¿Servicios públicos o mercancías?

     Uno de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) es el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) cuyo objetivo es, mediante su privatización, independizar de los Gobiernos prácticamente todos los servicios, es decir, tratarlos como una mercancía. Una, a todas luces, aberración. Una aberración porque solo quien tenga dinero puede adquirir una mercancía, y hay servicios públicos que satisfacen derechos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. (El día 10 de diciembre fue el Día Internacional de los Derechos Humanos)

    Con miles de excusas, ninguna de ellas convincentes y ni siquiera veraces, nuestros representantes, elegidos democráticamente, están procediendo a la privatización de, en la práctica, todos los servicios públicos. Las empresas privadas, que ven en ello un negocio, están constituidas en lobbies (grupos de presión), que, en general, son muy potentes.

    Sin embargo, según el artículo 1.2 de nuestra Constitución: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado"; según el artículo 6;  "Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política (...)"; y, por último,  según el artículo 23.1: "Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos políticos, directamente o por medio de sus representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".  Si un partido político "concurre a la formación y manifestación de la voluntad popular" mediante engaño, es decir, presentando un programa que no cumple, no está siendo "instrumento fundamental para la participación política" de los ciudadanos, y, por tanto debe ser llevado a los tribunales porque,  en el artículo 9.1, "Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento"; y en el artículo 9.3: "La Constitución garantiza (...) la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".

     En cuanto a la conversión en mercancía (privatización) de servicios que satisfacen derechos humanos, el artículo 10.2 de nuestra Constitución dice: "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y (...)". ¿Hace falta reposar la Declaración Universal de los Derechos Humanos?  La OMC no puede estar por encima de la Constitución ni de la Declaración Universal de Derechos Humanos.