Son niños que, según El País en la noticia "Una infancia sin derechos", publicada el 21 de noviembre de 2016, no pueden comer carne, pollo o pescado un mínimo de tres veces por semana, ni tienen una vivienda a una temperatura adecuada. "Sus padres tienen dificultad para pagar el alquiler y no pueden afrontar gastos imprevistos, como comprar medicinas para tratar una enfermedad. No tienen teléfono, ordenador o televisión en color y, para ellos, las vacaciones no existen. Estos son los indicadores que construyen el perfil de la pobreza infantil."
¿Qué culpa tiene un niño de nacer en el seno de una familia pobre? Esa es una pregunta que nos debe empujar a actuar. Y, en efecto, la sociedad civil está actuando a través de muy diferentes organizaciones no gubernamentales. Pero, ¿no debería ser misión del Estado? La justicia social implica el compromiso del Estado para compensar las desigualdades que surgen, prestando servicios que ayuden a estas personas a superar o salir de una situación de vulnerabilidad social.
Recuerdo la noticia "El Tribunal de Derechos Humanos condena a Irlanda por abusos sexuales", publicada en El País el 28 de enero de 2014. En ella se indica que el Tribunal de Estrasburgo constató que el Estado irlandés, a pesar de ser consciente de los abusos sexuales cometidos por varios religiosos, continuó sufragando la educación primaria en el sistema escolar tradicional sin promover ningún cambio ni implementar controles efectivos de protección al alumnado, en definitiva, como recoge la sentencia, "eludiendo su obligación de proteger a esos niños". ¿Qué hay que hacer para que ese Tribunal de Derechos Humanos constate que hay Estados que están eludiendo su obligación de ayudar a los niños que se encuentran en riesgo de exclusión social.
La educación es la herramienta más poderosa para romper el círculo de transmisión de la pobreza de padres a hijos. Garantizar el éxito escolar de los niños en riesgo de pobreza o exclusión social es la mejor herramienta para asegurar la ruptura de ese ciclo. Sin embargo, todas las reformas estructurales, dictadas por el Fondo Monetario Internacional, señalan la obligación de recortar los gastos del Estado en educación y sanidad.
El Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, en su libro La idea de la justicia, indica que la desigualdad extrema y la democracia son incompatibles. Sen muestra cómo las políticas de ciertos gobernantes pueden causar el hambre de la población, incluso cuando abundan los alimentos. ¿Son nuestros gobiernos realmente democráticos? Sin duda, nuestros gobiernos no son realmente democráticos. La democracia es algo que va más allá de votar en unas elecciones. Es responsabilidad de los ciudadanos añadir a todas las acciones que ha empezado a realizar llevados por su solidaridad y empatía, el trabajo en favor por el establecimiento de una verdadera democracia, que asegure la justicia social.
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