóxica, padecer un
montón de problemas de salud y quedarnos sin trabajo”, afirma Bauri. Su
casa, junto a la mina, es una de las cerca de 500 viviendas de
Rakhapura. Un olor similar al de la ceniza tras un incendio forestal
flota en el aire y el polvo tapiza el suelo de terrazas y Poanik Bauri, de 71 años, y su familia viven en el pueblo de Rakhakura, a
una hora en coche de Harishpur, cerca de la mina . Un olor similar al de la ceniza tras un incendio forestal
flota en el aire y el polvo tapiza el suelo de terrazas y porches. “Aquí
son frecuentes enfermedades como la tuberculosis y los eczemas. Aunque
cerremos las ventanas, entra el polvo [del carbón] y, cuando hay
voladuras en la mina, toda nuestra casa tiembla”, explica Madhivi Bauri,
hermana de Manik. Este diario pidió su versión a las empresas mineras,
sin obtener respuesta.
Samit
Kumar Carr, secretario general de la Asociación para la Seguridad y la
Salud Ocupacional de Jharkhand, una organización sin ánimo de lucro,
señala que las explotaciones a cielo abierto y subterráneas y las
centrales eléctricas de carbón plantean riesgos específicos para la
salud de quienes viven cerca. “Muchos inhalan polvo que contiene carbón
durante periodos cortos y largos y acaban padeciendo neumoconiosis de
los mineros del carbón (NMC), una enfermedad pulmonar ocupacional
irreversible, incurable y progresiva”.
La nuera de
Madhivi Bauri, Asha Bauri, de 30 años, afirma que teme por el futuro de
sus hijos y espera poder abandonar el pueblo. “Además de los efectos
para la salud, aquí no hay trabajo. Los jóvenes de muchas familias han
empezado a irse del pueblo. Antes todos podíamos cultivar esta tierra,
pero ahora el suelo está contaminado”, reitera.
Harishpur
y Rakhakura, las circunscripciones de Bengala Occidental en las que
viven Paul y Bauris, votaron el 13 de mayo en la cuarta etapa de las
elecciones indias. Pero, con la mirada fija en la mina, que se asemeja a
una colina baja, Manik Bauri lamenta que ningún político se preocupe
por ellos. “Nos han robado el trabajo y la vida instalando una mina
aquí”, asegura.
Posibles alternativas
Según Gareth Price, investigador de la fundación irlandesa
The Azure Forum for Contemporary Security Strategy, en los grandes
cinturones del carbón como Raniganj, en Bengala Occidental, y el Estado indio de Jhakhand,
hay pocas fuentes de ingresos alternativas al carbón. “Por eso, pueblos
enteros, empresas y políticos dependen del sector del carbón para
ganarse la vida. Esto hace que la eliminación progresiva sea todo un
reto, ya que lo que está en juego es su medio de vida”, recalca.
Anup
Das, de 22 años, que vive en un pueblo junto a la estación de
ferrocarril de Barabani, en Bengala Occidental, acogió de buen grado los
proyectos del carbón a cargo de empresas privadas. “Mi sustento depende
del funcionamiento del sector”, asegura. Cerca de las vías, Das,
vestido con una camiseta de marca falsa y rodeado de sus amigos, explica
que, debido a la falta de otros empleos en la región, todo el mundo
trabaja en la industria, aunque perjudique su salud y el medio ambiente.
“Pero ninguno de nosotros puede ser contratado directamente por las
empresas porque somos analfabetos o estamos poco cualificados. Así que
hemos encontrado una oportunidad en el negocio ilegal del contrabando de carbón;
nos dedicamos a transportar hasta las fábricas, en moto o en bicicleta,
los sacos que robamos de las minas”, explica el joven. “Es la única
forma de ganar dinero para poner comida en nuestros platos”. Según un
informe de 2019 de la agencia de noticias Press Trust of India,
en todo el cinturón de Asansol-Raniganj existen unas 3.500 minas de
carbón ilegales. Al menos 35.000 personas tienen un empleo directo,
mientras que otras 40.000 obtienen un empleo indirecto (participan en el
suministro del carbón a las fábricas o se ocupan del transporte). Las
minas ilegales no tienen licencia del Gobierno para operar, y sus
trabajadores tampoco reciben documentos oficiales de trabajo.
"No
podemos ser contratados directamente por las empresas del carbón porque
somos analfabetos o estamos poco cualificados, así que transportamos
hasta las fábricas, en moto o en bicicleta, los sacos de carbón que
robamos de las minas" dice Anup Das, del pueblo de Barabani.
Swj
Das, activista de la Asociación de Afectados por el Proyecto
(refiriéndose a las minas de carbón) hace hincapié en la necesidad de
invertir en educación y en empleo en la región. Pero los políticos,
alega, se benefician de la corrupción en el sector. “Por eso no toman
medidas para eliminar gradualmente el carbón, que es perjudicial para el
medio ambiente y además roba tierras a la gente”, explica. “La India
debe centrarse en seguir invirtiendo en energías verdes, como los
paneles solares o la generación de energía a través del mar. Estos
métodos no desplazarán a las personas ni les harán perder sus tierras”.
Occidente y Naciones Unidas también han presionado a la
India para que elimine progresivamente el carbón para hacer frente al
cambio climático. Aunque el primer ministro Narendra Modi,despertó esperanzas entre los ecologistas en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático de 2015, al prometer grandes
inversiones en energía verde, la dependencia del carbón del país ha
seguido aumentando. La producción aumentó un 14,5% en el mes de junio,
hasta los 84,6 millones de toneladas, en comparación con el año pasado.
