Locura consumista

 Locura consumista es  el titulo de la "carta al director de El País, publicada el14 de junio de 2025. A continuación, les envío una copia. Personalmente, me parece muy  interesante.

"Estamos todos inmersos en una gran vorágine de consumo, nos hemos dado cuenta o no. La consigna en esta sociedad es querer tener más, tener más. Nunca es suficiente. Y eso se paga. Las personas acabamos siendo esclavos de nuestros excesos. A menudo nos vemos obligados dedicar cada vez más tiempo a trabajar para mantener nuestro estilo de vida consumista, de manera que cada vez tenemos menos tiempo para dedicar a nuestros hijos, amigos, aficiones, etcétera. Nuestro  excesivo consumo también afecta al planeta, y este nos lo devuelve en forma de alteraciones climáticas, inundaciones y otras catástrofes naturales se dan cada vez con mayor frecuencia, contaminación ambiental, de playas, ríos.espacios naturales, entre otros, Vivir con menos y ser feliz, se puede. Y es mejor".

Esta carta ha sido escrita por Elodio Jiménez Cervera (Paiporta, Valencia) 

Solidaridad climatica. Un deber compartido

La solidaridad climática ya un deber compartido es un artículo escrito por Sara Aagess, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publicado en EL  País el 4 de agosto de 2025. Es un articulo que voy a copiar  pensando en ustedes

 La reciente opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de Naciones Unidas sobre el derecho internacional climático marca un momento crucial para la acción global. Por primera vez, el máximo tribunal de loa ONU ha afirmado que los Estados  tienen la obligación legal de proteger el medio  ambiente frente a las emisiones de gases de efecto invernadero y que el deber jurídico deriva tanto del derecho ambiental como de los tratados internacionales de derechos humanos. El mensaje es claro:  no actuar frente al cambio climático no es solo una irresponsabilidad política o moral:  es una violación del derecho internacional.

La decisión del tribunal ha sido adoptada por unanimidad, algo que apenas ha ocurridoo cinco veces en los 80 años de historia de este organismo.  Tampoco antes se había registrado un nivel de participación semejante en un procedimiento del Tribunal  Internacional de Justicia, ni de su predecesor, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional.

Este pronunciamiento es, por tanto, histórico y llega además en un momento decisivo. La emergencia climática se acelera y sus efectos son cada vez más evidentes: incendios devastadores, sequías, fuertes inundaciones y pérdida de biodiversidad.  Todo ello amenaza vidas, economías y, por ende, la estabilidad global. Pero  tambiénn crece la conciencia de que esta crisis no puede enfrentarse de forma aislada. En este contexto, el fallo del tribunal es claro:  ningún país puede permitirse renunciar a sus obligaciones, pues sería un hecho internacionalmente ilícito.

El cambio climático no conoce fronteras, y por eso exige una respuesta que trascienda los intereses nacionales a corto plazo. Necesitamos un enfoque colaborativo, donde la solidaridad y la cooperación multilateral estén en el centro de la acción. Este esfuerzo global requiere compartir capacidades, transferir tecnología, movilizar financiación y, sobre todo, cumplir con los compromisos asumidos hace 10 años en París. Un acuerdo, el de París, que nació para ser en instrumento central del régimen climático internacional y que sigue siendo nuestra mejor herramienta para guiar la acción climática colectiva.

Pero para que esta cooperación resulte efectiva debe estar basada en reglas claras que den coherencia y estabilidad a los esfuerzos conjuntos. Aquí es donde el derecho internacional juega un papel fundamental. El marco legal internacional ofrece una estructura que protege a los más vulnerables,  asegura la rendición de cuentas y refuerza la acción climática.

El fallo del TIF reafirma que los compromisos internacionales existentes --como el Acuerdo de París-- son jurídicamente vinculantes y que los tienen la obligación de actuar con diligencia y buena fe para cumplirlos. Esto incluye el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, considerado por la ciencia como el umbral de seguridad para evitar daños catastróficos, pero también reducir la dependencia de los combustibles fósiles, principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) ha dejado claro que existen tecnologías para alcanzar ese objetivo, marcando cuál debe ser la hoja de ruta global: el despliegue de energías renovables,  la eficiencia energética. el hidrógeno verde, el almacenamiento, la movilidad y la agricultura sostenibles, así como medidas de adaptación basadas en ecosistemas.

