La sanidad. Una mercancía

     Hace unos días comenté las consecuencias derivadas de considerar el trabajo como una mercancía. El concepto de mercancía, mediante la creación de los Organización Mundial de Comercio, se ha ampliado hasta términos que escapan a toda racionalidad.

     Con la excusa de la crisis, estamos empezando a sufrir las consecuencias de esa mentalidad, premisa del sistema económico al que continuamente estoy calificando de injusto, inhumano e insostenible . No hace muchos días, bajo el título "Avanzar al pasado: la sanidad como mercancía",  se publicó en la prensa un artículo, firmado por cuatro personas relacionadas con el mundo de la sanidad, una de ellas, Joan Benach, es profesor de Salud Pública y miembro de GREDS-EMCONET (UPF) y autor de un libro titulado La sanidad en venta (ed. Icaria).

     En ese artículo, se señala que "en una fase de estancamiento capitalista y reducción de beneficios la atención sanitaria era un lugar ideal para hacer negocios. El sector sanitario público se situó en el punto de mira de Gobiernos conservadores, instituciones sanitarias y grandes empresas (farmacéuticas, seguros, tecnológicas y sanitarias)". Y, en otro párrafo, se recuerda cómo "en 1987 y 1993, dos relevantes informes del Banco Mundial" plantearon "la necesidad de adoptar criterios mercantiles" en los servicios de sanidad.

     Más tarde, en 1995, se creó la Organización Mundial de Comercio (OMC) que, a través del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), "decretó" que los servicios públicos, incluidos el de sanidad, tenían que tratarse como mercancías. Hasta ahora, Europa ha conseguido escapar de esta "maldición":  desde 1978, los españoles tenemos derecho a que nuestra salud esté protegida, es decir, desde 1978 la salud de todos y cada uno de nosotros era responsabilidad del Estado.

     Pero ahora con los "errores" (consecuencia de su desregulación) cometidos por el sector financiero, el "mandato" del FMI y del BCE de que tales errores sean pagados por los ciudadanos y un predominio de Gobiernos conservadores, en España, la sanidad deja de ser responsabilidad del Estado. Según el Real Decreto Ley (RDL 16/2012, 20 de abril), la sanidad no será un derecho, sino una mercancía de la que sólo podrán disfrutar quienes tengan dinero para pagarla.

     Todo lo anterior, a pesar de que, en el artículo 43, 1 y 2 de la Constitución española, se reconoce el derecho a la protección de la salud y se indica que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios sanitarios.

     Como decía la exministra de Sanidad Ángeles Amador, "la sanidad es un bien propio de cada individuo, que requiere para su realización efectiva de los poderes públicos. Está íntimamente relacionada con el derecho a la vida, cuya protección y tutela por el Estado no puede limitarse a que nos sea arrebatada sino que tenemos derecho a vivir sanos, a que nuestra existencia discurra en condiciones de calidad. (...)  La protección de la salud deviene así en un bien jurídico fundamental, vinculado a la libertad, a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, tenemos derecho a la protección de la salud por el hecho de ser personas. (...) La igualdad ante la salud es una conquista fundamental de nuestra sociedad. Y ha costado mucho llegar a ella".

                                                                                                                          CONTINUARÁ