En la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 es "garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades". Sin embargo es España la sanidad pública está sufriendo la erosión que le causa un modelo político de mercantilización militante.
El Consejero delegado del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, pidió a finales de septiembre a una veintena de directivos de su compañía y del Hospital Universitario de Torreón de Ardoz (Madrid), gestionado por la firma, que rechazarán a los pacientes o los procesos que no fueran rentables con idea de lograr un beneficio de cuatro o cinco millones de euros. Una vía para lograrlo era aumentar la lista su espera quirúrgica realizando menos intervenciones, con lo que sus gastos descenderían al precisar menos personal y medios.
La grabación de esa reunión, desvelada ayer por El País, muestra descarnadamente la consideración de la ciudadanos como un mero registro en un balance contable. "Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultado a la lista de espera es directa [...]. Seguro que tenéis imaginación, seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el ebitda de la sociedad [rentables] y qué procesos sí lo son, qué actividad nos interesa más hacer", instó Gallart a los reunidos.
El hospital de la localidad madrileña en uno de los tres -- los otros dos están en Galicia y la Comunidad Valenciana -- que el grupo Ribera posee actualmente en España con un modelo de gestión público.privada bajo concesión autonómicas: la empresa lo gestiona durante un plazo prefijado a cambio de dar asistencia sanitaria a un población concreta. La financiación, la propiedad y el control son públicos, y la empresa cobra un canon por la población asignada, independientemente de qué actividad realice.
El hospital de Torrejón, que atiende a más 150.000 personas del Corredor del Henares, abrió en 2011 con una concesión por 30 años. Se trata de un modelo que, vistos los resultados, propone un incentivo arriesgado y perverso: a menor actividad, mayor beneficio. Fue este mismo grupo por el que, de la mano de la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP. lo puso en marcha en 1999 con el Hospital Universitario de Alzira, que en 2018 v9lvióo a la red pública
La Consejería de Sanidad madrileña convocó ayer de forma urgente a la dirección del centro hospitalario y se comprometió a tomar todas medidas necesarias- Ribera Salud anunció anoche que realizará una auditoría en profundidad. Es lo mínimo exigible ante un escándalo así, y solo cabe reclamar que esos compromisos no se queden en un enunciado retórico.
La sanidad privada ha demostrado en muchos casos su eficiencia y su calidad, pero este modelo -- una simple transferencia de bienes públicos hacía gestores en los que prima el ánimo de lucro -- resulta ineficaz, El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tuvo que aportar en julio casi 33 millones de más al hospital de Torrejón. La cantidad se suma a los 88 millones que el centro de Ribera ha recibido por encima de lo presupuestado desde que Ayuso gobierna Madrid.
Desde hace años, la sanidad pública sufre en varias comunidades una clara estrategia de debilitamiento y jibarización por parte de los mismos poderes que deberían protegerla. El beneficiario de esa erosión es la sanidad privada, de la mano de un modelo político de mercantilización militante. Ese deterioro inducido del sistema público ha llevado a su saturación y a la pérdida de confianza de la ciudadanía. Sí resulta comprensible que a veces la Administración recurra al sistema privado para agilizar la atención, la rentabilidad económica no puede ser en ningún un argumento. La saud de los ciudadanos es un derecho no una mercancía, Quien no lo entienda así no merece seguir ni un segundo más gestionando un hospital. (Fuente: El País. 4 de diciembre de 2025)
Nos hace falta verdaderos seres humanos, dotados de empatía que garanticen una vida sana.
itico
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