Otro pilar de las políticas del FMI es la austeridad presupuestaria. La austeridad presupuestaria implica la reducción drástica de la partida de gastos sociales, es decir, una reducción al mínimo de los gastos en educación y sanidad, una congelación de salarios y un aumento de despidos en la función pública, recortes en el mantenimiento de infraestructuras, vivienda, investigación y cultura. Sólo quedan al margen los gastos en policía y justicia.
El FMI y el Banco Mundial exigían a los gobiernos la supresión de subvenciones que, con frecuencia, concedían a los más desprotegidos para el acceso a alimentos básicos y a otros bienes y servicios vitales. Han sido muy numerosas las revueltas causadas por estar medidas. Sin ánimo de presentar una lista exhaustiva, se pueden dar algunas fechas, extraídas del libro 50 preguntas y 50 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial de Damien Millet y Éric Toussan, ambos pertenecientes al Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (2004, Icaria editorial e Intermón Oxfam): en 1986, en Zambia, debido a que el precio de los alimentos aumentó un 120%; en Venezuela en 1989, tres días de revueltas arrojaron centenares de víctimas; en Yemen, las revueltas del hambre se produjeron en junio de 1998; en agosto de 1999 en Costa de Marfil; en Zimbawe, las revueltas del hambre tuvieron lugar en octubre de 2000; etcétera.
Junto con el precio de los alimentos suele subir el precio del combustible; con lo que la población tiene enormes dificultades para la cocción de los alimentos y para hervir el agua y hacerla potable.
Para ahorrar en gastos de educación, con frecuencia, se ha establecido un sistema de copago. Como consecuencia, los niños, sobre todo, las niñas dejaban de ir a la escuela. Es muy difícil pensar que el FMI y el banco Mundial no sepan que, principalmente para los países subdesarrollados, los gastos en sanidad, educación, agua potable, electricidad y otras cosas por el estilo no es un simple capricho, sino una inversión seria y productiva. Por ejemplo, en educación es mucho más sensato gastar un poco más de dinero por unos cuantos años de escolarización, que enfrentarse a décadas de costes sociales debidos a la cantidad de trabajadores sin formación.
En cuanto a los gastos en sanidad, no hay que olvidar que la salud es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, en los últimos años se ha puesto de manifiesto el impacto que la carga de enfermedad ejerce sobre el empobrecimiento de las sociedades.
Durante años, en FMI y el Banco Mundial han obligado a los países a renunciar a su soberanía: los gobiernos no han estado en condiciones de aplicar la política para la que fueron elegidos. Tan sólo un ejemplo: "en Guyana, el Gobierno había decidido, a principios del año 2000, un aumento del sueldo del 3,5% de los funcionarios, tras una pérdida del 30% en el curso de los cinco años anteriores. El FMI amenazó y unos meses más tarde el gobierno dio marcha atrás". (D. Millet y E. Toussant, página 190 del libro citado). Esa falta de soberanía ha irritado a muchos países subdesarrollados.
Termino aquí este pequeño homenaje a quienes sin haber tenido ocasión de disfrutar de las ventajas que podía ofrecer el sistema capitalista (algunos acababan de salir de un largo período de colonización) han sido golpeados por uno de los mayores defectos del sistema: la desregulación del mercado financiero y de capitales y el consiguiente pago, por parte de los ciudadanos corrientes, de los destrozos a que da lugar esa falta de regulación.
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