En 2022, casi una de cada tres personas (el 29% en riesgo de pobreza tenía trabajo, pero de tan baja calidad que resultaba insuficiente para salir de la escasez, según un informe publicado la semana pasada por Oxfam Intermón. Otro estudio difundido por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social precisa que los empleados son el grupo más numeroso entre la población pobre, por encima de parados, jubilados y otros inactivos. Según este mismo análisis, el año pasado casi 2,,5 millones de ciudadanos eran pobres pese a tener empleo.
Con todo, el factor determinante del empobrecimiento es el país de nacimiento: mientras quienes nacieron en España registran una tasa del 9,8%, entre los extraeros no comunitarios llegan al 29,5%. Miles de inmigrantes, especialmente los no nacidos en la UE, ocupan empleos en sectores esenciales, pero peor remunerados y con peores condiciones laborales.
Muchos elementos influyen en este problema, pero uno de los más destacado es hoy la carestía de la vivienda, convertida en uno de los grandes causantes de precariedad y desigualdad. Los hogares con pobreza laboral viven con frecuencia de alquiles, cuyos precios se han disparado desde la década pasada, muy por encima de los salarios. A eso hay que añadir que se trata de sueldos golpeados además por una inflación que se ceba siempre con las familias más vulnerables. El progreso ya no es una líneas ascendente. Revertir esa caída hace imperioso que los poderes públicos tomen medidas para que la pobreza, incluso con un trabajo, no siga convirtiéndose en España en algo crónico
La primera meta del ODS 1 ("poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo") es "para 2030 erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo". Eso es lo que debe hacer España. Los poderes público deben tomas medidas para que la pobreza, incluso con un trabajo, desaparezca en España antes del año 2030, es decir, dentro de seis años.
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