Siete hombres que pagaron por agredir sexualmente a niñas adolescentes a través de una red de explotación de menores en Murcia no van a pasar ni un día en la cárcel. Tampoco lo harán tres de los miembros de la red de prostitución. Sí ingresarán en prisión otros tres, entre ellos dos de las mujeres que captaban a las jóvenes en discorecas, ofertas de empleo en Internet e incluso en colegios. la Fiscalía llegó en septiembre con todos los acusados a un acuerdo por el que estos reconocieron los hechos para rebajar sustancialmente sus penas, al aplicarse la atenuante de "delaciones indebidas". la operación contra la red de trata fue en 2014 y llevaba una década en los juzgados.Ninguna de las condenas supera los dos años de prisión y, en una decisión excesivamente reglamentista y carente de sensibilidad social, en los 10 casos citados la Audiencia de Murcia ha decidido suspender el encarcelamiento pese a reconocer la "gravedad" de los hechos. Todo ello es perfectamente legal, pero al mismo tiempo es un fracaso de la justicia que deja desamparadas a las 11 menores prostituidas y resulta incomprensible para l Ningunaa sociedad. Por extensión, es un fracaso de todo el sistema con vista a los miles de mujeres que sufren la violencia machista en España.
Pese a los innegables avances de los últimos años (legislativos, policiales y juridicos), en materia de género, en particular de la sexual, sigue ocurriendo que el proceso penal de sus casos sirva solo para revictimar a las mujeres,
Este intolerable retraso que justifica el acuerdo judicial precisa una explicación que vaya mucho más allá de la sobrecarga de trabajo y la falta de medios de jueces y fiscales. Ninguna de las 11 adolescentes se personó como acusación en el juicio ni fueron informadas del acuerdo de conformidad hasta que la sentencia ya era firme. Solo entones las escuchó el tribunal y pusieron de relieve es esfuerzo que les suponía tener que enfrentarse de nuevo a sus recuerdos. Probablemente, eso explica que cinco de ellas mostraran su intención de "pasar página" y aceptaran que los hombres que las prostituyeron no entren en prisión. Las víctimas tenían entre 15 y 17 años en el momento de los hechos. Una de ellas sigue necesitando ayuda psicológica una década después.
El caso produce una indignación justificada y demuestra todo lo que falta para avanzar en perspectiva de género en la justicia para que los procesos no se conviertan en daño sobre daño para las victimas. Las mujeres agredidas deben saber que las leyes y los tribunales están para protegerlas. (Fuente: El País. 16 de octubre de 2924)
En la Agenda 2030, el ODS 5 pretende "lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas".
La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.
Se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas: más niñas están escolarizadas, y se obliga a menos niñas al matrimonio precoz; hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo, y las leyes se están reformando para fomentar la igualdad de género.
A pesar de estos logros, todavía existen muchas dificultades: las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político, y 1 de cada 5 mujeres y niñas de entre 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual o física a manos de una pareja íntima en un período de 12 meses.
Un de las metas es, precisamente, "eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación".
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