Este muevo  respaldo jurídico a la acción climática no sustituye a la voluntad política, pero sí la refuerza y legitima.  Sirve como recordatorio de que los compromisos internacionales no son declaraciones simbólicas, sino obligaciones reales que deben cumplirse, y ofrece a las comunidades afectadas por la crisis climática una base más sólida para exigir justicia. Porque un entorno limpio. saludable y sostenible no es un lujo: es un requisot0mprevio para ejercicio de derechos fundamentales como la salud, la alimentación, el acceso al agua o incluso la vida misma. Y como recuerda el Tribunal Internacional, los Estados han suscrito numerosos tratados que los obligan a proteger estos derechos, también frente al cambio climático.

En última instancia, la emergencia nos enfrenta a una elección colectiva trascendental:  cooperar o fracasar. El derecho internacional nos muestra el camino de la cooperación, de la equidad y la responsabilidad compartida.

Celebro que en estos tiempos en los que la desinformación y el negacionismo tratan de laminar la confianza de la ciudadanía de la ciencia y en los principios fundamentales sobre los que se asientan nuestra sociedades, la defensa de los derechos humanos y la protección de nuestro planeta hayan ganado.

Un poderoso mensaje más necesario y urgente que nunca, Frente a quienes han optado por el no, es el momento de reafirmarnos en un sí rotundo. un sí esperanzador a la ciencia, al multilatilateralismo y a la acción colectiva.  

  

 

Agenda 2030: un balance urgente

     Ángel Castiñeira, director de la Cátedra de Liderazgos y Sostenibilidad de Esade (URL) es autor de un articulo publicado en el suplemento Negocios de El Pais de 3 de agosto de 2025, con el título  Agenda 2030: un balance urgente. Me parece muy importante dedicar esta "entrada (píldora para pensar") a ese tema. 

     En su décimo aniversario, la Agenda 2030 afronte un panorama desalentador:  solo el 17% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) registra un ritmo suficiente de progreso. La probabilidad de que los ODS no se alcancen es alta. El reciente Informe sobre la contribución de las empresas españolas a los ODS, de la Cátedra de liderazgo e Sostenibilidad de Esade y el Observatorio  Social de la Fundación La Caixa, atribuye parta de este estancamiento a un  contexto internacional de fragmentación geopolítica, debilitamiento del multiralismo y estrategías climáticas desiguales.

     Las guerras en Ucrania y Gaza han generado niveles récord de desplazados.  Las crisis climáticas y medioambientales amenazan cada vez más los ecosistemas planetarios. El año 2024 fue el más cálido hasta la fecha: las emisiones globales de gases de efecto invernadero y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera también alcanzaron máximos históricos. El PIB per capita en los países más vulnerables crece ahora más lento que en las economías avanzadas, por primera es este siglo, frenando la convergencia de ingresos. A esto se suma una deuda externa elevada y un déficit de inversión en los ODS de cuatro billones de dólares anuales en los países en desarrollo.

     Las metas con mayores retraso tienen que ver con los sistemas alimentario, biodiversidad, uso sostenible de la tierra, paz e instituciones sólidas. En España, casi un 58% de los objetivos están en camino de ser alcanzados, el 18% muestran un progreso limitado y el 24% se encuentran en retroceso. El país se sitúa en el top 15 del índice mundial de los ODS, con una puntuación de 80,7. Los BRICS muestran  un progreso significativo, pero los países más pobres quedan rezagados. La brecha entre el desempeño promedio global y el de los países más vulnerables se ha ensanchado desde 2015.

     Prácticas como el consumo insostenible,  la exportación de residuos tóxicos, el comercio ilícito o la competencia fiscal desleal generan impactos negativos y obstaculizan el logro de los ODS. Para reducir estos impactos y avanzar hacia un comercio justo y sostenible es crucial el multilateralismo. Esto implica seguir estableciendo normativas y estándares ambiciosos que fomenten un sistema comercial más sostenible, equitativo y alineado con el bienestar de las personas y la protección del planeta.

