Diez años después de que la policía desarticulara una trama de explotación sexual de menores -de entre 15 y 17 años- en Murcia, el juicio contra los hombres que pagaron por prostituirlas y contra quienes las captaron ha despertado una polémica social. En primer lugar, porque la Fiscalía haya acordado una sentencia de conformidad con los acusados. En segundo, por las penas impuestas a los condenados, que no entrarán en prisión pese a que las peticiones iniciales eran elevadas. Ninguna de las 11 víctimas se personó como acusación ni fueron informadas del acuerdo de conformidad, sellado el 11 de septiembre. El tribunal no escucho a las víctimas hasta hace unos días, cando la sentencia ya era firme.
La audiencia Principal de Murcia escuchó ayer a dos de las captadoras, Yesina Mercedes Balladades Cosme y Nekkyy Paola Cespedes Pedriel. La primera está condenada a dos años de prisión por cada uno de los tres delitos de prostitución de menores con pertenencia a organización (es decir, 6 años en total) a pagar una multa de 1.600 euros y una indemnización de 3.000 euros por daño moral y a cinco años de libertad vigilada. La segunda, a dos años de prisión por cada uno de los seis delitos de prostitución de menores con pertenencia a organización (12 en total), a una multa de 3.240 euros, a una indemnización de 6.000 euros por daño moral y a cinco años de libertad vigilada. El tribunal optó por no decidir in situ sobre la posible suspensión de las penas a estas mujeres.
En el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, "lograr la igualdad de los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas", una de las metas es " eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación".
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