Sudán es el quinto país en el mundo en el que la infancia está expuesta a más riesgos debido al impacto del cambio climático.
La alta vulnerabilidad a las crisis climáticas, unido a que los
servicios de suministro de agua son insuficientes, deja a los niños en
una situación de riesgo extremo en la que las niñas, mujeres y personas
con discapacidad son las principales afectadas.
Las
estaciones secas y los períodos de sequía más prolongados aumentan la
demanda de agua y la presión sobre las fuentes de suministro para uso
doméstico, como las aguas subterráneas, lo que genera situaciones de
violencia y conflictos.
En muchos hogares, la carga de recolectar agua
recae en las niñas y las mujeres. En las comunidades afectadas por la
escasez de agua, las pocas fuentes que existen suelen estar alejadas, lo
que hace que el trayecto sea arriesgado, especialmente para las niñas,
sumado a que los contenedores de agua que deben cargar son muy pesados.
En
la aldea de Al-Serif, en Darfur central, la historia se repite. Esta
región sufre estrés por agua y las comunidades deben confiar en unas
fuentes que a veces se secan o en algún manantial del que apenas sale
agua.
Las niñas y las mujeres suelen caminar
largas distancias para conseguir agua en estas fuentes tan inseguras,
corriendo el riesgo de lesionarse mientras recogen el agua de esos pozos
tan profundos.
Esta es la historia de Mayada, de 13 años,
responsable de conseguir el agua para su familia. A lo largo de su vida,
ha cogido el agua de un manantial que está en la profundidad de un pozo
colapsado. Impresionan las maniobras que tiene que hacer para entrar y
salir del pozo. El miedo a caerse es constante. Pero ella, al igual que
otros niños y niñas, acabó acostumbrándose al riesgo de conseguir agua
de unas fuentes tan peligrosas.
Mayada tiene
una habilidad increíble para trepar hacia arriba y deslizarse hacia
abajo, agarrándose de unas barras de acero mientras coloca su pie en los
pequeños agujeros tallados en las paredes del pozo. Claramente, se ve
que lo ha tenido que hacer en numerosas ocasiones.
Esta
práctica requiere también de la ayuda de otra persona, que desde arriba
tira del contenedor una vez que está lleno de agua mientras Mayada
espera abajo.
Aunque si no tiene otra niña que le apoye, ella
tiene la solución: ata el contenedor con una cuerda y le pone una piedra
pesada encima para que no ruede para abajo. Después sube y desde
arriba, ella misma tira de la soga para subir el contenedor de agua.
Mayada asumía estos riesgos porque no tenía otra alternativa para encontrar agua.
Para dar una solución, UNICEF (organismo de Naciones Unidas, encargado de proteger los derechos de todos los niños, en todas las partes. especialmente especialmente en las mas desfavorecidas) en 2023 construyó un patio de agua integrado
en esta comunidad, lo que facilita y mejora el acceso de todos a agua
limpia y segura sin tener que correr riesgos en la recolección. Este
patio de agua opera con un sistema de energía solar con dos puntos de
distribución de agua y dos cuencas para que beban los animales.
En
la aldea de Mayada y las zonas rurales más próximas, UNICEF proporcionó agua potable a más de 22.000 personas en situación de mayor
vulnerabilidad, incluidas las niñas y sus familias. Esto fue posible
mediante la construcción y/o rehabilitación de ocho fuentes de agua.
"Ahora es más fácil coger agua de este sitio tan cercano, estoy feliz", cuenta Mayada confirmando que ya tienen agua suficiente para beber, lavar la ropa y bañarse.
"Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos" es, en la Agenda 2030, el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 6. Una de las metas de este objetivo es "ampliar la cooperación internacional y el
apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en
actividades yprogramas relativos al
agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización , uso
eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado
y tecnologías de reutilización". UNICEF esta trabajando para alcanzar esa meta antes del año 2030.
Según el IFPRI (International Food Policy Research) entre 10 y 20 millones de hectáreas de los países pobres han cambiado de manos desde 2006. Los países que mas tierras han vendido o alquilado han sido Rusia, Ucrania, Brasil, Pakistán, Filipinas, indonesia, Sudán, Mozambique y otros africanos. En Sudán, país tradicionalmente conocido como el granero del mundo árabe, empresas surcoreanas han firmado acuerdos para cultivar 700.000 hectáreas de trigo; los Emiratos Árabes Unidos adquirido 400.000 hectáreas, y la compañía estadounidense Jarch Capital ha firmado n acuerdo con la guerrilla del sur del país para explotar otras 400.000. En Malí, el gobierno libio va a cultivar 100.000 hectáreas de arroz, y el emirato de Qatar ha arrendado 40.000 hectáreas en Kenia para producir frutas y verduras a cambio de invertir 2.300 millones de dólares en la construcción de un nuevo puerto.
Los acuerdos se hacen, con frecuencia, a espaldas de la población local, que con frecuencia carece de voz para denunciar los abusos y de medios para asegurarse de que las empresas oon países compradores cumplen lo estipulado en los contratos, señala Sonja Vermeulen, del IIDE, un organismo de investigación radicado en Londres. Aunque algunas operaciones han llegado a la opinión pública a través de los medios de comunicación, detalles como la extensión de las tierras afectadas o el dinero pagado por ellas, son, con frecuencia, muy difusos. Pero en opinión de Vermeulen, el mayor peligro para los habitantes de las zonas afectadas es que éstos pueden acabar perdiendo sus tierras y el acceso al agua.
Meinzen.Dick, del IFPRI, coincide en denunciar la falta de transparencia de las operaciones. "En muchos lugares de África, la propiedad la propiedad de la tierra se rige por la costumbre, sin que existan papeles de propiedad, lo que significa que el Gobierno puede ejercer de propietario de unas tierras que han sido cultivadas durante siglos por clanes de campesinos locales", explica esta experta. El hecho de que los países compradores cultiven y exporten alimentos desde un país que ya tiene problemas para abastecer a su propia población, añade, es una fuente de inestabilidad y podría causar más disturbios, como los ocurridos en Madagascar.
La rapidez y la contundencia con que se llevan algunas operaciones han suscitado el rechazo de los habitantes de otros países afectados. En Mozambique, la población local se resistió a que miles de trabajadores chinos cultivaran las tierras alquiladas por su país, lo que hubiera limitado la participación de campesinos mozambiqueños en el proyecto y en sus beneficios. Según algunos datos, hasta un millón de chinos trabajan actualmente tierras en África. Solo en Mozambique, China ha invertido 800 millones de dólares para incrementar la producción de arroz de 100,000 a 500.000 toneladas.
Algunos Gobiernos están tomando nota de los peligros que acarrea la apropiación de tierras. Tailandia rechazó a finales de junio una oferta de varios países árabes para invertir en el cultivo de arroz y en la ganadería, "En cumplimiento de nuestras leyes, los extranjeros o las compañías extranjeras tienen prohibido alquilar o comprar tierras para cultivar arroz o cualquier tipo de alimentos, incluyendo el ganado, en Tailandia", afirmó el primer ministro, Abhisit Veijajiva,
¿Que puede hacerse para garantizar que este tipo de operaciones no ha daño a los sectores más vulnerables de la población mundial? Alexander Mueller, responsable de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la FAO, el organismo de la ONU que se ocupa de cuestiones agrícolas, opina que sería útil desarrollar directrices para el buen gobierno de la tierra, o un código que regule las inversiones internacionales con el fin de facilitar la toma de decisiones y las negociaciones. La FAO está trabajando en la elaboración de esas directrices.
Lamento que lo escrito hoy no sea una "píldora". Aunque es algo para "pensar" cómo está el mundo en la actualidad y si podemos hacer algo para que sea mejor antes del año 2030.
