Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que incluye entre sus metas la creación de una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por cada descendiente menor de 18 años. El objetivo declarado es que esta nueva prestación llegue a todas las familias con niños y niñas a su cargo y contribuya a erradicar las formas más severas de pobreza infantil en 2030.
España registra una de las tasas más altas de pobreza infantil de la Unión Europea. Casi el 30% de los menores se encuentra en riesgo de pobreza, diez putos por encima del conjunto de la población. Esta brecha, además, se ha ampliado y cronificado, en contraste con el vigor del crecimiento económico. En Anteriores fases expansivas, el aumento del empleo actuó como mecanismo de arrastre para estos hogares, constituyendo su principal fuente de seguridad económica. Que este proceso no se esté reproduciendo en la actual fase expansiva pone de manifiesto las insuficiencias de nuestro modelo de nuestro modelo de protección social.
La mayor vulnerabilidad de la infancia se confirma también con otros indicadores. Uno de cada seis menores vive en hogares que sufren retraso en el pago de gastos relacionados con la vivienda, como la hipoteca o el alquiler; los suministros energéticos o las cuotas de comunidad. Este indicador ha aumentado un 50% desde 2019. A corta plazo, la combinación de sus rentas y un mercado de la vivienda cada vez más inaccesible los sitúa en una posición de especial riesgo ante posibles desaceleraciones de la economía.
A largo plazo, haber sufrido la pobreza en esta etapa tiene graves consecuencias sobre las las oportunidades educativas y de salud. Combatir esta situación es, por tanto, una cuestión tanto de justicia social como de eficiencia económica.
Nuestras estimaciones de 2023 para el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil mostraba que mantener niveles tan altos de pobreza infantil tiene un coste elevado. En una valoración muy conservadora, la pobreza infantil costaba a la sociedad española más de 63.000 millones de euros anuales en pérdidas de productividad y costes asociados a problemas de salud, lo que equivale al 5,1% del PIB, una cifra sensiblemente superior a la tasa media de crecimiento anual de la economía. En este contexto, resulta fundamental analizar qué políticas pueden ser más efectivas para cambiar de rumbo.
Las políticas de protección a la infancia vigentes en España se caracterizan por un nivel de gasto muy bajo en comparación con otros países europeos. En la Unión Europea, la política más extendida es la prestación universal por crianza.
Se trata del reconocimiento del derecho de todos los niños y niñas a recibir una protección suficiente que promueva la igualdad de oportunidades. En los sistemas universales, todas las personas acceden a los derechos mientras que el esfuerzo que implica su financiación se distribuye mediante una tributación progresiva.
Es urgente, por tanto, dedicar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza infantil pasa promover la igualdad de oportunidades. La inversión propuesta supone menos de la sexta parte de coste económico y social que implica no llevarla a la práctica. (Fuente: EL PAÍS, 8 de marzo de 2026)
Este artículo esta firmado Luis Ayala, catedrático en Economía en la UNED y Olga Cantó. catedrática de Economía en la Universidad de Alcalá
Pienso que es importante reducir la desigual en un país, en este caso, España con su pobreza infantil. Algo propio del verdadero ser humano.
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