Ek Gobierno (español) ha decidido agilizar la tramitación de la legislativa popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a los extranjeros que se encuentran en situación irregular en España. Esta iniciativa, refrendada por 612.000 firmas y más de 900 organizaciones soces, permanecía estancada en el Congreso desde que empezó su tramitación en abril de 2024 con los votos de todos los partidos de esa cámara a excepción de Vox. Si sale adelante, será la séptima regulación desde 1986 y primera desde 2005.
El Ejecutivo pisa el acelerador en gran medida presionado por un error propio. Ayer (20 de mayo), seis meses después de su publicación en el BOE, entró en vigor en nuevo reglamento de Extrajería que supone un claro avance para la mayoría de los extranjeros residentes en España. El Gobierno apostaba por este reglamento para facilitar el paso de decenas de miles inmigrantes hacia la integración legal en la sociedad.
Apostar por la regularización extraordinaria de alrededor de alrededor de 400.000 personas puede parecer un desafío en un entorno político cada vez más hostil a los inmigrantes. Pero no es más que una respuesta a una necesidad expresada desde todos los ámbitos de la sociedad: organizaciones patronales, sindicatos, ONG o la Conferencia Episcopal.
Además de tratarse de proteger la ley de la dignidad y los derechos de miles de personas, la iniciativa tiene una vertiente claramente pragmática: la realidad es tozuda, y la economía española sigue necesitando la inmigración para mantener su ritmo de crecimiento. Según un reciente estudio del Banco Central Europeo, el 80% del incremento de PIB de los últimos cinco años en España ha sido generado por los trabajadores venidos de fuera. Es una constatación que, sin duda. también ha pesado a la hora de impulsar la tramitación de la ILP, por mucho que los vientos que soplan en Bruselas vayan en dirección contraría.
España no es inmune a la retórica ultra que rechaza la inmigración por considerarla, sin que lo avale dato alguno, una amenaza. Pero corresponde a los gobiernos, en todos los países, responder con los hechos y trabajar por contrarrestar las percepciones falsas. La aportación humana y económica de la comunidad inmigrante en España es netamente positiva. Como sociedad y como Estado, reconocer legalmente esa contribución es, sencillamente, un deber. (Fuente: El País 21 de mayo de 2025)
Una meta del ODS 10 ("reducir la desigualdad en y entre los países") es "facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas".
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