La guerra que vive Sudán desde hace 15 meses y las enormes para la financiación y distribución de ayuda humanitaria han conducido a más de la mitad de la población, unos 25,6 millones de personas, a sufrir la peor crisis de hambre jamás registrada en este país, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), el sistema internacional que mide el hambre en el mundo. Entre ellas, unos 755,000 sudaneses se enfrentan ya a la fase de catástrofe, con carencia extrema de alimentos, mientras que otros 8,5 millones se encuentran en la llamada situación de emergencia, con tasas muy elevadas de desnutrición aguda y mortalidad,
"Estamos profundamente consternados por la grandísima situación que afecta a millones de sudaneses", aseguró Samy Guestesabi, director de Acción contra el Hambre (ACH) en Sudán. "Esta situación es especialmente crítica para las poblaciones atrapadas en zonas de conflicto y sin acceso a protección". Es "la peor crisis de hambre en el mundo", como ha asegurado la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, Cindy Me,Caín, sino que ha provocado también el mayor éxodo mundial, con 12,3 millones de personas desplazadas de sus hogares, de las que 12,3 millones han buscado refugio en los países fronterizos. Muchas de ellos proceden de Darfur, donde las organizaciones internacionales alertan de matanzas de carácter étnico
La posibilidad de una declaración de hambruna está cada vez más cerca, tal y como ha ocurrido en dos ocasiones en este siglo. En 2011, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) declaró esta situación en partes del sur de Somalia y en varios asentamientos de desplazados internos el Afgoye y Mogadiscio. En total, 490.000 personas se vieron afectadas por la carencia extrema de alimentos debido a la guerra. En 2017 ocurrió en Sudán del Sur, donde tres años de conflicto civil habían arruinado los escasos medios de vida de la población 80.000 personas sufrieron niveles extremados de desnutrición aguda. Paradójicamente, este país acoge hoy a miles de refugiados de su vecino del norte.
¿Reaccionará el mundo antes de que sea demasiado tarde?", se preguntaba el pasado mes de abril el entonces secretario general para asuntos humanitarios de Naciones Unidas, el diplomático británico Martin Griffiths. Si el conflicto no se detiene, y no parece que vaya a ocurrir al menos a corto plazo, la hambruna que acecha a Sudán será parecida a la sufrida por Etiopía hace 40 años´. "Necesitamos que el mundo despierte ante la catástrofe que está sucediendo ante nuestros propios ojos", dijo a los periodistas Linda Thomas-Greefield. embajadora de Estados Unidos ante la ONU. De los 2,700 millones de dólares necesarios para atender a la población este año, es decir, un 18%, según la oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA)
"Es una guerra terrible" (Fuente: El País, 28 de julio de 2024)
Por otra parte, los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático climático ha creado sequías e inundaciones, han afectado a cientos de miles de personas, han destruido cosechas y ocasionado la pérdida de ganado y ha difundido más el hambre.(Fuente: Acnur).
El Consejo de Ministros ha dado luz verde hace unos días al nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes, que
sustituye al vigente desde mayo de 2006. El nuevo estatuto amplía su
marco de aplicación, regula nuevos derechos de los cooperantes y sus
familias e impone nuevas obligaciones al personal y a las entidades
promotoras, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación.
Entre otras novedades, el Estatuto
incorpora nuevos perfiles de personas cooperantes, aclarando su
condición en el caso de que no tengan la nacionalidad española; define
la tipología de las entidades promotoras, incluidas las empresas
consultoras que cumplan con los requisitos previstos; e integra a
quienes presten servicio en países en transición —es decir, no
receptores de Ayuda Oficial al desarrollo (AOD)—, así como en cualquier
otro país identificado como prioritario en el Plan Director de la
Cooperación española vigente en cada momento. Por el contrario, detalla
los supuestos de exclusión del ámbito del Estatuto, entre los que se
destaca el voluntariado, que se rige por su normativa específica, y
regula los supuestos de incompatibilidad.
En
cuanto a derechos, confirma la garantía de un seguro colectivo
concertado por la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional y
Desarrollo) que, como novedad, extiende su cobertura al cónyuge del
cooperante o persona que mantenga una relación análoga, a sus
descendientes y ascendientes, en el caso de que dependan del mismo,
hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, siempre que no
estuvieran cubiertos por el régimen de protección correspondiente.
También
amplía a los familiares de los cooperantes el derecho a reembolso de
determinados gastos, como los de obtención de permiso de residencia y
trabajo, traslado de bienes muebles y viaje anual a España. Y facilita,
en el caso de familias monoparentales, la posibilidad de contemplar una
persona cuidadora. También reconoce los derechos a la negociación
colectiva y conciliación de la vida familiar y profesional.
En
cuanto a deberes, obliga a las entidades promotoras a dar a los
cooperantes una formación previa a la incorporación al puesto y a contar
con un plan de formación. El estatuto crea una categoría específica de
cooperante en el Servicio Público de Empleo (SEPE), mediante una
actualización de la Clasificación Nacional de Ocupaciones y el Sistema
de Información de los Servicios Públicos de Empleo (CON-SISPE),
incorporando una categoría profesional “sin la que no es posible avanzar
en derechos laborales”, según Exteriores.
Finalmente, da
cumplimiento a lo establecido en el real Decreto-ley 8/2004 sobre
indemnizaciones a personas participantes en operaciones internacionales
de paz y seguridad, permitiendo que los cooperantes, como militares y
periodistas, se beneficien del régimen de indemnizaciones previsto en
caso de incapacidad o fallecimiento. También contempla su
reincorporación a España una vez finalizada su misión internacional.
Una carrera profesional “digna”
Estaba
previsto que el nuevo Estatuto se aprobara a los seis meses de la
entrada en vigor de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y
la Solidaridad Global de febrero del año pasado, pero la disolución
anticipada de las Cortes y la convocatoria de elecciones paralizó su
tramitación. Esta reforma mejora el marco regulatorio de la cooperación
“adaptándolo a las necesidades actuales de este colectivo y asegurando
una carrera profesional digna y atractiva que permita atraer, promover y
retener talento dentro del sistema de la cooperación”, ha asegurado el
ministro de Exteriores, José Manuel Albares tras la reunión del Gobierno
que ha dado luz verde al texto.
El Consejo de Ministros también ha aprobado el nuevo Plan Director de la Cooperación 2024-2027 que
da prioridad al África Occidental y el Sahel, las regiones de donde
proceden gran parte de los inmigrantes irregulares que llegan a las
costas españolas. El documento, que recoge los objetivos y prioridades
de la cooperación española al desarrollo hasta el final de la
legislatura, prevé que por primera vez se elabore una estrategia de
cooperación para el conjunto del África Subsahariana e identifica
América Latina y Caribe y Norte de África y Oriente Próximo como las
otras dos regiones prioritarias de la cooperación.
El Plan Director reafirma el compromiso de destinar el 0,7% del PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2030, consagrado
en la ley de Cooperación que se aprobó el año pasado, pero, aunque
dibuja tres escenarios de crecimiento para alcanzarlo, deja claro que el
mayor esfuerzo habrá que realizarlo en los próximos años, por “la
necesidad de fortalecer previamente las herramientas de gestión del
sistema para poder absorber de manera ordenada, eficaz, coherente y
estratégica” los fuertes aumentos presupuestarios. Y también porque “la
prórroga presupuestaria de 2024 y el fuerte aumento del PIB hace que el
crecimiento sea más modesto durante la primera parte de la senda” de
crecimiento. Según esta previsión, partiendo de un 0,3% del PIB en ayuda
al desarrollo este año, se llegaría al 0,4% en 2007, lo que obligaría a
un aumento del 57% en los tres ejercicios restantes. Además, al menos
un 10% de los fondos de cooperación deben destinarse a ayuda
humanitaria.
