En la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 es "lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles". La primera meta de este objetivo es "asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales". En España, por las razones que indicare a continuación todavía no se ha alcanzado esa meta.
En España el problema de la vivienda es el principal lastre para el bienestar de las familias y para las expectativas de futuro de los jóvenes, Se ha enquistado tanto que, que incluso con herramientas como la ley de vivienda de 2023, va a costar salir del agujero. El malestar es grande y ha comenzado a aflorar con protestas contra el turismo, identificado como uno de los factores que contribuye al desaforado aumento de los precios y a la expulsión de los residentes del centro de las ciudades.
Son múltiples las causas de esta crisis, que se extiende por toda Europa, como demuestra la importancia que la Comisión le ha otorgado en su nuevo mandato. En muchos países la vivienda se ha convertido en un refugio de capitales financieros y los poderes públicos no han sido capaces de frenar las dinámicas especulativas del mercado, No obstante, España está peor que la mayoría, pues apenas tiene un 2% de vivienda social, cuando la medía europea es del 10% y hay países con más del 20%,
Desde 2015, el precio de compra en España ha subido un 42%, según Eurostat -casi el doble que los salarios- y los alquileres se han disparado hasta el punto de que el 39% de los hogares en este régimen han de destinar más del 40% de sus ingresos a esta partida. Tales aumentos ha cambiado la estructura de la sociedad, en la primera década de este siglo, el 75% de las familias entre 30 y 44 años vivían en una casa en propiedad. Ahora son el 55%. Y los queviven de alquiler son el 34%, el doble que entonces.
Se ha perdido demasiado tiempo. La crisis exige respuestas de emergencia, pero la construcción es muy lenta. La 50.000 viviendas de la Sareb que el Gobierno quiere destinar a alquiler social serán un alivio, pero están lejos de cubrir las necesidades. El Banco de España calcula que se necesitan 600.000 para atender la demanda, pero apenas se construyen 90.000 al año. El Gobierno dio luz verde en julio a los convenios que han de movilizar 6.000 millones de euros a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial) para construir 40.000 pisos de alquiler asequible, que deberán seguir en ese régimen un mínimo de 50 años.
Mientras, hay que regular los precios de alquiler para evitar subidas abusivas, poner coto a los pisos turísticos y penalizar fiscalmente las viviendas vacías que no puedan acreditar un destino distinto al especulativo. También hay que ordenar el alquiler de temporada para evitar de temporada para evitar que se use para burlar la ley. (Fuente: El País, 30 de septiembre de 2024)
NE
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