Basta poner la mirada en la educación de los niños gitanos y en la demoledora cifra de que el 62,8% de ellos deja sus estudios antes de superar la ESO frente al 45 del conjunto de la población para darse cuenta de que, de las muchas tareas que España tiene pendientes respecto a esa comunidad -más de 700.000 españoles en la actualidad-, la de la educación es posiblemente la más importante.
Lo dramático de la cifra no solo es su escala, sino que muestra una evolución opuesta al conjunto de la sociedad. Si en 2023 la tasa de abandono escolar entre la población en general se ha reducido prácticamente a la mitad con respecto a 10 años antes, entre la población gitana había crecido hasta llegar a un 86% .
El mismo estudio indica que has aspectos en los que sí ha habido un progreso : el porcentaje de la población gitana sin ninguna clase de estudios se ha reducido a la mitad. Aún así, solo un 0,4% tiene algún nivel de educación superior.
En la raíz del problema está la exclusión social que vive la inmensa mayoría de la comunidad, muy superior a la media. Un 86% de los gitanos españoles son pobres. Esto no solo dificulta sa acceso a la educación infantil no obligatoria, sino que también lleva al desconocimiento de las herramientas que podrían mitigar esta exclusión igualmente es la concentración del alumnado gitano en centros concretos: uno de cada tres estudiantes gitanos estudia en centros que la FSG denomina "segredados" y, de los que van a clase en estos últimos la mayoría lo hacen en centros de "segregación extrema. El crecimiento de la escuela concertada y de la libertad de elección de centro en la pública no ha hecho sino agravar la situación. A esto hay que sumarle la convicción por parte de algunas familias gitanas de que la educación reglada no tiene nada que ofrecerles.
Es responsabilidad de las autoridades españolas combatir la desigualdad, corregir la discriminación y garantizar que se cumplen los derechos de sus ciudadanos. Y todos los caminos hacia ese objetivo empiezan en la educación. (Fuente: El País. 27 de enero de 2025)
Puesto que, como se puede leer en El País del 27 de enero, la "responsabilidad de las autoridades españolas es combatir la desigualdad, corregir la discriminación y garantizar que se cumplen los derechos de sus ciudadanos" y "todos los caminos hacia ese objetivo empiezan en la educación", desde mi punto de vista eso supone alcanzar antes de 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidas, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos".
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