A lo largo de este año está previsto que se
aprueben también la reforma de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el desarrollo (AECID), la adaptación de la normativa
de subvenciones o la creación del citado Consejo Superior de Cooperación
y del nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES). (Fuente: El País. Planeta Futuro)
Creo recordar que una "píldora para pensar" anterior trataba de ese tema al copiar un artículo del País
Entre 713 y 757 millones de personas no tuvieron suficientes
alimentos en 2023, lo que significa que una de cada 11 personas en el
mundo pasó hambre durante el año pasado. La cifra, que apenas ha variado en los últimos tres años — en 2022 fue de entre 691 y 783 millones —,
desvela que el mundo todavía no ha sido capaz de regresar al nivel
anterior a la pandemia de covid. “Unos 152 millones de personas más que
en 2019” se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria o
malnutridas, concluyen los autores del principal estudio anual sobre el
hambre, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2024
(SOFI, por sus siglas en inglés), publicado este miércoles y elaborado
por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA),
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), Unicef y la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
“Lo peor que le puede pasar a
las más de 700 millones de personas hambrientas en el mundo es que
aceptemos el dato como algo normal”, lamenta por teléfono Amador Gómez,
director de Investigación e Innovación de Acción Contra el Hambre.
Porque el hambre, recuerda, “no es una fatalidad, ya que no es un
problema de disponibilidad de alimentos, sino de acceso a esos
alimentos”. Sin embargo, si no se cambia el rumbo, “las proyecciones
indican que en 2030 habrá 582 millones de personas sufriendo de
inseguridad alimentaria y de hambre”, un dato muy alejado del objetivo
de “hambre cero” que
Naciones Unidas se fijó para esa fecha, lamenta Álvaro Lario,
presidente del FIDA en una entrevista con este diario. De ellos, “el 53%
se encontrarán en África”.
El continente africano sigue siendo la región del mundo con el porcentaje más alto de población hambrienta (el 20,4%), frente
al 8,1% de Asia, el 6,2% de Latinoamérica y el 7,3% de Oceanía. De
hecho, el análisis profundo de los datos indica que si la cifra de
personas malnutridas se mantuvo estable en 2023 es porque “la notable
reducción del hambre en Latinoamérica”, en unos cinco millones de
personas, compensó el aumento de África —en Asia, apenas ha variado—.
“El reto en el futuro va a ser mayor y la situación puede ser aún más
complicada porque la población africana es muy joven y sigue creciendo
en un contexto donde la desigualdad es muy grande”, remata Lario, que
recuerda que si una de cada 11 personas pasa hambre en el mundo, esta
proporción, en el caso africano, es de una de cada cinco.
Los factores clave por los que en África sigue deteriorándose la situación del hambre son el "incremento de los conflictos y
la vulnerabilidad al cambio climático, porque son países con pocos
recursos y menos resilientes, así como el impacto tanto de la recesión
económica como del problema de la deuda",
explica Máximo Torero, economista jefe de la FAO, en una entrevista con
El País. “África es un continente que importa gran parte de sus
alimentos, por lo que, al subir las tasas de interés mundial, si tu
banco central no es muy fuerte, se devalúa el tipo de cambio local y, al
mismo tiempo, los países han de pagar más por su deuda”, añade. Todo
ello provoca que se “restrinja fuertemente la capacidad de comprar y
pagar el costo de las importaciones que se requieren” para alimentar a
la población.
Mejoras en Latinoamérica y otros avances
El
caso contrario es el de Latinoamérica, continúa Torero, donde el hambre
se ha reducido porque existe “una mejor preparación en términos de
mecanismos de protección social, lo que les ha permitido poder focalizar
más las intervenciones y responder de manera más rápida”. Precisamente
esta semana se lanzará en Brasil la Alianza Global contra el Hambre y la
Pobreza, impulsada por la presidencia brasileña del G-20, para extender
las lecciones aprendidas en Latinoamérica, como la creación de pequeñas
y medianas empresas de pequeños productores que fomentan el empleo
especialmente en zonas rurales o sistemas de protección social como los
desayunos escolares.
El informe destaca algunos de los
avances logrados, como en la alimentación infantil entre los menores de
cinco años y la lactancia materna exclusiva entre los menores de seis
meses, aunque “la prevalencia mundial del bajo peso al nacer y del
sobrepeso infantil se ha estancado, mientras que la anemia en mujeres de
15 a 49 años ha aumentado”. “Las tasas mundiales de retraso del
crecimiento infantil se han reducido en un tercio, o 55 millones, en las
dos últimas décadas, lo que demuestra que las inversiones en nutrición
maternoinfantil merecen la pena”, afirma Catherine Russell, directora
ejecutiva de Unicef. No obstante, recuerda que todavía “uno de cada
cuatro niños menores de cinco años sufre desnutrición, lo que puede
provocar daños a largo plazo”.
Otro de los datos “positivos” que arroja el SOFI, destaca
Lario, es que en 2023 se “redujo la brecha de género sobre la
inseguridad alimentaria, que tras la pandemia era un 3,6% más alta en
las mujeres y ahora ha descendido al 1,2%”.
También en
cifras globales ha mejorado el número de personas con capacidad para
acceder a comida sana. Si en 2022 no lo consiguió el 42% de la población
mundial del planeta (unos 3.100 millones de personas), en 2023 este
porcentaje cayó al 33% (2.800 millones). Pero una vez más, las
desigualdades en el acceso a alimentación lo suficientemente nutritivas
son evidentes: “Los países de bajos ingresos concentran el mayor
porcentaje de población que no puede permitirse una dieta saludable, con
un 71,5%, comparados con los países de renta media baja (52,6%), los
países de renta media alta (21,5%) y los de renta alta (6,3%)”, destaca
el SOFI de 2024.
Sin embargo, pese a las mejoras en el acceso a comida saludable, “las nuevas estimaciones de obesidad adulta muestran un aumento constante en la última década, del 12,1%, en
2012, al 15,8%, en 2022”, recuerda Unicef, que alerta de que las
proyecciones indican que en 2030 habrá en el mundo más de 1.200 millones
de adultos obesos.
La financiación de la seguridad alimentaria
Una
de las mayores utilidades del informe SOFI de 2024 es que “define” el
concepto de “financiación de seguridad alimentaria” para comprender
mejor “cuáles son las brechas de financiación, cuánto gastamos y cuánto
necesitamos y dónde deberíamos invertir para acabar con el hambre”,
detalla Amador Gómez, director de Investigación e Innovación de Acción
Contra el Hambre.
Comparte este argumento Máximo Torero. “En función de lo que la
definición de financiación de seguridad alimentaria incluya” se pueden
calcular el valor de las necesidades en 6.900 millones de dólares (6.354
millones de euros) o en 62.000 millones, cita como ejemplo el
economista jefe de la FAO, para subrayar la envergadura de universalizar
la definición.
Y además de establecer cuánto, dónde y
cómo emplear los recursos, Gómez recuerda la importancia de la
Inteligencia Artificial en la lucha contra el hambre con sistemas de
alerta para prever tanto fenómenos climáticos extremos como la evolución
de los precios de la canasta básica. Según explica el experto, “estos
datos nos permitirán elaborar mapas calientes para identificar dónde
están las bolsas de hambre y las zonas más vulnerables y poner en marcha
medidas de anticipación”. (Fuente: El País. Planeta Futuro, 24 de julio de 2024) El 24 de julio fue el día en que se publicó en El País el nuevo plan de Cooperación al al Desarrollo, que copié en la "píldora para pensar" anterior y el que se dice que "priorizará a los países africanos".
En la Agenda 2030 el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) es "poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo".
El Gobierno da prioridad al África Occidental y el Sahel, las regiones de donde proceden gran parte de los inmigrantes irregulares que llegan a las costas españolas, en el nuevo Plan Director de la Cooperación 2024-2027l
El documento, que recoge los objetivos y prioridades de la cooperación española al desarrollo hasta el final de la legislatura, prevé que por primera vez se elabore una estrategia de cooperación para el conjunto del África Subsahariana e identifica lo países prioritarios en esta región,
Las otras dos regiones prioritarias para la cooperación española son América Latina y Caribe, En Asia, solo se incluye a Filipinas, excolonia española, Además, se podrá "se manera puntual" con otros países para atender la consecución de "bienes globales" o afrontar crisis como Ucrania o Afganistán.
