En las últimas semanas, España está viviendo una multiplicación de las zonas de bajas emisiones (ZBE). Si a finales de 2024 rondaban la veintena, ahora son ya 40 las ciudades que tienen una de esas áreas activas, a las que hay que sumar dos zonas en Madrid (la capital cuenta con tres distintas), según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Casi un centenar más están en trámite y se espera que la mayoría lleguen a lo largo del año, dado que Transportes no otorgará ayudas estatales al transporte público a las que no lo hagan. Sin embargo, muchas de las nuevas delimitaciones son pequeñas y tardarán en aplicar sanciones, por lo que los ecologistas dudan de su efectividad para reducir tráfico y la contaminación.
Las zonas de bajas emisiones son -normalmente en el centro de las urbes- en las que se impide el paso a los coches más contaminantes, los más antiguos, basándose en las etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT); en general, se veta a los que tienen una A (o sin etiqueta) y en algunos casos también a aquellos con una B o C. La Ley de Cambio Climático obligaba a que las ciudades de más de 50.000 habitantes tuvieran una en marcha el 1 de enero de 2023, pero a finales de 2024 solo había una veintena. Ahora, más de dos años después, comienzan a llegar. (Fuente: El País, 16 de enero de 2024)
El propósito real de establecer zonas de bajas emisiones es hacer frente a la contaminación del aire. En la Agenda 2030, una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 ("lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles" ) señala la necesidad de prestar "especial atención a la calidad del aire".
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