A través de “Movemos Europa”, un movimiento ciudadano por una
Europa mejor, me he enterado de que la petrolera Rockhopper pretende perforar
en una zona propensa a los terremotos en la costa italiana. El gobierno de
Italia lo ha prohibido.
Ante esa prohibición, la petrolera ha iniciado una batalla
para conseguir una indemnización de más de
30 millones de euros, que, como es natural, procederían de los
ciudadanos.
¿Qué
sistema de justicia puede hacerse cargo de este pleito? Un sistema llamado Tribunal Multilateral de
Inversiones. Debo confesar que desconocía la existencia de tal Tribunal. Pero,
ahora, he aprendido que este sistema jurídico es distinto a los tribunales
tradicionales: sirve para impugnar cualquier ley que las multinacionales
consideren que perjudica sus beneficios
previstos. De hecho, la petrolera Rockhopper no ha demandado a Italia por
pérdidas, sino por los beneficios que tenían previsto ganar en la extracción de
petróleo. Se puede afirmar que el Tribunal Multilateral de Inversiones es fruto del enorme poder que han adquirido las grandes empresas.
Como ejemplo de lo que los ciudadanos, bien organizados,
pueden conseguir, me parece oportuno copiar algunos párrafos de un artículo,
“¿Petróleo en el Mediterráneo?, descrito
en https://alianzamarblava.org/es/petroleo/. En ese artículo se explica: “Hay
una serie de proyectos de prospecciones petrolíferas en el área
balear-levantino-catalán, que amenazan las Islas Baleares. El propósito final
de estos proyectos es extraer petróleo en el subsuelo marino, en aguas
profundas, por medio de plataformas petrolíferas en alta mar. Son proyectos de
la misma naturaleza que el que provocó el mayor vertido de crudo de la historia
(de tres meses de duración): el de la plataforma Deepwater Horizon de British
Petroleum en el golfo de México, el 20 de abril de 2010, un desastre
medioambiental cuyos efectos perdurarán durante décadas”.
Y añade que en 2014 los ciudadanos se constituyeron en
plataformas contrarias a las prospecciones, se llevaron a cabo actos de
protesta y multitudinarias manifestaciones, así como la presentación de miles
de alegaciones de ciudadanos contrarios al proyecto de sondeos acústicos de
Cairn Energy en un área de gran valor ecológico localizada frente a las costas
de Ibiza y Formentera y de la Comunidad de Valencia.
“Se presentaron, además, decenas de alegaciones de
Administraciones, instituciones, ONG, entidades del sector privado, del sector
del turismo, del náutico, de cofradías de pescadores, etc., todas ellas
contrarias al citado proyecto. En todas esas alegaciones se hacía hincapié en
los negativos y críticos impactos medioambientales que tendría este proyecto
para la fauna marina y sus hábitats, así como para las especies de interés
pesquero. Hay que citar también el informe de septiembre de 2014 emitido por la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, perteneciente al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), que
desaconseja de forma contundente la realización de este proyecto de Cairn
Energy en el golfo de Valencia”.
“El clamor ciudadano contra estas prospecciones promovidas
por Cairn Energy motivó al Govern balear a apoyar el rechazo a este proyecto y
al resto de prospecciones petrolíferas planeadas en torno a las Islas Baleares.
Lo mismo sucedió con todos los Consells insulares. Es también el caso del
Parlament balear, donde se han aprobado unánimemente varias mociones en este
mismo sentido, gracias al trabajo de los distintos partidos políticos.
“Ante la evidencia de que se publicaría en breve una
Declaración de Impacto Ambiental negativa del proyecto y para evitar el daño
que ello produciría a su imagen y a sus intereses económicos, Cairn Energy tuvo
que solicitar oficialmente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR)
[…], la extinción de los permisos que le fueron otorgados en 2010, por los
cuales la empresa se hacía con los derechos a explotar comercialmente los
yacimientos de petróleo o gas que pudiera encontrar en esa zona”.
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