Entre estos países figuran algunos que no están incluidos en la lista de receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) elaborada por el comité correspondiente de la OCDE, pero España considera que "la cooperación no puede quedar determinada únicamente por el nivel de renta" de un país, que es el criterio aplicado hasta ahora en los foros multilaterales.
El Plan director reafirma el compromiso de destinar el 0,7% del PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2030, consagrado en la ley de Cooperación que se aprobó el año pasado. aunque dibuja tres escenarios e crecimiento presupuestario. deja claro que el mayor habrá que realizarlo en los últimos años de la década por "la necesidad de fortalecer previamente las herramientas de gestión del sistema para poder absorber de manera ordenada, eficaz, coherente y estratégica" el aumento de los fondos, Y también porque, alega, "la prórroga presupuestaria de 2024 y el fuerte aumento del PIB hacen que el crecimiento sea más modesto durante la primera parte de la senda" de crecimiento, Según esta previsión, partiendo de un o,3% del PIB en ayuda al desarrollo este año, s llegaría al 0,4% en 2027, lo que obligaría a un aumento del 57%ben los tres ejercicios restantes. Además, al menos un 10% de los fondos de cooperación deben destinarse a ayuda humanitaria.
Junto a las prioridades geográficas, el plan identifica prioridades sectoriales (transición social, ecológica y económica), en las que se encuentra el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la promoción de la salud, la seguridad alimentaria, la educación, la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático, el acceso al agua o el desarrollo rural. (Fuente: El País, 24 de julio de 2024)
Solo puedo decir que se trata de muy buena noticia. La promoción de la salud, la seguridad alimentaria, la educación, la
igualdad de género, la lucha contra el cambio climático, el acceso al
agua o el desarrollo rural, son objetivos de desarrollo sostenible, propios del Homo sapiens, en busca de un mundo mejor para todos.
El ministro de Medio Ambiente de Bangladés. Saber Hossain Chowdhury, formado en Estudios Orientales y Africanos en la Universidad de Londres, ha destacado en su trayectoria por ser un firme defensor de las mujeres y la biodiversidad.. Bangladés es uno de los países más vulnerables a los desastres naturales del planeta. En una a entrevista publicada en El País de 22 de julio de 2024 no ahorra críticas al mundo desarrollado por la falta de premura en la lucha contra la crisis climática
En la entrevista afirma que uno de los principales desafíos relacionados con el cambio climático que enfrenta Bangladés,' " Ta sea la seguridad alimentaria, la salud o el suministro de agua dulce, todo se ve afectado por el cambio climático. No lo vemos como una amenaza, sino como un reto existencial porque ya está sucediendo. En el norte, los glaciares se están derritiendo más rápido que en cualquier otro lugar del mundo. Eso significa desplazamiento de personas e intrusión de la salinidad, La producción de alientos está en peligro. Ahora sufrimos sequías y el arroz, que es nuestro principal cultivo, depende de la cantidad adecuada de agua en un momento determinado del año. Y, por supuesto, tenemos los ciclones."
Si bien los informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) reconocen la vulnerabilidad de Bangladés, en la entrevista, preguntan a Hossain, si cree que eso se traduce en un apoyo suficiente de la comunidad internacional". El contesta; "En absoluto.Suponiendo que el aumento de temperatura se mantenga en 1,5 grados, necesitaremos 9.000 millones de dólares al año para adaptarnos. Si sube dos grados, esta cifra será mucho mayor. Pero la brecha más importante es la de la confianza. Cada vez que se hace una promesa y no se cumple esa brecha aumenta. Se necesita una respuesta global a un problema global. Pero esta solidaridad se ve socava una y otra vez por el incumplimiento de las promesas".
"Lo fundamental es que lo que ocurre en Bangladés no es solo en Bangladés.Por ejemplo, cuando la subida del mar, no es un problema exclusivo de este país. Partes de EE.UU o Europa quedarán bajo el mar. No se trata de si los demás se verán afectados, sino cuando. Bangladés es el canario en la mina de carbón. Si nosotros no sobrevivimos, los demás tampoco lo harán".
"El año pasado finalmente se movilizaron los 100.000 millones anuales a los se habían comprometido los países desarrollados". Ante ese comentario el Ministro de Medio Ambiente de Bangladés afirma: "Se necesitan billones. Y estamos hablando de billones sin cumplir ni de lejos con los 100.000 millones, que serían un 50% para adaptación y un 50% para mitigación. Se suponía que la financiación sería en condiciones favorables, pero en muchos casos son comerciales. Nosotros no hemos causado el problema climático. ¿por qué tenemos que pedir prestamos para solucionarlo? Nos vemos obligados a elegir entre luchar contra la pobreza o el cambio climático. Es una elección que ningún país debería tener que hacer".
En la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, numero13 es "adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos". Las metas de ese objetivo son
13.1
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países
13.2Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la
capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta
temprana
13.a Cumplir el compromiso de los países
desarrollados que son partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo
de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales
procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los
países en desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de
mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno
funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes
posible
13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad
para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio
climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres,
los jóvenes y las comunidades locales y marginadas
* Reconociendo que la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro
intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial al
cambio climático.
¿Hemos pensado los países ricos, verdaderos culpables del cambio climático, en los países afectados, pero no culpables, por las consecuencias del cambio climático?
Según una noticia publicada en El País de fecha 22 de julio de 2024, la Comisión Europea va a reforzar su política de pactos migratorios como los firmados con Egipto o Túnez para que esos países frenen las llegadas a la UE a cambio de fondos; aunque enviar dinero a regímenes cuestionados por el incumplimiento de derechos humanos, como es el caso egipcio o tunecino. ha recibido muchas críticas.
El Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leen tendrá la próxima legislatura un comisario para el Mediterráneo, una cartea que se encargará de velar por el cumplimiento de esos pactos millonarios y de otros nuevos. La UE, además, endurece su blindaje y triplicará los efectivos de la Agencia Europea de la Guardia Fronteras y Costas (Frontex) para alcanzar los 30.000 miembros y la dotará con nuevas tecnologías y más drones para la vigilancia
Dentro de su nueva hoja de ruta, planea ya un nuevo pacto para el Mediterráneo que pone el foco en la región, de importancia estratégica para el club comunitario y la principal ruta de llegadas de migrantes en situación irregular a la Unión, a países como Malta, Grecia, Chipre o Italia,
El comisario para el Mediterráneo será un puesto sustancial. aseguran fuentes comunitarias, porque si hasta ahora el Ejecutivo comunitario ha tenido que rascar (muy a fondo y con dificultad) de distintas partidas para hallar los fondos que ha destinado a los pactos con Egipto o Líbano, la nueva cartera tendrá un presupuesto asignado y, sobre todo, una estructura burocrática que se coordinará con la de la jefa de la diplomacia europea, la estonia Kaja Kallas, que si el nuevo Parlamento Europeo confirma al nuevo equipo de Von der Leyen, sustituirá a final de año al español Josep Borrell.
Desde mi punto de vista, en relación con inmigración la UE continuará igual que antes de las elecciones europeas. Es injusto. Y no tiene ninguna relación con la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible y verdaderamente humano.
La India es actualmente el segundo mayor productor de carbón del mundo.
Este cinturón, que abarca 146 pueblos, se explota intensamente en esta
industria desde el siglo XVII, y en la zona son frecuentes los fenómenos
como el de Harishpur, una ciudad en el Estado de Bengala Occidental, en la parte oriental de la India donde se hundió el terreno que rodea
la mina a cielo abierto. “La carretera próxima a nuestro municipio se
hundió y empezaron a aparecer grietas en las casas cercanas. Poco
después, sentimos temblores y las paredes de algunas viviendas empezaron
a caer”, cuenta Paul. Este empleado jubilado de la compañía responsable
de la explotación, Eastern Coalfield Limited (ECL), recuerda, sentado
en el porche de su casa agrietada, que más de 400 residentes se vieron
obligados a huir. Su familia encontró una vivienda de alquiler cerca de
la ciudad, pero el elevado precio les obligó a regresar a su hogar
dañado. “Tengo un hijo discapacitado de 29 años, y debo dar prioridad a
su seguridad. Me preocupa constantemente que, si el suelo vuelve a
hundirse, la vida de mi hijo corra peligro”, explica Paul, perteneciente
a la casta Jadhav (considerada por el Gobierno indio como una de las
que sufren retraso educativo o social).
