Migrantes económicos

En el periódico El País del 6 de noviembre de 2017 he  leído  una noticia que me ha parecido muy importante comentar. “El limbo legal de los migrantes del clima” “El aumento del nivel del mar ligado al calentamiento global comienza a obligar a comunidades a dejar sus hogares”.

 Según esa noticia, Anja Mihr, investigadora alemana experta en derechos humanos, señala que existe una gran diferencia entre los refugiados y los migrantes climáticos: los últimos no tendrán la posibilidad de regresar a unos hogares que ya no existen o no son habitables.  Por otra parte, como no son refugiados políticos no pueden acogerse a lo que se indica en la Convención de Ginebra, es decir, como se indica en el título de la noticia, se encuentran en un “limbo legal”.

Y se señala: “El Acuerdo de París contra el cambio climático pasa de puntillas por este problema. Solo insta a los firmantes a ‘respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones’ relativas a ‘los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes …’

 ¿Se han presentados muchos casos de migrantes climáticos? ¿Existen estimaciones acerca del número de migrantes económicos pueden surgir?

Según ACNUR, en los próximos 50 años podrían migrar por razones climáticas hasta 1.000 millones de personas, principalmente en los países más empobrecidos. Y también afectará directamente nuestros territorios: en el sureste de España, los desplazamientos regionales se agudizarán a raíz de las sequías y falta de agua. “El problema se complica aún más cuando se incluye la variable de los fenómenos extremos –como inundaciones, sequías y olas de calor-, que en algunos casos aumentan en intensidad o cantidad, según varios estudios científicos e informes de Naciones Unidas. La oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres alertó el mes pasado de que 13,9 millones de personas se ven desplazadas de sus hogares forzosamente cada año en el mundo. (El País, 6 de noviembre de 2017).

Buscando, he encontrado una noticia de 2015 (El País, 27 de abril de 2015) en la que el periodista empezaba relatado el que se considera el primer caso de migración climática: caso de una familia que pidió asilo en Nueva Zelanda porque en la isla en que vivían, situada a dos metros sobre el nivel del mar en el Pacífico, las fuentes de agua se contaminado de sal debido a la subida del nivel del mar ocasionada por el calentamiento global.

Un importante precedente. Por su profesión, un guía de alta montaña, ha observado el medio natural del que vive y en el que se nueve. Asegura que los cambios de los que ha sido testigo a lo largo de su vida son “preocupantes”. Si desaparecen los glaciares, va a haber un importante problema de falta de agua y las lagunas se van a desbordar provocando inundaciones. Así que ha acudido a los tribunales en busca de ayuda para costear las obras necesarias para prevenir desbordamientos de agua. Acusa del deshielo andino a la mayor empresa productora de electricidad de Alemania. La Corte de Hamm ha considerado de demanda “coherente”, y se pronunciará sobre la probable apertura de la fase probatoria. Esa fase va a ser complicada y necesitará la ayuda de peritos independientes como geólogos y científicos climáticos.  El portavoz de la empresa acusada se defiende diciendo que “todos contribuimos a las emisiones y eso supondría que todos podríamos acusar a todos. A una aerolínea, a una empresa de transportes …”. 

Sea por solidaridad o por nuestro propio interés, es evidente que necesitamos dar una respuesta a esta nueva realidad.

La lucha contra el cambio climático se hace cada vez más necesaria. Una acción política que ponga límites a las emisiones de carbono y empuje la adaptación de nuestras sociedades a un nuevo modelo sostenible.