El Gobierno se la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, dio ayer (3 de septiembre) el primer paso formal para solicitar al Gobierno que devuelva a su país de origen al menor migrante residente en un centro de acogida del distrito de Hortaleza que presuntamente violó a una niña de 14 años en la madrugada del viernes, Así lo avanzó el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa que siguió ala reunión del Consejo de Gobierno, en la que no aclaró cómo se coordinaría esa solicitud con la evolución judicial de un caso en el que el detenido ha sido recluido en un centro en régimen cerrado. En lo que de este año, Madrid ha reclamado la repatriación de un total de 46 menores, el doble de los efectivamente repatriados desde cualquier punto de España entre 2019 y abril de 2025.
"Hoy mismo [por ayer] la comisión técnica de evaluación está analizando nueve expedientes más [de repatriación], entre ellos el del presunto violador", manifestó García Martín sobre una decisión que en última instancia depende de la Delegación del Gobierno en Madrid (es decir, del Ejecutivo central) tras informe preceptivo de la Fiscalía. "Lo que es irresponsable es lo que está el Gobierno central, que es nada, para evitar el caos migratorio que vive nuestro país", añadió García Martín. "Es una irresponsabilidad. Las comunidades tenemos los medios que tenemos".
Además, el Gobierno autonómico celebró que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite el recurso que interpuso en julio contra el decreto estatal que regula las medidas a adoptar "en situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias".
Esa norma sentaba las reglas del proceso para repartir por toda España --excepto País Vasco y Cataluña-- a migrantes radicados en regiones cuyos sociales estén en situación de colapso, como por ejemplo en Canarias y Ceuta.
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