“El Gobierno y los políticos del Estado vinieron aquí hace cuatro años
prometiendo apoyo e incentivos. Pero nuestras voces siguen sin ser
escuchadas. Tampoco se han atendido nuestras demandas de indemnización
por las tierras que hemos perdido y las casas dañadas”, se queja Paul,
que añade que los vecinos han llevado a cabo huelgas de hambre,
boicoteado las elecciones locales y protestado bloqueando carreteras. El
Gobierno no respondió a las preguntas de este diario acerca de sus
medidas para proteger a las comunidades.
Manik Bauri, de 71 años, y su familia viven en el pueblo de Rakhakura, a
una hora en coche de Harishpur, cerca de una mina explotada por Integrated Coal Mining Limited (ICML),
propiedad del grupo RP-Sanjiv Goenka. “Desde que se construyó la mina a
cielo abierto en nuestras tierras, todos hemos salido perdiendo. Las
empresas se quedaron con nuestras posesiones y lo que hemos conseguido a
cambio es respirar aire contaminado, beber agua tóxica, padecer un
montón de problemas de salud y quedarnos sin trabajo”, afirma Bauri. Su
casa, junto a la mina, es una de las cerca de 500 viviendas de
Rakhapura. Un olor similar al de la ceniza tras un incendio forestal
flota en el aire y el polvo tapiza el suelo de terrazas y Poanik Bauri, de 71 años, y su familia viven en el pueblo de Rakhakura, a
una hora en coche de Harishpur, cerca de la mina . Un olor similar al de la ceniza tras un incendio forestal
flota en el aire y el polvo tapiza el suelo de terrazas y porches. “Aquí
son frecuentes enfermedades como la tuberculosis y los eczemas. Aunque
cerremos las ventanas, entra el polvo [del carbón] y, cuando hay
voladuras en la mina, toda nuestra casa tiembla”, explica Madhivi Bauri,
hermana de Manik. Este diario pidió su versión a las empresas mineras,
sin obtener respuesta.
Samit
Kumar Carr, secretario general de la Asociación para la Seguridad y la
Salud Ocupacional de Jharkhand, una organización sin ánimo de lucro,
señala que las explotaciones a cielo abierto y subterráneas y las
centrales eléctricas de carbón plantean riesgos específicos para la
salud de quienes viven cerca. “Muchos inhalan polvo que contiene carbón
durante periodos cortos y largos y acaban padeciendo neumoconiosis de
los mineros del carbón (NMC), una enfermedad pulmonar ocupacional
irreversible, incurable y progresiva”.
La nuera de
Madhivi Bauri, Asha Bauri, de 30 años, afirma que teme por el futuro de
sus hijos y espera poder abandonar el pueblo. “Además de los efectos
para la salud, aquí no hay trabajo. Los jóvenes de muchas familias han
empezado a irse del pueblo. Antes todos podíamos cultivar esta tierra,
pero ahora el suelo está contaminado”, reitera.
Harishpur
y Rakhakura, las circunscripciones de Bengala Occidental en las que
viven Paul y Bauris, votaron el 13 de mayo en la cuarta etapa de las
elecciones indias. Pero, con la mirada fija en la mina, que se asemeja a
una colina baja, Manik Bauri lamenta que ningún político se preocupe
por ellos. “Nos han robado el trabajo y la vida instalando una mina
aquí”, asegura.
Posibles alternativas
Según Gareth Price, investigador de la fundación irlandesa
The Azure Forum for Contemporary Security Strategy, en los grandes
cinturones del carbón como Raniganj, en Bengala Occidental, y el Estado indio de Jhakhand,
hay pocas fuentes de ingresos alternativas al carbón. “Por eso, pueblos
enteros, empresas y políticos dependen del sector del carbón para
ganarse la vida. Esto hace que la eliminación progresiva sea todo un
reto, ya que lo que está en juego es su medio de vida”, recalca.
Anup
Das, de 22 años, que vive en un pueblo junto a la estación de
ferrocarril de Barabani, en Bengala Occidental, acogió de buen grado los
proyectos del carbón a cargo de empresas privadas. “Mi sustento depende
del funcionamiento del sector”, asegura. Cerca de las vías, Das,
vestido con una camiseta de marca falsa y rodeado de sus amigos, explica
que, debido a la falta de otros empleos en la región, todo el mundo
trabaja en la industria, aunque perjudique su salud y el medio ambiente.
“Pero ninguno de nosotros puede ser contratado directamente por las
empresas porque somos analfabetos o estamos poco cualificados. Así que
hemos encontrado una oportunidad en el negocio ilegal del contrabando de carbón;
nos dedicamos a transportar hasta las fábricas, en moto o en bicicleta,
los sacos que robamos de las minas”, explica el joven. “Es la única
forma de ganar dinero para poner comida en nuestros platos”. Según un
informe de 2019 de la agencia de noticias Press Trust of India,
en todo el cinturón de Asansol-Raniganj existen unas 3.500 minas de
carbón ilegales. Al menos 35.000 personas tienen un empleo directo,
mientras que otras 40.000 obtienen un empleo indirecto (participan en el
suministro del carbón a las fábricas o se ocupan del transporte). Las
minas ilegales no tienen licencia del Gobierno para operar, y sus
trabajadores tampoco reciben documentos oficiales de trabajo.
"No
podemos ser contratados directamente por las empresas del carbón porque
somos analfabetos o estamos poco cualificados, así que transportamos
hasta las fábricas, en moto o en bicicleta, los sacos de carbón que
robamos de las minas" dice Anup Das, del pueblo de Barabani.
Swj
Das, activista de la Asociación de Afectados por el Proyecto
(refiriéndose a las minas de carbón) hace hincapié en la necesidad de
invertir en educación y en empleo en la región. Pero los políticos,
alega, se benefician de la corrupción en el sector. “Por eso no toman
medidas para eliminar gradualmente el carbón, que es perjudicial para el
medio ambiente y además roba tierras a la gente”, explica. “La India
debe centrarse en seguir invirtiendo en energías verdes, como los
paneles solares o la generación de energía a través del mar. Estos
métodos no desplazarán a las personas ni les harán perder sus tierras”.
Occidente y Naciones Unidas también han presionado a la
India para que elimine progresivamente el carbón para hacer frente al
cambio climático. Aunque el primer ministro Narendra Modi,despertó esperanzas entre los ecologistas en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático de 2015, al prometer grandes
inversiones en energía verde, la dependencia del carbón del país ha
seguido aumentando. La producción aumentó un 14,5% en el mes de junio,
hasta los 84,6 millones de toneladas, en comparación con el año pasado.
El Gobierno hizo un amago de sostenibilidad este 20 de junio, cuando el
Ministerio del Carbón presentó un proyecto de plan de actualización de
la normativa sobre la minería y afirmó que tiene previsto garantizar que
las próximas directrices hagan que el sector sea más ético y
sostenible.
Algunas
comunidades adivasi —pueblos originarios de la India— se han propuesto
detener la expansión de los proyectos de carbón, en un esfuerzo por
hacer frente al cambio climático y garantizar sus derechos sobre las
tierras.
En la aldea de Hirapur, en Jharkhand, a unas
tres horas en coche de la frontera con Bengala Occidental, Mangal Murmu
describe cómo la comunidad ha luchado contra el proyecto de la mina de
carbón de Deucha Pachami, un proyecto público de la West Bengal Power Developmet Corparation Limited (WBPDCL),
que la ministra principal, Mamata Banerjee, intenta reactivar desde
2021.
