El mundo de la cooperación internacional vive estos días inmerso en una pesadilla que parece sacada de 1984,
el distópico libro de George Orwell, quien solo pareció equivocarse en
el título: tendría que haberlo llamado “2025”. El borrado de la historia
para reescribirla a la medida de un nuevo Estado totalitario, como
ocurría en aquel clásico de la ciencia ficción, parece exactamente lo
que está ocurriendo con la mayor agencia de cooperación al desarrollo
del mundo, la estadounidense USAID, cuyo desmantelamiento para "alineasla con las ideas de America First"
está siendo devastador a escala global, ya que las contribuciones de la
agencia —43.000 millones de dólares el año pasado (41.685 millones de
euros)— constituían cerca del 40% de la totalidad de la ayuda
humanitaria y al desarrollo mundial. Las mujeres serán las más
perjudicadas por el tsunami provocado en el ámbito humanitario con el
desmantelamiento de USAID.
El sector de la cooperación y el desarrollo está caracterizado por una
tupida pero frágil red de colaboraciones internacionales entre agencias
gubernamentales, ONG, ONU y miles de trabajadores locales, que tras la
covid-19 y el estallido de la Guerra de Ucrania no ha dejado de perder financiación. Por eso, amputar un miembro con el peso de USAID a través de la congelación de fondos durante 90 días, suspensión temporal de programas, despidos masivos y excedencias forzosas - aunque un juez le haya puesto freno de momento - está abriendo grietas que amenazan con convertirse en terremotos. Y
como suele ocurrir cuando se produce una crisis, las principales
víctimas serán las mujeres.
“Nosotros hemos hecho una valoración rápida del impacto sobre nuestros
programas y podemos decir que más de 100.000 personas en 14 países se
verán afectados de inmediato”, explicaba a este diario Raquel Martín, de
la ONG Entre Culturas, que forma parte del Servicio Jesuita de
Refugiados que da apoyo a casi 400.000 personas en 43 países con
programas educativos, de salud mental, comedores escolares o protección a
personas refugiadas.
“Y la resaca de lo que está por llegar será aún peor, sobre todo para
las mujeres. Ellas son más vulnerables por su situación de desigualdad
en casi todo el planeta y cuando hay recortes, son las que más los
sufren. Las niñas se convierten en un valor económico para las familias,
por lo que inmediatamente dejan de ir a la escuela, las ponen a
trabajar o las casan más jóvenes. Venderlas también es una alternativa
en contextos de pobreza”, explica.
De momento, hay cientos de programas paralizados que van desde protección contra la malaria o el VIH a comedores escolares. El Guttmacher Institute,
dedicado al avance de los derechos sexuales y reproductivos, ofrece
datos contundentes: en apenas dos semanas, casi dos millones de mujeres y
niñas no han podido acceder a tratamientos anticonceptivos antes
financiados por USAID. Cada semana que avance se irá añadiendo un millón
más. Si la congelación de fondos se mantiene durante 90 días, habrá
cuatro millones de embarazos no deseados y al menos 8.000 mujeres
morirán en el parto´.
Las agencias de la ONU se mantiene un silencio estratégico.
En Roma, cuartel general de la Organización de la ONU para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (IFAD) o el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que
cuenta con 20.000 empleados y un 80% de proyectos dedicados a
emergencias y ayuda humanitaria y presencia en 120 países, la inquietud
entre los trabajadores es palpable. Fuentes del PMA, cuyo presupuesto
procede en casi un 50% de Estados Unidos, insisten en las dificultades
de hacer una valoración dada la complejidad para discernir qué programas
podrían continuar bajo el paraguas de ayuda humanitaria y de
emergencia, —en principio exentos de los recortes— aunque admiten haber
recibido órdenes para paralizar algunos de ellos que después se han
rescindido.
Además, la Administración estadounidense ha creado un rompecabezas
logístico: en teoría los programas de asistencia alimentaria en
emergencias pueden continuar, pero ¿qué ocurre cuando la asistencia no
es en especie, sino en efectivo? ¿Y qué ocurre con los programas de
prevención de emergencias? El problema es que son cientos de
organizaciones peleando por encontrar un interlocutor que responda a
docenas de preguntas como estas, pero el despido de empleados de USAID
ha creado una situación kafkiana donde el responsable al que ayer las
agencias planteaban dudas, hoy ya no tiene ni siquiera acceso a su
correo electrónico.
Decisiones con un impacto directo
Hay
muchas decisiones que tendrán impactos decisivos sobre ese 50% de la
población. Trump también está trabajando a golpe de decreto para borrar todo rastro de políticas que favorezcan diversidad,
la igualdad y la inclusión —lo que se conoce por las siglas DEI— además
de lo que la extrema derecha llama “ideología de género”. Bajo ambas
definiciones se pueden agrupar cientos de programas en todo el mundo que
impulsan desde la paridad de género, por ejemplo financiando
iniciativas de mujeres agricultoras y empresarias, a la lucha contra la
violencia machista o los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en países
donde son perseguidos.
Por si esto no bastara, se ha reimplantado la llamada Mexico City Policy,
que prohíbe financiar a las organizaciones que practiquen u ofrezcan
información reproductiva, al margen de la procedencia de sus fondos.
Según advierte Médicos Sin Fronteras,
esta normativa “pone a las organizaciones en una posición imposible. O
cumplen con la política para recibir financiación del Gobierno
estadounidense, lo que restringe la prestación de servicios e
información sobre salud sexual y reproductiva, o pierden el acceso a un
apoyo financiero significativo, del cual muchas organizaciones dependen
para operar”.
Pero la orwelliana situación que vive hoy
la comunidad humanitaria no es más que la crónica de una muerte
anunciada: había sido descrita casi paso a paso en el Project 2025, la biblia
elaborada por los centros de análisis afines a Trump que han pasado los
últimos cuatro años planeando cómo transformar su país si llegaban al
poder. En ese documento de casi 1.000 páginas, el capítulo 9 está
dedicado a cómo reducir USAID a la mínima expresión y reenfocar sus
programas centrándolos en ofrecer ayuda en emergencia a corto plazo, lo
contrario de lo que el sector de la cooperación trata de hacer desde
hace más de una década: programas a largo plazo que permitan a las
comunidades vulnerables desarrollar sus propios sistemas de resiliencia.
Esa idea desaparece.
La ideología ultraconservadora,
racista y negacionista se impone, como anuncia el capítulo 9: se
eliminarán todos los programas DEI, se restringirán los derechos de las
mujeres con políticas estrictamente prohibidas y por si no bastara, todos
los programas contra la crisis climática serán abolidos y se dejará de
colaborar con toda organización que hable “en nombre del fanatismo
climático”, algo que perjudicará particularmente a las mujeres, ya que
según la ONU, cuatro de cada cinco personas desplazadas por sus impactos
son precisamente mujeres y niñas.
El documento es cómo
un oráculo de todo lo ocurrido en las últimas semanas y de lo que
presumiblemente ocurrirá. Se tiñe así de negro el futuro de millones de
personas vulnerables en todo el mundo, algo que obligará a un cambio de
paradigma en un sector que, pese a sus muchos defectos, ha sido y es
esencial no solo para salvar vidas sino para el avance económico y
democrático de docenas de países.(Fuente: El País. Planeta Futuro 12 de febrero de 2025)
¿Pertenece Trump a la especie humana, que trabaja por crear un mundo mejor?
