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viernes, 13 de diciembre de 2013

¿Servicios públicos o mercancías?

     Uno de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) es el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) cuyo objetivo es, mediante su privatización, independizar de los Gobiernos prácticamente todos los servicios, es decir, tratarlos como una mercancía. Una, a todas luces, aberración. Una aberración porque solo quien tenga dinero puede adquirir una mercancía, y hay servicios públicos que satisfacen derechos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. (El día 10 de diciembre fue el Día Internacional de los Derechos Humanos)

    Con miles de excusas, ninguna de ellas convincentes y ni siquiera veraces, nuestros representantes, elegidos democráticamente, están procediendo a la privatización de, en la práctica, todos los servicios públicos. Las empresas privadas, que ven en ello un negocio, están constituidas en lobbies (grupos de presión), que, en general, son muy potentes.

    Sin embargo, según el artículo 1.2 de nuestra Constitución: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado"; según el artículo 6;  "Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política (...)"; y, por último,  según el artículo 23.1: "Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos políticos, directamente o por medio de sus representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".  Si un partido político "concurre a la formación y manifestación de la voluntad popular" mediante engaño, es decir, presentando un programa que no cumple, no está siendo "instrumento fundamental para la participación política" de los ciudadanos, y, por tanto debe ser llevado a los tribunales porque,  en el artículo 9.1, "Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento"; y en el artículo 9.3: "La Constitución garantiza (...) la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".

     En cuanto a la conversión en mercancía (privatización) de servicios que satisfacen derechos humanos, el artículo 10.2 de nuestra Constitución dice: "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y (...)". ¿Hace falta reposar la Declaración Universal de los Derechos Humanos?  La OMC no puede estar por encima de la Constitución ni de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

lunes, 9 de diciembre de 2013

Razón utópica

     "X endurece su programa para afianzarse el voto ..." es el título de una noticia periodística, que se repite con relativa frecuencia. X es el nombre de un presidente de gobierno o representante de un partido de la oposición, y los puntos suspensivos se refieren a un determinado sector de la población que se adivina numeroso.  Desde mi punto de vista, un titular como este pone de manifiesto que los políticos, no solo españoles, están más interesados en ganar las próximas elecciones que en solucionar los verdaderos problemas de los ciudadanos y de la Humanidad.

     Por otra parte, ¿se puede considerar democrático un sistema de gobierno de esas características? Siempre desde mi punto de vista, se trata de un no-gobierno disfrazado de democracia: un gobierno ideal para el imperante sistema socioeconómico.  En estos momentos -¿no lo sabemos ya?- estamos inmersos en un sistema de libre mercado, para el cual un gobierno realmente democrático es un estorbo: una, no deseada, interferencia en el funcionamiento del mercado.

     No se trata de una "economía de mercado", sino una "sociedad de mercado", en la que, únicamente, el que tiene dinero puede vivir: para los que no tienen dinero, ni siquiera los derechos humanos (salud, educación, alimentación, ...) son asequibles.  Este sistema -lo estamos viendo en Europa- por una parte, tiende a enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres, y, por otra parte, al perseguir, como un fin en sí mismo, el crecimiento económico -algo que solo se consigue elevando el consumo- hace que los pobres, al no tener dinero para consumir, no sirvan para nada, es decir, sobran. ¿No da miedo ese "sobran? En este contexto,  "sobrar" es sinónimo de "exterminar", "matar" o "dejar morir".  Ahora se salvan gracias a la solidaridad, pero vivir de la caridad no es vivir.  Y, ¿los niños y niñas implicados tienen la culpa de haber nacido donde han nacido?

     José Luis López-Aranguren Jiménez (1909-1996), uno de los filósofos y ensayistas más influyentes de la época,  siempre preocupado por el discurrir de una sociedad cada vez más mecanizada e injusta y, por lo tanto, más deshumanizada, decía que el gran problema del mundo contemporáneo era la desmoralización, entendida como falta de ilusión de proyectos ante los problemas globales. Ante esta situación, hay que potenciar la "razón utópica", que es pensar que un mundo mejor es posible y que, por tanto,  merece la pena esforzarse por conseguirlo.  La "razón  utópica" supone, primero, descubrir de forma consciente la totalidad de la realidad local y global, transformar esa información en pensamiento crítico, y, por último, actuar para hacer posible el cambio y la transformación. Todas estas operaciones  solo pueden ser realizadas por la especie humana. La "razón utópica" es cosa, únicamente, de seres humanos.