     Sin embargo, el inicio de la segunda Administración de Trump, las tensiones geopolíticas y el recrudecimiento de las disputas comerciales han relegado los principios de la gobernanza climática global a un segundo plano.  Igualmente, el auge de partidos políticos de extrema derecha ha situado la sostenibilidad en el blanco de todo tipo de críticas, convirtiendo la identificación con los ODS en una cuestión ideológica sujeta la orientación política ce cada Gobierno. Esta instrumentalización ha debilitado el consenso global y ralentizado su implementación.

     Aun así, el foro Summit for the Future (2024) se aprobó el Pact for the Future  un intento de establecer un acuerdo para  revitalizar la cooperación global. El pacto busca "acelerar"  los ODS con acciones "audaces, ambiciosas, justas y transformadoras", aunque su capacidad vinculante es limitada y la voluntad fe los actores para aplicarlo, incierta. La distancia entre los compromisos formales y su implementación real ha sido una constante. El sector privado jugará un papel clave en el logro de estas acciones. Entre sus prioridades destacan: fortalecer la resiliencia de las cadenas alimentarias, eliminar subsidios a los combustibles fósiles, y reforzar la inversión privada en desarrollo sostenible y acción climática.

     Existe una clara desconexión entre la situación geopolítica y la visión del pacto, así como entre los firmantes y su capacidad real para cumplir los objetivos. Naciones Unidas presenta el pacto como un acuerdo internacional de gran alcance para "un nuevo comienzo en el multilateralismo", pero los conflictos militares y comerciales evidencian  la crisis de este modelo. Aunque lograr un pacto global en un contexto es un éxito, invocar aspiraciones sin respaldo real puede dañar aún más la credibilidad de las instituciones que representan el multilateralismo,

 

Pasar hambre

     El mundo sigue muy lejos de alcanzar el objetivo de erradicar el hambre y la malnutrición en 2030. Entre 638 y 720 millones de personas, es decir, entre el 7,8% y el 8,8% de la población mundial, no tuvieron suficientes alimentos en 2024. Si bien la cifra ha disminuido ligeramente con respeto a 2023, todavía deja al mundo con 22 millones de personas más que pasaron hambre que en 2015, el año en el que se lanzó la Agenda 2030. Estas son las principales conclusiones del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025 (SOFI, por sus siglas en inglés), publicado este lunes y elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

     “Hay una mejora en términos numéricos porque el promedio es de 673 millones de personas en situación de hambre, lo que supone que hemos pasado de una prevalencia del hambre del 8,5% al 8,2%, pero ese número alberga heterogeneidad”, advierte Máximo Torero, economista jefe de la FAO en una entrevista por videollamada con EL PAÍS. El análisis minucioso de las cifras desvela que la mejora global se ha producido por un “notable progreso” en el sur y sudeste asiático y en América Latina, pero, en cambio, “el hambre continúa aumentando en casi todas las regiones de África y en Asia occidental”, subraya el informe.

     En concreto, el hambre afectó en 2024 a 307 millones de personas en África, 323 millones en Asia y 34 millones en América Latina y Caribe, lo que supone que aproximadamente el 20% de la población africana pasó hambre el año pasado, con respecto al 6,6% de la asiática y al 5,1% de la latinoamericana. Y las previsiones para el continente africano no son alentadoras: el número global de personas desnutridas se reducirá a unos 512 millones en 2023, pero el 60% de ellas se encontrarán en este continente, si no cambia la tendencia.

     Además del número de personas con hambre, hay otro indicador clave que muestra la persistencia de un sistema alimentario profundamente desigual. De acuerdo con los datos del informe, alrededor de 2.300 millones de personas (un 28% de la población global) experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en 2024. Aunque esta cifra ha descendido ligeramente respecto a 2023, sigue estando 335 millones por encima del nivel que existía antes de la pandemia de covid-19. 

