Desde sus inicios, las Naciones Unidas han establecido el acceso a una alimentación adecuada como derecho individual y responsabilidad colectiva. El primer objetivo de cualquier gobierno es ser capaz de alimentar a su población, es decir, poseer soberanía alimentaria. Se dice que ningún país merece la consideración de independiente, si no es capaz de proporcionar a sus ciudadanos los alimentos que necesitan.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamó: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación...". Casi veinte años después, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1996) elaboró estos conceptos más plenamente, haciendo hincapié en "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, incluso la alimentación ...", y especificando "el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre".
Como indicó, en su día, el director general de la FAO, distintos estudios han puesto de manifiesto que todos los pueblos pueden alcanzar la soberanía alimentaria mediante la práctica de una agricultura sustentable que gire alrededor de pequeñas y medianas explotaciones y respetuosa con las diversas culturas de cada pueblo.
Sin embargo, las políticas económicas, agrícolas, pesqueras y comerciales impuestas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), auspiciadas por grandes empresas multinacionales, han hecho imposible el acceso a una nutrición sana y suficiente para la mayoría de los seres humanos. Por ejemplo, con distintos alimentos básicos, la historia de Haití se ha repetido en todos los países en desarrollo.
Según los textos de Naciones Unidas y reclaman muchos colectivos, los alimentos no deben ser -no pueden ser- considerados una mercancía más. Por otra parte, es una demostrada falacia el argumento de que la liberalización del comercio agrícola y pesquero internacional, tal como está actualmente organizado, garantiza el derecho a la alimentación de las personas. Y, desde luego, conviene repetirlo, los países en desarrollo son capaces, con una idónea ayuda al desarrollo, de producir sus propios alimentos.
En consecuencia, el derecho humano más elemental -el derecho a la alimentación-, contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es letra muerta en la mayoría de los países del mundo, debido al comportamiento, precisamente, de quienes redactaron dicho documento.
5 comentarios:
Cuando te paras un poco a analizar las leyes que nos rigen, te das cuenta de que prácticamente toda su totalidad es pura demagogia, que jamás se lleva a la práctica.
Los gobiernos no persiguen lo que suscriben en estos tratados; buscan el poder económico. Una población sana y con un adecuado acceso a los alimentos es, para ellos, una terrible amenaza que no pueden permitir.
Suscribo plenamente lo que dice Elemento Cero. El sistema se apoya en la desgracia de las personas, es su razón de ser.
El sistema es injusto e inhumano.
Un saludi a los dos.
Solo cuento una breve anécdota al respecto. En el año 97, en representación de mi colectivo, mantuve una reunión, junto a otras personas, con el diputado ponente de la nueva ley que se estaba desarrollando en relación al mismo. Durante la misma le advertí que aquella ley de marras no era muy distinta de la anterior pero si no se ponían los medios para hacerla cumplir todo se quedaría en agua de borrajas. El hombre que iba a decir pero la realidad, casi 15 años después de aquello, es que dicha ley ni se cumple ni se ha cumplido nunca.
Y así con todas, tanto en el caso que refieres Juliana como el de mi colectivo, sobre todo cuando dichas leyes afectan a gigantescas multinacionales, estas acaban supeditando la actitud de los políticos para hacer lo que quieran, cuando quieran y donde quieran. Un saludo.
Hay que pensar cómo puede acabarse con esa dinámica. ¿Quién decide si alguien ha cometido un crimen contra la humanidad?
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