Tres organizaciones que trabajan por los derechos de los migrantes recurrieron ayer ante el Tribunal Supremo el nuevo reglamento de extranjería aprobado por el Gobierno en noviembre pasado y que entrará en vigor el próximo 20 de mayo. Extranjeristas en red, la Aociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe) y Coordinadora de Barrios -todas con una amplia trayectoria en derechos humanos y migraciones- argumentan que el documento significa un retroceso en garantías para los inmigrantes en España y proyectan que dejará en la ilegalidad a más de 200.000 personas.
En el corazón de las reclamaciones que se han esgrimido contra el reglamento de extranjería, que estas organizaciones también reivindican, están los solicitantes de asilo, un caudal nada menor: actualmente hay 270.000 personas que esperan una respuesta a su solicitad de asilo en España,
Para las organizaciones, eliminar ese cómputo del tiempo de espera, "como si fuera posible eliminarlo sin más o que no fuera un hecho cierto que tiempo contribuye a su arraigo social, es algo que no puede ser admitido desde la más elemental lógica jurídica", según se lee en un comunicado difundido ayer (20 de enero) por las tres organizaciones. José Luis Rodríguez, no de los abogados que lidera el recurso, explica que el cálculo de las 200.000 personas que quedarían en la ilegalidad obedece al porcentaje de las solicitudes de asilo pendientes que probablemente serán denegadas, de acuerdo con la tendencia de los últimos años. Estas personas tendrán que esperar por dos años hasta poder regularizar su situación.
El otro punto que las organizaciones cuestionen es un cambio que consideran sustancial en cuanto a los derechos de muchos menores no acompañados que llegan a España. Hasta ahora, explica Rodríguez, cuando un menor llega a costas españolas y es tutelado por la administración, su situación queda inmediatamente regularizada. En cambio, el nuevo reglamento plantea que si el menor o la comunidad que lo haya acogido presentan la solicitud para obtener los papeles y la administración no responde en plazo, se entenderá desestimada la solicitud y el menor caería en una situación de ilegalidad en territorio español.
El Ministerio de Migraciones ha defendido el nuevo reglamento de extranjería como un avance para los derechos de los inmigrantes y, de hecho, la ministra Elma Saíz lo ha descrito como "la reforma más ambiciosa e integral" que se haya hecho a la ley de extranjería en la última década y ha dicho que "va a servir para combatir a las mafias, el fraude y la vulneración de derechos". Para las tres ONG que ahora lo recurren ante el Supremo, la norma "ha supuesto una tremenda decepción". (Fuente: El País, 21 de enero de 2025)
En la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 prende "reducir la desigualdad en entre los países" y una de sus metas es, precisamente, "facilitar la migración
y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas,
incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien
gestionadas". Es lo que estan haciendo las tres ONG que se indican en la noticia. Las ONG siempre responden a lo que se espera de cualquier Homo Sapiens-
No hay comentarios:
Publicar un comentario