Ahora voy analizar la situación en que se encuentran, en algunas partes de España, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida".
Huelga en la enseñanza en Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, grandes movilizaciones en Baleares, pronunciamientos de los consejos escolares autonómicos en contra de las decisiones de sus ejecutivos, como en Aragón... El mundo educativo vive la mayor ola de agitación desde, al menos, la tramitación de la ley Celaá, en 2020. Entonces fueros los colegios concertados los que protestaron. Ahora con los docentes, las familias y los estudiantes de la escuela pública quienes lo hacen frente a las políticas que dos partidos políticos han puesto en marcha desde el poder territorial.
Una suerte de contrarreforma educativa que contiene, en casi todas las comunidades, cambios en las reglas de escolarización en un momento muy delicado debido a la gran caída del alumnado, y eliminación de la aulas en la enseñanza pública. Y que, dependiendo de las autonomías, incluye también la paralización de la construcción de centros; ampliación de los conciertos subvenciones a las escuelas infantiles privadas freno a los acuerdos laborales con los sindicatos o reducción de las horas de materia Valores Éticos.
Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, cree que las protestas tienen un elemento común. "Todas incluyen el rechazo a la desinversión en educación y al apoyo a la enseñanza privada que están llevando a cabo los gobiernos de la derecha, que forman parte de una ofensiva contra la educación y la escuela pública". (Fuente: El País, 15 de mayo de 2024)
Se habrá dado cuenta que las comunidades autónomas en las que gobierna los partidos de la derecha no les interesa o ignoran el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030.
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