El Gobierno hizo un amago de sostenibilidad este 20 de junio, cuando el
Ministerio del Carbón presentó un proyecto de plan de actualización de
la normativa sobre la minería y afirmó que tiene previsto garantizar que
las próximas directrices hagan que el sector sea más ético y
sostenible.
Algunas
comunidades adivasi —pueblos originarios de la India— se han propuesto
detener la expansión de los proyectos de carbón, en un esfuerzo por
hacer frente al cambio climático y garantizar sus derechos sobre las
tierras.
En la aldea de Hirapur, en Jharkhand, a unas
tres horas en coche de la frontera con Bengala Occidental, Mangal Murmu
describe cómo la comunidad ha luchado contra el proyecto de la mina de
carbón de Deucha Pachami, un proyecto público de la West Bengal Power Developmet Corparation Limited (WBPDCL),
que la ministra principal, Mamata Banerjee, intenta reactivar desde
2021.
Los adivasis
“Como adivasis, tenemos la tradición de reunirnos y tocar el tumac
[instrumento tradicional]. Es nuestra señal de alarma cuando hay
problemas en el pueblo. Así que cuando oímos que se iba a construir una
mina a cielo abierto en nuestra tierra que podría desplazarnos, tocamos
el tumac y salimos a protestar”, explica Murmu.
Más de
9.000 indígenas se han manifestado contra el proyecto transestatal de
minería a cielo abierto. Sus protestas han ralentizado el avance de la
ejecución del proyecto, valorado en 273 millones de euros, ya que los
promotores no han podido acceder a los terrenos cercanos a la comunidad.
Si el plan se lleva a cabo en su totalidad, podría convertirse en la
mayor mina de carbón de Asia y la segunda del mundo.
Murmu,
sentado junto al reluciente arroyo que pasa por su choza, saca un arco y
una flecha y muestra cómo lo utilizan para alejar de sus tierras a los
promotores de la mina de carbón. “En la India se piensa que siempre hay
algo debajo de la tierra en la que viven los adivasi”, señala. “Las
empresas del carbón vendrán a apoderarse de nuestras tierras, pero
nosotros nos mantendremos firmes en nuestra lucha por nuestros derechos y
nuestras posesiones”. (Fuente: El País Planeta Futuro)
Me parece oportuno hablar de cosas que ocurren fuera de los países desarrollados. La Agenda 2030. como he dicho en más de una vez, representa una visión global para las personas, el planeta y la prosperidad a largo plazo. Pienso que esta noticia está relacionada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8: "promover el crecimiento económico inclusivo y sostenido, el pleno empleo productivo y el trabajo decente para todos". Debo señalar que los que he llamado países desarrollados, en éstos son mayoría las personas que han dejado de pertenecer a la especie Homo sapiens.
Antonio Pastor,consejero delegado y fundador de Prismab, trabajaba como ingeniero de internet de las cosas (IoT) en la Universidad Miguel Hernández de Elche con el foco en el hogar digital. Su abuelo, agricultor de uva de mesa en el municipio de Novelda, le preguntó si todo lo que diseñaba en su empleo no se podría aplicar al campo- Una cuestión sencilla que a Pastor le abrió los ojos a una realidad: la falta de tecnología en el agro español para, por ejemplo. medir y corregir problemas como la insuficiencia en el riego.
Ante esta situación, en 2007 y con nos 50,000 euros de inversión inicial, montó la empresa junto con otros socios con un reto: simplificar y convertir en miniatura una tecnología que ya existía, para hacerla accesible a todos, y no solo a los grandes productores.
Una gama de sensores monitorizan los parámetros del suelo para saber la cantidad de agua disponible en la tierra, los del clima, para conocer la temperatura, humedad o radiación solar y los de agua, para medir la calidad o el consumo realizado, y con un precio de entre 500 y 600 euros por sensor, cuatro veces menor que los que en el mercado. "Diseñados y fabricados a Alicante, hemos conseguido un aparato que se instala en tres minutos, que funciona con pilas normales, con una vida de hasta 10 años, sin mantenimiento y sin cuotas de suscripción. Tan solo hay que descargar una aplicación para acceder a la información. así los agricultores no son rehenes de ninguna empresa", subraya Pastor.
Pese a sus virtudes, no todos los cultivos pueden contar con este sistema, "Para grandes extensiones como las de cereales hay tecnologías más indicadas. Nuestros sensores funcionan bien en cultivos de riego localizado como cítricos, hortalizas, olivar o vid".
Los datos medidos ahora por Prismab en los más de 3.000 equipos instalados, sobre todo en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, muestran un incremento del 15% de la producción y un ahorro de hasta el 50% en agua en algunos casos. En todo 2023 ahorraron 466.357 metros cúbicos de agua, lo que equivale a 187 piscinas olímpicas. Datos que aparejados un menor consumo de energía y uso de fertilizantes. Con tres empleados y una facturación de 200.000 euros, con beneficios que rondan los 25.000 euros, en 2024 quieren hacer que su tecnología sea todavía más accesible y barata. (Fuente: El País. 9 de junio de 2024)
La palabra "innovación" aparece en varias metas de distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
ODS 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenido, el pleno empleo productivo y el trabajo decente para todo
Meta 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica
mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre
otras, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de
la mano de obra.
Meta 8.3 Promover
políticas orientadas al desarrollo que apoye productivas, la creación de
puestos de trabajo decentes, elemprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.
ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Meta 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar
la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en
particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación
y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en
Meta 9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la
investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso
garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la
adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas.
ODS 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Meta17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y
triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas,
y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente
convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes,
en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial
de facilitación de la tecnología.