Los adivasis
“Como adivasis, tenemos la tradición de reunirnos y tocar el tumac
[instrumento tradicional]. Es nuestra señal de alarma cuando hay
problemas en el pueblo. Así que cuando oímos que se iba a construir una
mina a cielo abierto en nuestra tierra que podría desplazarnos, tocamos
el tumac y salimos a protestar”, explica Murmu.
Más de
9.000 indígenas se han manifestado contra el proyecto transestatal de
minería a cielo abierto. Sus protestas han ralentizado el avance de la
ejecución del proyecto, valorado en 273 millones de euros, ya que los
promotores no han podido acceder a los terrenos cercanos a la comunidad.
Si el plan se lleva a cabo en su totalidad, podría convertirse en la
mayor mina de carbón de Asia y la segunda del mundo.
Murmu,
sentado junto al reluciente arroyo que pasa por su choza, saca un arco y
una flecha y muestra cómo lo utilizan para alejar de sus tierras a los
promotores de la mina de carbón. “En la India se piensa que siempre hay
algo debajo de la tierra en la que viven los adivasi”, señala. “Las
empresas del carbón vendrán a apoderarse de nuestras tierras, pero
nosotros nos mantendremos firmes en nuestra lucha por nuestros derechos y
nuestras posesiones”. (Fuente: El País Planeta Futuro)
Me parece oportuno hablar de cosas que ocurren fuera de los países desarrollados. La Agenda 2030. como he dicho en más de una vez, representa una visión global para las personas, el planeta y la prosperidad a largo plazo. Pienso que esta noticia está relacionada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8: "promover el crecimiento económico inclusivo y sostenido, el pleno empleo productivo y el trabajo decente para todos". Debo señalar que los que he llamado países desarrollados, en éstos son mayoría las personas que han dejado de pertenecer a la especie Homo sapiens.
La agricultura india, Nagemdramma Netten, recibió la semana pasada el premio Gulbenkian a la Humanidad en nombre de un programa estatal de agroecología que ha permitido mejorar la vida de un millón de agricultores y planea expandirse a otros países.
Nagendramma Nettem enumera, sonriente, los 12 tipos
de semillas que cultiva en sus dos hectáreas de tierra en el pueblo de
Ghantapuram, en el sureste de India: ”Mijo, lentejas, girasol, cacahuete y varias oleaginosas".
La idea es que
si falla una, por una plaga, una inundación o una sequía, siempre quedan las
otras. Resiliencia, resiliencia”, repite, en una entrevista con este diario en
Lisboa.
La semana
pasada, esta campesina y madre de familia de 38 años cogió el avión por primera
vez en su vida para recoger el premio a la Humanidad que otorga anualmente en
la capital portuguesa la Fundación Calouste Gulbenkian en nombre
del proyecto de agroecología Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming (APCNF. Este programa estatal ha logrado desde 2016 que un
millón de pequeños agricultores de esta región, angustiados por el cambio
climático Pradesh, adopten un método natural para cultivar la tierra. Mediante el uso
de residuos orgánicos, reducción del laboreo, reintroducción de semillas
autóctonas y diversificación de cultivos, han logrado aumentar su productividad
y han fortalecido el ecosistema.
“La gente no
ve el suelo como algo vivo, pero yo sí. En él hay ya todo lo necesario. ¿Quién
cuida de los bosques? Nadie, se cuidan solos, ¿verdad? La tierra tiene ya todo
lo que necesita”, insiste Nettem, resplandeciente en un sari verde, morado y
mostaza. La mujer emana una fuerza y una sabiduría auténticas, que la han
convertido hoy en una formadora de otros agricultores y una líder de la
comunidad. En un país en el que hay 120 millones de agricultores, el programa
del que forma parte aspira a llegar a ocho millones de agricultores en los
próximos 10 años y también va a empezar a expandirse fuera de India. El millón
de dólares del premio Gulbenkian se lo repartirán a partes iguales con el
edafólogo Rattan Lal y la iniciativa egipcia SEKEM, también pioneros en agricultura sostenible.
Pregunta. Vive en una región castigada sobre
todo por la sequía. ¿La alternativa era cambiar de forma de cultivar o migrar?
Respuesta. Tal vez no para mí, pero para mis
hijos sí. Los jóvenes del pueblo no ven la agricultura como una forma de vida
próspera, pero desde que este proyecto de agricultura natural comenzó a
implantarse hemos comprobado que los campos son más productivos y resistentes y
nuestra esperanza es que los jóvenes se queden y sigan cultivando la tierra. Sé
que lo vamos a lograr.
P. ¿Le costó empezar de cero y
reaprender a cultivar?
R. Mi pueblo está en uno de los
distritos más alejados de Andhra Pradesh. Cultivaba una huerta de 800 metros
cuadrados y, al igual que mis vecinos, dependía del agua de lluvia. Las cosas
no iban bien. Estábamos sufriendo constantemente sequías fuertes y a veces
inundaciones. Las mujeres del pueblo estábamos ya organizadas desde hacía años
para ayudarnos entre nosotras y un día llegaron al pueblo un grupo de personas
y nos explicaron que podía haber otra forma de relacionarnos con nuestra
tierra. Nos aseguraron que nuestros costes se reducirían, la producción
aumentaría y sentiríamos rápidamente los efectos positivos en nuestra salud y
en el ecosistema.
P. ¿La convencieron?
R. Bueno, pensé que por qué no
intentarlo. No conseguía salir de ese círculo de pérdidas y me dije que igual
podría cambiar algunas cosas. Lo que terminó de convencerme fueron los
argumentos con respecto a la salud. Mi hija mayor, que tenía 11 años en ese
momento, tenía un problema de baja hemoglobina en la sangre y también estaba
perdiendo progresivamente la vista. Lo hice por ella, sobre todo. Fue un
proceso lento, había que limpiar el suelo y necesitamos orientación y formación
para hacerlo. En cuanto empezamos a consumir las verduras producidas de forma
natural, comencé a sentir efectos positivos en la salud de mi hija, que hoy se
encuentra muy bien.
En India, ya estamos presentes en 12
Estados y fuera de India hemos despertado interés en unos 45 países. Este año
vamos a iniciar proyectos y formaciones en Zambia, Ruanda, Indonesia, México,
Sri Lanka y Kenia.
P. ¿Otras familias del pueblo han
adoptado esta nueva forma de cultivar?
R. Al principio solo unos pocos, pero
ahora ya somos más de 100 familias. Algunos hemos ampliado nuestras tierras,
yo, por ejemplo, siembro ya en dos hectáreas. Antes solo cultivaba cacahuetes,
pero ahora tengo más de 12 variedades diferentes: mijo, lentejas, girasol, cacahuete
y varias oleaginosas. La idea es que si falla una, por una plaga, una
inundación o una sequía, siempre quedan las otras. Resiliencia, resiliencia.
P. ¿Y ha sido rentable?
R. Claro que sí. Vendo parte de mi
producción o la intercambio y eso me ha permitido ampliar la superficie
cultivada. Como media, los agricultores del pueblo ganamos un 50% más.
P. Este es un proyecto liderado
fundamentalmente por mujeres.
R. En la agricultura natural
participan mujeres y hombres, pero es verdad que las mujeres han tomado las
riendas del programa en muchos lugares. No es algo que se haya decidido. Ya
estábamos a cargo de las tierras antes y lo estamos ahora. Mi marido, por
ejemplo, como veía que los campos no daban ganancias, buscó trabajo como
conductor. Pero yo seguí adelante. Cuando empecé con la agricultura natural él
era muy escéptico, pero ahora ha vuelto a trabajar conmigo. Toda mi familia
está implicada en el trabajo de la tierra.
Los suelos resisten ahora a largos
periodos de sequía. Aunque no llueva, la cosecha aguanta. Y si hay
inundaciones, el agua se filtra, no se estanca, así que el cultivo sigue
protegido.
P. ¿Por qué este programa, que
aparentemente es tan simple y obvio, es una referencia?
