La justicia española resolvió en 2024 siete millones de sentencias. Sacando una media entre los más de 5.400 jueces, tocan a 1.400 asuntos y 325 sentencias cada uno al año. Con como estos datos intentó ayer la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Isabel Oerello, poner en perspectiva la situación de sobreesfuerzo en que viven los juzgados españoles. Lo hizo en su discurso de apertura del año judicial, en presencia del Rey, de las altas instituciones del Estado y de personalidades públicas.
El Partido Popular y el sector conservador del CGPJ habían intentado convertir un acto solemne en un teatro político en contra del Gobierno.. El PP,`con un gesto de descortesía institucional al despreciar su presidente, Alberto Núñez Feijóo, la invitación a acudir; los vocales conservadores de CGPJ, con la petición de que se impidiera hablar al fiscal general del Estado por Estar encausado en el Supremo.
La apertura del año judicial es un evento reglado por ley en el que solo habla quien tiene que hablar. Eso no significa que el acto fuera ajeno al tenso contexto político en el que se desarrolló. Pero tanto Perelló como el fiscal general, Älvaro García Ortiz, pusieron por delante la institucionalidad sin dejar de reconocer ese contesto. El procesado García Oeriz hizo bien al señalar el elefante en la habitación. Admitió ante la cúpula judicial las "singulares circunstancias" de su intervención y expresó "respeto a todas las opiniones"sobre su caso. Después,presentó el informe anual de la Fiscalía, que es lo que tiene que hacer el fiscal general en ese acto.
Por su parte, Isabel Perelló rechazó en su discurso las "insistentes descalificaciones de la justicia provenientes de los poderes públicos". La frase habría sido una retórica defensa de la independencia judicial, habitual en este tipo de discursos, si no fuera porque las críticas a algunos magistrados derivan con frecuencia en una generalización poco atinada. Perelló recordó que el Poder Judicial cuenta con sus propios instrumentos para "sancionar conductas inadecuadas de los jueces". Es bueno saber que lo que tiene. Si algo falló en su discurso fue autocrítica y demandar a los miembros de la judicatura que garanticen la apariencia de imparcialidad evitando, también ellos, manifestaciones políticas o unas instrucciones tan descabelladas como la del juez Juan Carlos Peinado.
Lo más parecido a una intervención política directa que hizo la presidenta del Poder Judicial fue la advertencia sobre el proyecto de reforma de acceso a la carrera judicial que ha planteado el Gobierno y que ha recibido un fuerte rechazo de una parte de la judicatura. Isabel Perelló afirmó que hacen falta más de 500 jueces de manera urgente y pidió "mejoras y reformas", pero advirtió de que el proyecto legislativo puede comprometer "la calidad de la formación" delos futuros magistrados,
Aunque sean discutibles sus argumentos, su reclamación de un mayor consenso y de la reclamación de un mayor consenso y de la participación del CGPJ merece ser escuchado. Solo con un diálogo honesto y respetuoso entre las instituciones se puede ser útil a los ciudadanos, a los que antes que la ideología de cada juez les interesa que la justicia sea ágil y rigurosa. (Fuente: El País, 6 de septiembre de 2025)
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 es "promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitas el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles". Y una de sus metas es: "promover
el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la
igualdad de acceso a la justicia para todos".
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