      “A pesar de que la producción mundial de alimentos es suficiente, millones de personas pasan hambre o sufren malnutrición porque no disponen de alimentos seguros y nutritivos, no pueden acceder a ellos o, más a menudo, no pueden permitírselos”, señalan en una carta conjunta los máximos dirigentes de las cinco organizaciones responsables del informe, que recuerdan que la “inseguridad alimentaria y la malnutrición se ven desproporcionadamente afectadas por la inflación de los precios de los alimentos”. 

     Es precisamente el aumento del coste de la comida, según Torero, uno de los grandes responsables de esta inseguridad alimentaria, que perjudica especialmente a las mujeres, los hogares rurales y las comunidades con menos acceso a la protección social. “La inflación del precio de los alimentos ha subido más incluso que la inflación global”, dice. Aunque los precios internacionales de las materias primas agrícolas han comenzado a estabilizarse tras el incremento que experimentaron con la pandemia de covid-19 y la guerra en Ucrania, los precios que realmente pagan los consumidores no han seguido la misma tendencia. “El pan que compras en la tienda no solo depende del precio del trigo, que representa apenas un 3% o 4%, sino también del costo de la energía, la logística, el transporte…”, explica el economista jefe de la FAO.

     Además de esta situación, Torero alude un problema macroeconómico mayor: muchos países importadores de alimentos, especialmente en África, “enfrentan altos niveles de deuda y devaluaciones de su moneda” que encarecen aún más las importaciones.

     "A pesar de que la producción mundial de alimentos es suficiente, millones de personas pasan hambre", según los máximos dirigentes de las agencias de la ONU que han elaborado el informe

     El resultado, según explica, es devastador para los hogares más pobres, cuya cesta básica se compone mayoritariamente de alimentos: “Una subida del 10% en los precios alimentarios puede provocar un aumento del 3,5% en la inseguridad alimentaria moderada o grave, y del 1,8% en la severa”. También se traduce en un aumento significativo de la desnutrición infantil: un aumento del 10% en los precios puede conllevar un aumento del 4,3% en los casos de desnutrición aguda grave en menores de cinco años, según el SOFI

      Esta subida de precios afecta además directamente a la calidad de la comida que se ingiere. Según el informe, en 2024 el precio medio global de una dieta nutritiva alcanzó los 4,46 dólares al día (3,8 euros), frente a los 4,01 dólares (3,42 euros) que costaban en 2022. Y los alimentos más nutritivos (frutas, verduras y productos animales) siguen siendo los más caros, mientras que los ultraprocesados, ricos en azúcares, sal y grasas saturadas, son los más baratos, lo que contribuye al aumento de la malnutrición y de la aparición de enfermedades no transmisibles, como la diabetes o las afecciones cardiovasculares. Según los últimos datos disponibles, la obesidad en adultos también ha crecido, y ha pasado del 12,1% en 2012 al 15,8% en 2022.  (Fuente: El País. Planeta Futuro. 28 de julio de 2025)

     En la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 es "poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible". Prometo dedicar otra "píldora para pensar" a ese tema. 

El virus de la corrupción

     Tener un comportamiento corrupto puede afectar a muchas facetas de la vida de una persona, pero de que siempre estará presente en la vida política y preocupa a todas las sociedades democráticas es en comportamiento de quienes, dedicándose a una actividad pública, deciden enriquecerse ilícitamente a costa del patrimonio de todos. A  muchos no les extrañará que ya en la Declaración de los Derechos del Hombre del Ciudadano de 1789, los revolucionarios franceses incluyeron en su artículo 15 que "la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público".

     La corrupción tiene unas raíces profundas y viene de tiempos remotos. En nuestro país tenemos numeroso ejemplos históricos y literarios que explican, en cierto modo, los suesos del presente. En la literatura podemos citar a los clásicos: el Quijote (Consejos a Sancho para gobernar la Ínsula Barataria: " Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico") y todo el rico género de la picaresca. Ya en tiempos recientes, Javier Pradera, con su ensayo Corrupción y política. Los costes de la democracia, avisó de los riesgos.

     La historia es más rica en ejemplos. El lugar preferente lo ocupa el duque de Lerma. Su valido Rodrigo Calderón fue ejecutado por sus desmanes económicos, pero el duque no estaba dispuesto el mismo destino, por lo que, con la aquiescencia del rey Felipe III. solicitó a Roma el capelo cardenalicio para poder benefifiarse de la inmunidad legal que este cargo concedía. La voz popular compuso una colilla cuya letra decía: "Para no morir ahorcado, el mayor de España se vistió de colorado".