R. Yo creo que justamente por eso,
porque es sencillo. Cualquier agricultor en el mundo puede adoptarlo. No
dependes de material o de técnicas que vienen de fuera. Todo está disponible en
tu pueblo: estiércol y orina del ganado, por ejemplo, usados como fertilizantes,
cuestan cero y están ahí al alcance de cualquiera. En resumen, nuestros costes
bajaron, los riesgos disminuyeron y los rendimientos aumentaron. ¿Cómo no va a
funcionar algo así? Y por encima de todo, es un proyecto vinculado a nuestra
tradición, porque antes, el ganado y la agricultura iban de la mano.
P. ¿Cómo hace frente la agricultura
natural a los embates climáticos?
R. Los suelos resisten ahora a largos
periodos de sequía. Aunque no llueva, la cosecha aguanta. Y si hay
inundaciones, el agua se filtra, no se estanca, así que el cultivo sigue
protegido. Además, la fisiología de las plantas está transformándose y hay
hojas capaces de absorber el agua del aire, como ocurre con los cactus. Por
ejemplo, a finales del año pasado tuvimos un ciclón fuerte, el Michaung. Muchas
cosechas se echaron a perder por los fuertes vientos, pero nuestros campos
sobrevivieron. Es el poder de la armonía con la naturaleza: el tronco de
nuestros árboles es más fuerte, las raíces son más profundas.
P. Usted tiene el título de “campeona
en agricultura” dentro del programa. ¿Qué significa eso?
R. Ahora formo a otras personas, les
acompaño cuando inician el cambio a la agricultura natural. Porque nuestro
proyecto se expande. En India, ya estamos presentes en 12 Estados y fuera de
India hemos despertado interés en unos 45 países. Este año vamos a iniciar
proyectos y formaciones en Zambia, Ruanda, Indonesia, México, Sri Lanka y
Kenia.
P. ¿Por qué este premio es importante?
R. Nosotros queremos inspirar a otros
y este premio sin duda nos ayudará. Además, el dinero del galardón nos
facilitará la expansión a estos seis países en los que hay ya planes de
trabajar juntos. Los premios en sí no son importantes, pero sí sus efectos.
Ojalá haya muchos agricultores que adopten este método y la madre naturaleza
siga fortaleciéndose. Porque es un sistema que funciona. La gente no ve el
suelo como algo vivo, pero yo sí. La tierra tiene ya todo lo que necesita.
¿Quién cuida de los bosques? Nadie, se cuidan solos, ¿verdad? Pues en nuestras tierras
pasa un poco lo mismo.
Este trabajo es copia de uno publicado en El País. Planeta Futuro el día 16 de julio. Se puede considerar un complemento de trabajo. Entre las "píldoras para pensar" ya publicadas (25 de mayo) hay dos dedicadas a la agricultura sostenible (agricultura natural), que exige el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2_ "Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaría y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Resumo una noticia sobre la guerra entre Rusia y Ucrania que he leído hoy, 19 de julio de 2024.
El mandatario ucraniano quiere pisar el acelerador, junto a su Gabinere, dirigido por EndrilnYermak, y la labor diplomática de su ministro de Exteriores, Dimitro Kuleba, y cubrir las siguientes etapas marcadas en su hoja de ruta previas a la celebración, previsiblemente antes de finales de año, de una segunda cumbre de paz con posible representación rusa.
Tras varias reuniones internacionales o de asesores en temas de seguridad (Copenhagur, Yeda, Malta y Davos), el objetivo de Zelenski para este año. al menos público, era lograr esa primera cumbre de paz que se celebró entre el 15 y 16 de junio en Bürgenstock (Suiza). Y lo logró. El comunicado, con 87 firmas de apoyo en este momento, contemplaba avanzar en tres de los 10 puntos del plan de paz del presidente ucraniano; seguridad, energética, alimentaria y, finalmente, intercambio de presos y regreso de los niños ucranianos en poder de las autoridades rusas,
Aunque el plan de Zelenski llegue a buen puerto, se encontraría, salvo sorpresas, con la negativa tajante del Kremlin a acudir a la cumbre de paz.
Si no recuerdo mal, el presidente ruso también presentó un plan para terminar la guerra.
He leído en el periódico El País, día 13 de julio de 2024un trabajo titulado Las sangrantes cifras de la inmigración del que me parece oportuno copiar algunos párrafos .
Es útil tener en cuenta que los niños que han llegado a Canarias suponen un 0,6% de los 57.318 inmigrantes arribados sin papeles a España, Canarias y la Península, en 2023, según datos de Frontex; y un 0,5% de los 62.000 niños ucranianos que ha acogido España desde la invasión rusa.
Conviene distinguir el estrés europeo en la acogida del beneficio espectacular aportado por la inmigración. Hay en la Unión Europea 63,6 millones de extranjeros, según Statista. Y en España cerca de ochos millones, 6,8 millones de los cuales son residentes oficiales o gozan de certificado de registro (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Son jóvenes y muy productivos, 37 años. Con lo que contribuyen sustancialmente al rejuvenecimiento de la masa laboral: la población autóctona superior a los 65 años alcanza el 22% de un segmento total; los residentes extranjeros, el 5% del suyo.
Recuérdese además lo ya publicado en esta columna: para cubrir sus necesidades de mano de obra, Europa necesitará en 2050 entre 40 y 50 millones de trabajadores externos. España, 6,4 millones; y para reequilibrar el gasto en pensiones, hasta 24 millones en 2053 (Banco de España). Quien ataca a la inmigración de color dispara contra la supervivencia de los blancos.
Una de las metas a alcanzar antes del año 2030 y relacionada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, "lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, es la meta 10.7 "facilitar la migración
y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas,
incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien
gestionadas".
Las barreras de las
farmacéuticas pueden frenar la nueva revolución en la lucha contra el sida
La Estrategia contra el VIH aprobada en 2023 puso como meta reducir las
infecciones por VIH a menos de 335.000 casos para 2030. Pero, en 2022, entre 1
y 1,7 millones de personas se infectaron por VIH, según datos de ONUSIDA. Si
bien las infecciones se han reducido un 38% desde 2010, alcanzar el objetivo de
2030 supondría reducir en casi un 80% los valores actuales en apenas seis años,
triplicando la velocidad de reducción actual. Por ello, priorizar las
estrategias de prevención del contagio, como la profilaxis preexposición
(PrEP), se hace prioritario.
En los
últimos años, la prevención del VIH ha progresado enormemente, con la
introducción de formulaciones inyectables de acción prolongada que permiten una
mayor adherencia al tratamiento, al reducir la frecuencia de las dosis. Desde
el lanzamiento de la PrEP, se ha pasado de una pastilla diaria, a una inyección
cada dos meses con el lanzamiento del cabotegravir (CAB-LA). Ahora, un nuevo
tratamiento podría revolucionar la PrEP: el lenacapavir (LEN), cuyos
prometedores resultados en ensayos clínicos permiten prevenir la infección con
tan solo dos inyecciones al año. El lenacapavir ha demostrado una eficacia del
100% en la prevención de nuevos casos de VIH en mujeres cisgénero [que se
sienten identificadas con su sexo de nacimiento] en Sudáfrica y Uganda, con superioridad
frente a los tratamientos orales y diarios. Además, no requiere ser mantenida
en cadena de frío, por lo que facilita su manejo logístico e integración en
cadenas de suministro en países con altas temperaturas.
El lenacapavir, con prometedores resultados
en ensayos clínicos, podría prevenir la infección con tan solo dos inyecciones
al año
A pesar de
todas estas ventajas, el acceso a estas herramientas fundamentales de salud
pública se enfrenta a numerosos obstáculos, compartidos, en parte, por todo el
modelo de innovación y desarrollo farmacéutico. Y es que, como cada vez más
evidencia apunta, las prácticas de los sectores comerciales —en concreto de
corporaciones transnacionales— son responsables de los malos resultados en
salud y en la equidad en salud (lo que se conoce como determinantes comerciales
de la salud).
