ESCUCHAR A LOS PROFESORES

      Los docentes madrileños, como antes los de Cataluña y la Comunidad Valenciana, expresan con la convocatoria de huelga a partir de esta semana un malestar causas comunes en buena parte de España y que explica la decisión de movilizarse. El seguimiento ha sido considerable en el primer día de paros: casi la mitad del profesorado lo ha secundado. como admite la Consejería de Educación. Los sindicatos elevan la cifra al 70%. En el caso de Madrid, a ese malestar hay que añadir una política autonómica discutible que ha provocado un deterioro acelerado de la enseñanza pública,

    Sostener, como hace la consejera de Educación madrileña,  que se trata de una huelga política para descalificarla es un error que encona el conflicto. Todas las huelgas del sector público tienen un componente político dado que su propósito es conseguir que las administraciones cambien sus políticas y eso no las convierten en menos legitimas. No  ayuda al diálogo que la consejera diga de los convocantes que no quieren negociar ni mejorar la educación, sino su "único objetivo es quemar las calles". Tampoco ayudan a la serenidad actuaciones policiales como la carga en el campus de la Universidad Complutense, que se saldó con varios heridos. Las reivindicaciones de los sindicatos están orientadas al fortalecimiento del sistema. Abarcan la reducción de la jornada lectiva: una disminución de las ratios de alumnos por clase: refuerzos especializados para tender la diversidad; se reduzca la carga administrativa; un importante aumento salarial y cambios organizativos que conduzcan a un mayor equilibrio de las cargas educativas de origen socioeconómico entre entre el sector público y el concertado. También reclaman mejoras en las infraesturas, que sufren un grave deterioro por odsolescencia y carencia de mantenimiento. La falta de inversión se vuelve especialmente gravosa cuando las condiciones climáticas empeoran curso tras curso.

     Todas estas reivindicaciones son razonables y merecen ser negociadas. Pero que sean legitimas y deban ser atendidas no impide una reflexión sobre el método utilizado en este caso.  El carácter indefinido de la huelga aboca al sector a una conflictividad y a una incertidumbre que perjudica a alumnos y familias. Los  convocantes podrían considerar formas de movilización menos dañinas para los estudiante. La interrupción de la tarea docente de forma indefinida supone una pérdida de oportunidad difícil de recuperar para muchos escolares e inclusos irreparable en el caso de los más vulnerables. Sería deseable que los sindicatos convocantes encontrarán la forma de luchar por una mejor educación sin penalizar tanto a los alumnos. Y que el Gobierno de Madrid, como otras autonomías, deje de ignorar una realidad que es su responsabilidad y que es un clamor, como demuestra la movilización masiva de estos días. (Fuente: EL PAÍS, 15 de octubre de 2026)

   Como verdaderos seres no debemos olvidar que la Agenda 2030 diseña un plan para el futuro y establece la necesidad de un cambio de rumbo hacia un mundo resiliente y sostenible. En esa Agenda el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) es "garantizar una educación inclusiva, equitativa de de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje toda la vida para todos". Nada de huelgas