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jueves, 19 de junio de 2025

Universidad pública - Universidad privada

     El contenido del borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores. Universidades y Ciencia (LESUC) de la Comunidas de Madrid, difundido ayer (11de junio) por este periódico (El País), ha generado polémica por la severidad de sus sanciones, El País ha consultado a cuatro expertos juristas y todos coinciden en su diagnóstico sobre un régimen sancionador que prevé multas dedes hasta un millón de euros: es muy difuso y, sin duda, entra en terrenos competenciales que no son suyos ni constitucionales.

     Gerardo Pérez, profesor en la Universidad de La Laguna (Tenerife), resume el juicio de los cuatro expertos consultados: "Desde el punto de vista competencial es discutible que lo  que se propone en la LESUC tenga cabida, tanto respecto de la normativa básica estatal establecida en la Ley de Convivencia Universitaria de 2022, tanto en lo que se refiere al régimen sancionador que tiene esta norma estatal, como en los principios y valores que propugna. Igualmente. es discutible que el objetivo de la propuesta de la norma sea compatible con la autonomía universitaria consagrada en el artículo 27.10 de la Constitución"

      Gabriel Moreno, profesor de Derecho Constitucional y Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, sostiene que el régimen disciplinario de Ayuso es "un completo desatino". Es "una materia ya regulada" en la Ley Orgánica del del Sistema Universitaria (2023) y en la Ley de Convivencia Universitaria, argumenta, que tienen rango estatal.Estas asientan  "el marco"y las comunidades pueden concretar t desarrollar la legislación del Estado, pero no hacer otra norma.

     Moreno considera que este reglamento disciplinario, además "atenta contra la autonomía universitaria"  que está recogida en la Constitución. El profesor de Extremadura no encuentra proporcionalidad en las penas, que le parecen excesivas:  hasta 15.000 euros por poner una pancarta, 100.000 euros por un estrache o "una manifestación no autorizada que impida la actividad, o hasta un millón de euros por "no garantizar; por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en ek campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra.  (Fuente: El País. 12 de junio  de 2025)

     Mucho hablar  pero nada de "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos" 

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