En una vuelta de tuerca que endurece aún más la política migratoria de la Unión Europea y la desplaza fuera de sus fronteras, la Comisión plantea facilitar las deportaciones de solicitantes de asilo. El Ejecutivo comunitario ha propuesto eliminar el requisito que impide a los Estados miembros deportar a demandantes de asilo a países con los que no tengan ningún vínculo (es decir, que no sean los territorios de los que proceden los extranjeros). Si los Estados consideran que un país con el que lleguen a un acuerdo cumple las condiciones de lo que se considera "tercer país seguro", podrán enviar allí a los inmigrantes a los que hayan rechazado la solicitud de asilo. Tras la propuesta resuena el eco de intentos de países como el Reino Unido de enviar a demandantes de asilo a Ruanda, o de Italia a Albania.
Olivia Sundberg Diez, de Amnistía Internacional, consideró ayer (20 de mayo) la propuesta como "otro intento cínico de eludir las responsabilidades de la UE en materia de protección a países con menos recursos y menos capacidad para ofrecer una protección duradera". "Enviar a personas a países con los que tienen ninguna conexión, ningún apoyo ni perspectivas, o por los que pueden haber transitado solo brevemente, no solo es caótico y arbitrario, sino también devastados a nivel humano" incidió la experta en migración y asilo en un comunicado.
El Ejecutivo comunitario se defiende argumentando que el concepto de "tercer país seguro" ya existe en el derecho internacional y comunitario. Lo que hace ahora es facilitar los socios el encaje de las deportaciones: valdrá con que el migrante haya pasado por ese tercer país antes de llegar a la UE. Pero incluso si no ha habido tránsito por ese territorio, un Estado miembro puede llegar a acuerdos con cualquier país que cumpla los requisitos y expulsar allí a demandantes de asilo rechazados.
Bruselas no redactará una lista de lo que considera países seguros. Lo deja en manos de los Estados miembros, aunque les impone una serie de requisitos y asegura que hará un seguimiento en los países a los se envían a los migrantes para garantizar sus derechos. La propuesta -que debe obtener el visto bueno del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo- es parte del pacto migratorio que la UE adoptó en 2023, y cuya entrada en vigor está prevista para 2026.
En marzo, la Comisión avaló la legalidad de los campos de deportación de inmigrantes fuera de la UE, En abril, propuso una lista de países que consideraba seguros en los que incluía a Marruecos o Túnez, pese al deterioro de los derechos humanos allí. (Fuente: El País, 21 de mayo de 2025)
Nada de la meta del ODS 10, citada cuando mencioné el caso de los inmigrantes que llegan a España.
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