Tener un comportamiento corrupto puede afectar a muchas facetas de la vida de una persona, pero de que siempre estará presente en la vida política y preocupa a todas las sociedades democráticas es en comportamiento de quienes, dedicándose a una actividad pública, deciden enriquecerse ilícitamente a costa del patrimonio de todos. A muchos no les extrañará que ya en la Declaración de los Derechos del Hombre del Ciudadano de 1789, los revolucionarios franceses incluyeron en su artículo 15 que "la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público".
La corrupción tiene unas raíces profundas y viene de tiempos remotos. En nuestro país tenemos numeroso ejemplos históricos y literarios que explican, en cierto modo, los suesos del presente. En la literatura podemos citar a los clásicos: el Quijote (Consejos a Sancho para gobernar la Ínsula Barataria: " Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico") y todo el rico género de la picaresca. Ya en tiempos recientes, Javier Pradera, con su ensayo Corrupción y política. Los costes de la democracia, avisó de los riesgos.
La historia es más rica en ejemplos. El lugar preferente lo ocupa el duque de Lerma. Su valido Rodrigo Calderón fue ejecutado por sus desmanes económicos, pero el duque no estaba dispuesto el mismo destino, por lo que, con la aquiescencia del rey Felipe III. solicitó a Roma el capelo cardenalicio para poder benefifiarse de la inmunidad legal que este cargo concedía. La voz popular compuso una colilla cuya letra decía: "Para no morir ahorcado, el mayor de España se vistió de colorado".
España dispone, es estos momentos, de instrumentos jurídicos y organismos públicos suficientes para detectar o perseguir las actividades delictivas relacionadas con la corrupción. En el año 2003. España firmó la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción que abarca también al sector privado, tomando conciencia de que, detr´sd existe un germen que destruye y degenera la vida democrática, así como las libertades, la salud, la economía. no solo en lo general, sino también en lo particular,
En 1995 se creó la Fiscalidad Especial contra la Corrupción y la criminalidad organizada . con amplias competencias, pero escasa dotación de personal, problema que persiste en la actualidad. Existen organismos especializados sobre todo en materia de fraudes tributarios (la Agencia Tributario y la ONIF) y, en la detección del blanqueo de capitales, el SEPBLAC.AC. En el año 2024 el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, presentó una serie de medidas para combatir la corrupción, alguna de las cuales han sido reproducidas, recientemente con algunas aportaciones, por el Gobierno de Pedro Sánchez. En mi opinión tiene especial relevancia la promulgación del Real Decreto 948/2015 de octubre, por el que se crea la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Tiene como objeto facilitas instrumentos legales que sean más eficaces en la recuperación de activos procedentes del delito y en gestionarlos económicamente.
Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, del GREO (Grupo de Estados contra la Corrupción) y de la Comisión Europea, se crea una Agencia de Integridad Pública para la prevención, supervisión y persecución de las prácticas corruptas que, al mismo tiempo, desarrollará estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España propiciando campañas de concienciación ciudadana y refuerzo de la formación de los empleados públicos en integridad y prevención. Permítanme un cierto escepticismo. Ya en la Constitución de 1812 se decía que los españoles debían ser "justos y benéficos".
Recuerden el mensaje;¡: "Hacienda somos todos", que la Abogacía del Estado era un simple eslogan que no permitía el ejercicio de la acción popular para perseguir los fraudes a la Hacienda pública. Está en tramite una reforma de la acción popular que la elimina para perseguir los delitos fiscales. Como se conoció en su momento, pero inmediatamente olvidado, existe una querella (25 de noviembre de 2024) contra el rey emérito Juan Car,os de Borbón y Borbón por haber cometido entre otros, cinco delitos contra la Hacienda pública. El recurso se suplica, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se demoró más de dos meses. Recientemente se ha resuelto con auto de cuatro línes y medía en el que, en síntesis, se dice: la lectura detenida de las alegaciones de la recurrente pone de manifiesto la inviabilidad de practicar una serie de diligencias y la apertura de una causa criminal.
Los instrumentos legales y los organismos encargados de fiscalizar el cumplimento de las obligaciones legales no son suficientes. La tarea pendiente pasa por inocular en la sociedad valores éticos que inmunice contra la tentación de aprovecharse de los resquicios para apropiarse de los caudales públicos. En otros países desde la escuela, se trasmite el valor de integridad moral y el respeto por los valores éticos que deben presidir las relaciones tanto en lo público como lo privado.
Cuando creíamos que la corrupción se producía solo en el ámbito de las administraciones públicas y en sector privado, con el caso Montoro hemos conocido la alarmante noticia de que sus efectos nocivos habían llegado a las puertas de las actividades legislativas, Si no se actúa, con la precisión de un cirujano, contra esta gangrena, los pilares de la democracia se descomponen, con el consiguiente efecto demoledor sobre el sistema democrático
Este articulo, publicado en el periódico El País el día 30 de julio de 2025, fue escrito por José Antonio Martín Pallín abogado. Ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo.
Como siempre, he consultado la Agenda 2030 para si en alguno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se menciona el tema de la corrupción. He encontrado que una de las metas del ODS 16 ("promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles") es "reducir considerablemente la corrupción y el soborno es todas sus formas"
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