El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la ley de gestión pública e integridad del sistema nacional de salud, que pretende frenar la privatización de la sanidad pública.Vetará en el futuro modelos como el del Hospital de Torrejón del Grupo Ribera o como los que tiene Quirón en Madrid, que forman parte de la red pública pero están gestionados por empresas. Además pone la lupa en cómo funcionan estas concesiones en vigor. Tras el anuncio, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que el Ejecutivo busca "la revolución y destruir la sanidad madrileña, y desde la mesa del Consejo de Ministros le contestó Mónica Garcia, ministra de Sanidad, que el Ejecutivo solo quiere blindar la sanidad pública frente a las "garras especuladoras".
La redacción del texto se aceleró precisamente a partir del escándalo que generaron las revelaciones sobre los planes de consejero delegado del Grupo Ribera, que gestiona el Hospital de Torrejón, para mejorar sus beneficios aumentando las listas de espera, entre otras medidas.
La iniciativa tiene un largo y difícil camino por delante. Tras su paso por los organismos consultivos y ser remitido a las Cortes por el Consejo de Ministros como proyecto de ley, tendrá que superar una tramitación parlamentaria con muy pocas garantías de éxito; incluso en leyes con más consenso, el Gobierno está cosechando derrotas en el Congreso, y ni siquiera hay una mayoría progresista para sacar adelante una medida así. Además, los plazos ya van justos: entre los informes necesarios para llegar al Parlamento y sus tramitación, es frecuente que normas como esta se alarguen hasta un año y medio, lo que ya estaría muy cerca, en el mejor de los casos, de la disolución de las Cortes para los próximos comicios. El texto veta la privatización salvo excepciones que tienen que cumplir varias condiciones: que no sea posible la prestación pública, que se garanticen la sostenibilidad financiera y la eficiencia y que se cumplan los requisitos de calidad, continuidad y accesibilidad del servicio. Prohíbe, además, la fórmula por la que una empresa construye la infraestructura a cambio de prestar el servicio sanitario.
El texto amplía los mecanismos de control público sobre la prestación del servicio con especial énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas. Para ello, obliga a las comunidades autónomas a hacer pública de manera periódica información exhaustiva sobre contratos y conciertos, así como resultados es salud y calidad asistencial.
En una entrevista con este diario en diciembre, la ministra de Sanidad, Mónica García, ya trazó las líneas maestras de esta norma y puso énfasis en el flujo de pacientes entre la privada y la pública que se produce, por ejemplo, en Madrid. Este nuevo texto pretende monitorizar esos trasvases, que generan grandes beneficios a empresas privadas. "Para darse cuenta un poco de la magnitud, solo hay que ir a las del Servicio Madrileño de Salud. Y ves esos flujos: están clarísimos, El Hospital La Paz pierde 50.000 pacientes al año El 12 de Octubre pierde 25.000, el Ramón y Cajal, 30.000... Y se te vas a la fila de que gana esos pacientes, los gana Quirón. Y un poquito Torrejón" ejemplifica la ministra.
Para que las autonomías puedan concertar con la privada en el futuro, se establece un mecanismo de evaluación previo y obligatorio: deberán justificar en un informe la necesidad de esa colaboración publico-privada, algo que luego analizará un comité de expertos y técnicos. Se priorizarán los conciertos con entidades no lucrativas frente a las empresas que solo busquen hacer negocio.
García considera el anteproyecto de ley un "triunfo de la sociedad civil", para blindar la sanidad "de las garras especuladoras y privatizadoras", y alude al escándalo del Hospital de Torrejón que tilda de "obsceno". "Hemos visto audios internos en los que los responsables empresariales hablaban sin tapujos de inflar las listas de espera para tener mayor rentabilidad. Esto esa lo que venimos a poner hoy coto", asegura.
La norma quiere acabar con un marco normativo que ha permitido que la gestión de la sanidad pública "pueda tener una orientación hacia el beneficio económico. (Fuente: El País, 11 de febrero de 2026)
Hablando de desarrollo sostenible la obligación, como verdaderos seres humanos, de "garantizar una vida sana en todas las edades". No se trata de ganar dinero, si no de "promover el bienestar".
¿Qué puede cualquier persona que considere verdadero ser humano? Según los miembros de Naciones Unidas, "puede exigir a los gobiernos, los dirigentes locales y otros responsables de la adopción de decisiones que rindan cuentas por su compromiso de mejorar el acceso de todos a los servicios de salud y la asistencia sanitaria".
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