     España dispone, es estos momentos, de instrumentos jurídicos y organismos públicos suficientes para detectar o perseguir las actividades delictivas relacionadas con la corrupción.  En el año 2003. España firmó la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción que abarca también al sector privado, tomando conciencia de que, detr´sd existe un germen que destruye y degenera la vida democrática, así como las libertades, la salud, la economía. no solo en lo  general, sino también en lo particular,

     En 1995 se creó la Fiscalidad Especial contra la Corrupción y la criminalidad organizada . con amplias competencias, pero escasa dotación de personal, problema que persiste en la actualidad.  Existen organismos especializados sobre todo en materia de fraudes tributarios (la Agencia Tributario y la ONIF)  y, en la detección del blanqueo de capitales, el SEPBLAC.AC.  En el año 2024 el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, presentó una serie de medidas para combatir la corrupción, alguna de las cuales han sido reproducidas, recientemente con algunas aportaciones, por el Gobierno de Pedro Sánchez. En mi opinión tiene especial relevancia la promulgación del Real Decreto 948/2015 de octubre, por el que se crea la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Tiene como objeto facilitas instrumentos legales que sean más eficaces en la recuperación de activos procedentes del delito y en gestionarlos económicamente.

     Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, del GREO (Grupo de Estados contra la Corrupción) y de la Comisión Europea, se crea una Agencia de Integridad Pública para  la prevención, supervisión y persecución de las prácticas corruptas que, al mismo tiempo, desarrollará estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España propiciando campañas de concienciación ciudadana y refuerzo de la formación de los empleados públicos en integridad y prevención.  Permítanme un cierto escepticismo. Ya  en la Constitución de 1812 se decía que los españoles debían ser "justos y benéficos".

     Recuerden el mensaje;¡: "Hacienda somos todos", que la Abogacía del Estado era un simple eslogan que no permitía el ejercicio de la acción popular para perseguir los fraudes a la Hacienda pública. Está en tramite una reforma de la acción popular  que la elimina para perseguir los  delitos fiscales.  Como se conoció en su momento, pero inmediatamente olvidado, existe una querella (25 de noviembre de 2024) contra el rey emérito Juan Car,os de Borbón y Borbón por haber cometido entre otros, cinco delitos contra la Hacienda pública. El recurso se suplica, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se demoró más de dos meses. Recientemente se ha resuelto con auto de cuatro línes y medía en el que, en síntesis, se dice: la lectura detenida de las alegaciones de la recurrente pone de manifiesto la inviabilidad de practicar una serie de diligencias y la apertura de una causa criminal.

     Los instrumentos legales y los organismos encargados de fiscalizar el cumplimento de las obligaciones legales no son suficientes.  La tarea pendiente pasa por inocular en la sociedad valores éticos que inmunice contra la tentación de aprovecharse de los resquicios para apropiarse de los caudales públicos.  En otros países desde la escuela, se trasmite el valor de  integridad moral y el respeto por los valores éticos que deben presidir las relaciones tanto en lo público como lo privado.

     Cuando creíamos que la corrupción se producía solo en el ámbito de las administraciones públicas y en sector privado, con el caso Montoro hemos conocido la alarmante noticia de que sus efectos nocivos habían llegado a las puertas de las actividades legislativas, Si no se actúa, con la precisión de un cirujano, contra esta gangrena, los pilares de la democracia se descomponen, con el consiguiente efecto demoledor sobre el sistema democrático

     Este articulo, publicado en el  periódico El País el día 30 de julio de 2025, fue escrito por José Antonio Martín Pallín abogado. Ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo.

     Como siempre, he consultado la Agenda 2030 para si en alguno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se menciona el tema de la corrupción.  He encontrado que una de las metas del ODS 16 ("promover sociedades  pacíficas e inclusivas  para el desarrollo sostenible,   facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles") es "reducir considerablemente la corrupción y el soborno es todas sus formas"  

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