Ecocidio

A raíz de un artículo, “Contra la impunidad del ‘ecocidio’, publicado en El País del 17 de julio último me ha enterado que cada vez se puede estar más cerca de la creación de un Tribunal de Justicia Universal que castigue los delitos contra el medio ambiente. En septiembre de 2015, juristas de todo el mundo encabezados por el exjuez Baltasar Garzón abogaron en Buenos Aires por que el concepto de justicia universal no solo persiga matanzas y genocidios  sino también delitos económicos, financieros y contra el medio ambiente, que también cuestan vidas humanas. (El País, 10 de septiembre de 2015, “Hacia una justicia universal más amplia”). Era el segundo Congreso de jurisdicción universal que organizaba la Fundación de Baltasar Garzón: el primero fue en Madrid en 2014.

En el artículo “Contra la impunidad del ecocidio” se indica que la Fundación Internacional Baltasar Garzón y la Universidad de Jaén han celebrado los días 13 y 14 de julio, en el municipio jienense de Torres, un curso de verano sobre “Crímenes medioambientales. Mecanismos de lucha contra el ecocidio y otros crímenes contra la naturaleza”.

“Ecocidio” es una palabra que se refiere a los crímenes medioambientales. Todavía no ha sido recogida por el Diccionario de la Lengua Española (DEL). A pesar de eso en 1984, Fernando C. Césarman publicó un libro titulado Paisaje roto, la ruta del ecocidio” y, en 1996, El ecocidio permitido; y, en 2005, Franz J. Broswimmer,  investigador del Centro de Estudios sobre la Globalización de la Universidad de Hawai, escribió  Ecocidio un libro que ha sido traducido a varios idiomas.

Según el artículo citado, una de las participantes en el curso de verano fue Polly Higgins, abogada escocesa, una de las letradas ambientalistas internacionales más reconocidas, quien recordó que cuando, en 1996, se estaba discutiendo  la redacción del Estatuto de Roma (firmado en 1998), los borradores incluyeron un apartado sobre crímenes medioambientales, pero que, al  final, esos crímenes fueron eliminados del Estatuto de Roma. Higgins achaca su desaparición a “las presiones” de varias potencias y de grandes corporaciones multinacionales dedicadas a la agricultura, la energía nuclear y los combustibles fósiles. “Nos toda ahora incluir aquello que se perdió en el Estatuto de Roma”, propuso esta abogada.

El autor del artículo recuerda los vertidos de Texaco (que ahora forma parte de la estadounidense Chevron) en la Amazonia ecuatoriana entre 1964 y 1992. Unas 500.000 hectáreas y la salud de miles de personas se vieron afectadas por los continuos vertidos de residuos durante las actividades extractivas de petróleo que llevo a cabo Chevron, junto a la empresa nacional de hidrocarburos. Un grupo de indígenas ha mantenido una larga guerra en los tribunales. Con la inclusión de los crímenes medioambientales en el Estatuto de Roma, con el que se creó la Corte Penal Internacional, se logrará justicia y reparación en este y otros muchos casos similares.

 Una de las múltiples señales de que los ciudadanos no pertenecen pasivos qnte estas injusticias lo constituye la campaña emprendida por WeMove.E, un movimiento ciudadano por "una Unión Europea comprometida con ls justicia social y económica, con la sostenibilidad ambiental y la democracia ciudadana y participativa". Una de las actividades de ese movimiento ha estado relacionada con el hecho de que la ropa de conocidas marcas como Zara y H&M tiene claros vínculos con las fábricas de producción de viscosa en Asia que provocan una contaminación devastadora del agua y del aire. Este movimiento considera que, como consumidores europeos, debían pedir a estos gigantes de la moda una política inmediata de contaminación cero, que trabajen por una transición hacia tecnologías limpias, y que, en los casos en que los fabricantes se nieguen a cumplir dichas condiciones, dejen de abastecerse con sus productos. Es solo un ejemplo.