¿Qué podemos
aprender de la experiencia pasada en este tipo de productos que nos permita no
repetir los mismos errores en el futuro? El caso del cabotegravir nos puede dar
una idea del tipo de desafíos complejos e interconectados que impiden que las
personas que más los necesitan puedan acceder a estos tratamientos: problemas
derivados del monopolio y los precios, regulatorios, o de producción.
El monopolio
de la compañía ViiV Healthcare es el factor principal responsable de los
elevados precios del CAB-LA, al impedir que otras compañías que pueden fabricar
versiones genéricas de este medicamento entren en el mercado. A pesar de que el
precio para países de bajos ingresos (alrededor de 180 euros por persona/año)
es bastante inferior al que se paga en otros países, sigue siendo inalcanzable
para muchos programas nacionales de salud, y se estima que debería ser al menos
cuatro veces inferior para ser viable. Estudios independientes han demostrado
que el precio de los genéricos, de existir, podría llegar a bajar a 13 euros
por persona/año, llegando a ser inferior que la actual PrEP oral.
En el plano
regulatorio, los ensayos necesarios para que sus versiones genéricas lleguen al
mercado, denominados ensayos de bioequivalencia, retrasarán la entrada de
competidores aún más.. En 2022, ViiV Healthcare y el Medicines Patent Pool
(MPP) —un fondo de patentes fundado por la organización de salud global Unitaid
para facilitar el acceso a los medicamentos—firmaron un acuerdonde licencia por
el que la compañía permitía a MPP gestionar y utilizar la Propiedad Intelectual
del CAB-LA a productores de genéricos para comercializar a precios asequibles
el tratamiento en muchos países de rentas medias. Sin embargo, debido a estos
ensayos de bioequivalencia, no se espera que las empresas de genéricos puedan
comercializar sus productos hasta dentro de tres años.
En 2022, el
CAB-LA había sido aprobado para su uso en prevención en solo cuatro países, con
solicitudes de comercialización en otros 12. Para 2024, ha sido aprobado en 20
países y existen solicitudes en otros nueve, en gran parte gracias a la presión
de la sociedad civil. Solicitar la autorización de comercialización es un paso
previo clave para la disponibilidad del medicamento, y, por lo tanto, elemento
clave del acceso ante situaciones de monopolio.
La
transparencia es un elemento esencial para tener cadenas de suministro
resilientes que contribuyan a la mejora de la salud pública. Lamentablemente,
la transparencia no define al actual ecosistema farmacéutico, que se cimenta
sobre una gran opacidad en los costes de la investigación y desarrollo, los
resultados de los clínicos o el precio real para el pagador público. En el caso
del CAB-LA, la falta de transparencia sobre la capacidad de producción y la
cadena de suministro limita la capacidad de respuesta ante una demanda global
creciente. Y como hemos visto en la respuesta a la covid-19, a la mpox (forma
fulminante de la viruela del mono) o al ébola, en situaciones de demanda
creciente, los países de rentas medias y bajas son los últimos en poder acceder
al tratamiento.
La transparencia es un elemento
esencial para tener cadenas de suministro resilientes que contribuyan a la
mejora de la salud pública
Estas
lecciones aprendidas con el CAB-LA nos dan algo de claridad sobre el incierto
futuro del acceso al lenacapavir. La compañía que tiene la propiedad
intelectual de este último, Gilead, no tiene aún una estrategia clara de acceso
global. El entramado de patetes que rodean al producto impedirá la entrada de
ningún competidor genérico hasta el vencimiento de su última patente, en agosto
de 2038 (fecha que puede ser ampliada según las leyes que regulan las
diferentes protecciones y exclusividades de los medicamentos en el mercado).
Ante esta perspectiva, es crítico que la compañía conceda licencias voluntarias
para incrementar el acceso a genéricos. Para esto, el acuerdo que establezca
con el Medicines Patent Pool debería incluir al mayor número de países
posibles, siguiendo criterios de salud pública y no únicamente de maximización
del beneficio.
Idealmente,
estos acuerdos de licencia deben emplazarse dentro de una estrategia de acceso
global más amplia: registros rápidos del producto a nivel global, transparencia
a lo largo de la cadena de suministro y precios accesibles para los diferentes
sistemas de salud y organizaciones que quieran incorporar estos productos. Sin
embargo, las medidas voluntarias tienen un impacto muy limitado,Así que, de cara al futuro, ¿qué más podemos
hacer?
En la
actualidad hay iniciativas muy interesantes impulsadas por [la organización
internacional] UNITAID, en las que se están desarrollando formulaciones de
acción prolongada no solo para el VIH, sino para malaria, tuberculosis o
hepatitis C, para que las innovaciones producidas sean accesibles. Además,
llevan a cabo proyectos de financiación para introducir CAB-LA en Brasil y
Sudáfrica para impulsar el escalado global.
Aparte de
estas acciones, existen más herramientas para cambiar el statu quo
inicial. Una de ellas está recogida legalmente en los Aspectos de la Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio: las licencias obligatorias. Con ellas
se obliga a las compañías a conceder licencias de patentes para producir
genéricos. Es lo que hizo Colombia al emitir una licencia obligatoria para
acceder a versiones genéricas de dolutegravir, un tratamiento contra el VIH. En
el caso de las formulaciones de acción prolongada, incluso si se diese esta
situación, lo más probable es que en el corto o medio plazo no fuéramos a ver
los resultados materializados, ya que estos son procesos generalmente muy
lentos. A pesar de esto, estas medidas deben ser tenidas en cuentas por los
gobiernos para garantizar la salud pública, ya quema veces la propia amenaza de
licencia obligatoria tiene efectos de reducción de precio..
Estas son
soluciones a posteriori, pero no ofrecen alternativas para repensar el
modelo de tal manera que la innovación sea accesible globalmente por defecto,
una parte integral de las políticas, actuando lo antes posible y lo más arriba
posible de la corriente para producir el mayor impacto. Más allá de la reforma
necesaria del actual sistema actual de propiedad intelectual, existen
oportunidades de actuar sobre el marco regulatorio de las leyes farmacéuticas,
mejorando la transparencia y el acceso global.
Una
oportunidad para esto es la actual revisión de la legislación farmacéutica
europea, donde estos principios deberían establecerse como piedras angulares y
no como excepciones. Por ejemplo, condicionando los ingentes incentivos que se
otorgan actualmente a las compañías farmacéuticas a través de la financiación
pública —sin esperar ningún retorno público a cambio— a compromisos vinculantes
de desarrollo e implementación de planes de acceso global como los arriba
mencionados.
Esta visión
de la política regional como determinante político de la salud global es aún
escasa entre los decisores políticos, que limitan el marco de análisis a la
clave nacional o europea. Sin embargo, es necesario que actuemos en todos los
frentes para alcanzar las metas que la comunidad internacional se propuso de cara
a 2030.Como ya comunicamos al Consejo de la UE recientemente, “proveer acceso y suministro adecuados a los
medicamentos es el estándar por el cual las compañías farmacéuticas deberían
ser evaluadas, no un comportamiento a ser recompensado”. (Fuente; El País. Planeta Futuro, 16 de julio de 2024. Artículo escrito por Jaime
Manzano Lorenzo y Adrián Alonso Ruiz, responsables de investigación e
incidencia política en la ONG Salud por Derecho).
Me ha parecido interesante copiar un artículo escrito por dos personas de la ONG Salud por Derecho, que,
sin duda, están pensando en las metas a alcanzar antes del año 2030,
del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3: "garantizar una vida
sana y promover el bienestar en todas las edades". Una de las metas, en
las que estoy pensando es 3.b Apoyar las actividades de investigación y
desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no
transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y
facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de
conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la
Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a
utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a
la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar
acceso a los medicamentos para todos.
Creo haber dicho, la razón por la que siempre pienso y escribo sobre la
Agenda 2030. Necesitamos un cambio de rumbo hacia un mundo resiliente y
sostenible, pensando en las personas (especie Homo sapiens) y en el planeta Tierra en que vivimos.